CE - 110010315000202302257001SENTENCIACONCEDE20230629140603

Demandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Demandante: JOSÉ LUIS PÉREZ SIJONA, EN CALIDAD DE AGENTE

OFICIOSO DE LA COMUNIDAD WAYÚU DE SANTA CLARA

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Legitimación en la causa. Agencia oficiosa, presupuestos.

Derecho al territorio de las comunidades indígenas. Estado de cosas inconstitucional. Derechos de la población Wayúu.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por el señor José Luis Pérez Sijona, en calidad de indígena y agente oficioso de algunos menores de la Comunidad Wayúu Santa Clara1, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y

Sijona, en calidad de indígena y agente oficioso de algunos menores de la Comunidad Wayúu Santa Clara1, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito enviado el 25 de abril de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor José L uis Pérez Sijona, quien actúa como agente oficioso de los niños, niñas y mujeres gestantes de la comunidad indígena Way úu no resguardada de Santa Clara, asentada en el Distrito de Riohacha (La Guajira) , presentó acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, la Agencia Nacional de Tierras - ANT, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Riohacha.

Consideró vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la vivienda digna, a la diversidad étnica y cultural, así como al debido

1 Identificados en las pretensiones de la demanda de tutela y que, en vi rtud de la protección de la identidad de los menores, no se individualizan expresamente en esta providencia.Demandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 proceso, con ocasión de la orden de desalojo del territorio ocupado por la comunidad indígena Way úu no resguardada de Santa Clara , asentada en el Distrito de Riohacha (La Guajira) , emitida por l a Inspección de Policía de ese municipio, pues con dicho procedimiento se desconoce lo señalado en la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional y la medida cautelar MC 51/15 emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

PRIMERO. Se tutelen y amparen los derechos fundamentales a la vida, salud, agua, alimentación, vivienda y diversidad étnica y cultural de los siguientes niños, niñas y mujeres gestantes de la comunidad indígena Way úu no resguardada de SANTA CLARA los cuales vienen siendo atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional en la Unidad Comunitaria de Atención (UCA) bajo el código cuéntame 440011133793;

(…)

SEGUNDO: Ordenar a la Presidencia de la República de Colombia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Agencia Nacional de Tierras, a la Gobernación de la Guajira y al Distrito de Riohacha, dar cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T -302 de 2017 de la Corte

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Agencia Nacional de Tierras, a la Gobernación de la Guajira y al Distrito de Riohacha, dar cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T -302 de 2017 de la Corte Constitucional y Medida ca utelar CIDH MC 51/15 de la Comisión Interamericana de derechos Humanos que ordenada (sic) tomar medidas urgentes para salvaguardar la vida de los niños y niñas Way úu de la Guajira, y por tanto, que se suspenda toda diligencia de desalojo sobre la comunidad Wayúu no resguardada de SANTA CLARA.

TERCERA: Ordenar a la Presidencia de la República de Colombia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Agencia Nacional de Tierras, a la Gobernación de la Guajira y al Distrito de Riohacha que gara nticen que los niños y niñas Way úu de la comunidad de Santa Clara continúen recibiendo atención de lunes a viernes sin interrupción en alimentación, educación y cuidado bajo la Modalidad Propia e Intercultural en su territorio para evitar la desnutrición.

2. Hechos

Del expediente se extraen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.

Expuso que la comunidad indígena Way úu de Santa Clara, se encuentra ubicada a unos 100 metros lineales del Resguardo de la Alta y Media Guajira, en el kilómetro 7 vía Valledupar. Dicha comunidad corresponde a una ranchería que hace parte de las 262 comunidades Way úu ancestrales no resguardadas del Distrito Especial, Turístico y Cultural de R iohacha, y cuya autoridad tradicional es

kilómetro 7 vía Valledupar. Dicha comunidad corresponde a una ranchería que hace parte de las 262 comunidades Way úu ancestrales no resguardadas del Distrito Especial, Turístico y Cultural de R iohacha, y cuya autoridad tradicional es la señora Libia Patricia Ipuana Epiayu, según acta de posesión del 20 de octubre de 2009.

Destacó que en la comunidad indígena Way úu de Santa Clara viven 39 familias Wayúu del eirruku Epiayu que se dedican a la agr icultura, al pastoreo de ganado vacuno y caprino. En dicha colectividad se encuentran más de 78 niños y niñasDemandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Wayúu. El lote de terreno ubicado en el km 7 margen derecha vía Riohacha – Valledupar que han denominado Villa Pola con referencia catastral: 00 -03-00011462-000 poseída y ocupada ancestralmente por la referida comunidad indígena es un predio baldío que le pertenece a la Nación y no es susceptible de adquirirse por prescripción.

Anotó que en el referido predio existe una reserva de agua “jawey” utilizado por las familias, niños y niñas Way úu en riesgo de desnutrición para s u supervivencia, consumo y preparación de alimentos. Además , para el mantenimiento de los

Anotó que en el referido predio existe una reserva de agua “jawey” utilizado por las familias, niños y niñas Way úu en riesgo de desnutrición para s u supervivencia, consumo y preparación de alimentos. Además , para el mantenimiento de los animales (vacas, chivos, burros, caballos).

Comentó que la Comisión interamericana de De rechos Human os, el día 11 de diciembre de 2015 , impuso una medida cautelar al Estado colombiano para proteger los derechos humanos del pueblo indígena Way úu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del departamento de la Guajira, que incluye a la comunidad indígena Way úu no resguardada de Santa Clara ubicada en el Distrito de Riohacha (La Guajira). Sostuvo que, a través de la referida medida, se ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades Wayúu. Por lo tanto, se debe garantizar el acceso a salud con enfoque diferencial y cultural adecuado, el acceso al agua potable, alimentos y educación, entre otros.

Indicó que mediante sentencia T -302 de 2017 la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva, sistemática y generalizada de los derechos de los niños y niñas Way úu en la Guajira, generado por la crisis de desnutrición y muerte por esa causa. De manera que, se ordenó la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayúu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del departamento de La Guajira.

protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayúu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del departamento de La Guajira.

Precisó que, con fundamento en lo anterio r, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) implementó en la comunidad indígena Way úu no resguarda de Santa Clara una Unidad Comunitaria de Atención (UCA) mediante el Programa de Modalidad Propia e Intercultural de Atención a la Primera Infanci a. Dicha iniciativa es administrada en la vigencia del 2023 por la Corporación Monte Sinaí, la cual debe brindar alimentación, educación y cuidado a 15 niños de 0 a 5 años y a dos (2) mujeres gestante s en riesgo de desnutrición (identificados en el acápite de pretensiones).

Relató que mediante Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018 se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea N egra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991. En virtud de ese acto administrativo se incluyó el predio denominado Villa Pola con referencia catastral: 00 -03-0001-1462-000 poseído y ocupado ancestralmente por la comunidad indígena Way úu no resguardada de Santa Clara, como territorio de especial protección, de valor espiritual, cultural y

denominado Villa Pola con referencia catastral: 00 -03-0001-1462-000 poseído y ocupado ancestralmente por la comunidad indígena Way úu no resguardada de Santa Clara, como territorio de especial protección, de valor espiritual, cultural y ambiental dentro del sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’.Demandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Mencionó que el día 20 de mayo de 2022 mediante correo electrónico la alcaldía municipal de Riohacha, a través de la Inspección Central de Policía, notificó a la comunidad indígena Wayúu de Santa Clara el auto 0018 del 10 de m ayo de 2022, mediante el cual concedió el amparo policivo de posesión del referido predio, a favor de la señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán. Igualmente, se ordenó como medida policiva la restitución del predio “Villa Pola”.

Destacó que mediante auto del 24 de enero de dos mil veintitrés (2023) el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha rechazó la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la comunidad de Santa Cla ra, contra el auto 0018 del 10 de mayo de 2022, proferido por la Inspección Central de Policía de Riohacha, al considerar que dicho acto no era susceptible de control judicial.

derecho presentada por la comunidad de Santa Cla ra, contra el auto 0018 del 10 de mayo de 2022, proferido por la Inspección Central de Policía de Riohacha, al considerar que dicho acto no era susceptible de control judicial.

Sostuvo que el viernes 4 de marzo de 2023 una comisión de la Inspección Centra l de la Policía de Riohacha se presentó ante la comunidad de Santa Clara, quienes les informaron que, a partir del lunes 6 de marzo de 2023 comenzaban las diligencias de desalojos en todo el distrito de Riohacha. En efecto -sostuvopara la fecha indicada la alcaldía municipal surtió el desalojo, primero con la comunidad indígena Way úu de Wayukaso, ubicada en el kilómetro 5 de la vía Riohacha – Maicao. En la diligencia se desalojaron a 45 familias que conforman la comunidad.

Aseguró que, a la fecha de pre sentación de la tutela, los niños y niñas Way úu en riesgo de desnutrición, así como las mujeres gestantes y las familias de la comunidad indígena Wayúu no resguardada de la comunidad de Santa Clara, que actualmente son atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se encuentran en zozobra y en peligro inminente de ser desalojados, de quedar sin vivienda, sin alimentación, sin educación y sin acceso al agua, por orden de la Alcaldía Distrital de Riohacha. De modo que -indicó- tal amenaz a desconoce la medida cautelar del 11 de diciembre de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia T -302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena la protección especial de los derechos al agua, salud y

desconoce la medida cautelar del 11 de diciembre de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia T -302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las c omunidades indígenas Way úu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del departamento de La Guajira.

3. Sustento de la vulneración

Argumentó que la acción de tutela resulta procedente en este caso, para conjurar la amenaza de los derechos fund amentales de los niños y niñas de la comunidad Wayúu de Santa Clara no resguardada. Ello si se tiene en cuenta que, ante el inminente desalojo de su territorio, se comprometerían sus derechos fundamentales a la educación, a una vivienda digna, a la aliment ación, a la integridad y demás garantías que viene asegurando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a dicha población desde el año 2017. Además, ante el peligro desnutrición que sufre esta comunidad, en especial los niños y niñas identificados en las pretensiones de la demanda, un desalojo implicaría que el ICBF no pueda seguir adelantando el programa respectivo y, con ello, se pondría en riesgo la salud y vida de estos menores.Demandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Consideró que, de cualquier forma, la medida policiva de desalojo care ce de sustento, toda vez que, el territorio que actualmente ocupa la comunidad indígena en comento corresponde a un bien baldío, de manera que le pertenece al Estado colombiano y, por lo tanto, no es susceptible de restitución en calidad de propiedad privada.

Aseguró que, la calidad de bien baldío del territorio en el cual se encuentra asentada la comunidad indígena Way úu de Santa Clara, se fundamenta en el oficio 20224201001011 del 5 de agosto de 2022, en el que la subdirectora de Acceso a Tierras por Dem anda y Descongestión de la Agencia Nacional De Tierras informó que no era posible acceder a su adjudicación, dado que se trata de un terreno baldío en el que se encuentra establecida una comunidad indígena.

Afirmó que la comunidad indígena de Santa Clara, que naturalmente incluye a los niños, niñas y mujeres gestantes asentadas en el lote de terreno denominado Villa Pola, no pueden ser desalojados toda vez que ese predio hace parte del territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental. Ello en virtud del Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018.

Indicó que la presidencia de la Republica y el Instituto Colombiano de Bienestar

Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental. Ello en virtud del Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018.

Indicó que la presidencia de la Republica y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están obligados a salvaguardar la vida de los niños y niñas Way úu; sin embargo, en el presente caso, están incumpliendo con lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derech os Humanos. La alcaldía de Riohacha insiste en provocar desplazamientos forzados a través del despojo de tierras bajo la figura de órdenes de desalojo por amparo policivo. Estos procedimientos administrativos sin pruebas ni bases jurídicas constituyen un c laro incumplimiento a la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. De manera que, afirmó, si las familias Way úu son despojadas de sus territorios ancestrales, no habrá forma de superar el estado de cosas inconstitucionales.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 10 de mayo de 202 3 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al presidente de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, al director general de la Agencia Nacional de TierrasANT, al gobernador de La Guajira y al alcalde de Riohacha.

Adicionalmente, se dispuso la vinculación de la señora Libia Patricia Ipuana Epiayu, a la señora Alicia Josefina Hen ríquez Iguarán, a la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, al inspector Central de

Epiayu, a la señora Alicia Josefina Hen ríquez Iguarán, a la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, al inspector Central de Policía de Riohacha y a la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior para que dentro del término de tres (3) días, con tado a partir de la fecha de recibo de la correspondiente comunicación, manifiesten lo que consideren pertinente frente al mismo.Demandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dio la siguiente intervención:

5.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

La directora regional de La Guajira contestó la tutela en los siguientes términos:

Advirtió que, en atención del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, esa entidad ha ejecutado todas las acciones necesarias para gar antizar la seguridad alimentaria y, en general, la garantía de los derechos fundamentales a todas las mujeres gestantes, niñas, niños y sus familias de las comunidades indígenas, y personas en debilidad manifiesta del departamento de la Guajira. Ello a tra vés de los servicios que brinda el ICBF, en el marco de los lineamientos emitidos para la atención en modalidad propia e intercultural y en general de todos los servicios que ofrece el instituto, por lo que se configura la carencia actual de

a tra vés de los servicios que brinda el ICBF, en el marco de los lineamientos emitidos para la atención en modalidad propia e intercultural y en general de todos los servicios que ofrece el instituto, por lo que se configura la carencia actual de objeto de las pretensiones frente al ICBF.

Mencionó que, una vez verificada la base de datos del sistema de información del ICBF es posible advertir que, en efecto, los niños, niñas y madres gestantes relacionados en las pretensiones de la acción de tutela, están siend o atendidos en los servicios que brinda la institución en la Modalidad Propia e Intercultural a través del contrato de aportes suscrito entre el ICBF y la Corporación Monte del Sinaí. Afirmó que solo un registro de los que fueron relacionados en la demanda no se corresponde con la base de datos de la entidad, por lo que se puede advertir que no está vinculado a ningún programa de primera infancia.

5.2. Alcaldía Distrital de Riohacha

El jefe de la oficina asesora jurídica atendió el requerimiento en los siguien tes términos:

Sostuvo que no es cierto que el predio denominado Villa Pola sea poseído y ocupado ancestralmente por la comunidad Wayúu no resguardada de Santa Clara, pues no ha respaldo jurídico para dicha afirmación.

Indicó que en el trámite policivo instaurado por la señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán contra “personas indeterminadas” respecto del inmueble denominado Villa Pola, se pudo establecer que la posesión del referido pre dio, la ostenta la señora Henríquez Iguarán, en su calidad de querell ante que, por un periodo superior a 20 años, ha construido sobre el terreno.

Pola, se pudo establecer que la posesión del referido pre dio, la ostenta la señora Henríquez Iguarán, en su calidad de querell ante que, por un periodo superior a 20 años, ha construido sobre el terreno.

Alegó que no es cierto que el Decreto 1500 de 2018 haya incluido al predio denominado Villa Pola con referencia catastral 00-03-0001-1462-00 como territorio de especial protección y valor espiritual, cultural y ambiental, dentro del sistema de espacios sagrados de la “Línea Negra”. Ello por cuanto que, el referido inmueble nunca ha sido poseído ni ocupado por alguna comunidad indígena, tal como se advirtió en el oficio dirigido al señor Eurípides Epiayu Pérez, de la comunidad indígena de Santa Clara, suscrito por el director de asuntos étnicos de la Agencia Nacional de Tierras.Demandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Aseguró que el 4 de marzo de 2023, la Inspección Central de Policía en coordinación con otras entidades e statales, se presentaron en el predio Villa Pola con la finalidad de hacer efectiva una orden de policía de cese de perturbación, mas no en la comunidad Santa Clara como lo manifiesta el actor. En lo que concierne a la diligencia desplegada contra la comun idad indígena Wayukaso,

con la finalidad de hacer efectiva una orden de policía de cese de perturbación, mas no en la comunidad Santa Clara como lo manifiesta el actor. En lo que concierne a la diligencia desplegada contra la comun idad indígena Wayukaso, surgió por una orden emitida por un juez de la República, dentro de un trámite adelantado en la justicia ordinaria.

Anotó que, en todo caso, no es posible que el juez de tutela se convierta en una instancia revisora de las decision es de las autoridades de policía, porque ello implicaría sustituir la competencia de dichos funcionarios y desconocer la autonomía e independencia que les son propias. Por lo tanto -sostuvolas decisiones que se adopten en un proceso policivo, pese a ser proferidas por una autoridad administrativa, tienen el alcance de actuación judicial y sobre dicha determinación no procede acción judicial alguna ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la finalidad de que no exista medio de control ante la referida jurisdicción contra las decisiones de policía es que las mismas tengan un efecto inmediato para evitar la perturbación de orden público.

Comentó que las pretensiones del señor Pér ez Sijona en su calidad de indígena y agente oficioso de los niños y niñas en riesgo de desnutrición, mujeres gestantes y familias de la comunidad indígena Way úu no resguardada de Santa Clara, no están llamadas a prosperar, toda vez que la acción de tutela se dirige contra una decisión jurisdiccional adoptada por una autoridad de policía, en el marco de sus funciones. En consecuencia, dado que la demanda de tutela no cumple con los

están llamadas a prosperar, toda vez que la acción de tutela se dirige contra una decisión jurisdiccional adoptada por una autoridad de policía, en el marco de sus funciones. En consecuencia, dado que la demanda de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad, puntualmente con la subsidiariedad, se debe de clarar improcedente.

5.3. Agencia Nacional de Tierras

La autoridad vinculada al presente trámite intervino en los siguientes términos:

Sostuvo que en este caso se debe declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la referida entidad, toda vez que, el proceso policivo que señala la parte actora en los hechos de la tutela, nada tiene que ver con la competencia funcional de la Agencia Nacional de Tierras.

Expuso que de conformidad con las competencias establecidas en el Decreto 2363 de 2015, una vez verificadas las bases de datos que reposan en la Dirección de Asuntos Étnicos, se pudo establecer que la comunidad Way úu de Santa Clara no cuenta con acto administrativo a su favor. Con todo, se registran dos (2) requerimientos por la referida comunida d en el marco del procedimiento de medidas de protección de territorios ancestrales y/o tradicionales. Tal requerimiento fue atendido mediante radicado ANT 2022500053901 del 9 de mayo de 2022 dirigido al señor Eurípides Epiayu Pérez, en el cual se le infor maron los requisitos que se necesitaban para adelantar el procedimiento administrativo de protección ancestral establecido en el Decreto 2333 de 2014, los cuales a la fecha no han sido acreditados por la comunidad indígena.Demandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros

protección ancestral establecido en el Decreto 2333 de 2014, los cuales a la fecha no han sido acreditados por la comunidad indígena.Demandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Sostuvo que en el radicado 2022 5000539101 se indicó que, si bien, el predio con referencia catastral 00 -03-0001-1462-000 no presenta traslape con áreas formalizadas en favor de comunidades étnicas o solicitudes de estas, sí se encontraba dentro del área del sistema de espacios sagrados denominado “Línea Negra – Sheshiza” y reconocido a través del Decreto 1500 de 2018.

Concluyó que, aunque la Agencia Nacional de Tierras es la encargada de capacitar a las comunidades étnicas para la legalización de sus predios, los procesos de desalojo ad ministrativo realizados por las administraciones municipales no son de su competencia. Además, al evidenciar que dicha comunidad no cuenta con acto administrativo que los reconozca como comunidad étnica protegida, las acciones que se emprendan son competen cia de la alcaldía municipal de Riohacha.

5.4. Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad contestó la tutela en los siguientes términos:

municipal de Riohacha.

5.4. Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad contestó la tutela en los siguientes términos:

Alegó que en este asunto se predica la falta de legitimación en la causa por pasiva del referido ministerio toda vez que no hay conexidad entre el sustento de la vulneración y la competencia asignada a dicha entidad. Ello por cuanto que, la misión de esa cartera ministerial es la de ser ente a rticulador de políticas públicas como garante de los derechos de la población indígena, no una instancia de revisión de las decisiones policivas que escapan del alcance de las funciones que le han sido asignadas.

Argumentó que la Dirección de Asuntos Indí genas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, no es competente para resolver temas en relación al desalojo, como fue mencionado, sin embargo, en virtud de las competencias asignadas a esta entidad en propiciar y/o articular los espacios de diálogo pol ítico, se han efectuado algunas reuniones con una serie de compromisos con las diferentes entidades, de cara al frecuente desalojo que sufren los pueblos indígenas, por parte de la alcaldía distrital de Riohacha, en especial la comunidad Way úu en el departamento de La Guajira. De manera que, aseguró que esa dirección está dispuesta a generar los espacios de diálogo para la garantía de los derechos y respeto de las comunidades.

5.5. Alcaldía Distrital de Riohacha – Inspección de Policía

La autoridad intervino a través del inspector de Policía del Distrito de Riohacha,

respeto de las comunidades.

5.5. Alcaldía Distrital de Riohacha – Inspección de Policía

La autoridad intervino a través del inspector de Policía del Distrito de Riohacha, para precisar su competencia y las atribuciones que le incumben en la restitución de inmuebles por la perturbación de la tenencia o posesión de aquellos. Asimismo, enunció las etapas del proceso ve rbal abreviado a cargo de los inspectores de policía y la aplicación de medidas correctivas en el caso de infracciones urbanísticas o perturbación de la tenencia de predios privados.Demandante: José Luis Pérez Sijona – agente oficioso Demandados: presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-02257-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 5.6. Departamento de La Guajira

El jefe de la Oficina Asesor a Jurídica de la Gobernación de La Guajira atendió el requerimiento en los siguientes términos:

Sostuvo que, en consideración al auto del 10 de mayo de 2023, en el que se ordenó la restitución del inmueble objeto de controversia, la Secretaría de Asuntos Indígenas del departamento, compareció a las diversas diligencias que fueron adelantadas en el proceso verbal abreviado ante la Inspección de Policía. En el curso de dicho proceso se solicitó la intervención de la secretaria de Asuntos Indígenas, la señora Claudia Henrí quez Iguarán, para dirimir el posible conflicto

adelantadas en el proceso verbal abreviado ante la Inspección de P