CE - 11001031500020230223800120231110160959

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá DC, 6 de octubre de 2023 Radicación: 11001-03-15-000-2023-02238-00 11001-03-15-000-2023-03047-00, 11001-03-15-000-2023-03484-00 Demandante: Bernardo Rojas Ramírez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA | Derechos a la asociación sindical, libertad sindical, trabajo, dignidad humana e igualdad. Síntesis del caso: Los demandantes alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales, como consecuencia del despido del que fueron objeto, por participar en una huelga entre el 20 de septiembre y el 12 de noviembre de 2017. De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Bernardo Rojas Ramírez y otros, en contra de la Presidencia de la República y otros. Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión. 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y los terceros. 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 2 de mayo de 2023, 7 de junio de 2023 y 28 de junio

de 2023, Bernardo Rojas Ramírez, Néstor David Corredor Porras y José Fernando Montenegro Cruz, respectivamente, presentaron acciones de tutela en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, por la aparente vulneración de sus derechos (se trascribe) “de asociación sindical, libertad sindical, negociación colectiva, a no ser discriminado, al trabajo, a la dignidad humana y a la igualdad”, con ocasión de la falta de adopción

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02238-00 y otros Demandante: Bernardo Rojas Ramírez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara la cosa juzgada, declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________ 2 de 24

de medidas de protección respecto del despido del que fueron objeto por su participación en una huelga. 2. En los escritos de tutela, a título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó idénticas pretensiones (se trascribe): “PRIMERO: De aplicación a lo esgrimido en el 393er informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT, respecto de la recomendación expedida en el caso 3316 en marzo de 2021 y a lo esgrimido en la opinión consultiva OC-27 de mayo de 2021. SEGUNDO: Conforme a lo anterior, ampare mis derechos fundamentales de ASOCIACIÓN SINDICAL, LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, A NO SER DISCRIMINADO, AL TRABAJO, A LA DIGNIDAD HUMANA y A LA IGUALDAD. TERCERO: Conforme a lo anterior, se declare que la organización sindical y que el accionante ejercitó el ejercicio de una huelga LEGÍTIMA Y LÍCITA de conformidad con lo esgrimido por el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CUARTO: Conforme a lo anterior, se declare que fui objeto de un despido discriminatorio e ilícito con ocasión de su participación en una huelga LEGÍTIMA y LÍCITA a la luz del derecho internacional del trabajo y el bloque de constitucionalidad. QUINTO: Ordenar a (…) MINISTERIO DEL TRABAJO, la adopción de medidas para la cesación de los actos discriminatorios ejercidos contra los pilotos de ACDAC despedidos por el ejercicio de su derecho (…) a la huelga en el marco de la doctrina de la OIT y el restablecimiento de mis derechos. SEXTO: Ordenar al CONGRESO DE LA REPÚBLICA que, conforme a su iniciativa legislativa a través del trámite de una ley estatutaria, regule el ejercicio del derecho de la huelga de conformidad con la recomendación 3316 de

de la OIT y el restablecimiento de mis derechos. SEXTO: Ordenar al CONGRESO DE LA REPÚBLICA que, conforme a su iniciativa legislativa a través del trámite de una ley estatutaria, regule el ejercicio del derecho de la huelga de conformidad con la recomendación 3316 de 2021. SÉPTIMO: Ordenar al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA que, conforme a su iniciativa legislativa, proponga al Congreso de la República proyecto de ley estatutaria respecto de la regulación del ejercicio de la huelga en el sector aéreo ajustándose a los parámetros esgrimidos por el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la Corte -IDH-. OCTAVO: Ordenar al MINISTERIO DE TRANSPORTE que, a través de la iniciativa legislativa conferida por el presidente de la república, presente proyecto de ley para la modificación de la ley 336 de 1996 y permita el ejercicio de la huelga en el sector del transporte aéreo. NOVENO: Ordenar a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que informe el estado de los procesos de investigación adelantados contra los indiciados, imputados y/o acusados por el delito de interceptaciones ilegales de conformidad con lo decidido en la recomendación del caso 3316 de la OIT. DÉCIMO: Ordenar a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la individualización e investigación de los presuntos responsables de la comisión del tipo penal descrito en el artículo 200 del Código Penal, del cual fueron víctimas los accionantes.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02238-00 y otros Demandante: Bernardo Rojas Ramírez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara la cosa juzgada, declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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UNDÉCIMO: Ordenar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la adopción de un programa de seguimiento para el cumplimiento de la recomendación del caso 3316 de marzo de 2021 del Comité de Libertad Sindical de la OIT. DÉCIMOSEGUNDO: Ordenar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la apertura de investigación disciplinaria de los funcionarios del MINISTERIO DE TRABAJO responsables por la dilación injustificada respecto de los procesos de investigación administrativa adelantados con ocasión a la huelga ejercida por ACDAC en 2017. DÉCIMOTERCERO: Ordenar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la apertura de investigación disciplinaria de los funcionarios del MINISTERIO DE TRABAJO responsables por el incumplimiento del decreto 2164 de 1959, por la no asistencia del MINISTERIO DE TRABAJO a los procesos disciplinarios adelantados en contra de los pilotos de ACDAC que fueron despedidos. DÉCIMOCUARTO: Ordenar a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, la adopción de un plan de acompañamiento para procurar el restablecimiento de los derechos de quienes fueron despedidos por su participación en la huelga adelantada por ACDAC en 2017.” 3. Como hechos relevantes, de los escritos de tutela y sus anexos se destacan los siguientes: 4. 1) El 8 de agosto de 2017, la Organización Sindical Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) presentó ante Avianca SA un pliego de peticiones, con el objeto de que se mejoraran las condiciones laborales de sus afiliados. 5. 2) Pese a lo anterior, la etapa de arreglo directo finalizó el 11 de septiembre de 2017, sin llegar a ningún acuerdo y sin que Avianca planteara alguna fórmula de solución al conflicto colectivo. 6. 3) El 20 de septiembre de

1. Pese a lo anterior, la etapa de arreglo directo finalizó el 11 de septiembre de 2017, sin llegar a ningún acuerdo y sin que Avianca planteara alguna fórmula de solución al conflicto colectivo. 6. 3) El 20 de septiembre de 2017, la Asamblea General de ACDAC decidió iniciar una huelga para exigir la negociación del pliego de condiciones presentado, la cual se extendió hasta el 12 de noviembre de 2017. 7. 4) Los demandantes mencionaron que mientras se mantuvo la huelga, algunos miembros de ACDAC fueron objeto de interceptaciones de comunicaciones, aparentemente ilegales, y amenazas por parte del presidente de Avianca para esa época. 8. 5) Adicional a lo anterior, Avianca presentó, ante el Tribunal Superior de Bogotá, una demanda con fin de que se calificara la suspensión o paroRadicación: 11001-03-15-000-2023-02238-00 y otros Demandante: Bernardo Rojas Ramírez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara la cosa juzgada, declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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colectivo de trabajo, la cual se encuentra reglamentada en el artículo 129A2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. El referido trámite fue fallado el 6 de octubre de 2017, en el sentido de declarar la ilegalidad del cese de actividades iniciado por ACDAC, por incurrir en las causales contempladas en los literales a) y d) del artículo 4503 del Código Sustantivo del Trabajo. Esa decisión sería confirmada por la Corte Suprema de Justicia, a través de providencia de 29 de noviembre de 2017. 9. 6) En virtud de las decisiones mencionadas, Avianca inició procesos disciplinarios contra participantes de la huelga, los cuales, según la parte demandante, vulneraron el derecho al debido proceso en la medida en que se negó la práctica de pruebas, no se permitió a los disciplinados contar con la presencia de representantes de ACDAC, el Ministerio del Trabajo no realizó la constatación de la participación de los trabajadores en la huelga declarada ilegal. Como consecuencia de esos procesos disciplinarios fueron desvinculados más de 100 pilotos, y se suspendieron aproximadamente a otros 100, asociados a la organización sindical. Entre los pilotos desvinculados se encuentran los demandantes. 10. 7) ACDAC en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la Federación 2 “Artículo 129-A. 1. Procedimiento especial: Calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo. A través de procedimiento especial,

la Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial competente conocerá, en primera instancia, sobre la calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, a solicitud de parte o del Ministerio de la Protección Social. // 2. Competencia: Es competente para conocer, la Sala Laboral del Tribunal Superior en cuya jurisdicción territorial se haya producido la suspensión o paro colectivo del trabajo. Si por razón de las distintas zonas afectadas por ella fueren varios los Tribunales competentes, el primero que avoque el conocimiento del asunto prevendrá e impedirá a los demás conocer del mismo. // 3. Demanda: La demanda tendiente a obtener la calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo deberá contener, además de lo previsto en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la causal invocada, la justificación y una relación pormenorizada de las pruebas que la demuestren, las cuales no podrán ser aportadas en otra oportunidad procesal. Esta podrá ser presentada por una de las partes o por el Ministerio de la Protección Social. El acta de constatación de cese de actividades que levantará el Inspector de Trabajo, debe ser adjuntada con la demanda, sin perjuicio de los demás medios de prueba. // 4. Traslado y audiencia: Admitida la demanda, el Tribunal en auto que se notificará personalmente y que dictará dentro del día hábil (1) siguiente citará a las partes para audiencia. Esta tendrá lugar el tercer (3er) día hábil siguiente a la notificación y en ella se contestará la demanda. Acto seguido, se adelantará la audiencia pública para el saneamiento del proceso, decisión de excepciones previas, la. fijación

del litigio, el decreto y la práctica de las pruebas, se dará traslado a las partes, para el ejercicio del derecho de contradicción, para que oralmente expongan sus razones, las cuales versarán sobre las pruebas admitidas. Si la Sala estimare necesario otra u otras pruebas para su decisión, las ordenará y practicará sin demora alguna y pronunciará el correspondiente fallo, que se notificará en estrados contra el cual procederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se interpondrá y sustentará, en el acto de notificación; interpuesto el recurso la Sala lo concederá o denegará inmediatamente. Contra la Providencia que niegue la apelación procederá el recurso de queja que se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La decisión del recurso de apelación se hará a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el proceso entre al despacho del magistrado ponente. // 5. Término de calificación: En todo caso, la decisión sobre la legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo deberá pronunciarse, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción de la demanda. // 6. Prevenciones a las partes: La providencia en que se declare la legalidad o la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo de trabajo deberá contener, además, las prevenciones del caso para las partes en conflicto y se hará conocer al Ministerio de la Protección Social. // 7. Calificación en época de vacancia judicial: Durante

la vacancia judicial se acudirá a la Sala Administrativa del Consejo Seccional o Superior de la Judicatura, según el caso, para que designe al funcionario competente para cada instancia.” 3 “Artículo 450. 1. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se trate de un servicio público; (…) d) Cuando no se haya sido declarada por la asamblea general de los trabajadores en los términos previstos en la presente ley; (…)”Radicación: 11001-03-15-000-2023-02238-00 y otros Demandante: Bernardo Rojas Ramírez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara la cosa juzgada, declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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Internacional de los Trabajadores de Transporte (ITF), la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolíneas (IFALPA), la Confederación Internacional del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo (ACAV) y el Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano (SINTRATAC) presentaron ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una queja respecto de la situación antes mencionada. 11. 8) En virtud de lo anterior el Comité de Libertad Sindical de la OIT abrió el Caso No. 3316 y, luego del trámite pertinente, presentó las siguientes recomendaciones respecto del caso suscitado entre ACDAC y Avianca, las cuales se encuentran plasmadas en el Informe No. 393 del Consejo de Administración de la OIT (se trascribe): “a) el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar que (…) eventuales conflictos acerca de la renovación de la convención colectiva de la empresa sean resueltos por medio de la negociación y de mecanismos voluntarios de resolución de los conflictos, (…); b) (…) el Comité pide al Gobierno que (…) tome las medidas necesarias para revisar la legislación en el sentido indicado, garantizando la existencia de un mecanismo que permita establecer la negociación de los servicios mínimos en caso de huelga en dicho sector (…) c) en relación con el proceso penal del cual es objeto el presidente de ACDAC, el Comité subraya la importancia de sus decisiones mencionadas en las conclusiones del presente caso y pide al Gobierno que le mantenga informado respecto del desarrollo del proceso penal en curso d) el Comité espera firmemente que las instituciones pertinentes seguirán tomando todas las medidas pertinentes con miras a que (…) se deslinden las responsabilidades y se sancionen tanto a los autores materiales como intelectuales de las interceptaciones ilegales

mantenga informado respecto del desarrollo del proceso penal en curso d) el Comité espera firmemente que las instituciones pertinentes seguirán tomando todas las medidas pertinentes con miras a que (…) se deslinden las responsabilidades y se sancionen tanto a los autores materiales como intelectuales de las interceptaciones ilegales de las cuales la ACDAC fue objeto. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto. e) el Comité confía en que el Gobierno seguirá dando la mayor atención a la situación de seguridad de los directivos de la ACDAC de manera que se pueda brindar de manera inmediata la protección que los mismos puedan necesitar.” 12. 9) Los demandantes mencionaron que, pese a las referidas recomendaciones realizadas por la OIT, el Estado no ha dado cumplimiento a las mismas. No obstante, indicó que Avianca y ACDAC han adelantado negociaciones de manera directa con el objeto de lograr el restablecimiento de los derechos de los trabajadores afectados por su participación en la huelga. 13. 10) De conformidad con lo anterior, indicó que actualmente se han llevado a cabo múltiples reuniones con el propósito de lograr el reintegro deRadicación: 11001-03-15-000-2023-02238-00 y otros Demandante: Bernardo Rojas Ramírez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara la cosa juzgada, declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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los pilotos despedidos, y que resultaron agraviados como consecuencia de la huelga. En ese orden, indicó que Avianca y ACDAC suscribieron un Acta el 25 de noviembre de 2021, a través de la cual se acordó el reintegro de 108 pilotos, con claridad de las condiciones laborales, convencionales, económicas y operacionales respecto de su incorporación en la normalización de sus actividades laborales. 14. 11) Bernardo Rojas Ramírez, Néstor David Corredor Porras y José Fernando Montenegro Cruz se encuentran en la lista de pilotos de los que se acordó el reintegro en el Acta de 25 de noviembre de 2021. 15. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante consideró que se trasgredieron sus derechos fundamentales, en la medida en que el Estado colombiano, en sus ramas ejecutiva y legislativa, ha desconocido sus obligaciones como miembro de la Conferencia Internacional del Trabajo frente al cumplimiento de convenios, toda vez que no ha acatado las recomendaciones realizadas en el Informe No. 393 del Comité de Libertad Sindical de la OIT. 16. Con el fin de reiterar su postura indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, en una opinión consultiva de julio de 2021 señaló que el derecho a la libertad sindical debe proteger la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha la estructura interna de la organización, y que el Estado tiene como deber garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos sindicales sin temor a ser sujetos de violencia. 17. Lo anterior implica que, ante la falta de implementación de las recomendaciones realizadas por la OIT, los trabajadores del sector aéreo no pueden acudir a un mecanismo como la huelga, para ejercer su derecho de negociación colectiva. 18. Respecto de la Sentencia de 29 de noviembre de 2017, a través de la

implementación de las recomendaciones realizadas por la OIT, los trabajadores del sector aéreo no pueden acudir a un mecanismo como la huelga, para ejercer su derecho de negociación colectiva. 18. Respecto de la Sentencia de 29 de noviembre de 2017, a través de la cual la Corte Suprema de Justicia confirmó la ilegalidad de la huelga adelantada por ACDAC, consideró que se debía aplicar la figura de excepción de inconstitucionalidad en la medida en que determinó que el trasporte aéreo era un servicio público esencial. Sin embargo, no tuvo en cuenta que, en este caso, ante la suspensión de operaciones de los pilotos que se encontraban en huelga, el transporte aéreo seguía operando a través de otras empresas, motivo por el que no se vieron en riesgo derechos como la salud, la vida o la seguridad.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02238-00 y otros Demandante: Bernardo Rojas Ramírez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara la cosa juzgada, declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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19. Adicional a lo anterior, indicó que no se han restablecido los derechos de los trabajadores que fueron desvinculados a raíz de la huelga, en relación con el pago de salarios dejados de percibir. 1.2. Posición de la parte demandada y los terceros4 20. La Presidencia de la República rindió informe en el que solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela en la medida en que consideró que no era la autoridad que generó la conducta u omisión que motivó la acción de tutela. Respecto de la pretensión para que propusiera una iniciativa legislativa en el congreso, con el fin de reglamentar el derecho a la huelga, consideró que ese aspecto era competencia del Congreso y no de la Presidencia. Además, indicó que esa autoridad administrativa no tenía injerencia en las decisiones adoptadas por la Rama Legislativa. 21. El Ministerio de Trabajo señaló que se suscribió un acuerdo de cooperación laboral entre los países de Colombia y Canadá y que, en el marco de ese acuerdo, la Universidad de Ottawa está realizando unos estudios con el fin de avanzar en una propuesta que permita diseñar mecanismos en aspectos como reglamentar la huelga en servicios esenciales. También indicó que lo relacionado con la huelga en servicios esenciales es un aspecto que se está discutiendo en la Subcomisión de Asuntos Internacionales del Ministerio del Trabajo y que cuenta con el acompañamiento de la OIT. 22. Mencionó que el proyecto de reforma laboral se está trabajando actualmente y ya se encuentra en trámite ante el Congreso. Agregó que dicho proyecto se realizó con base en las recomendaciones de la OIT y contiene, entre otros aspectos, una reforma al artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo relacionado con las causales de ilegalidad de la huelga. 23. También hizo referencia a la recomendación de la OIT relacionada con la situación de seguridad de los directivos de

de la OIT y contiene, entre otros aspectos, una reforma al artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo relacionado con las causales de ilegalidad de la huelga. 23. También hizo referencia a la recomendación de la OIT relacionada con la situación de seguridad de los directivos de ACDAC, en el sentido de informar que la Unidad Nacional de Protección -UNPestá brindando protección a Jaime Alberto Hernández Sierra y a Julián Gustavo Pinzón Saavedra en su condición de directivos de ACDAC. 4 Los asuntos fueron admitidos mediante Autos: de 5 de mayo de 2023 proferido por el despacho ponente (2023-02238-7-00); de 12 de junio de 2023, proferido por el despacho del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter (2023-03047-00); y de 28 de julio de 2023 proferido por el despacho ponente (2023-03484-00). Además, en dichas providencias, se resolvió tener como demandados a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Trabajo – Oficina de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Transporte, al Senado de la República, a la Cámara de representantes, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Adicional a lo anterior, es importante mencionar que mediante Auto de 11 de septiembre de 2023 se ordenó la vinculación de Aerovías del Continente Americano S.A. -Avianca S.A.-, como tercero con interés en el asunto.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02238-00

y otros Demandante: Bernardo Rojas Ramírez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara la cosa juzgada, declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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24. Indicó que le solicitó información a la Fiscalía General de la Nación respecto de las investigaciones adelantadas en relación con las aparentes interceptaciones ilegales de que fue objeto ACDAC, y señaló que esa autoridad adelanta una investigación dentro de la cual ya se formuló acusación contra varias personas por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y concierto para delinquir. Adicional a lo anterior, hizo referencia a que uno de los investigados fue condenado en virtud de la aceptación de cargos en la audiencia de formulación de imputación. 25. Se pronunció sobre el reconocimiento solicitado por el demandante, para que se declarara que ACDAC hizo un ejercicio legítimo y lícito de la huelga, de conformidad con lo dispuesto por el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre ese aspecto mencionó que debía ser declarado judicialmente a través del trámite dispuesto para ese fin. En ese sentido, señaló que no era el Ministerio del Trabajo la autoridad indicada para entrar a definir la legalidad o ilegalidad de una huelga. 26. Finalmente, solicitó que se negaran las pretensiones del demandante, en la medida en que esa autoridad no vulneró los derechos fundamentales del demandante. 27. El Ministerio de Transporte presentó informe en el que indicó que las pretensiones del demandante respecto de esa cartera estaban encaminadas a la presentación de una iniciativa legislativa, pero sin indicar en qué acción u omisión

incurrió esa autoridad pública. Indicó que la presentación de un proyecto de ley para permitir el derecho a la huelga en el servicio público de transporte podía recaer en el Ministerio del Trabajo por tratarse de una figura relacionada con las normas del derecho laboral colectivo. En atención a lo expuesto, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela pues este mecanismo no fue instituido para promover iniciativas legislativas. 28. El Ministerio del Interior solicitó su desvinculación de la acción de tutela por considerar que no existía relación entre la aparente vulneración de derechos fundamentales invocados por la parte demandante y esa autoridad. 29. El Ministerio de Relaciones Exteriores allegó informe en el que solicitó que se declarara la ausencia de legitimación pasiva en la causa, toda vezRadicación: 11001-03-15-000-2023-02238-00 y otros Demandante: Bernardo Rojas Ramírez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara la cosa juzgada, declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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que la alegada vulneración de derechos fundamentales no tiene relación con las competencias de ese Ministerio. 30. Avianca advirtió que se debía declarar la falta de legitimación activa en la causa pues no existía un nexo causal entre las pretensiones de la parte demandante y la mencionada empresa. Adicional a lo anterior, indicó que la acción de tutela tampoco superaba el requisito de inmediatez, toda vez que habían trascurrido más de 4 años desde que la Corte Suprema de Justicia declaró la ilegalidad del cese de actividades promovido por ACDAC en 2017. Finalmente, hizo referencia a que la presente acción de tutela no era competencia del Consejo de Estado, sino de los jueces administrativos. 31. La Fiscalía 197 Local – Unidad de Intervención Tardía de Bogotá presentó informe en el que mencionó que en ese despacho no existe ninguna querella en la que sean parte los accionantes. Pese a ello, indicó que cursa el proceso penal con Rad. 11001-60-00-050-2021-69524, en el cual se encuentra vinculada ACDAC y, actualmente, está en etapa de indagación. 32. La Fiscalía 211 Seccional – Unidad Administración Pública de Bogotá señaló que una vez revisada su base de datos encontró que, en ese despacho, se adelantó la diligencia con Rad. 11001-60-00-049-2014-02539, por denuncia presentada por Jaime Hernández Sierra contra el Ministerio de Transporte por el delito de prevaricato por omisión, fue archivado en atención a que los hechos motivos de la denuncia fueron atípicos. 33.

La Fiscalía 119 delegada ante los Jueces Penales de Circuito de Bogotá informó que adelantó dos indagaciones relacionadas con los hechos objeto de la tutela, a las cuales se les asignó los números de noticia criminal Rad. 11001-60-00-049-2015-15218 y 11001-60-00-017-2014-03809, las cuales, en la actualidad, se encuentran inactivas con orden de archivo por conducta atípica. 34. La Fiscalía 35 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado – Unidad de delitos contra la Administración Pública informó que esa autoridad conoció de la noticia criminal No. 11001-60-00-050-2017-46800, relacionada con los hechos objeto de estudio en la presente acción de tutela, y la cual se encuentra inactiva por “conducta atípica”. 35. La Fiscalía 50 Seccional de Bogotá