CE - 110010315000202302305011SENTENCIA20230921154331

Demandante: Martha Isabel Martínez Valoyes Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

Demandante: MARTHA ISABEL MARTÍNEZ VALOYES

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial . Ausencia del requisito de relevancia constitucional. Revoca decisión de primera instancia y declara la improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia de 6 de junio de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Martha Isabel Martínez Valoyes, por conducto de apoderado judicial, el 4 de

Segunda, Subsección B negó la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Martha Isabel Martínez Valoyes, por conducto de apoderado judicial, el 4 de mayo de 2023 i nstauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se protejan sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la providencia de 2 0 de octubre de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de la cual recovó el fallo de 13 de marzo de 2020 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la actora contra la liquidada CAJANAL, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– para, en su lugar, denegarlas. El asunto se identificó con el radicado 76001-23-33-000-2012-00459-02.Demandante: Martha Isabel Martínez Valoyes Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

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1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

Primero: Que se conceda la tutela como mecanismo principal y de forma definitiva, para que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por la señora MARTHA ISABEL MARTÍNEZ VALOLLES y se declare sin efecto la sentencia proferidas por la Sala de lo Contenciosos Administrativo – Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76001 -23-33-0002012-00459-02 (4538 -2021), en sentencia del 20 de octubre de 2022, notificada al suscrito el día 10 de noviembre de 2022. 1

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La parte actora indicó que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones UGM 004704 del 18 de agosto de 2011 y UGM 050964 del 28 de junio de 2012 proferidas por la extinta CAJANAL, mediante las cuales dicha entidad le negó el reconocimiento de la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del IBL, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional.

En primera instancia el asunto le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del

factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional.

En primera instancia el asunto le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en sentencia de 23 de marzo de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda.

El recurso de apelación lo resolvió el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante providencia de 20 de octubre de 2022, en el sentido de revocar la decisión del a quo, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda al considerar que de conformidad con lo establecido en las sentencias de unificación de 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022 de la Sección Segunda de esta corporación, la señora Martha Isabel Martínez Valoyes no acreditó el total de los requisitos para acceder a la prestación. En ese orden, concluyó:

Bajo esta línea de intelección, si bien entre el 16 de abril de 1982 y el 21 de febrero de 2011, la demandante ejerció la docencia en una plaza nacionalizada, lo cierto es que no cumple con el requisito tendiente a que la vinculación del orden territorial o nacionalizada sea con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, en la medida en que, se insiste, los actos administrativos de nombramiento y posesión fueron claros en señalar que era de carácter nacional.

De esta forma, esta Sala no comparte la decisión del a quo en el sentido de que el tipo de vinculación que ejerció la demandante entre el 20 de febrero de 1978 y el 15 de abril

1 Transcripción literal con posibles errores.Demandante: Martha Isabel Martínez Valoyes

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

de vinculación que ejerció la demandante entre el 20 de febrero de 1978 y el 15 de abril

1 Transcripción literal con posibles errores.Demandante: Martha Isabel Martínez Valoyes Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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de 1982 (fecha a partir de la cual se probó que es nacionalizada), puede tenerse en cuenta para efectos de la prestación que se invoca, en la medida en que, acorde con lo analizado en precedencia, el ejercicio de la labor docente por parte de la libelista se llevó a cabo en plaza nacional, incumpliéndose con las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico que rige la materia y en la jurisprudencia unificada pluricitada.

1.4. Fundamentos de la solicitud2

La señora Martha Isabel Martínez Valoyes m anifestó que, el Consejo de EstadoSección Segunda - Subsección A, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al dictar la sentencia de 20 de octubre de 2022, por cuanto se incurrió en un defecto fáctico debido a la inadecuada valoración probatoria efectuada por la autoridad demandada, comoquiera que no tuvo en cuenta las pruebas que demostraban que el nombramiento de la accionante es de carácter departamental.

Concretamente, indicó que la Subsección cuestionada se limitó a citar textualmente la

en cuenta las pruebas que demostraban que el nombramiento de la accionante es de carácter departamental.

Concretamente, indicó que la Subsección cuestionada se limitó a citar textualmente la Resolución 012 de l 9 de febrero de 1978, mediante la cual se nombró a la señora Martínez Valoyes como docente y el acta No. 137 del 20 del mismo mes y año, para concluir que su vinculación no se hizo en una plaza docente del orden territorial, pese a que «el contenido de estos documentos, lo que indican es que quien renuncia, esto es el señor RAMON SANCHEZ MANYOMA ocupaba una PLAZA NACIONAL, pero lo que no indican estos mismos documentos es que quien llega a reemplazarlo señora MARTHA ISABEL MARTINEZ VALOYES, vaya a ocupar esta misma plaza nacional».

Agregó que, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional no intervino en la expedición de la Resolución 012 del 9 de febrero de 1978 ni en el acto de posesión como para que su vinculación se hubiese catalogado nacional. Además, resaltó que su salario no procedía del Ministerio de Educación Nacional, «pues de las planillas de pago se aprecia que su retribución provenía del departamento del Valle del Cauca (PERSONAL NACIONALIZADO)».

En ese orden, sostuvo que existen varias pruebas documentales que no fueron tenidas en cuenta por la autoridad judicial accionada, a partir de la cuales se evidenciaba que el nombramiento de la señora Martha Isabel Martínez Valoyes e ra de carácter departamental.

Refirió que al no existir una prueba que conllevara concluir que la demandante fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional y que ocupó una plaza de esta

el nombramiento de la señora Martha Isabel Martínez Valoyes e ra de carácter departamental.

Refirió que al no existir una prueba que conllevara concluir que la demandante fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional y que ocupó una plaza de esta categoría, se debe garantizar la igualdad procesal (principio de favorabilidad) en cabeza de la accionante.

Por último, añadió que en la sentencia de 21 de abril de 2016 dictada por la judicatura reprochada dentro del expediente 25000-23-42-000-2012-01000-01, se iteró la postura

2 Las transcripciones del acápite de los fundamentos son citas del texto original con posibles errores.Demandante: Martha Isabel Martínez Valoyes Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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«inicial» consistente en que , «considera como docentes nacionales aquel los educadores en cuyo acto de vinculación, además del representante legal del ente territorial, haya intervenido el delegado del Ministerio de Educación Nacional del respectivo fondo educativo regional».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 10 de mayo de 2023 el ponente del primer grado admitió la solicitud de amparo, dispuso tener como autoridad judicial accionada al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y vinculó como tercero s con interés al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión

amparo, dispuso tener como autoridad judicial accionada al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y vinculó como tercero s con interés al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió el informe de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en el que indicó que la acción de tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de una prestación pensional que ya fue debatida en sede judicial.

Consideró que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente judicial, pues en la sentencia de segunda instancia se efectúo un debido análisis de las pruebas obrantes en el expediente y se concluyó que la demandante no demostró el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, por lo tanto, precisó que los actos administrativos demandados estaban ajustados a derecho.

Luego de citar la normativa aplicable de la pensión gracia, esto es, los artículos de 1º y 4º de la Ley 114 de 1913 y el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1 989, ultimó que, si bien es cierto que la señora Martha Isabel Martínez Vargas laboró como docente al servicio del Estado, también lo es que su vinculación señalada en el acta de posesión No. 137 es de carácter nacional y que en consecuencia la interesada no

que, si bien es cierto que la señora Martha Isabel Martínez Vargas laboró como docente al servicio del Estado, también lo es que su vinculación señalada en el acta de posesión No. 137 es de carácter nacional y que en consecuencia la interesada no tenía derecho a la pensión gracia, por cuanto, no demostró 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital.

Discurrió que los máximos órganos de la jurisdicción han reiterado que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa son los educadores locales o regionales.3

3 Extraído del fallo de tutela de primera instancia.Demandante: Martha Isabel Martínez Valoyes Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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1.7. Sentencia de primera instancia4

Con fallo de 6 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó la acción de tutela de la referencia por no encontrar configurados los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente planteados por la parte actora, debido a que la autoridad demandada efectuó el análisis de las pruebas allegadas al proceso de conformidad con el marco normativo aplicable y el criterio de la Sección Segunda

fáctico y por desconocimiento del precedente planteados por la parte actora, debido a que la autoridad demandada efectuó el análisis de las pruebas allegadas al proceso de conformidad con el marco normativo aplicable y el criterio de la Sección Segunda de esta corporación contenido en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018. Al respecto, el a quo precisó lo siguiente:

Entre los hechos relevantes probados en el expediente, se tiene que la señora Martha Isabel Martínez Valoyes nació el 19 de abril de 1955. Por tanto, para el 19 de abril de 2005 contaba con 50 años de edad. En cuanto a l a vinculación de la demandante y el tiempo de servicio se analizaron las siguientes pruebas: i) el formato único para la expedición de historia laboral del 25 de mayo de 2012, expedido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, según el cual, entre el 1° de febrero de 1978 y el 11 de diciembre de 1989 ejerció labores como docente en plaza departamental, ii) formato único para la expedición de historia laboral expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de 21 de febrero de 2011, en la que se registra vinculación como docente nacionalizado en propiedad desde el 16 de abril de 1982 al 8 de septiembre de 1994, el 9 de septiembre de 1994 y el 21 de agosto de 2005, el 10 de agosto de 2005 y el 21 de febrero de 2011, iii) la Re solución 012 del 9 de febrero de 1978, mediante la cual se nombró como maestra en Centro Bellavista a la señora Martha Isabel Martínez, en reemplazo del señor Ramón Sánchez Manyoma y iv) Acta de

1978, mediante la cual se nombró como maestra en Centro Bellavista a la señora Martha Isabel Martínez, en reemplazo del señor Ramón Sánchez Manyoma y iv) Acta de posesión 137 del 20 de febrero de 1978.

En ese orden, adujo que en la providencia censurada se indicó que en la sentencia unificación de 21 de junio de 2018 se estableció que el medio de prueba idóneo en las controversias relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia es la copia de los actos administrativ os «en donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales». Además, se precisó que el requisito también se puede demostrar «con la re spectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

Por lo anterior, concluyó que la Subsección A de la Sección Segu nda del Consejo de Estado no incurrió en alguna vía de hecho, comoquiera que el estudio del caso del proceso ordinario derivó en la ausencia de cumplimiento de la exigencia relativa a que el servicio debió prestarse en una plaza docente del orden territorial.

Ello, aunado a que el escrito de tutela no contaba con un desarrollo argumentativo suficiente a partir del cual se sustentara la configuración de los defectos endilgados por la tutelante, lo cual daba cuenta de que el origen de este mecanismo constitucional no va más allá de la simple inconformidad de la señora Martínez Valoyes con una decisión desfavorable a sus intereses, y que lo pretendido consiste en ejercer una

no va más allá de la simple inconformidad de la señora Martínez Valoyes con una decisión desfavorable a sus intereses, y que lo pretendido consiste en ejercer una

4 Fallo que se notificó vía electrónica el 14 de agosto de 2023.Demandante: Martha Isabel Martínez Valoyes Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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tercera instancia de la causa ordinaria para recabar en un debate jurídico y probatorio que se surtió en sede del juez natural.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 22 de agosto de 2023, la señora Martha Isabel Martínez Valoyes alegó que los fundamentos de la acción de tutela son suficientes y concretos por cuanto «se expusieron cada uno de ellos y se indicó que se trataba de defecto fáctico por errónea valoración de las pruebas, por lo que tal interpretación o apreciación conlleva una limitación que desborda la naturaleza misma de este mecanismo».

Así, insistió que en el fallo dictado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se incurrió en un defecto fáctico por la errónea apreciación de algunas piezas documentales, en los siguientes términos:

1. Por ninguna parte de la Resolución 012 del 9 de febrero de 1978, se indica que la señora MARTHA ISABLE MARTINEZ VALOYES, ocuparía la misma plaza nacional de

algunas piezas documentales, en los siguientes términos:

1. Por ninguna parte de la Resolución 012 del 9 de febrero de 1978, se indica que la señora MARTHA ISABLE MARTINEZ VALOYES, ocuparía la misma plaza nacional de quien renuncia;

1. El Acta de posesión No. 137 del 20 de febrero de 1978 tampoco indica que la plaza que será ocupada por la docente posesionada es de carácter nacional, pues solo hace relación a quien renuncia;

1. Ni en la expedición de la Resolución 012 del 9 de febrero de 1978, ni en el acto de posesión interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional, como integrante de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, para que se le catalogue como docente nacional, en el entendido que solo participó en su elaboración y posesión el representante legal del ente territorial (alcalde municipal);

1. Los dineros con que se remuneró a la docente MARTHA ISABEL MARTÍNEZ VALOYEN no provenían del Ministerio de Educación Nacional, pues de las planillas de pago se aprecia que su retribución provenía del municipio de Buenaventura o departamento del Valle del Cauca (PE RSONAL NACIONALIZADO), y;

1. existen varias pruebas documentales (desechadas por la entidad accionada), que establecen o señalan sin equívoco alguno, que el nombramiento de la señora MARTHA ISABEL MARTÍNEZ VALOYES es de carácter departamental, pruebas estas que nunca fueron tachadas de falsas por CAJANAL o por la UGPP y que se expidieron en diferentes fechas, por lo que gozan de presunción de legalidad,

MARTHA ISABEL MARTÍNEZ VALOYES es de carácter departamental, pruebas estas que nunca fueron tachadas de falsas por CAJANAL o por la UGPP y que se expidieron en diferentes fechas, por lo que gozan de presunción de legalidad, por lo que no es de recibo que se desechen de la manera que lo hace la entidad accionada.

Agregó que, ante la existencia de 2 pruebas contradictorias entre sí como ocurrió en este evento, al juez ordinario le corresponde acoger aquella que provea suficiente claridad y que demuestre cuál fue «el tipo de relación y con que autoridad se desarrolló la vinculación» de la accionante, comoquiera que el pago de su salarioDemandante: Martha Isabel Martínez Valoyes Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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y demás emolumentos laborales no provenían del Ministerio de Educación Nacional, sino de un «ente municipal o departamental a lo sumo.»

Por último, aseguró que no pretende ejercer un grado adicional a los del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho . A su juicio, el escrito de tutela cumple con la jurisprudencia en el entendido de que no ataca la interpretación de los jueces de naturales «sino la forma en que valoraron o apreciaron las pru ebas decretadas y recaudadas». En ese sentido, resaltó que, si lo alegado radica en «revivir la instancia,

naturales «sino la forma en que valoraron o apreciaron las pru ebas decretadas y recaudadas». En ese sentido, resaltó que, si lo alegado radica en «revivir la instancia, nunca habría lugar a corregir las violaciones de derechos fundamentales, pues siempre quiérase o no se volverá sobre los pasos ya caminados».

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de tutela de 6 de junio de 2023 , por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó la acción de tutela, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 . del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la s ala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 6 de junio de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, negó esta solicitud de amparo.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125 unificó

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de TutelaImportancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 6 El recuento de esos criterios se encuentra e n las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.Demandante: Martha Isabel Martínez Valoyes Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación si mplemente se refirió a los « fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación si mplemente se refirió a los « fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, e n virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la s ala resulta necesario anunciar que , en consonancia con el análisis efectuado por el a quo , el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo elevada por la señora Martha Isabel Martínez Valoyes no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en l a sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.4.1.1. En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta circunstancia excluye « su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta circunstancia excluye « su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU -128 de 2021, oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una insta ncia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar

7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramíre z Ramírez.Demandante: Martha Isabel Martínez Valoyes Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2023-02305-01

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que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada » a las garantías superiores inv ocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la

con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y, (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.9

Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 10; es decir, el reclamo debe ser «trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales».11

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o económica, esto es, cuando se limita a: (1) la de