CE - 110010315000202302212011SENTENCIA20231005151956

Demandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02212-01

Demandante: CARMEN CECILIA CARREÑO NOVOA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la señora Carmen Cecilia Carreño Novoa contra la sentencia del 28 de julio 2023 , proferida en primera instancia por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese fallo se declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora por no superar el requisito general de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Carmen Cecilia Carreño Novoa , por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá1.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Carmen Cecilia Carreño Novoa , por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá1.

Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia , a la igualdad y a los principios de «situación más favorable para el trabajador, perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente judicial vertical».

2. Las referidas garantías constitucionales son cons ideradas vulneradas como resultado de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 14 de abril de 2023, la cual confirmó la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado 3.º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja el 28 de octubre de 2022. En dichas decisiones se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías,

1 Escrito radicado el 2 de mayo de 2023.Demandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

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equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.

3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y

equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.

3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 15001-3333-008-2022-00054-00/01.

1.2. Pretensiones

4. La señora Carreño Novoa solicitó:

[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 14 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 1500133-33-008-2022-00054-00/01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E

INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA

A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA , PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL , de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL

de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la sentencia SU 098 de 17 de octubr e de 2018 y el de la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […] (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

5. La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso.

6. La señora Carmen Cecilia Carreño Novoa se vinculó como docente en el departamento de Boyacá después de 1990.

7. Manifestó que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidora pública desde el año 2020 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio (FOMAG).

8. Indicó que el 29 de julio de 2021, solicitó al FOMAG, el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación de las cesantías y susDemandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

pago de la sanción por mora por la no consignación de las cesantías y susDemandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

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intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado. Además, también pidió el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

9. El 27 de agosto de 2021 mediante oficio 1.2.5.1.1-38, el FOMAG a través de la Secretaría de Educación Distrital de Boyacá negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora.

10. Por los hechos expuestos, la señora Carreño Novoa instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá. En dicho medio de control solicitó la nulidad del oficio reseñado en el numeral anterior y solicitó, a título de restablecimiento que se condenara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.

11. En providencia del 12 de diciembre de 2022, el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el contenido en la Ley 91 de 1 989, modificada parcialmente por la

Oral del Circuito Judicial de Tunja negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el contenido en la Ley 91 de 1 989, modificada parcialmente por la Ley 812 de 2003, la Ley 715 de 2001, el Decreto 3752 de 2003 y el Acuerdo 39 de 1998 del FOMAG, normas en las que debía fundarse.

12. En contra de la anterior decisión, la señora Carmen Cecilia Carreño Novoa presentó recurso de apelación2. Este fue desatado por Tribunal Administrativo de Boyacá que, en sentencia del 14 de abril de 2023, decidió confirmar el fallo de primer grado.

13. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no es aplicable a la demandante. Esto se debe a que el régimen de cesantías docente es especial y cuenta con una regulación específica sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y sus intereses.

14. Siendo así, la Ley 50 de 1990 no era una norma que integrara el régimen especial de los docentes y este tampoco remitía a ella para efectos de cesantías.

Por tanto, la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas, que es una penalidad que surgió con esta ley, tampoco le aplicaba a los educadores.

15. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU -098 de

cesantías anualizadas, que es una penalidad que surgió con esta ley, tampoco le aplicaba a los educadores.

15. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU -098 de 2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular. Esto se debe

2 Como fundamento del recurso, la accionante indicó que las pretensiones en su caso están basadas en la interpretación unificada de la Corte Constitucional de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG que tengan su régimen de cesantías anualizado y que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria generaría injustificadamente un trato desigual a los docentes frente otros trabajadores del Estado que si gozan de la misma.Demandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

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a que los hechos y supuestos aplicable s al presente caso difieren de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera directa a esta situación.

16. Por otro la do, indicó que no existe precedente emitido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que aplique los presupuestos de la Ley 50 de 1990 relacionados a la consignación de cesantías a favor de los docentes

16. Por otro la do, indicó que no existe precedente emitido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que aplique los presupuestos de la Ley 50 de 1990 relacionados a la consignación de cesantías a favor de los docentes vinculados al FOMAG. Así, señaló que, si bi en existía n pronunciamientos emitidos por la Sección Segunda del órgano de cierre de esta jurisdicción accediendo a pretensiones similares a las allí analizadas, lo cierto es que, dicha decisión no configuraba un precedente de obligatorio cumplimiento, y del cual se permitían apartarse en cumplimiento con los criterios de transparencia y suficiencia.

1.4. Sustento de la vulneración

17. La parte accionante mencionó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación; lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

18. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, pue sto que no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no procura

de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, pue sto que no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no procura una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

19. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,

20. En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constit ución. Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, frente al segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador.Demandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

21. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer

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21. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C -741 de 2012, C486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

22. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal

Administrativo de Boyacá.

23. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en

el numeral anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA STELLA

ORTIZ DELGADO

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS GUILLERMO

GUERRERO PÉREZ

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-3100020090086701, No.

Interno: 48542014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLAS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de ju nio de 2019

DR. ROBERTO

NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de ju nio de 2019

DR. ROBERTO

AUGUSTO SERRATO

VALDÉS

DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA

GARZÓN – DR. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-03-15000-201903499-01 29 de julio de

2019

Dr. NICOLAS YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ

NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001-23-33000-20142 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZDemandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

00173-01 (1688-16) 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201410 de junio de 2020

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET IBARRA

VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-23-40000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-23-33000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dra. SANDRA LISETH IBARRA 20 080001-23-40000-201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTERDemandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –

Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO

CUÉTER

90124-01 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

– Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS – DR. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 26 47001-23-33000-20180231-01 26 de enero de 2023

Dr. RAFAEL

FRANCISCO GÓMEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

24. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.

25. Por último, el apoderado de la señora Carmen Cecilia Carreño Novoa, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país,

en las que se ha decidido en el sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F.

DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001

2022 0002000

23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL

CTO DE PEREIRA

CRISTINA ISABEL

F.

DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001

2022 0002000

23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL

CTO DE PEREIRA

CRISTINA ISABEL SANCHEZ BRITO 2 70001-33-33002-202200115-00 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE SINCELEJO3 27001 3333 002

2022 0014700

21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN4 76001 3333 002

2022 0006600

27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

JUAN MIGUEL MARTINEZ LONDOÑO 5 76111 3333 003

2022 0006600

28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL

CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 6 68001 3333 002

2022 0006500

28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

BUCARAMANGA

ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 7 68001 3333 009

2022 00010900

30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL

CTO DE

BUCARAMANGA

JAIRO GARCIA SUAREZ 8 27001 3333 005

2022 0007200

06/10/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE

BUCARAMANGA

JAIRO GARCIA SUAREZ 8 27001 3333 005

2022 0007200

06/10/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL

CTO DE QUIBDÓ - 9 27001 3333 005

2022 0012200

25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL

CTO DE QUIBDÓ

EMILSON MARMOLEJO GARCIA 10 76147 3333 002 2022 00008 00

16/11/2022 JUZ 2 ADTIVO DEL

CTO DE BUGA0

-Demandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

11 11001 3342 051 2022 0009800

19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL

CTO DE BOGOTÁ

NORBERTO

MENDIVELSO PINZON

1.5. Trámite de la acción

26. Mediante auto del 5 de mayo de 2023 el magistrado ponente de primer grado admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo de Boyacá.

27. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A , al Departamento de Boyacá y al Juzgado

27. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A , al Departamento de Boyacá y al Juzgado

Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja.

28. Por otro lado, requirió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, que enviara copia digital del expediente del medio de control de nulidad y resta blecimiento del derecho identificado con el radicado 15001 -33-33-0032022-00054-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.

29. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

30. Destacó que no se ha presentado ninguna transgresión contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso . Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna de los

la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Fondo.

31. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no está legitimado en la causa por pasiva. Esto , en razón a que no es la parte involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de responsabilidad en los hechos objeto de la demanda.Demandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

32. Señaló que la acción de tutela resulta improcedente comoquiera que dicha cartera no vulneró los derechos fundamentales de la señora Carmen Cecilia Carreño Novoa. En ese sentido solicitó su desvinculación y pidió que se negaran las súplicas de la demanda.

1.6.3. Departamento de Boyacá

33. La entidad territorial rindió informe en el que solicitó que se desestimaran las pretensiones de la parte accionante, ante la inexistencia de la vulneración ius fundamental deprecada.

34. Refirió que el Consejo de Estado no ha proferido sentencia de unificación que dirima el fondo de lo solicitado en la acción de tutela, es decir si los docentes

fundamental deprecada.

34. Refirió que el Consejo de Estado no ha proferido sentencia de unificación que dirima el fondo de lo solicitado en la acción de tutela, es decir si los docentes oficiales tienen derecho al pago de la sanción moratoria por la presunta consignación extemporánea de la s cesantías de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago inoportuno de los intereses sobre las cesantías de conformidad con la ley 52 de 1975.

35. Indicó que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, en razón a que estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla su sanción. Máxime cuando el trámite tal como está establecido en la norma especial se cumplió en su integridad, puesto que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió al fondo en medio electrónico el 4 de febrero de 2021 y en medio físico el día 5 siguiente, y así mismo, los recursos empezaron a aprovisionarse desde el mes de enero de 2021.

36. Por otro lado, señaló respecto a la sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, que en esta se resolvió una acción de tutela de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al FOMAG, y que solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías conforme a la Ley 50 de 1990. En sede judicial ordinaria, se accedió parcialmente a las

docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al FOMAG, y que solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías conforme a la Ley 50 de 1990. En sede judicial ordinaria, se accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que los juzgadores consideraron que dicha norma era inaplicable al docente demandante. Así, teniendo en cuenta lo expuesto por la Corte, manifestó que el caso de la señora Carmen Cecilia Carreño Novoa carece de fundamentos fácticos y jurídicos similares a lo s expuestos en aquella oportunidad.

1.6.4. Tribunal Administrativo de Boyacá

37. Manifestó que el presente mecanismo constitucional versaba sobre asuntos eminentemente legales y de carácter económico que no tenían relación directa con un derecho fundamental.Demandante: Carmen Cecilia Carreño Novoa Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-02212-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

38. Señaló que la actora redundaba en el mismo debate que planteó ante la jurisdicción administrativa, luego pretendía que el Consejo de Estado actuara como una tercera instancia. En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela o en su defecto se negaran las pretensiones.

1.6.5. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja.

39. Sostuvo que se abstendría de pronunciarse frente a los planteamientos fácticos y pretensiones expuestas en la tutela, toda vez que están dirigidos contra

1.6.5. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja.

39. Sostuvo que se abstendría de pronunciarse frente a los planteamientos fácticos y pretensiones expuestas en la tutela, toda vez que están dirigidos contra una decisión judicial de segunda instancia adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, sin embargo, recalcó que la trascripción realizada en el numeral 5 de los hechos, no correspondía a la literalidad del acta de audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamientos del 28 de octubre de 2022.

40. Resaltó que al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado no existía un criterio unificado sobre la materia y que lo pretendido era reabrir un debate legal que ya se dio en un proceso judicial ordinario.

1.6.6. Carmen Cecilia Carreño Novoa

41. La parte tutelante se pronunció sobre las contestaciones efectuadas por el departamento de Boyacá , la Fiduprevisora S.A., el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja y el

Ministerio de Educación Nacional.

42. Precisó que, si bien es cierto que se debe respetar la autonomía judicial en virtud del artículo 230 de la Con stitución Política, esta no es absoluta. Aludió que las de