CE - 110010315000202302223001SENTENCIA20230629161818

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

Actora: Luz Helena Rojas López

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02223-00

Demandante: LUZ HELENA ROJAS LÓPEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Defecto por desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Luz Helena Rojas López , quien actúa mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle d el Cauca, en la que pide el amparo constitucional de l derecho fundamental al debido proceso , supuestamente vulnerado con la sentencia de 3 de noviembre de 2022, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los Decretos Nos. 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 de 13

la cual revocó la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los Decretos Nos. 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015 para , en su lugar, declarar probada la excepción de cosa juzgada en el marco d el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76001-33-33-002-2015-00199-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se establecen como hechos relevantes los siguientes:

El alcalde municipal de Santiago Cali (en la actualidad Distrito Especial Deportivo, Cultural, Tur ístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 1 ) profirió el Decreto 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 2014, para el mejoramiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en vías públicas del municipio para el año 2015, acto administrativo que implementó el sistema pico y placa en el perímetro urbano de la entidad territorial para restringir la circulación de vehículos particulares y estableció una restricción a la circulación de los vehículos tipo bus, buseta, microbús y camperos destinados a la prestación del servicio de transporte público colectivo urbano de pasajeros, por la incursión del transporte público tradicional y el Sistema de Transporte Masivo, MIO. Luego dictó el Decreto 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015 , en

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por la incursión del transporte público tradicional y el Sistema de Transporte Masivo, MIO. Luego dictó el Decreto 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015 , en

1 Ley 1933 de 2018 “Por medio de la cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

Actora: Luz Helena Rojas López

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el que se modific ó la primera decisión y adoptó medidas para el mejor ordenamiento de tránsito de vehículos de servicio público colectivo urbano de pasajeros para el año 2015.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la señora Luz Helena R ojas López presentó demanda contra el municipio de Santiago de Cali, con el fin de que se anularan esos actos administrativos , y a título de restablecimiento del derecho el pago de $79.555.000, más los honorarios de abogado tasados en un 30%.

El Juzgado S egundo Administrativo del Circuito de Cali en sentencia de 18 de diciembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda por cuanto se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los decretos demandados, pues se demostró la falsa motivación al no ad elantarse un estudio técnico. Adicionalmente, conden ó en abstracto en tanto concluyó que se demostró con

desvirtuar la presunción de legalidad de los decretos demandados, pues se demostró la falsa motivación al no ad elantarse un estudio técnico. Adicionalmente, conden ó en abstracto en tanto concluyó que se demostró con certeza el daño padecido, mas no se probó la dimensión de este ni su cuantificación.

Por último, la parte demanda da interpuso recurso de apelación con tra la anterior decisión. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de 31 de octubre de 2022, la revocó y declaró probada la excepción de cosa juzgada frente a las pretensiones relacionadas con la nulidad de los Decretos 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015, bajo el argumento de que estos se anularon mediante sentencia de 13 de noviembre de 2019 proferida por esa misma corporación judicial . En lo demás , negó las demás pretensiones de la demanda porque “no se aportó ninguna prueba que acreditara tales perjuicios”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar e el derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con la sentencia de 31 de octubre de 2022, por medio de la cual se revocó el fallo del a quo y, en su lugar, se declaró la excepción de cosa juzgada y negó las pretensiones tendientes al pago de los perjuicios causados.

En primer l ugar, se refiri ó de manera general al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

de cosa juzgada y negó las pretensiones tendientes al pago de los perjuicios causados.

En primer l ugar, se refiri ó de manera general al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

Luego, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judi cial, por no aplicar la regla de d ecisión contenida en las sentencias de 18 de febrero de 2016 2 de la Sección Primera del Consejo de Estado y de 16 de agosto de 2012 3 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, relacionada con la condena en abstracto y en concreto regulada en los artículos 193 de la Ley 1437 de 2011 y 283 de la Ley 1564 de 2012.

Finalmente, señalo que “por analogía, la filosofía previamente citada deberá ser aplicada aquí, como quiera que se generó una vulneración del dere cho o del interés tutelado por el ordenamiento jurídico, prueba de ello, fue la declaratoria de “cosa juzgada frente a la pretensión de nulidad de los actos administrativos”,

2 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado No. 13001-23-31-000-2001-00362-01, C.P.: María Claudia Rojas Lasso. 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” No. 25000 -23-26-000-1994-00427-01, C.P.: Carlos Alberto

Zambrano Barrera.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

Actora: Luz Helena Rojas López

Zambrano Barrera.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

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puestos en su conocimiento, así que de dicha vulneración, como bien lo refiere el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, emerge de la falta de indemnización de perjuicios, perjuicios que si bien por ahora no son cuantificables, lo serán a través de la aplicación y procedimiento de la condena en abstracto que aquí se reclama”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en cabeza del magistrado OMAR EDGAR BORJA SOTO, el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, con ocasión a la sentencia de segunda instancia del treinta y uno (31) de octubre del 2022, notificada por correo electrónico el tres (03) de noviembre del 2022.

SEGUNDO: Se ORDENE proferir una decisión conforme con los precedentes judiciales y se condene en abstracto para que sea posible adelantar el trámite incidental de liquidación, con la finalidad de hacer efectivo restablecimiento del derecho en razón de la nulidad declarada de los decretos”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 11 de mayo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali remitió el link de l proceso de nulidad y restablecimiento del

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 11 de mayo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali remitió el link de l proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Luz Helena Rojas López contra el municipio de Santiago de Cali (radicado No. 76001-33-33-002-2015-00199-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de mayo de 202 3, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Segundo Administrativo del C ircuito de Cali, al distrito de Santiago de Cali y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 41767 a 41771 de 10 de mayo de 2023 4 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta de l Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali

En oficio de 11 de mayo de 2023, la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública pidió que se desestimaran las p retensiones por resultar improcedentes.

Afirmó que la accionante no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional, pues de los hechos, fundamentos y pretensiones no se advierte vulneración de derechos fundamentales al no configurarse las causal es de procedencia de la solicitud de amparo.

4 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes

vulneración de derechos fundamentales al no configurarse las causal es de procedencia de la solicitud de amparo.

4 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: notificaciones@hmasociados.com, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@cali.gov.co y notificacionesjudiciales@cali.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

Actora: Luz Helena Rojas López

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Agregó que la demandante utiliza la acción de tutela como un recurso o instancia adicional para controvertir decisiones judiciales frente a la valoración probatoria y normativa que se realizó en estas.

Por último, manifestó que el distrito actuó dentro del proceso ordinario siguiendo los parámetros legales, la lealtad procesal y en igualdad de condiciones, por lo que es evidente que la autoridad judicial accionada respetó las garantías procesales.

6.2. El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de C ali, guardaron silencio, aun cuando se le s notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29

notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con la sentencia de 31 de octubre de 2022, que revocó la decisión de primera instancia en la que se declaró la nulidad de los actos a dministrativos demandados y condenó en abstracto y, en su lugar, declaró la excepción de cosa juzgada respecto de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados y negó las demás pretensiones , en relación con los perjuicios solicitados, vulneró el derecho fundamental al debido proceso al supuestamente incurrir en el defecto por desconocimiento del precedente judicial , al no aplicar las reglas desarrolladas por las sentencias de 18 de febrero de 2016 5 de la Sección Primera y de 16 de agost o de 2012 6 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado relacionada con la condena en abstracto y en concreto regulada en los artículos 193 de la Ley 1437 de 2011 y 283 de la Ley 1564 de 2012.

3. Procedencia excepcional de la acción de tute la contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de

2012.

3. Procedencia excepcional de la acción de tute la contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos res ulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 7 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos8, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

5 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado No. 13001-23-31-000-2001-00362-01, C.P.: María Claudia Rojas Lasso. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” No. 25000 -23-26-000-1994-00427-01, C.P.: Carlos Alberto Zambrano. 7 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 8 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

Actora: Luz Helena Rojas López

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Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena

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Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 9, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unifi cación del 5 de agosto de 201410, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la pers ona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, d ebe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, d ebe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la v ulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha pre cisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 12; (ii) Defecto procedimental absoluto 13; (iii) Defecto fáctico 14; (iv) Defecto material o sustantivo 15; (v) Error inducido 16; (vi) Decisión sin motivación17; (vii) Desconocimiento del precedente18 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del

9 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 10 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 11

9 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 10 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 11

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

12 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 13 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 14 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 15 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 16 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 17 Que implica el incumplimiento d e los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 18 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

Actora: Luz Helena Rojas López

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

Actora: Luz Helena Rojas López

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Tribunal Suprem o de lo Contencioso Administrativo 19 y de la Corte Constitucional20.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios c onstitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si el fallo objetado que negó el reconocimiento de los perjuicios solici tados en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho vulneró a la accionante el derecho fundamental al debido proceso, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que la actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 21

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que la actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 21 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 22; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurr ió en desconocimiento del precedente judicial

4.2.1. La accionante acudió al mecanismo de protección constitucional con el objeto de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con el fallo de 31 de octubre de 2022, por medio del cual el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca revocó la decisión de primera que accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en abstracto y, en su lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada y negó la s demás pretensiones en relación con los perjuicios solicitados.

Lo anterior, al considerar que incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar la regla desarrollada por las sentencias de 18 de febrero de 2016 23 de la Sección Primera y de 16 de ag osto de 2012 24 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, relacionada con la

19 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7

19 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 20 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

21 La providencia objeto de tutela se profirió el 31 de octubre de 2022, se notificó el 3 de noviembre de 2022, lo cierto es que la acción de tutela se instauró el 2 de ma yo de 2023, es decir, dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo razonable. 22

Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T -619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:

Antonio José Lizarazo Ocampo. 23

de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T -619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. 23 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado No. 13001-23-31-000-2001-00362-01, C.P.: María Claudia Rojas Lasso. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” No. 25000 -23-26-000-1994-00427-01, C.P.: Carlos Alberto Zambrano.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

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condena en abstracto y en concreto regulada en los artículos 193 de la Ley 1437 de 2011 y 283 de la Ley 1564 de 2012.

4.2.2. Previo a resolver de fondo el asunto , se harán referencia a las principales actuaciones del proceso ordinario, con el fin de tener mayor claridad y elementos de juicio.

La parte actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Santiago de Cali 25 , con e l fin de que se anularan los Decretos 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015, y a título de restablecimiento del derecho el pago de $79.555.000, más los honorarios de abogado tasados en un 30%.

marzo de 2015, y a título de restablecimiento del derecho el pago de $79.555.000, más los honorarios de abogado tasados en un 30%.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali en fallo de 18 de diciembre de 2019, anuló los decretos demandados y conden ó en abstracto a la parte demandada , pues se demostró con certeza el daño padecido, mas no la dimensión de este ni su cuantificación. Esa decisión fue apelada por el municipio de Santiago de Cali, al considerar que los actos administrativos no se expidieron para la cancelación de rutas de transporte, pues solamente se restringi ó la circulación de vehículos en determinados horarios.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de 31 de octubre de 2022, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada frente a la pretensión de anular los Decretos Nos. 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 201 4 y 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015, “ toda vez que ya habían sido removidos del ordenamiento jurídico por la misma autoridad judicial en sentencia del 13 de noviembre de 2019, razón por la cual, de conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 189 del CPACA, su declaratoria de nulidad produjo efectos de cosa juzgada erga omnes” . En lo demás, negó las pretensiones tendientes al resarcimiento de los perjuicios causados, con sustento en lo siguiente:

“Pretende la parte actora, a título de restablecimiento del derecho, que se le reconozca

En lo demás, negó las pretensiones tendientes al resarcimiento de los perjuicios causados, con sustento en lo siguiente:

“Pretende la parte actora, a título de restablecimiento del derecho, que se le reconozca liquide y pague la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($79.555.000) PESOS M/CTE. No obstante, no se aportó ninguna prueba que acreditara tales perjuicios.

Es más, con sorpre sa para esta Sala de Decisión, se denota de la demanda una posición pasiva por parte del demandante para acreditar sus pretensiones, pues no se solicitó la práctica de ninguna prueba que por lo menos demostrara su intención de mostrar los perjuicios reclam ados. Recuérdese en este punto que la parte actora además de tener mejores condiciones de probar sus perjuicios, pues era la única que lo podía realizar y no lo hizo dentro de las oportunidades procesales y por ello, el Juez como director del proceso no pu ede suplir la carga probatoria que le correspondía y menos a través de prueba de oficio.

Tampoco se probó la utilidad pretendida como restablecimiento del derecho pues la parte actora se limitó a razonar sobre la cuantía del perjuicio económico sin aportar ningún elemento no solo para justificarla, sino la existencia misma del perjuicio, con lo cual el daño no está acreditado. A similar conclusión arribó esta Sala de Decisión en reciente pronunciamiento:

“(…)”

De modo que, la parte actora no cumplió con la carga probatoria de qué trata el artículo 167 del CGP para acreditar el daño y que los perjuicios materiales que reclama le sean

reciente pronunciamiento:

“(…)”

De modo que, la parte actora no cumplió con la carga probatoria de qué trata el artículo 167 del CGP para acreditar el daño y que los perjuicios materiales que reclama le sean pagados, la pretensión será negada. En cuanto a los honorarios de abogado no se comprobó pago alguno y según afirma la deman da sin soporte en algún medio de prueba, corresponden al treinta por ciento (30%) de los valores logrados en el proceso,

25 Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02223-00

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de manera que no se trata de un daño emergente sino eventual, un compromiso condicionado al resultado del asunto, por ello también se niega esta pretensión.

Partiendo de lo dicho, en el presente caso es evidente que el demandante actuó de forma negligente al no aportar ninguna prueba que acreditara los perjuicios reclamados. Por tanto, quiere ser enfática esta Sala de Decisión que aquí n o está en discusión un punto oscuro, pues lo que se está negando no es el derecho en sí mismo, sino los perjuicios que no probó.

8. PERJUICIOS MORALES.

Se solicita a título de indemnización, el reconocimiento de perjuicios morales por cien (100) salarios mínimos.

sino los perjuicios que no probó.

8. PERJUICIOS MORALES.

Se solicita a título de indemnización, el reconocimiento de perjuicios morales por cien (100) salarios mínimos.

El Consejo de Estado ha reiterado que el perjuicio moral debe probarse, inclusive en los casos en que se aceptara provenga de la pérdida de bienes materiales:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha llegado hasta aceptar que es procedente la indemnización de toda clase de situaciones que generen perjuicios morales, dentro de los que se incluye la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas que lo permitan establecer. Sobre el particular se ha indicado:

“…la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso.”

Estima la Sala que el mencionado perjuicio inmaterial tampoco cuenta con respaldo probatorio, pues l