CE - 110010315000202302220011SENTENCIA20230908152748

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

Demandante: OSCAR SILVINO MOJICA FUENTES

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

Demandante: OSCAR SILVINO MOJICA FUENTES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Sanción por consignación tardía de cesantías. Defe ctos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnació n presentada por el accionante contra la sentencia de 8 de junio de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor manifestó que con posterioridad al año 19 90 se vinculó como docente del departamento de Boyacá y que, en razón a esto, el 15 de febrero de 2021 le debían ser consignadas las cesantías correspondientes al servicio que prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.

Afirmó que el 2 6 de julio de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación de Boyacá y al Fomag, el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías descri ta en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, solicitud que fue negada mediante Resolución No. BOY2021EE028549.

Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Ed ucación NacionalFomag y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad de la mencionada resolución.

Señaló que del asunto conoció , en primera instancia , el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja, que en sentencia de 1 5 de noviembre de 2022 negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

cesantías de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

Demandante: OSCAR SILVINO MOJICA FUENTES

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2 Narró que contra la anterior deter minación interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentenc ias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia”.

Finalmente, sostuvo q ue el Tribunal Administrativo de Boyacá por sentencia de 4 de diciembre de 2022, confirmó el fallo impugnado, luego de considerar que en el caso no era aplicable la Ley 50 de 1990.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela en de fensa de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el principio a la seguridad jurídica, los cuales considera vulnerados por la sentencia de 4 de diciembre de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el fallo que negó las

a la administración de justicia, así como el principio a la seguridad jurídica, los cuales considera vulnerados por la sentencia de 4 de diciembre de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el fallo que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fomag y el departamento de Boyacá, con el fin de que se dejara sin efectos la Resolución No. BOY2021EE028549, mediante la cual se negó su solicitud de reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

Luego de hac er referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, adujo que el fallo objetado incurre en i) defecto sustantivo , por la indebida interpretación de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996, toda vez que, adujo, en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer la sanción moratoria y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a favor de los docentes afiliados al Fomag.

Tras efectuar un exten so recuento histórico de las competencias asignadas al Fomag en la relativo a la gestión de las cesantías de los docentes, sostuvo que en el caso es claro que “ aquí no hay ningún régimen especial de las cesantías, puesto que las cesantías anualizadas de los maestros oficiales se liquidan de la misma forma como se liquidan a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela

puesto que las cesantías anualizadas de los maestros oficiales se liquidan de la misma forma como se liquidan a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado, que para e l año 2020, pero esta es una situación no es una circunstancia novedosa como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES DESDE 1968 en el artículo 33 del De creto 3118 de 1969, intereses en favor de los trabajadores”.

Sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional debe acogerse a los postulados que garantizan los derechos laborales de los profesores, “ pues si bien es cierto que de la evol ución norma tiva se desprende la descentralización del servicio educativo en cabeza de las entidades territoriales, también lo es que ninguna ley despojó a la Nación de la obligación que tiene de consignar al respectivo fondo las prestaciones correspondientes”.

Afirmó que en la providencia objeto de reproche constitucional se indicó que en la unidad de caja que posee el Fomag para el manejo de los recursos de la salud,Radicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

Demandante: OSCAR SILVINO MOJICA FUENTES

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3 las pensiones y las cesantías, también existen recursos del Ministerio de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 las pensiones y las cesantías, también existen recursos del Ministerio de Educación Nacional y el Fomag, lo que no es cierto.

Adujo que en el caso se presenta una ii) violación directa de la Constitución , por el desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política que consagra el principio de favorabilidad, en tanto, explicó, han existido otros c asos en los cuales la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin que conlleve tal situación al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial (sentencias C -741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018).

Por últi mo, el actor considera que la decisión objetada incurre en iii) desconocimiento del precedente judicial , contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional y en múltiples pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado1, en la que, indicó, existen dos posiciones en torno al tema controvertido, pero actualmente se h a acogido una interpretación favorable según la cual a los educadores oficiales vinculados después del 1° de enero de 1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.

Sobre el particular, agregó que la intención de la acción es que se respete el

interpretación favorable según la cual a los educadores oficiales vinculados después del 1° de enero de 1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.

Sobre el particular, agregó que la intención de la acción es que se respete el restablecimiento de la ley y “ los alcances de la interpretación de más de 22 sentencias que al unísono se han expedido sobre la materia en el h.c.e. sección segunda”, con ocasión de la confianza que generó en los docentes oficiales vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990, al haberse proferido gran cantidad de sentencias entre el año 2021 y 2022 por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que los motivó a s olicitarle a esta jurisdicción que sus cesantías del trabajo del año 2020 fueran trasladadas al Fomag a más tardar el 15 de febrero del año 2021, “ derecho que fue negado, habiéndose generado una cancelación de una sanción por mora establecida en la ley 50 de 1990 y la ley 344 de 1996”. Por último, aludió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vi nculante que tienen para el Tribunal Administrativo de Boyacá.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

1 Sentencia de unificación d e 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001 -23-33-000-2013-00666-01. M.P. Sandra Liseth

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

1 Sentencia de unificación d e 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001 -23-33-000-2013-00666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 29 de julio de 2019. Expedien te No. 11001 -0315-000-2018-03499-01. M.P. Nicolás Yepes Corrales, Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001 -23-33-000-2014-00173-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia de 10 de junio de 2020. Expedien te No. 08001 -23-33000-2014-00208-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-00254-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-00132-01. M.P. William H ernández Gómez, Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-31-000-2014-00815-01. M.P.

Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-33000-2015-00331-01. M.P. César Palomin o Cortés, Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00445-02. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 40001-23-40-000-2017-00134-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2015-90008-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Exped iente No. 080001 -23-40-000-2015-9000801. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-201490022-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-201700931-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-201700931-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001 -23-33-000-201300756-01. M.P. Carmelo Per domo Cuéter, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001 -23-40-000-201700795-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 47 -001-23-33-0002019-00359-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expedien te No. 47 -001-23-33-0002019-00359-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

Demandante: OSCAR SILVINO MOJICA FUENTES

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4 “1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 4/12/2 2, en el expediente rad. N o. 15001333300920220004001, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA

DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUA TIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia refer ida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el te ma edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de la s actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2022 -0004-01, actor: Oscar Silvino Mojica Fuentes.

5. Trámite procesal

Por auto de 18 mayo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado dispuso la

restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2022 -0004-01, actor: Oscar Silvino Mojica Fuentes.

5. Trámite procesal

Por auto de 18 mayo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad demandada. Además, se ordenó vincular a al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A., al departamento de Boyacá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la t utela o, en su defecto, se nieguen sus pretensiones, en tanto, adujo, en el caso hay ausencia de vulneración iusfundamental alguna.

Sostuvo que con la sentencia SU -573 de 2019, la Corte Constitucional varió la posición que expuso en la sentencia SU -098 de 2018, la cual es el suste nto principal de la parte actora, en el sentido de señalar que carecen de relevancia constitucional las acciones de tutela interpuestas contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales.

Indicó que el asunto versa sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación

que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales.

Indicó que el asunto versa sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

Demandante: OSCAR SILVINO MOJICA FUENTES

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5 Refirió que dichos conceptos laborales no tienen una relación directa con un derecho fundamental, y que ese tribunal expresamente analizó y desestimó el argumento relacionado con el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral.

Agregó que e n ningún momento la parte actora afirma que esté en entredicho su mínimo vital, máxime cuando mantiene una relación legal y reglamentaria de la que se deriva una remuneración habitual y periódica, y que redunda en el mismo debate que planteó ante la jurisdicción administrativa, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias.

Para terminar, adujo que el fallo atacado resolvió todos los cargos de la apelación de manera amplia y razonada, y expuso expresamente los motivos que impedían aplicar la posición de la sentencia SU -098 de 2018, debido a que sus supuestos

de manera amplia y razonada, y expuso expresamente los motivos que impedían aplicar la posición de la sentencia SU -098 de 2018, debido a que sus supuestos fácticos no eran similares. Añadió que el fallo atacado también adelantó un extenso análisis legal y jurisprudencial no solo de la normatividad aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, de acuerdo con su fecha de vinculación, sino también de los elementos necesarios p ara la configuración de la sanción moratoria y s u incompatibilidad con el régimen docente, competencias y dinámica presupuestal.

6.2. Respuesta del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja

La titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor o, en su lugar, la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto, sostuvo, lo pretendido por la actora es discutir nuevamente los argumentos esbozados en la providencia o bjetada, como si esta acción fuera una tercera instancia de ese proceso.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá en otras sentencias donde se han estudiado casos similares, explicó las razones por las cuales la relevancia constitucional no se encuentra acreditada en estos asuntos, pues de un la do, con la sentencia SU -573 de 2019 la Corte Constitucional modificó el criterio de la sentencia SU -098 de 2018, en que se fundó la demanda ordinaria, y de otro, consideró que no es procedente analizar la reg ulación del docente bajo los principios de favor abilidad e igualdad, atendiendo el carácter meramente económico de la discusión.

consideró que no es procedente analizar la reg ulación del docente bajo los principios de favor abilidad e igualdad, atendiendo el carácter meramente económico de la discusión.

Afirmó que, si en gracia de discusión se accede al estudio de fondo de la solicitud la acción de tutela debe negarse, por cuanto, adujo, lo que la parte actora esgrime en el escrito de tutela no es realmente la vulneración de derechos fundamentales, sino una inconformidad o desacuerdo con la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, lo que resulta improcedente, en tan to la acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos dentro del trámite ordinario, ni mucho menos para modificar decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada.

6.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El apoderado del ministerio rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud, por cuanto, adujo, en el caso no se vulneraron derechos fundamentales, pues “la acción de tutela no resulta ser la vía procedente para obtener el derecho deprecado, ello, atendiendo la normatividad aplicable al caso, así mismo, se pone de presente al despacho, que por normativa vigente, las pretensiones solicitadas por el accionante, tanto en v ía de lo contenciosoRadicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

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6

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6 administrativo, como por vía consti tucional, no se encuentran bajo la égida misional y funcional del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por no ser la autoridad competente”.

Agregó que la acción no tiene una clara y marcada importancia constitucional que haga procedente la intervención del j uez de tutela en un asunto de la jurisdicción contencioso administrativa, por el contrario, el accionante utiliza la acción de tutela para reabrir un debate meramente legal, que puede ser debatido y decidido por los jueces competentes en las oportunidades y con las figuras legales conforme su solicitud.

Finalmente, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, por cuanto, sostuvo, el Ministerio de Educación Nacional no es ni representa al Fomag, así como tampoco tiene injere ncia en las prestaciones sociales responsabilidad de dicho Patrimonio Autónomo, razón clara por la que cualquier demora o irregularidad en el trámite no le es imputable.

6.4. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar la improcedencia de la acción, por cuanto, afirmó “ no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales del accionante en relación con Fiduciar ia La Previsora S.A., entidad que para los efectos actúa en nombre y representación del Fondo

concreta, activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales del accionante en relación con Fiduciar ia La Previsora S.A., entidad que para los efectos actúa en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) ”, y pidió su desvinculación por falta de legitima ción en la causa por pasiva, toda vez que, adujo, no es la entidad competente para revocar o modificar actos administrativos y tampoco transgredió los derechos fundamentales de la accionante.

En todo caso, se pronunció sobre la materia objeto de tutela y señaló que de conformidad con el Decreto 1582 de 1998, l as entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, no obstante, aseveró que esa modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidad es administradoras de cesantías creadas por esa disposición dentro de las cuales no está el FOMAG, pues se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por lo tanto, aseveró que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

Además, explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y que “los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestado s y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia”. En ese punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Fomag, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones

vigencia”. En ese punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del Fomag, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.

En ese marco, aseveró que se produce imposibilidad jurídica de crear cuentas individuales para cada uno de los afiliados del Fomag, en virtud del principio de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de la “consignación de cesantías”, pues en el caso de los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecido s para tal efecto, por lo tanto no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 pues esa figura se consagró para los eventos enRadicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

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7 que se da consignación tardía en las cuentas individuales lo que no ocurre en el caso de los docentes.

Por último , aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales a la accionante, toda vez que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes judiciales vinculantes para la decisión adoptada.

6.5. Respuesta de la Gobernación de Boyacá

accionante, toda vez que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes judiciales vinculantes para la decisión adoptada.

6.5. Respuesta de la Gobernación de Boyacá

El apoderado de la gobernación rindió informe en el que solicitó que sean desestimadas las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Indicó que el departamento de Boyacá - Secretaría de Educación -, realizó el proceso de liquidación de cesantías del año 2020 para los docentes de régimen de anualidad, y una vez terminado dicho proceso se envió comunicación por correo electrónico a Fiduprevisora S.A. e l 4 de febrero de 2021, es decir, que una vez realizado el proceso de liquidación el fondo proceda a generar en línea el reporte de las cesantías del 2020 a través del Sistema Humano para su respectiv a validación.

Adujo que posteriormente se informó a FID UPREVISORA el día 4 de febrero de 2021 que el FOMAG realizó la confrontación de los reportes a las cesantías del año 2020, los cuales serían procesados e incluidos como insumos para la liquidación y pago de los intereses a las cesantías, igualmente se proc edió a enviar el proceso de liquidación de cesantías del año 2020 en medio físico, según guía 700049474347 de 5 de febrero de 2021, allí se adjunta los soportes de la liquidación en 148 folios, en los que se relacionan 6775 docentes con el valor de las cesantías anuales, esto es, que la entidad envió las cesantías del año 2020 dentro de la fecha establecida por la normatividad y el Fomag.

liquidación en 148 folios, en los que se relacionan 6775 docentes con el valor de las cesantías anuales, esto es, que la entidad envió las cesantías del año 2020 dentro de la fecha establecida por la normatividad y el Fomag.

De otra parte, precisó que los recursos de las cesantías no son girados a la cuenta de la entidad territorial, es decir , que los aportes patronales (salud pensión y cesantías) de las entidades territoriales del personal docente enviadas a Fiduprevisora S.A lo son “ sin situación de fondos, (parágrafo 1 artículo 18 de l a Ley 715 de 2001), además, el numeral 3 Radicado No. 20 21017X01 Fiduprevisora S.A. también indica: “(...) los recursos para el pago de las cesantías provienen de la Nación y del Sistema General de Participaciones para el Sector Educación, que es asignado y girado al FOMAG por el Ministerio de Educación Nacional (...)”.

En ese sentido, refirió que la sanción por mora del pago inoportuno de los intereses a las cesantías, tanto la liquidación y el pago de intereses de las misma es competencia del Fomag a tra vés de Fiduprevisora S.A, por lo que al departamento de Boyacá - Secretaria de Educación -, en el ámbito de sus competencias no le corresponde resolver de fondo la reclamación de la parte demandante.

Sostuvo que, en todo caso, para el pago de las cesantías el Fomag recibe recursos de diferentes fuentes, princip almente de la Nación, los cuales administra de acuerdo con un programa anual de caja (PAC). Por lo tanto, en este régimen especial no se tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afiliados , sino

recursos de diferentes fuentes, princip almente de la Nación, los cuales administra de acuerdo con un programa anual de caja (PAC). Por lo tanto, en este régimen especial no se tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afiliados , sino que los recursos, previamente incluidos en el pre supuesto, ingresan al FOMAG mediante un giro global.

Para terminar, aclaró que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag, enRadicación: 11001-03-15-000-2023-02220-01

Demandante: OSCAR SILVINO MOJICA FUENTES

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción, “ máxime cuando el trámite tal como está establecido en la norma especial se cumplió en su integridad, puesto que la liquidación para el año 2021 s e realizó dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió al Fondo en medio electrónico el 4 de febrero y en medio físico el 5 de febrero de 2021 y así mismo, los recursos se empezaron a aprovisionar desde el mes de ene