CE - 110010315000202302239011SENTENCIA20231019155550

Demandante: Alba Luz Valderrama Medina Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado 11001-03-15-000-2023-02239-01

Demandante: ALBA LUZ VALDERRAMA MEDINA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 21 de julio de 2023, por medio del cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo de amparo.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Alba Luz Valderrama Medina radicó el 3 de mayo de 20231 la presente acción de tutela en la que solicit ó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Adicionalmente, consideró

acción de tutela en la que solicit ó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Adicionalmente, consideró que se estaban afectando garantías convencionales contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de las providencias de 5 de diciembre de 2019 y 23 de enero de 2020 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Duitama, y el auto de 17 de febrero de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de las cuales se cerró la etapa probatoria sin practicar un dictamen pericial , se resolvió un recurso de reposición y se decidió la apelación , respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 15238 -33-39751-2015-00243-00.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

5.1. APLICAR CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD, para que el Juez Constitucional por FALLO DE TUTELA garantice mi AMPARO DE POBREZA decretado por Auto de 4 de octubre de 2019 y, con ello, proteja mis derechos humanos constitucionales y fundamental es vulnerados y/o amenazados por el Estado Colombiano en cabeza del JUZGADO SEGUNDO (2)

POBREZA decretado por Auto de 4 de octubre de 2019 y, con ello, proteja mis derechos humanos constitucionales y fundamental es vulnerados y/o amenazados por el Estado Colombiano en cabeza del JUZGADO SEGUNDO (2)

1 De acuerdo con el aplicativo Samai.Demandante: Alba Luz Valderrama Medina Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

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ADMINISTRATIVO DE DUITAMA (BOYACÁ), del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE BOYACÁ y la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

[…]

5.2. Se DECLARE NULO, SIN VALOR NI EFECTO, las providencias judiciales que declararon cerrada la etapa probatoria y dispusieron correr alegatos de conclusión, dentro del medio de control de reparación directa N° 15238333975120150024300(02), promovido por ALBA LUZ VALDERRAMA

MEDINA contra el HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA E.S.E., el HOSPITAL

UNIVERSITARIO SAN IGNACIO, HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR E.S.E. y el PAR

CAPRECOM LIQUIDADO.

[…]

5.3. ORDENAR a que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, para acatamiento y aplicación material efectiva de las dis posiciones convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales relacionadas con mi AMPARO DE POBREZA decretado por Auto de 4 de octubre de 2019, concretamente:

para acatamiento y aplicación material efectiva de las dis posiciones convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales relacionadas con mi AMPARO DE POBREZA decretado por Auto de 4 de octubre de 2019, concretamente:

• Se ordene a las autoridades judiciales accionadas a continuar con la etapa probatoria dentro del proceso de control de reparación directa N° 15238333975120150024300(02), esto es, que se disponga lo necesario para recaudar el dictamen pericial solicitado en forma conjunta por las partes y ordenado por el numeral 7.11 del Auto de Audienci a Inicial de 19 de febrero de

2019.

• Se ordene a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA a que practique y remita al proceso de control de reparación directa N° 15238333975120150024300(02), el dictamen pericial solicitado en forma conjunta por las partes y ordenado por el numeral 7.11 del Auto de Audiencia Inicial de 19 de febrero de 2019, sin oponer razones presupuestales que impidan colaboración con la recta administración de justicia en procura del esclarecimiento de los hechos y búsqueda de la verdad de las presuntas víctimas de un daño antijurídico estatal.

5.4. ORDENAR, con fundamento en el art. 25 del Decreto 1591 de 1991; el reconocimiento en abstracto de la indemnización del perjuicio material e inmaterial causado, necesaria para asegurar el goce material e fectivo de mis DERECHOS HUMANOS conculcado por la conducta omisiva de las partes accionadas; valoración de perjuicios por PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD que podrán cuantificarse mediante incidente posterior, en caso de no garantizarme mi AMPARO

HUMANOS conculcado por la conducta omisiva de las partes accionadas; valoración de perjuicios por PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD que podrán cuantificarse mediante incidente posterior, en caso de no garantizarme mi AMPARO DE POBREZA y ACCESO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, con fundamento en el art. 16 de la Ley 446 de 1998, en concordancia con el art. 90 de la Constitución Política y el Derecho Internacional de los DDHH, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa o ante la Comisión Inter americana de Derechos Humanos (CIDH), previo agotamiento de los recursos internos.

5.5. EXHORTAR a las partes accionadas, para que en lo sucesivo garanticen las disposiciones convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales relacionadas con el AMPARO DE POBREZA y el ACCESO A UN RECURSO

JUDICIAL EFECTIVO.2

1.3. Hechos

De la narración r ealizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se resaltan las siguientes premisas fácticas:

En mayo de 2013 , Luisa Camila Melo Valderrama, hija de la actora , fue atendida en dos ocasiones en el Hospital Regional de Duitama E.S.E. por cuanto presentó varios

2 Transcripción literal, incluyendo posibles errores.Demandante: Alba Luz Valderrama Medina Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 síntomas que en un principio fueron asociados a una sinusitis frontal aguda 3. No obstante, luego de complicaciones en la salud de la paciente4, fue remitida al Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá.

En la mencionada institución se consideró que el malestar era causado por una enfermedad autoinmune, por lo tanto, se procedi ó con una cirugía y, a pesar de ello, no fue posible identificar el padecimiento. No obstante, ya que la salud de la niña mejoró, fue dada de alta.

A inicios de junio de 2013, la hija de la accionante volvió a presentar los síntomas que había mostrado el mes anterior, en consecuencia, la señora Alba Luz Valderrama Medina acudió nuevamente al Hospital Regional de Duitama, entidad donde se remitió la paciente al entonces Hospital Simón Bolívar en Bogotá (hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, Unidad Simón Bolívar).

En el referido centro médico se realizaron exámenes, pero tampoco lograron identificar la patología que afectaba a la menor, por lo que resolvieron trasladarla al Hospital Universitario San Ignacio.

Una vez allí y luego de presentar una serie de complicaciones, la hija de la actora falleció el 5 de junio de 2013 cuando tenía 9 años.

Por estos hechos, la señora Valderrama Medina y otros familiares 5 interpusieron una

Una vez allí y luego de presentar una serie de complicaciones, la hija de la actora falleció el 5 de junio de 2013 cuando tenía 9 años.

Por estos hechos, la señora Valderrama Medina y otros familiares 5 interpusieron una demanda a través del medio de control de reparación directa, con el fin de que se declararan responsables por la muerte de la niña a los hospitales mencionados y a la

E. P. S. Caprecom.

Como parte de las pruebas, solicitó que se realiza ra un dictamen pericial a la historia clínica de Luisa Camila Melo Valderrama, con el fin de determinar si existieron fallas que justificaran el deceso. Este medio probatorio también fue requerido por el Hospital Regional de Duitama y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, Unidad Simón Bolívar.

En audiencia inicial de 19 de febrero de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Duitama decretó la prueba pericial y dispuso que la experticia la rindiera el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Mediante auto de 16 de mayo de 2019, la mencionada autoridad evidenció la necesidad de redireccionar el requerimiento probatorio y, en consecuencia, dispuso que el dictamen fuera elaborado por la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Medellín o el Centro de Estudios en Derecho y Salud.

En auto de 1° de agosto de 2019, se advirtió que la Universidad de Antioquia 6 había respondido la solicitud, pero para la elaboración de la experticia requería que se fijaran honorarios, manifestación que se puso en conocimiento de las partes. Por lo tanto, el

respondido la solicitud, pero para la elaboración de la experticia requería que se fijaran honorarios, manifestación que se puso en conocimiento de las partes. Por lo tanto, el

3 Palidez y falta de energía. 4 La niña necesitó múltiples transfusiones de sangre. 5 Mario José Valderrama Araque y Doralba Medina Torres. 6 Aunque en el auto de 19 de febrero de 2019 se dispuso requerir a la Universidad de Medellín, el oficio fue dirigido a la Universidad de Antioquia.Demandante: Alba Luz Valderrama Medina Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 8 de agosto siguiente, los demandantes solicitaron que el pago, que se e levaba a 5 SMLMV, se dividiera entre los que pidieron la prueba.

El 11 de septiembre de 2019 se celebró la audiencia de pruebas; sin embargo, allí no se había allegado el dictamen pericial, en aquella oportunidad, los apoderados del Hospital Regional de D uitama y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte Unidad Simón Bolívar desistieron de la prueba.

En consecuencia, la titular del despacho informó al apoderado de los demandantes, que ante el desistimiento de la contraparte, los honorarios solicitad os por la Universidad de Antioquía correría íntegramente a cargo de sus poderdantes y le concedió un término de 5 días para que informara n si aquellos costearían los gastos de la experticia7.

Universidad de Antioquía correría íntegramente a cargo de sus poderdantes y le concedió un término de 5 días para que informara n si aquellos costearían los gastos de la experticia7.

En auto de 4 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Duitama resolvió sobre una solicitud de amparo de pobreza presentada por la parte demandante, la cual fue concedida8 y, en ese sentido, decidió que el dictamen pericial fuera elaborado por la Universidad de Antioquia, institución a la que le informó que «a la parte a favor de quien se le decretó la prueba se le concedió amparo de pobreza», para el efecto le concedió 15 días.

El 12 de noviembre de 2019 se continuó con la audiencia de pruebas; no obstante, visto que no se había aportado la experticia, se aplazó la diligencia y se concedió 15 días más para que la Universidad de Antioquia cumpliera con lo ordenado. Aquí la titular del despacho dejó constancia de que para ese momento no había transcurrido el término inicial que le había otorgado a la universidad para rendir el dictamen.

En auto de 5 de diciembre de 2019, se resolvió dar por cerrada la etapa probatoria y dar traslado para alegar de conclusión. Lo anterior, por cuanto a la fecha no se había recibido la opinión profesional, en aquella oportunidad el juzgado manifestó: «Vencido el citado plazo, la aludida experticia no fue aportada, frente a lo cual la parte actora no ha efectuado pronunciamiento alguno».

Lo resuelto fue objeto de los recursos de reposición y apelación por parte de los

el citado plazo, la aludida experticia no fue aportada, frente a lo cual la parte actora no ha efectuado pronunciamiento alguno».

Lo resuelto fue objeto de los recursos de reposición y apelación por parte de los demandantes. En auto de 23 de enero de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Duitama consideró que el extremo activo había demostrado un total desinterés, por cuanto no había acudido a la audiencia de pruebas [haciendo referencia a la audiencia de 12 de noviembre de 2019] y «no hizo pronunciamiento alguno una vez corrió el término otorgado para que se rindiera el tantas veces señalado peritazgo», lo cual, a su juicio, demostraba un comportamiento pasivo y contradecía su deber de demostrar los hechos materia de debate. Por lo tanto, negó la reposición y rechazó la apelación.

Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso recurso de queja que fue resuelto en auto de 5 de noviembre por el Tribunal Administrativo de Boyacá, autoridad que evidenció mal rechazada la apelación y dispuso su admisión.

7 Lo ocurrido en esta audiencia fue cotejado en el audio respectivo, por cuanto el acta se encuentra anexada de forma incompleta en el expediente. 8 A favor de los 3 sujetos que conforman la parte demandante, puesto que todos allegaron pruebas de ser cabeza de familia.Demandante: Alba Luz Valderrama Medina Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 La alzada fue resuelta el 17 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que de acuerdo con el con el artículo 154 del C. G. P. los efectos del amparo de pobreza operan a futuro, por lo que en este caso dicha prerrogativa no podía cobijar la prueba que se había decretado previament e, aseguró que aquello era dot ar de un carácter retroactivo a la referida figura procesal.

Resaltó que, inicialmente, los gastos de la experticia debían ser pagados por todos los sujetos procesales que la pidieron; no obstante, una vez la parte actora tuvo a su cargo la totalidad del valor de la prueba es que pretendió el amparo de pobreza, lo que la llevó a querer eximirse de sus cargas legales.

En consecuencia, confirmó la decisión de cerrar el debate probatorio y correr traslado para alegar de conclusión.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Para la actora, el amparo de pobreza le fue concedido por cuanto no tiene los recursos para costear el dictamen pericial, circunstancia económica que no ha sido superada y, por lo tanto, no se entiende por qué el Tribunal Admin istrativo de Boyacá levantó la garantía ya concedida por el a quo.

Aseguró que como demandante en el proceso ordinario, fue discriminada por su condición económica al exigírsele el pago de una experticia que no está en condiciones

garantía ya concedida por el a quo.

Aseguró que como demandante en el proceso ordinario, fue discriminada por su condición económica al exigírsele el pago de una experticia que no está en condiciones de asumir, lo que contradice lo dispuesto en el artículo 158 del C. G. P.

Señaló que la opinión profesional que no se ha recaudado es necesaria para establecer la responsabilidad médica en el caso de la muerte de su hija, manifestó que dicho medio probatorio es concordante con el objeto del litigio.

Con base en estos puntos, estimó que las accionadas estaban incurriendo en defectos fáctico y procedimental absoluto.

Por otra parte, acusó la ocurrencia de un desconocimiento del precedente , justificado de la siguiente manera.

De la sentencia T – 1165 de 2003, resaltó que si bien los jueces son autónomos en la elección de las normas aplicables al caso y la forma en que se pueden interpretar de manera concordante con el ordenamiento jurídico, no pueden apartarse de los hechos, lo que a su juicio, pasó en este caso al desconocer el amparo de pobreza y las condiciones en que se concedió.

Respecto de la sentencia T – 339 de 2018 consideró: «Puesto que, el inciso final del art. 154 CGP, señala que “el amparado gozará de los beneficios que este artículo consagra, desde la presentación de la solicitud.” No es menos cierto que el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad proclaman, garan tizan y protegen la NO DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN ECONÓMICA, pues mi condición de vulnerabilidad económica no varía por la simple presentación del ruego de amparo de

constitucionalidad y de convencionalidad proclaman, garan tizan y protegen la NO DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN ECONÓMICA, pues mi condición de vulnerabilidad económica no varía por la simple presentación del ruego de amparo de pobreza, sino que dicho escrito es la manifestación expresa al juez de esa situación y el auto que decreta el amparo no es constitutivo de mi situación económica la cual obviamente es anterior» (Resaltado añadido por la Sala).Demandante: Alba Luz Valderrama Medina Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Finalmente, de la sentencia T – 339 de 2018, expuso que la norma procesal no puede interpretarse en un sentido restr ictivo y que en este caso debe existir un trato diferenciado a raíz de la situación económica de la señora Valderrama Medina.

Aunque la actora citó otras providencias del Consejo de Estado9, no ahondó respecto de las reglas o criterios que presuntamente no podían ser desconocidos.

Finalmente, calificó de sospechosa la decisión de los hospitales que habían solicitado la prueba pericial y que luego desistieron de aquella.

1.5. Trámite de la acción

Mediante proveído de 9 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la decisión de la Sección Tercera, Subsección B de esta corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal

Mediante proveído de 9 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la decisión de la Sección Tercera, Subsección B de esta corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Boyacá, así como al titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Duitama. A su vez, vinculó como terceros con interés directo a «los gerentes de los hospitales Regional de Duitama ESE, Universitario San Ignacio, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte – Unidad de Servicios de Salud Simón Bolívar y Par Caprecom Liquidado, a los representantes legales de AXA Colpatria y la Previsora SA, así como a los señores Doralba Medina Torres y Mario José Valderrama Araque», quienes participaron como parte de los extremos del proceso ordinario.

En auto de 21 de junio de 2023 se vinculó a la Universidad de Antioquia como una de las entidades demandadas.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentar on las siguientes contestaciones:

1.6.1. Hospital Universitario San Ignacio

Para el secretario general y jurídico de esta institución, a la actora no se le están vulnerando sus derechos fundamentales, por cuanto el amparo de pobreza fue concedido y se ha aplicado adecuadamente.

Concordó con lo expuesto por el Tribunal Administra tivo de Boyacá en el sentido de que dicha figura no puede operar de forma retroactiva, en ese sentido, si la prueba se

concedido y se ha aplicado adecuadamente.

Concordó con lo expuesto por el Tribunal Administra tivo de Boyacá en el sentido de que dicha figura no puede operar de forma retroactiva, en ese sentido, si la prueba se decretó el 19 de febrero de 2019, no podía verse cobijada por el amparo concedido en octubre de ese año.

Aseguró que «los autos que pretende el tutelante dejar sin efecto corresponden a las decisiones adecuadas para dar curso al tr ámite procesal, ante la OMISION Y DESINTERES del demandante en el recaudo de la prueba pericial de su interés, pues sabido es que deja de asistir a audiencias y tampoco acredita tramites de oficios, pago de honorarios del perito ni absolutamente ninguna gestión probatoria a su cargo».

9 Procesos 11001-03-24-000-2021-00891-00 y 11001-03-15-000-2021-00147-00 de 16 de diciembre de 2021 y 23 de febrero de 2021, respectivamente.Demandante: Alba Luz Valderrama Medina Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente el amparo.

1.6.2. Patrimonio autónomo de remanentes de Caprecom

A través de su vocera, Fiduprevisora, solicitó ser desvinculada del proceso de tutela por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.2. Patrimonio autónomo de remanentes de Caprecom

A través de su vocera, Fiduprevisora, solicitó ser desvinculada del proceso de tutela por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva.

Con todo, consideró que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, por lo que solicitó que negara la tutela.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado ponente de la decisión atacada afirmó que:

Vistos los antecedentes procesales, para la época en la que el Juzgado concedió el amparo de pobreza el 4 de octubre de 2019, ya se encontraba definida la carga económica de la prueba que fue decretada el 19 de febrero del mismo año, inclusive la audiencia de pruebas del 11 de septiembre de 2019 fue suspendida a petición del apoderado de la parte demandante, con el fin de darle oportunidad de discutir con sus poderdantes lo relativo a la práctica del dictamen pericial que solicitaron en el libelo introductorio.

Por lo tanto, de haberse asumido una decisión que extendiera los efectos del amparo de pobreza a situaciones en firme implicaría un desconocimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 154 del Código General del Proceso y, de todo lo actu ado en el proceso, en vulneración del debido proceso de todos los vinculados al mismo.

Aseguró que era deber del apoderado de los demandantes asesorarlos para que solicitaran el amparo de pobreza desde el inicio del proceso, en lugar de esperar a que la carga económica del dictamen recayera solamente sobre ellos.

Consideró que el artículo 152 del C. G. P . permite que dicha figura sea presentada

solicitaran el amparo de pobreza desde el inicio del proceso, en lugar de esperar a que la carga económica del dictamen recayera solamente sobre ellos.

Consideró que el artículo 152 del C. G. P . permite que dicha figura sea presentada desde el inicio del proceso para «salvaguardar los efectos procesales de los que goza aquel que es amparado por pobre».

Señaló que si bien es posible pedir el amparo de pobreza en cualquier momento del proceso, esto «atiende a la posibilidad de que la situación económica de una de las partes cambie en curso del mismo y, por lo tanto, requiera ser amparado por pobre desde el momento de la presentación de la solicitud, más no a que, aquel que por su propio descuido presenta solicitud de amparo en un estado posterior del proceso, pretendiendo eximirse de gastos procesales ya generados».

Estimó que la segunda instancia del proceso ordinario es la instancia adecuada para solicitar que se practique la prueba.

1.6.4. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Duitama

La titular del despacho narró las actuaciones procesales y concluyó que:

Así las cosas, teniendo en cuenta que la solicitud de amparo impetrada por el accionante, radica en la decisión de no practicar la prueba y cerrar la etapa probatoria, es importante indicar que el trámite impartido por este Despacho en elDemandante: Alba Luz Valderrama Medina Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 medio de control indicado en precedencia se ajustó a derecho y las decisiones allí proferidas acataron los principios que rigen el debido proceso, el despacho trato por todos los medios de que la prueba se practicara, accedió a la solicitud de redireccionarla a otras entidades y otorgó plazos prudenciales para que se rindiera, todo sin un resultado positivo, por lo que no podía paralizar el proceso indefinidamente. Por el contrario, se debía velar por una administración de Justicia célere y eficaz.

En virtud de lo anterio r, no existe razón alguna para proferir decisión en contra de este Despacho, ya que no se advierte alguna trasgresión a los derechos fundamentales invocados por la parte accionante en que haya incurrido este Juzgado como se puede establecer en los antecedentes expuestos en precedencia, por lo que se solicita se denieguen las pretensiones de la demanda.

1.6.5. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Unidad Simón Bolívar.

Esta entidad solicitó ser desvinculada de la presente tutela, por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.6. Universidad de Antioquia

Este ente territorial explicó los motivos presupuestales que la llevaron a solicitar el pago de unos honorarios para la realización del dictamen pericial, y por qué, a su juicio, no vulneró los derechos fundamentales de la actora.

Este ente territorial explicó los motivos presupuestales que la llevaron a solicitar el pago de unos honorarios para la realización del dictamen pericial, y por qué, a su juicio, no vulneró los derechos fundamentales de la actora.

Sobre la imposibilidad económica de la accionante para sufragar los gastos, señaló que de acuerdo con el artículo 167 del C. G. P. permite que el juez distribuya las cargas probatorias imponiendo obligaciones a la parte que se encuentre en mejor posición para aportarlas, este criterio puede estar fundado , entre otros, en el estado de indefensión o de incapacidad en la que se encuentre la contraparte.

Igualmente, explicó que también se podría haber relevado a la universidad de la labor y encomendarla a otra institución pública o privada que ofreciera el s ervicio por un menor valor.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 21 de julio de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo por cuanto consideró que:

1. En conclusión, se advierte que la intención de la parte demandante es revivir la discusión sobre la práctica de la prueba pericial y, aunque pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso, los cuales fueron resueltos en las providencias cuestionadas.

1. Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que fue propio del proceso de reparación directa

cuestionadas.

1. Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que fue propio del proceso de reparación directa y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.Demandante: Alba Luz Valderrama Medina Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Respecto de la pretensión relativa a que la Universidad de Antioquia realice el dictamen ordenado, consideró que era un asunto que había hecho tránsito a cosa juzgada a través de las decisiones atacadas.

El magistrado Alberto Montaña Plata salvó voto por cuanto consideró que existía mérito para conceder el amparo deprecado. Señaló que el motivo por el que se solicitó el amparo de pobreza se debió a que las condiciones en que se decretó la prueba cambiaron, puesto que i nicialmente el costo de aquella estaba divido entre tres mientras que luego fue impuesto totalmente a los demandantes.

En ese sentido afirmó:

Ahora bien, como la parte demandante estaba amparada por pobreza, naturalmente no debía pagar las expensas y hon orarios requeridos por la Universidad de Antioquia para elaborar la experticia. Eso explica que la Universidad no realizara el dictamen, pues había señalado que e