CE - 110010315000202302216001SENTENCIA20230907150449

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm 4.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se confirmó la decisión de negar el reconocimiento de la sanción moratoria, por la consignación inoportuna de las cesantías anualizadas de un docent e. Incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm.4.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Sánchez en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm.4.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral , perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm.4, dejar sin efectos la sentencia proferida el 12 de2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

abril de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 15001-33-33-008-2022-00075-01, para, en su lugar, proferir una nueva decisión, en la que se aplique el precedente judicial fijado por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-098 de 2018, y por el Consejo de Estado, Se cción Segunda, en su reiterada jurisprudencia, con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en los términos en que fue solicitada en la demanda.

Segunda, en su reiterada jurisprudencia, con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en los términos en que fue solicitada en la demanda.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

1. El señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación -Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y del departamento de Boyacá, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo núm.

BOY2021EE029261 del 29 de agosto de 2021, mediante el cual le fue negado (i) el reconocimiento y pago de la sanción por mora, por la consignación inoportuna de las cesantías establecidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió efectuarse el pago de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, hasta el momento en que se acredite el pago de los valores correspondientes en la cuenta individual del docente ; y (ii) la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

1. El 7 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja negó las pretensiones de la demanda , al considerar que las normas precitadas no eran compatibles con el régimen especial de cesantías de los

1. El 7 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja negó las pretensiones de la demanda , al considerar que las normas precitadas no eran compatibles con el régimen especial de cesantías de los docentes, debido a que estas se aplican a los trabajadores del sector privado y, adicionalmente, porque la extensión que realizó el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 sobre la aplicación de l régimen de cesantías anualizado a los servidores públicos , excluyó expresamente al régimen especial de los docentes de la Ley 91 de 1989.3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Por lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de esta decisión, puesto que la ley y la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo desde el año 2021 despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.

1. El 12 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 4, confirmó la sentencia de primera instancia.

1.1.3. Fundamentos de derecho

El accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al expedir la sentencia del 12 de abril de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social y, junto

El accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al expedir la sentencia del 12 de abril de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, debido a que:

1. Desatendió el contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 1 y del Consejo de Estado2, en las que se definió que la L ey 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales.

1 Citó las sentencias SU-098 de 2018 y SU-332 de 2019. 2 Concretamente mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001 23 31 000 2009 00867 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001 23 33 000 2013 00666 01 y los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio de 2019, expediente 11001 -03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001 -0315000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173 -01; 10 de junio de 2020, expediente 08001 -23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001 -2331-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001 -23-31-000-2014-00254-01; 17 de junio de 2021, expedientes 08001 23 31 000 2014 00815 y 08001 -23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001 -23-33-0002015-00445-02; 11 de noviembre de 2021, expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001 -23-33-000-2014-01127-01 y 40001 -23-40-000-2017-00134-01; 2 0 de enero de 2022, expediente 080001 -23-33-000-2017-0093101; 3 de marzo de 2022, expediente 080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001 -23-33-000-2013-00756-01;

9 de mayo de 2022, expediente 080001 -23-40-0002017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47 -001-23-33-000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001 -23-33000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022, expediente 08001 -23-33-000-2015-90124-01; 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-0002012-00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-0231-01.4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Confundió los regímenes de cesantías de los docentes con la obligación del empleador de consignar las cesantías de los trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a pesar de que son dos cosas diferentes. En ese senti do, refirió los antecedentes normativos sobre las cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses y, precisó que, a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene a su cargo las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados y debe

anual y el reconocimiento de intereses y, precisó que, a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene a su cargo las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados y debe consignar las cesantías que la Nación como patrono previamente le traslada, antes del 15 de febrero de 2021 y, en caso de no hacerlo, en virtud del principio de igualdad, de favorabilidad y e n atención al precedente reiterado de las altas cortes, reconocer la sanción moratoria.

1. No tuvo en cuenta las sentencias proferidas entre el 2021 y el 2023 por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que resolvió de manera positiva el problem a jurídico relativo a si es aplicable o no la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en ese sentido, contrario a la conclusión del Tribunal, sí existe la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año las cesantías y, en caso de no hacerlo, es viable reconocer la indemnización por su pago inoportuno.

1. Des conoció el principio de seguridad jurídica, pues a pesar de la copiosa jurisprudencia existente sobre la posibilidad de aplica r el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al personal docente vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no atendió esa postura y, por el contrario, otorgó un trato diferencial a situaciones iguales. Por esa última razón, considera ne cesario que en esta sede constitucional se defina la posición jurisprudencial y, de esta forma, protejan los derechos fundamentales de los docentes.

1.2. Actuación procesal

situaciones iguales. Por esa última razón, considera ne cesario que en esta sede constitucional se defina la posición jurisprudencial y, de esta forma, protejan los derechos fundamentales de los docentes.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 10 de mayo de 2023 , el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, (ii) vinculó a la Nación -Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y al departamento de Boyacá, como terceros5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

interesados en los resultados del proceso, y (iii) Comisionó al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, para que notificar a a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de ra dicado 15001-33-33-008-2022-00075-00/01, a excepción del señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez y de las entidades precitadas y, adicionalmente, remitiera copia digital del expediente referido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado José Ascensión Fernández Osorio afirmó que el accionante pretende emplear la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia, a pesar de

1.3.1. Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado José Ascensión Fernández Osorio afirmó que el accionante pretende emplear la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia, a pesar de que este mecanismo fue concebido como un juicio de validez y no de corrección, por lo que no puede usarse como una instancia adicional para la discusión de asuntos de índole probatori o o de interpretación del derecho legislado . Sobre el particular, resaltó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 de 2019, varió la posición que expuso en la sentencia SU -098 de 2018, en el sentido de señalar que carece de relevancia constitucional las solicitudes de amparo que se interpongan contra las sentencias que nieguen el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales.

De otro lado, indicó que en el proveído censurado se resolvieron todos los cargos de la apelación de manera amplia y razonada y, además, se expusieron expresamente los motivos que impedían aplicar la posición de la sentencia SU-098 de 2018, debido a que sus supuestos fácticos no eran similares. Igualmente, manifestó que en el fallo cuestionado se adelantó un extenso análisis legal y jurisprudencial no solo de la normatividad aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, de acuerdo con su fecha de vinculación, sino también de los elementos necesarios para la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente, competencias y dinámica presupue stal. Por lo anterior , requirió declarar improcedente la acción de la referencia o, en su defecto, negar las pretensiones formuladas por la parte accionante.6

competencias y dinámica presupue stal. Por lo anterior , requirió declarar improcedente la acción de la referencia o, en su defecto, negar las pretensiones formuladas por la parte accionante.6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.3.2. Ministerio de Educación Nacional

El profesional del derecho Walter Epifanio Asprilla Cáceres solicitó desvincular al Ministerio de Educación Naciona l, para lo cual , en primer lugar, aseguró que en el presente asunto no se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, puesto que , si bien es cierto que el accionante alega la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza constitucional, también lo es que debe cumplirse con una carga argumentativa suficiente que demuestre que e l asunto que se discute goza de una marcada importancia constitucional. A demás, resaltó que el debate que se presenta es de naturaleza estrictamente económica, pues involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por lo que debe declarase la improcedencia de la solicitud de amparo.

En segundo lugar, afirmó que no existe una relación de causalidad o vínculo entre el Ministerio de Educación Nacional y el derecho solicitado por el accionante, puesto que e l reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a cargo del F ondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por virtud de la ley se encuentra

Ministerio de Educación Nacional y el derecho solicitado por el accionante, puesto que e l reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a cargo del F ondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por virtud de la ley se encuentra en cabeza de la entidad territorial certificada y de la sociedad fiduciaria administradora del fondo, esto es, la Fiduprevisora S.A.

En tercer lugar, frente al caso e n concreto, sostuvo que las circunstancias fácticas del caso que resolvió la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018 no coinciden con los supuestos en que se fundan las pretensiones del caso en concreto, comoquiera que no se cuestiona una afiliación inoportuna del Fomag que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías, sino lo que se discute es la consignación extemporánea de las cesantías en los plazos previstos en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago inoportuno de los intereses de aquellas, frente a lo cual es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

1.3.3. Departamento de Boyacá7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La apoderada judicial de la entidad territorial referida Ángela Verónica S ánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La apoderada judicial de la entidad territorial referida Ángela Verónica S ánchez Torres indicó que no es viable que el Consejo de Estado, en sede de tutela, emita un nuevo pronunciamiento sobre los hechos debatidos en el proceso ordinario, máxime cuando no se cuenta con una sentencia de unificación por parte de esa corporación como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Adicionalmente, manifestó que en las actuaciones adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se garantizó el derecho al debido proceso de los intervinientes y, además, que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá estuvo soportada en las situaciones fácticas y jurídicas probadas en el proceso. Finalmente, sostuvo que emitir un pronunciamiento en las condiciones que expone el demandante se aparta totalmente de los principios de la confianza legítima y la seguridad jurídica, que deben estar presentes en todas las actuaciones judiciales. Por tanto, solicitó negar todas las pretensiones planteadas.

1.3.4. Fiduprevisora S.A.

La coordinadora de tutelas Aidee Johana Galindo Acero indicó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho actuaron conforme a la normativa establecida sin que pueda aducirse un desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la demanda. Además, señaló que no es dable inferir que se haya presentado transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales, pues las actuaciones

desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la demanda. Además, señaló que no es dable inferir que se haya presentado transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales, pues las actuaciones judiciales fueron adela ntadas con plena observancia del debido proceso. En consecuencia, solicitó declarar improcedente el presente mecanismo de amparo.

1.4. Oposición del accionante frente a las anteriores contestaciones

El señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez , mediante memorial, se pronunció sobre las contestaciones rendidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Ministerio de Educación Nacional, el departamento de Boyacá y la Fiduprevisora, en los siguientes términos:8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. La autonomía e independencia judicial deb e respetarse; sin embargo, es imperioso que el juez de tutela analice en el presente asunto el trato igualitario que debe dársele a todos los empleados públicos, más aún, en consideración de la existencia de un número importante de decisiones en las que se reconoce el derecho de los trabajadores del sector educativo al reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías liquidadas anualmente.

1. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales se encuentran cumplidos, pues (i) precisó las razones y motivos por los cuales pretende la protección inmediata del derecho fundamental al

1. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales se encuentran cumplidos, pues (i) precisó las razones y motivos por los cuales pretende la protección inmediata del derecho fundamental al debido proceso , (ii) agotó todos los medios de defensa ordinarios , (iii) acudió al amparo co nstitucional en un término más que razonable y (iv) justificó suficientemente por qué el Tribunal Administrativo de Boyacá con el fallo del 12 de abril de 2023 desatendió la ley y el criterio pacífico y reiterado de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1. No es cierto que en su condición de docente tiene un régimen especial de cesantías, ya que al haberse vinculado después del 1.° de enero de 1990 la liquidación de esa prestación es igual a la de todos los trabajadores del orden nacional; labora ocho horas y recibe las primas de navidad y de vacaciones en iguales condiciones que el resto de los servidores públicos. De esta forma, enfatizó que se acogió una interpretación contraria a los postulados constitucionales relacionados con la favorabilidad laboral y los derechos mínimos de los trabajadores, la cual debe revisarse a través de la presente acción.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.°9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efectos de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez en contra de la sentencia proferida el 12 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-008-202200075-01.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 3 ha evolucionado en torno a la consideración de la

00075-01.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 3 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el

3 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T -492 de 1995, T -567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.

4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vuln eración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 15001-33-33-008-2022-0007500/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. El 7 de marzo de 2022, el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez, por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación -Ministerio de Educación -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y del departamento de Boyacá, con el fin de obtener l a nulidad del acto administrativo núm. BOY2021EE029261 del 29 de agosto de 2021, y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la (i) la sanción moratoria que establece la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 hasta el día en que se efectúe la consignación de la11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02216-00

Accionante: Uriel Hernando Ramírez Sánchez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

prestación; y (ii) la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

prestación; y (ii) la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de los intereses sobre las cesantías.

2.4.2. El 7 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el departamento de Boyacá y negó las pretensiones de la demanda. Por lo anterior, el 14 de igual mes y anuali dad la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de esta decisión.

2.4.3. El 12 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 4, confirmó la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

«[…] 54. El criterio de este Tribunal se dirige a desestimar la posibilidad de que las sanciones que establecen los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1.º de la Ley 52 de 1975 se extiendan indistintamente a favor de los docentes oficiales que gozan del régimen anualizado de cesantías y, particularmente, a la parte actora, por tres razones:

55. En primer lugar, para cuando la parte demandante se vinculó al servicio de la educación, las normas que conformaban el régimen especial de los docentes oficiales no las contemplaban ni remitían a las disposiciones que las prevén.

56. En segundo lugar, los supuestos de hecho de las penalidades que reclama

la educación, las normas que conformaban el régimen especial de los docentes oficiales no las contemplaban ni remitían a las disposiciones que las prevén.

56. En segundo lugar, los supuestos de hecho de las penalidades que reclama la demanda son incompatibles con el régimen de la parte accionante, porque (i) para cuando ingresó al servicio no existía una norma que fijara plazos máximos para consignar las cesantías o pagar sus intereses, así que el elemento temporal (o de oportunidad) de las prestaciones no es exigible; e independientemente de la fecha de vinculación, (ii) las cesantías de este grupo de trabajadores no se consigna, sino que los recursos se transfieren gradualmente (de forma mensual) y no llegan a cuentas individuales, y (iii) el giro de los recursos no lo realiza la entidad territorial certificada, que fung e como nominador, y tampoco el Ministerio de Educación, aunque es la entidad competente para reconocer las prestaciones sociales de los docentes, sino el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (un tercero) de manera directa.

57. Y, en tercer lugar, la interpretación que expuso la sentencia SU-098 de 2018 no es aplicable a este caso, debido a que (i) sus supuestos fácticos no son los mismos, y (ii) de acuerdo con la sentencia SU-573 de 2019, el asunto no cuenta con trascendencia constitucional y, por ese motivo, no resulta procedente abordarlo desde la perspectiva de los principios de favo