CE - 110010315000202302214001SENTENCIA20230629104516

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado Se declara la improcedencia

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-02214-00

Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Sanción moratoria por falta de pago de las cesantías / Régimen laboral y prestacional de los docentes oficiales / Defecto sustantivo / Violación directa de la Constitución / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales / Se declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 12 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15001-33-33-003-202200024-00/01. Ese proceso fue adelantado por el accionante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante <<FOMAG>>) y contra el Departamento de Boyacá para

00024-00/01. Ese proceso fue adelantado por el accionante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante <<FOMAG>>) y contra el Departamento de Boyacá para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la sanción moratoria p or la falta de pago de las cesantías y sus intereses correspondientes al año 2020. En la providencia objeto de reproche se confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispu esto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

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I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 2 de mayo de 2023, mediante apoderado judicial, Jorge Javier Dotor Delgado presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y acceso a la administración de justicia, y a los principio s de favorabilidad laboral, perpetuatio jurisdictionis , seguridad jurídica y aplicación del precedente vulnerados , en su concepto, por el tribunal accionado al negar el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías.

seguridad jurídica y aplicación del precedente vulnerados , en su concepto, por el tribunal accionado al negar el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben textualmente:

<<1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 12/04/2023, en el expediente rad. No.15001333300320220002401, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA A PLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por l o que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098

ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)>>

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

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3.1.- Se vinculó al servicio educativo estatal como docente nacional en vigencia de la Ley 91 de 1989. En consecuencia , le es aplicable el régimen anualizado de cesantías.

3.2.- El Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Boya cá (donde desempeñaba sus labores) omitieron consignar en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG las cesantías e intereses correspondientes al año 2020.

3.3.- El 28 de julio de 2021 el accionante presentó reclamación administrativa para que se reconociera el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , así como la indemnización por el pago extemporáneo de sus intereses.

que se reconociera el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , así como la indemnización por el pago extemporáneo de sus intereses.

3.4.- Mediante oficio 1.2.5.1.1-38 del 26 de agosto de 2021 la Secretaría de Educación de Boyacá negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y de la indemnización por el pago tardío de los intereses.

3.5.- El 7 de octubre de 2022 el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda. Concluyó que la sanción moratoria po r la falta de pago de las cesantías y la indemnización por la falta de reconocimiento de sus intereses no son procedentes para los docentes afiliados al FOMAG, pues estos tienen un régimen especial.

3.6.- El accionante interpuso recurso de apelación cont ra la anterior decisión. En síntesis, s ostuvo que la ley, la jurisprudencia constitucional (en particular, la sentencia SU-098 de 2018) y el precedente de esta Corporación permiten que a los docentes oficiales se les aplique lo previsto en la Ley 50 de 199 0 en materia de cesantías y la sanción moratoria, en igualdad de condiciones con los otros servidores públicos.

3.7.- Mediante sentencia del 12 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 confirmó el fallo de primera instancia. El tribunal consideró que la sanción moratoria e indemnización que pretende eran

3.7.- Mediante sentencia del 12 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 confirmó el fallo de primera instancia. El tribunal consideró que la sanción moratoria e indemnización que pretende eran incompatibles con el régimen especial de los docentes: en la ley especial no existe un pla zo para la consignación de las cesantías e intereses, estas no sonRadicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

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consignadas en cuentas individuales y la sentencia SU-098 de 2018 no era aplicable porque partía de supuestos distintos.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega que la sentencia objeto de reproche vulneró sus derechos fundamentales porque incurrió en (i) un defecto sustantivo y (ii) una violación directa de la Constitución. Además, se infiere que el accionante también reprocha un (iii) desconocimiento de las reglas jurisprudenciales ya que invoca varias providencias de esta Corporación, de la Corte Constitucional, y tribunales y juzgados administrativos del país que habrían sido inaplicadas por la autoridad judicial accionada.

4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, alega que no se aplicaron en debida forma las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de los docentes oficiales) el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de

que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de los docentes oficiales) el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de las mismas.

4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese Fondo y deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías parciales o definitivas. De l o contrario, se corre el riesgo de afectar la estabilidad financiera del Fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el trabajador al fondo en el cual está afiliado).

4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los docentes oficiales, no es excluyente con las reglas generales previstas para los demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa Ley indica que las prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

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1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

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4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le sería n aplicables al accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La primera consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías a cargo del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 1. Es esta sanción moratoria la que exige el accionante. Así, la Ley 344 de 1996 extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los empleados públicos, incluyendo a los docentes oficiales.

4.1.4.- También se exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio del accionante, las Leyes 52 de 1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de 1996) les son aplicables a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.5.- Por otro lado, se reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el FOMAG. Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligación de

rige el FOMAG. Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligación de consignarlos en determinados términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al FOMAG y una vez pagadas, el Fondo las administrará bajo el principio de unidad de caja: luego ambas normas no son excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- Alega una violación directa de la Constitución . Ello, por cuanto se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por no aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un régimen especial es que este te nga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello conlleve una vulneración al principio de inescindibilidad de la ley laboral.

1 A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella regulada por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no afilia al trabajador a un fondo de cesa ntías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le

afilia al trabajador a un fondo de cesa ntías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le paga a este las cesantías parciales o definitivas en los términos de ley.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

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4.2.1.- Precisa también que no es necesario que se profiera una sentencia de unificación en la materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica en la Sección Segunda de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima en las providencias judiciales que deben proferir los jueces. Es decir, que desconocer la postura actual de la jurisprudencia configura una violación a la seguridad jurídica. No desconoce la posibilidad de apartarse del precedent e, pero reitera que para ello es necesario argumentar las razones de forma suficiente, lo cual no sucedió en este caso.

4.2.2.- Agrega que este mecanismo constitucional no constituye un recurso adicional para instaurar una tercera instancia, sino que se trata de la única forma de salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados.

4.3.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales , el accionante afirma que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

4.3.1.- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018 (que fundamenta las demás providencias proferidas por el Consejo de Estado) , SU-332 de 2019 y SU -041 de

2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria, porque esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos.

Las dos últimas sentencias reiteran esa postura.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

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4.3.2.- Igualmente invoca veinti siete (27)2 sentencias proferidas por esta Corporación, tres (3)3 sentencias proferidas por tribunales administrativos y once (11)4 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

2 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero de 2019, radicado No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P . Sandra Liseth

Ibarra; sentencia del 17 de junio de 2019, rad icado No. 11001 -03-15-000-2018-04617-01, Sección Tercera, Subsección C, C.P . Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 28 de junio de 2019, radicado No. 411001-03-15-0002018-04679-01, Sección Primera, C.P . Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia del 29 de j ulio de 2019, radicado No. 11001 -0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P . Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001 -23-33-000-2014-00173-01, Sección Segunda Subsección A, C.P . Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2019, radicado No. 0800123-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P . Sandra Liseth Ibarra; sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P . Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, Sección Segunda Subsección A, C.P . William Hernández Gómez; sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00132-01, Sección Segunda, Subsección

A, C.P . William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicado No. 08001 -23-31-000-201400815-01, Sección Segunda Subsección A, C.P . Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P . César Palomino Cortés; sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02, Sección Segunda Subsección A, C.P . William Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 0800123-33-000-2014-01127-01, Sección Seg unda Subsección B, C.P . Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 40001-23-40-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001 -23-40-000-2015-90008-01, Sección Segunda Subsección A, C.P . William Hernández Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-0002014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P . William Hernández Gómez; sentencia del 20 de enero de

2022, radicado No. 080001-23-33-000-2017-00931-01, Sección Segunda Subsección A, C.P . Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No. 080001 -23-33-000-2015-00075-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P . William Hernández Gómez; sentencia del 28 de abril de 2022, radicado No. 7600123-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P . Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicado No. 080001 -23-40-000-2017-00795-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P . Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No. 47001 -23-33-000-2019-00359-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de julio de 2022, radicado No. 47001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P . Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 2022, radicado No. 08001 -23-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P . César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-9012401, Sección Segunda, Subsección B, C.P . César Palomino Cortés, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado No. 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), Sección Segunda, Subsección A, C.P . William Hernández Gómez; sentencia del 26 de enero de 2023, radicado No. 47001-23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), Sección Segunda, Subsección A, C.P . Rafael Francisco Gómez; y sentencia del 23 de marzo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-01063-00, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, 3 Sentencia del 31 de mayo de 2019, radicado No. 76 -001-23-33-000-2013-00734-00 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; sentencia del 21 de julio de 2022, radicado No. 70001 -23-33-000-0201800097-00 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre; y sentencia del 24 de enero de 2023, radicado No. 15001-33-33-007-2019-00046-01 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 4 Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001 -33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado

Primero Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-202200115-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado No. 05001 -33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín; sentencia del 27 de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-3333-003-2022-00066-00 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 68001 -33-33-002-2022-00065-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30 de septiembre de 2022, radicado No. 68001-33-33-009-202200109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022,Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

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D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 (accionado) indica que la acción de tutela es improcedente, pues carece de relevancia constitucional. Señala que en la sentencia SU-573 de 2019 la Corte Constitucional varió la tesis de

la acción de tutela es improcedente, pues carece de relevancia constitucional. Señala que en la sentencia SU-573 de 2019 la Corte Constitucional varió la tesis de la sentencia SU-098 de 2018, que es la base del principal argumento del accionante. La sentencia SU-573 de 2019 aclaró que las acciones de tutela contra providencias que negaron el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales carece n de relevancia constituc ional, pues (i) plantean una discusión eminentemente legal y de carácter económico particular, (ii) sin relación directa con un derecho fundamental, (iii) no está en entredicho el mínimo vital del accionante, (iv) en la tutela se reiteran los argumentos pl anteados en el proceso ordinario ya resueltos en el proceso ordinario, y (v) la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada según la normativa y jurisprudencia aplicable. Agrega que la nueva postura ha sido acogida por la Sección Segunda de est a Corporación en sentencia del 23 de marzo de 2023, radicado No. 2023-00786, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

6.- El Juzgado Tercero Administrativo de Tunja (tercero con interés) se opone a las pretensiones de la acción de tutela. Señala que los argumento s de la solicitud de amparo se dirigen contra la providencia de segunda instancia y no contra la sentencia que profirió el juzgado. Precisa que, en todo caso, en la Sección Segunda del Consejo de Estado no exist ía una postura unificada en la materia: aunqu e existen varias providencias que admiten la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, también existen otras sentencias que descartan esa tesis5.

del Consejo de Estado no exist ía una postura unificada en la materia: aunqu e existen varias providencias que admiten la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, también existen otras sentencias que descartan esa tesis5.

7.- El Departamento de Boyacá (tercero con interés) solicita que se desestimen las pretensiones de la acción de tutela , pues no se vulneraron los derechos del accionante. Sostiene que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad de la

radicado No. 27001 -33-33-002-2022-00072-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Qu ibdó; sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001 -33-33-005-2022-00122-00 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022 radicado No. 76147-33-33-002-202200008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la sentencia del 19 de enero de 2023 radicado No. 11001 -3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá. 5 Hace referencia a las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, proferidas el 24 de enero de 2019, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01(4854-14), y el 27 de mayo de 2022, radicado

No. 11001-03-25-000-2016-00992-00, ambas con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

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acción de tutela contra providencia judicial y que en el proceso ordinario se garantizaron los derechos de las partes, de forma que la sentencia cuestionada se fundamentó en los supuestos fácticos acreditados y la normativa aplicable.

7.1.- Aclara que, según el régimen especial aplicable a los docentes oficiales, el procedimiento para la transferencia de recursos de la Nación al FOMAG y el pago de las cesantías a favor de los docentes no implica la consignación de recursos en cuentas individuales, sino que opera por un giro global bajo el principio de unidad de caja. Así, la entidad territorial debe allegar una constancia de liquidación de las cesantías causadas cada año (más no los recursos) , la cual se remite a la administradora del FOMAG para que esta genere el reporte de las cesantías y se incluyan como insumos.

7.2.- En todo caso, a las entidades territoriales no les corresponde resolver las reclamaciones de los docentes, ya que el pago de las cesantías es competencia del FOMAG, a petición del interesado: los recursos son aprovisionados, pero solo son efectivamente girados cuando el docente los solicita.

7.3.- Por otro lado, afirma que la sentencia SU -098 de 2018 no es aplicable al presente asunto, pues esa sentencia se profirió bajo un supuesto fáctico distinto: el

efectivamente girados cuando el docente los solicita.

7.3.- Por otro lado, afirma que la sentencia SU -098 de 2018 no es aplicable al presente asunto, pues esa sentencia se profirió bajo un supuesto fáctico distinto: el docente accionante nunca fue afiliado al FOMAG, lo cual no sucedió en este caso. En cambio, la SU-573 de 2019 señaló que las tutelas contra providencias judiciales bajo el supuesto de la presente acción carecen de relevancia constitucional.

7.4.- Por último, indica que no existe una postura unificada en la materia, pero de conceder lo solicitado por el accionante se generaría una afectación nacional de trascendencia económica.

8.- La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del FOMAG (tercero con interés) también solicita que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo, pues considera que no se argumentaron suficientemente los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

8.1.- Enfatizó que al FOMAG le es aplicable el principio de unidad de caja, lo cual amerita un trato diferenciado al de los fondos de cesantías privados y regidos por la Ley 50 de 1990. En efecto, en el FOMAG no existen cuentas individuales para cadaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado Se declara la improcedencia

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uno de los docentes, de lo cual se desprende que no existe una obligación legal de consignar en esas cuentas el valor de las cesantías que corresponda a cada afiliado.

Se declara la improcedencia

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uno de los docentes, de lo cual se desprende que no existe una obligación legal de consignar en esas cuentas el valor de las cesantías que corresponda a cada afiliado.

8.2.- En cambio, los valores del FOMAG son p resupuestados en cada vigencia y son remitidos por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades TerritorialesFONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías. Posteriormente el FOMAG solicita a las entidades territoriales que a lleguen los reportes de cesantías para proceder a reconocer los intereses que se causen en cada vigencia, y cuando se solicita el retiro definitivo o parcial de las cesantías el Fondo acude al rubro asignado, se reitera, regido por el principio de unidad de caja y no por cuentas individuales.

8.3.- Lo anterior encuentra fundamento en un marco normativo especial: Ley 91 de 1989, artículo 8; Ley 715 de 2001, artículo 8 y 36; Decreto 196, artículos 12 y 13; Decreto 3752 de 2003, y Ley 1955 de 2019, artículo 57.

8.4.- Finalmente, sostiene que no se vulneraron los derechos fundamentales de l accionante porque las actuaciones judiciales se adelantaron en debida forma y de conformidad con las pruebas y procedimientos legales.

9.- El Ministerio de Educación Naci onal (tercero con interés) alega que la solicitud de amparo es improcedente porque: (i) primero deben agotarse los mecanismos ordinarios de defensa judicial, en virtud de la subsidiariedad de la tutela; (ii) las acciones de tutela contra providencias judic iales no pueden desconocer la

de amparo es improcedente porque: (i) primero deben agotarse los mecanismos ordinarios de defensa judicial, en virtud de la subsidiariedad de la tutela; (ii) las acciones de tutela contra providencias judic iales no pueden desconocer la independencia y autonomía de las autoridades judiciales; y (iii) no se violaron los derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES

10.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron plantead os en laRadicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00

Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado Se declara la improcedencia

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apelación y resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso ordinario6.

E. Sin perjuicio de la falta de relevancia const