CE - 110010315000202302257011SENTENCIASENTENCIA20231130221103

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02257-01

Demandante: Demandante: José Luis Pérez Sijona, agente oficioso comunidad Wayuu Santa Clara

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-02257-01

Demandante JOSÉ LUIS PÉREZ SIJONA (AGENTE OFICIOSO COMUNIDAD

WAYUU SANTA CLARA) Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Temas Acción de tutela. Vivienda, territorio colectivo y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Comunidad Wayuu de La Guajira. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide las impugnaciones interpuestas por la señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán, e l Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Alcaldía de Riohacha contra la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que dispuso lo siguiente: «PRIMERO: Declárase no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior, el departamento de La Guajira y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

«PRIMERO: Declárase no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior, el departamento de La Guajira y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

SEGUNDO: Concédese el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la vivienda digna, a la diversidad étnica y cultural, así como al debido proceso, invocados por el agente oficioso de los menores de edad y madres gestantes, identificados en la demanda.

TERCERO: Ordénase a la alcaldía distrital de Riohacha, en coordinación con la gobernación de La Guajira y la presidencia de la República, que adopten las medidas urgentes y necesarias para reubicar a la comunidad Wayúu no resguardada de Santa Clara, dando priorida d a los grupos con menores de edad, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas u otro factor inminente de riesgo. En especial, aquellos menores que se encuentran en riesgo de desnutrición. Ello hasta tanto la comunidad en comento sea incluida de mane ra preferencial y prioritaria a los programas de asignación de vivienda del gobierno Nacional y/o departamental. Igualmente, dichas autoridades deberán verificar la situación humanitaria que se está presentando en la referida comunidad y brindar todo el ap oyo y asistencia jurídica que requieran estos pobladores para obtener una solución de vivienda digna de manera oportuna.

CUARTO: Ordénase al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que realice una caracterización y seguimiento detallado de la población infantil y madres gestantes de la comunidad Wayúu no resguardada de Santa Clara para que, de manera coordinada con la administra ción local de Riohacha

seguimiento detallado de la población infantil y madres gestantes de la comunidad Wayúu no resguardada de Santa Clara para que, de manera coordinada con la administra ción local de Riohacha y departamental de La Guajira, establezcan los factores de riesgo que pongan en peligro o amenacen la continuidad en óptimas condiciones de los servicios que brinda la institución en la Modalidad Propia e Intercultural a través del contrato de aportes suscrito entre el ICBF y la Corporación Monte del Sinaí».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 25 de abril de 20231, el señor José Luis Pérez Sijona, quien funge como líder de comunidad Wayuu Santa Clara, instauró acción de tutela en calidad de agente oficioso, para proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas, mujeres gestantes y familias dicha comunidad.

1 Índice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02257-01

Demandante: Demandante: José Luis Pérez Sijona, agente oficioso comunidad Wayuu Santa Clara

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La acción de tutela se presentó contra la Presidencia de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación de la Guajira y la Alcaldía Municipal de Riohacha, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, dignida d, vivienda, diversidad étnica y cultural, consulta previa, debido proceso y al territorio de la comunidad no resguardada. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: (sic para toda la cita)

derechos fundamentales a la vida, dignida d, vivienda, diversidad étnica y cultural, consulta previa, debido proceso y al territorio de la comunidad no resguardada. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: (sic para toda la cita) «PRIMERO Se tutelen y amparen los derechos fundamentales a la vida, salud, agua, alimentación, vivienda y diversidad étnica y cultural de los siguientes niños, niñas y mujeres gestantes de la comunidad indígena Wayuu no resguardada de SANTA CLARA los cuale s vienen siendo atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional en la Unidad Comunitaria de Atención (UCA) bajo el código cuéntame 440011133793.

SEGUNDO: Ordenar a la Presidencia de la República de Colombia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Agencia Nacional de Tierras, a la Gobernación de la Guajira y al Distrito de Riohacha, dar cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional y Medida cautelar CIDH MC 51/15 de la Comisión Interamericana de derechos Humanos que ordenada tomar medidas urgentes para salvaguardar la vida de los niños y niñas Wayuu de la Guajira, y por tanto, que se suspenda toda diligencia de desalojo sobre la comunidad Wayuu no resguardada de SANTA CLARA.

TERCERA: Ordenar a la Presidencia de la República de Colombia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Agencia Nacional de Tierras, a la Gobernación de la Guajira y al Distrito de Riohacha que garanticen que los niños y niñas Wayuu de la comunidad de Santa Clara continúen recibiendo atención de lunes a viernes sin interrupción en alimentación,

al Distrito de Riohacha que garanticen que los niños y niñas Wayuu de la comunidad de Santa Clara continúen recibiendo atención de lunes a viernes sin interrupción en alimentación, educación y cuidado bajo la Modalidad Propia e Intercultural en su territorio para evitar la desnutrición».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La parte actora manifestó que la comunidad indígena Wayuu de Santa Clara se encuentra ubicada a 100 metros al este del Resguardo de la Alta y Media Guajira, en el kilómetro 7 vía Riohacha (Valledupar), en un predio baldío que le pertenece a la Nación que h a sido denominado Villa Pola o Villa Paola. En dicha comunidad viven 39 familias del «Eirruku Epiayu» que se dedican a la agricultura y pastoreo, incluidos 78 niños, niñas y adolescentes Wayuu.

Indicó que, a pesar de que este territorio no está constituido como resguardo, sí fue reconocido como parte del territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta por medio del Decreto 1500 de 2018 de la Presidencia de la República de Colombia2. Sobre el trámite policivo de perturbación a la posesión 2.2. El 26 de junio de 2021, la señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán presentó querella policiva de perturbación a la posesión contra personas indeterminadas respecto del inmueble ubicado en el Kilómetro 7 vía Riohacha Valledupar denominado Villa Pola.

2 Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra

indeterminadas respecto del inmueble ubicado en el Kilómetro 7 vía Riohacha Valledupar denominado Villa Pola.

2 Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991, y se dictan otras disposiciones.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02257-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Mediante Auto 0100 del 06 de diciembre de 2021, la Inspección Segunda de Policía de Riohacha no concedió el amparo policivo por considerar que la acción estaba caducada al momento de su presentación y que, para dirimir la controversia sobre la propiedad del inmueble se debía acudir a la jurisdicción ordinaria. Además, decretó el statu quo sobre el predio objeto de la querella, hasta que un juez ordinario competente decidiera definitivamente la titularidad de los derechos reales en controversia. La señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán interpuso recurso de reposición contra el Auto 0100 del 06 de diciembre de 2021. Subsidiariamente, presentó recurso de apelación y solicitó la adición y nulidad de tal decisión.

La señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán interpuso recurso de reposición contra el Auto 0100 del 06 de diciembre de 2021. Subsidiariamente, presentó recurso de apelación y solicitó la adición y nulidad de tal decisión. 2.4. Mediante Auto 0007 del 10 de marzo de 2022, la Inspección Segunda de Policía de Riohacha resolvió el recurso de reposición interpuesto por la querellante y demás solicitudes presentadas. Al respecto, dispuso confirmar la decisión inicial y rechazó recurso de adición e incidente de nulidad contra el Auto 01000 del 06 de diciembre de 2021 y se corrigió un error de digitación. 2.5. La señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán presentó acción de tutela contra la Inspección Segunda de Policía de Riohacha, pues consideró que dicha autoridad no dictó el Auto 0100 del 06 de diciembre de 2021 en el curso de una audiencia pública. Razón por la cual aseguró que la referida inspección se apartó del procedimiento policivo, lo que en su criterio vulneró su derecho al debido proceso. En sentencia de 1 de abril del 2022, el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Riohacha amparó el derecho al debido proceso de la señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán. En consecuencia, dispuso lo siguiente: «DEJESE SIN EFECTOS todas las actuaciones surtidas en el proceso policivo sub examine a partir del 6 de diciembre de 2021, fecha en la que la Inspectora Segunda de Policía de Riohacha profiere el auto No. 0100 de la misma fecha».

sub examine a partir del 6 de diciembre de 2021, fecha en la que la Inspectora Segunda de Policía de Riohacha profiere el auto No. 0100 de la misma fecha». 2.6. Mediante Auto 0018 del 20 de abril de 20223, la Inspección Segunda de Policía de Riohacha «POR MEDIO DE LA CUAL SE ACATA FALLO DE TUTELA» resolvió no conceder el amparo policivo, por razones semejantes a las expuestas en su decisión inicial; es decir, porque la acción estaba caducada y porque el asunto de fondo debía ser resuelto por la Jurisdicción Ordinaria. La señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán interpuso recurso de reposición contra el Auto 0018 del 20 de abril de 2022. 2.7. Mediante auto del 20 de mayo de 2022 4, la Inspección de Policía de Riohacha revocó la decisión inicial y concedió amparo policivo a la posesión a favor de la señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán. Fundamentó su decisión en que las pruebas allegadas acreditaban suficientemente la calidad de poseedora y presunta propietaria de la querellante. 2.8. El 24 de abril de 2023, la Inspección de Policía de Riohacha notificó por aviso a la comunidad Wayuu de Santa Clara que la diligencia de lanzamiento se realizaría el 26 de abril de 2023.

3 El 10 de mayo de 2022, se celebró la audiencia en la cual se dio lectura al Auto 0018 del 20 de abril de 2022. 4 Al auto del 20 de mayo de 2022 también se le asignó la numeración 0018, así como se hizo con el auto de

4 Al auto del 20 de mayo de 2022 también se le asignó la numeración 0018, así como se hizo con el auto de 20 de abril de 2022, en el cual se decidió no conceder el amparo policivo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02257-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2.9. El 24 de enero de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, presentada por un miembro de la comunidad de Santa Clara contra el auto 0018 proferido por la Inspección de Policía de Riohacha. El juzgado consideró que dicho auto no es susceptible de control judicial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011 que establece lo siguiente: «La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…) 3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados». Ninguna de las partes presentó recursos contra la anterior decisión. Sobre el trámite de protección a la posesión de territorios ancestrales ante la Agencia Nacional de Tierras 2.10. En respuesta a una petición instaurada por uno de los miembros de la comunidad Wayuu Santa Clara, la Agencia Nacional de Tierras expidió el Oficio 20225000539101 del 9 de mayo de 2022. Allí se indicó el trámite para iniciar procedimiento administrativo de protección

comunidad Wayuu Santa Clara, la Agencia Nacional de Tierras expidió el Oficio 20225000539101 del 9 de mayo de 2022. Allí se indicó el trámite para iniciar procedimiento administrativo de protección ancestral e informó que como la Comunidad Wayuu Santa Clara no cuenta con título colectivo ni hace parte de un resguardo indígena ya formalizado, debe acompañar su solicitud de medida de protección ancestral con la intención de constituirse como resguardo junto a los siguientes requisitos: ● Acreditación: (Opcional) Allegar documentación que acredite que efectivamente quien solicita la protección ancestral es la persona legitimada por activa para interponer ante la Agencia Nacional de Tierras solicitud en favor la comunidad indígena, ya sea ce rtificado del Ministerio del Interior, registro ante la alcaldía municipal u otros que acrediten lo solicitado. ● Ubicación: dentro del cual se identifique el predio solicitado especificando la vereda, municipio, departamento de localización de dicha área. Adicionalmente, si es el caso que el predio pretendido sea de naturaleza privada debe allegar la oferta voluntaria por parte del propietario. ● Vías de acceso: se requiere que se señalen los caminos para acceder al territorio, precisando sus nombres, predios colindantes y demás información que permita la ubicación del área pretendida. ● Croquis del área pretendida: donde se especifiquen los accidentes geográficos (ríos, quebradas, montañas, etc.), coordenadas, puntos límites, medidas que demarquen el área o cualquier otra información que permita la representación gráfica de las áreas solicitadas. ● Dirección donde se recibirán las comunicaciones y notificaciones: para enviar las comunicaciones necesarias de los trámites administrativos que se surtan dentro del procedimiento.

demarquen el área o cualquier otra información que permita la representación gráfica de las áreas solicitadas. ● Dirección donde se recibirán las comunicaciones y notificaciones: para enviar las comunicaciones necesarias de los trámites administrativos que se surtan dentro del procedimiento. Asimismo, manifestó que «el predio denominado Villa Paola con referencia catastral No. 00-03-0001-1462-000 PRESENTA TRASLAPE con el sistema de espacios sagrados denominado “Línea Negra – Sheshiza” reconocido a través del Decreto 1500 de 2018, de acuerdo con la salida gráfica adjunta».Radicado: 11001-03-15-000-2023-02257-01

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3. Fundamentos de la acción La parte actora sostuvo que los miembros de la comunidad indígena de Santa Clara no pueden ser desalojados debido a que este territorio es un bien baldío de propiedad estatal y no una propiedad privada; además, ha sido habitado de forma ancestral por dicha comunidad indígena. Argumento q ue basó en el Decreto 2664 de 1994, artículo 9, en concordancia con la Ley 1728 de 2014, que dispone lo siguiente: «Baldíos lnadjudicables […] parágrafo: No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas.

donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas. Igual prohibición regirá respecto de los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección y horticultura que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la fecha de vigencia de la Ley 160 de 1994, los cuales sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas, y, además, cuando se tratare de terrenos baldíos determinados por el Instituto con el carácter de reservas indígenas». Además, argumentó que el terreno en cuestión forma parte del territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto se refleja en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, que posee un valor es piritual, cultural y ambiental de gran relevancia. El Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018 respalda esta afirmación, declarando estos territorios como Espacios Sagrados Línea Negra. Manifestó que su permanencia en este territorio es vital, ya que es el lugar donde reciben servicios esenciales, como alimentación, educación y cuidado, proporcionados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En su criterio, cualquier desalojo, pondría en peligro su acceso a estos servicios básicos, lo que afectaría negativamente su bienestar. Además, resaltan que el desalojo los dejaría sin acceso al agua, una necesidad fundamental para su supervivencia, pues se abastecen de un jagüey o reservori o de agua lluvia ubicado en el predio objeto de disputa.

sin acceso al agua, una necesidad fundamental para su supervivencia, pues se abastecen de un jagüey o reservori o de agua lluvia ubicado en el predio objeto de disputa. A su vez, aseguró que, como pueblo indígena Wayuu, cuentan con medidas de protección especiales respaldadas por tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia, así como por órdenes de la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Der echos Humanos. Tales como la Sentencia T -025 de 2004, su Auto de seguimiento 004 de 2009 y la Sentencia T -302 de 2017 que establecen obligaciones expresas de salvaguardar la vida de los niños, niñas y adolescentes Wayuu en cabeza de la Presidencia de la Re pública y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Que dichas obligaciones se estarían incumpliendo en caso de producirse el despojo por amparo policivo del predio denominado Villa Pola que habita la población indígena de Santa Clara que haría imposible superar el estado de cosas inconstitucional. Frente a lo anterior, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó la decisión el 11 de diciembre de 2015 de imponer una medida cautelar al Estado Colombiano con el propósito de salvaguardar los derechos humanos del Pueblo Indígena Wayuu que reside en los Municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, ubicados en el departamento de La Guajira. Esta medida cautelar abarcó a la comunidad indígena Wayuu no resguardada de Santa Clara. Por tanto, se instó a Colombia a tomar todas las medida s necesarias para preservar la vida y laRadicado: 11001-03-15-000-2023-02257-01

a la comunidad indígena Wayuu no resguardada de Santa Clara. Por tanto, se instó a Colombia a tomar todas las medida s necesarias para preservar la vida y laRadicado: 11001-03-15-000-2023-02257-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co integridad personal de los niños, niñas y adolescentes Wayuu. Esto incluye el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial, la garantía de acceso a agua potable y alimentos, así como la concertación de medidas con los beneficiarios y sus representantes. Por su parte, en la Sentencia T -302 de 2017, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva, sistemática y generalizada de los derechos de los niños y niñas Wayuu en la Guajira generada por la crisis de desnutrición y muerte. Allí se ordenó la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del departamento de La Guajira. Agregó que, a partir del año 2017 para combatir el hambre, desnutrición y muerte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar implementó en la Comunidad Indígena Wayuu no Resguarda de Santa Clara una Unidad Comunitaria de Atención del Programa de Modalidad Propia e Intercultural Atención a la Primera Infancia, el cual se encuentra administrado por la Corporación Monte Sinai. En el marco de dicho programa, se brinda alimentación, educación y cuidado a 15 niños de 0 a 5 años y

Programa de Modalidad Propia e Intercultural Atención a la Primera Infancia, el cual se encuentra administrado por la Corporación Monte Sinai. En el marco de dicho programa, se brinda alimentación, educación y cuidado a 15 niños de 0 a 5 años y a 2 mujeres gestantes en riesgo de desnut rición. Además, sostuvo que ante el peligro desnutrición que sufre esta comunidad, en especial los niños, niñas y madres gestantes identificados en las pretensiones de la demanda, un destierro implicaría que el referido instituto no pueda seguir adelantando el programa respectivo y, con ello, se pondría en riesgo la salud y vida de estos menores. Finalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente: «Solicito muy respetuosamente a los honorables Magistrados del Consejo de Estado ordenar la suspensión provisional de la diligencia de desalojo programada para el día 26 de abril de 2023 a partir de las 06:00 am ordenado por el Señor FRANCISCO PEÑARANDA PI NTO Profesional Universitario Grado IV Inspector de Policía, como medida preventiva provisional mientras se decida la presente acción constitucional para evitar, que la amenaza sobre un derecho fundamental se convierta en una vulneración o que la afectación se vuelva más gravosa, de manera que un eventual fallo a favor del solicitante no sea ilusorio (art. 7, Dto. 2591 de 1991)».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 10 de mayo de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por José Luis Pérez Sijona, como agente oficioso de los niños y niñas, mujeres gestantes y familias de la comunidad indígena Wayuu no resguardada de Santa Clara, contra el presidente de la República, el Instituto

interpuesta por José Luis Pérez Sijona, como agente oficioso de los niños y niñas, mujeres gestantes y familias de la comunidad indígena Wayuu no resguardada de Santa Clara, contra el presidente de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación de la Guajira y la Alcaldía de Riohacha. Asimismo, en tal providencia se vinculó como terceros interesados a la señora Libia Patricia Ipuana Epiayu, autoridad tradicional de la referida comunidad, a Alicia Josefina Henríquez Iguarán, quien promovió la acción policiva, a la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, a la Inspección Central de Policía de Riohacha y a la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio de Interior. Finalmente, se negó la medida provisional solicitada por el accionante y se dispuso efectu ar las notificaciones pertinentes. 4.2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que ha ejecutado acciones para garantizar la seguridad alimentaria y la protección de losRadicado: 11001-03-15-000-2023-02257-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derechos fundamentales de las mujeres gestantes, niños, niñas, adolescentes y sus familias en las comunidades indígenas, en situación de debilidad manifiesta en el departamento de La Guajira. Concretamente, sostuvo que ha brindado los servicios de atención a la primera

derechos fundamentales de las mujeres gestantes, niños, niñas, adolescentes y sus familias en las comunidades indígenas, en situación de debilidad manifiesta en el departamento de La Guajira. Concretamente, sostuvo que ha brindado los servicios de atención a la primera infancia a través de la Modalidad Propia e Intercultural, gracias a la celebración del contrato de aportes Nro. 44001682023 suscrito con la Corporación Monte del Sinai. Resaltó q ue en el escrito de tutela la parte actora reconoció la prestación de tales servicios. Explicó que la Modalidad Propia e Intercultural es un servicio que funciona principalmente en territorios étnicos, zonas rurales y rurales dispersos del país, dirigido a mujeres gestantes, niñas y niños hasta los 4 años que requieran de una atención integr al e intercultural. No obstante, mencionó que también pueden ser atendidos niñas y niños hasta cumplir los 5 años, siempre y cuando no haya oferta de educación preescolar específicamente de grado transición, en su entorno cercano. Resaltó su esfuerzo por seguir lineamientos que incorporan enfoques diferenciales de derechos, alineados con el marco jurídico nacional e internacional en materia de Derechos Humanos. Esto busca asegurar una respuesta institucional que tenga en cuenta las particularidades, las situaciones de discriminación y las diversidades presentes en la sociedad colombiana. En este contexto, planteó la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con las pretensiones que lo involucran, ya que considera que ha cumplido con sus obligaciones y no ha generado ninguna vulneración a derechos fundamentales. Además, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y, subsidiariamente, se niegue n las pretensiones por

cumplido con sus obligaciones y no ha generado ninguna vulneración a derechos fundamentales. Además, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y, subsidiariamente, se niegue n las pretensiones por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales del accionante. 4.3. La Alcaldía Distrital de Riohacha manifestó que es cierto que Santa Clara es una comunidad indígena no resguardada cuya autoridad tradicional es Libia Patricia Ipuana Epiayu. Además, indicó que no hay sustento jurídico que la comunidad se encuentre a 100 metros lineales del Resguardo de Alta y Media Guajira ni que se encuentre ubicada en el kilómetro 7 vía Riohacha Valledupar. Aseguró que no es cierto que el predio denominado Villa Pola sea poseído y ocupado ancestralmente por la comunidad Wayuu no resguardada de Santa Clara, toda vez que dentro del proceso policivo se estableció que la posesión del predio objeto de litigio la ha ostentado la señora Alicia Josefina Henríquez Iguarán hace más de 20 años. Que dicha posesión se confirma con la construcción hecha por la señora Henríquez Iguarán de tres jagüeyes. Sostuvo que el Decreto 1500 de 2018 no incluyó el predio Villa Pola con referencia catastral Nro. 00-03-0001-1452-00, toda vez que dicho predio nunca ha sido poseído y ocupado por alguna comunidad indígena. Citó el oficio 20225000539101 de la Agencia Nacional de Tierras, en el cual se afirmó que «Una vez verificado en las bases de datos alfanuméricas de esta Dirección, las cuales se encuentran en constante actualización la hecha, no se logró evidenciar que alguna

20225000539101 de la Agencia Nacional de Tierras, en el cual se afirmó que «Una vez verificado en las bases de datos alfanuméricas de esta Dirección, las cuales se encuentran en constante actualización la hecha, no se logró evidenciar que alguna comunidad étnica tenga predio denominado Vil la Pola como pretensión territorial de adjudicación».Radicado: 11001-03-15-000-2023-02257-01

Demandante: Demandante: José Luis Pérez Sijona, agente oficioso comunidad Wayuu Santa Clara

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que el día 04 de marzo de 2023 la Inspección Central de Policía se presentó, no en la comunidad Santa Clara, sino en el predio Villa Pola para hacer efectiva una orden de policía de cese de la perturbación. Afirmó que el juez de tutela no puede actuar como una instancia revisora de las decisiones de las autoridades de policía, ya que esto implicaría usurpar sus competencias y desconocer su autonomía e independencia. Además, señaló que las decisiones tomadas en un proceso policivo, aunque provengan de una autoridad administrativa, tienen un alcance judicial y no están sujetas a acciones judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta medida se toma para asegurar que las decisiones de policía tengan un efecto inmediato y eviten perturbaciones del orden público. Resaltó que en relación con las pretensiones del señor Pérez Sijona como representante de la comunidad indígena Wayuu de Santa Clara, la acción de tutela no puede prosperar, ya que se dirige contra una decisión jurisdiccional

Resaltó que en relación con las pretensiones del señor Pérez Sijona como representante de la comunidad indígena Wayuu de