CE - 110010315000202302310001SENTENCIA20230629165534

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00

Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02310-00

Demandante: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías . Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la se ñora Gloria Luc ía Ruiz Gómez , quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Quindío, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso , seguridad social , a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la

amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso , seguridad social , a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, supuestamente vulnerados con las sentencia de 13 de abril de 2023 , mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 63001-33-33-0062022-00067-02.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que, el 19 de octubre de 1997, se vinculó como docente al municipio de Armenia y que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 20 20, por lo que presentó una petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y la Fiduprevisora S.A. , con el fin de que se materializara el pago de estas y la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sin obtener respuesta alguna.

Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el F FOMAG omag, Fiduprevisora S.A. y el municipio de Armenia, con el fin de que se anulara el acto ficto negativo y cancelara la sanción moratoria por el pago

el F FOMAG omag, Fiduprevisora S.A. y el municipio de Armenia, con el fin de que se anulara el acto ficto negativo y cancelara la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00

Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ

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Indicó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circu ito de Armenia en sen tencia proferida en el curso de la audiencia concentrada (inicial, pruebas, alegaciones y juzgamiento) de 29 de junio de 2022 , negó las pretensiones, pues el demandante “se encontraba a afiliada al FOMAG, expresando que la sanción por mora solo opera para aquellos docentes que NO son afiliados a este fondo prestacional del magisterio, pues los primeros poseen un régimen especial de cesantías”.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, en el que señaló un abundan te número de sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. El Tribunal Administrativo del Quindío en fallo de 13 de abril de 2023, la confirmó íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis ”, supuestamente vulnerados con la sentencia de 1 3 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho cuyo objeto era el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

En primer lugar, se refirió a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales , específicamente frente a la relevancia constitucional sostuvo que “el asunto si tiene relevancia constitucional, por cuanto dentro del escrito de la acción de tutela se plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata del derecho fundamental al debido proceso, asimismo, se evidencia u na violación directa a la Constitución por la omisión a la aplicación del principio de favorabilidad, así como también, al final del ejercicio este estudio desemboca en el derecho fundamental a la seguridad social”.

De otro lado, afirmó que la sentencia o bjetada incurrió defecto sustantivo, pues la autoridad judicial accionada desconoció el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el cual es aplicable a los docentes del sector oficial teniendo en cuenta que también son servidores públicos.

Agregó que el tribuna l accionado desconoció el artículo 10 de la Ley 91 de 1989

cual es aplicable a los docentes del sector oficial teniendo en cuenta que también son servidores públicos.

Agregó que el tribuna l accionado desconoció el artículo 10 de la Ley 91 de 1989 que establece la obligación de consignar las cesantías al FOMAG. En ese sentido, explicó lo siguiente:

“Este artículo contempla sin realizar ninguna elucubración mental diferente, la expresión: “ ... La deuda liquidada a cargo de la Nación que resulte de los convenios interadministrativos celebrados entre la Nación y las entidades territoriales se pagarán al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio…”, es decir es necesario la transferencia de estos recursos del patrimonio de la Nación – Ministerio de Educación Nacional y de las entidades territoriales al patrimonio del Fomag, situación que controvierte los argumentos expuestos en la sentencia de reproche en la presente acción de tutela contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Departamento del Quindío, pues es claro que para poder cancelar las cesantías a los docentes, se necesita que el patrono, en este caso las entidades territoriales y la Nación hayan transferido los recursos al Fomag”.

Indicó que la autoridad judicial accionada confunde la existencia de un régimen especial de cesantías de los docentes con la obligación de consignar las cesantías al respectivo fondo de cesantías que, en el caso de los docentes, es el FOMAG.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00

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Luego, señaló que el Tribunal Administrativo el Quindío incurrió en violación directa de la Constitución , toda vez que desconoció del artículo 53 de la Constitución Política, que consagra el principio de favorabilidad. Explicó en este punto que han existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin que conlleve tal situación al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial (sentencias C -741 de 2012 1 , C486 de 2016 2 , SU-336 de 2017 3 y SU-098 de 2018 4 ).

Por otro lado, la accionante alegó el defecto por desconocimiento del precedente judicial, pues el Consejo de Estado ha establecido la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados del FOMAG, al considerar que no existe un régimen especial de cesantías porque se liquidan de la misma forma como se liquidan las de los demás empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los intereses que se liquidan de acuerdo a la DTF sobre el saldo acumulado.

Señaló que l a decisión cuestionada es contraria a lo expresado por la Sección Segunda del Consejo de Estado “en más de 22 ocasiones entre los años 2021,

saldo acumulado.

Señaló que l a decisión cuestionada es contraria a lo expresado por la Sección Segunda del Consejo de Estado “en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023”, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de que resulta vinculante p ara el Tribunal Administrativo del Quindío, en tanto son proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica.

Por lo anterior, elaboró un listado con las sentencias pro feridas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, que considera desconocidas por la autoridad judicial accionada, respecto de algunas efectuó una transcripción in extenso de sus apartes, tales como:

• Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020. Expedi ente No 08001 -23-33-000-201300666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01. M.P.

Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 29 de julio de 2019. Expediente No. 11001 -0315-000-2018-03499-01. M.P.

Nicolás Yepes Corrales.

• Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001 -23-33-000-2014-00173-01. M.P.

Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001 -23-33000-2014-00208-01. M.P.

Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001 -23-33000-2014-00208-01. M.P.

Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-00254-01. M.P.

William Hernández Gómez.

• Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-00132-01.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-31-000-2014-00815-01. M.P.

Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-33000-2015-00331-01. M.P.

César Palomino Cortés.

1

M.P.: Nilson Pinilla Pinilla

2

M.P.: María Victoria Calle Correa.

3

M.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo.

4

M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00

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• Sentencia de 4 de noviembre de 2021. E xpediente No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02. M.P.

William Hernández Gómez.

www.consejodeestado.gov.co 4

• Sentencia de 4 de noviembre de 2021. E xpediente No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02. M.P.

William Hernández Gómez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00445-02. M.P.

Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 40001-23-40-000-2017-00134-01. M.P.

William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2015-90008-01.

M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2014-90022-01.

M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-2017-00931-01. M.P.

Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-2015-00075-01. M.P.

William Hernández Gómez.

• Sentencia de 28 de abril de 2022. Expediente No. 76001 -23-33-000-2013-00756-01. M.P.:

Carmelo Perdomo Cuéter.

• Sentencia de 9 de mayo de 2022. Expediente No. 080001 -23-40-000-2017-00795-01. M.P.

Rafael Francisco Suárez Vargas.

Carmelo Perdomo Cuéter.

• Sentencia de 9 de mayo de 2022. Expediente No. 080001 -23-40-000-2017-00795-01. M.P.

Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01. M.P.

Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 1 de julio de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01. M.P.

Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de agosto de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-00509-01. M.P.

César Palomino Cortés.

• Sentencia de 22 de septiembre de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-90124-01. M.P.

César Palomino Cortés.

Igualmente, se refirió al desconocimiento de las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional respecto de las cuales efectuó la transcripción de algunos de sus apartes.

• SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Por último, aludió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen para el Tribunal Administrativo del Quindío.

Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen para el Tribunal Administrativo del Quindío.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 13 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 63001 -3333006-2022-00067-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOC IAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones deRadicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00

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la decisión n o se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo

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la decisión n o se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecu encia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 17 de mayo de 2023, la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Quindío remitió el enlace de acceso a l expediente digital que contiene las actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la señora Gloria Luc ía Ruiz Gómez contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG, Fid uprevisora S.A. y el municipio de Armenia (radicado No. 63001-33-33-006-2022-00067-02).

5. Trámite procesal

Por auto de 12 de mayo de 2023, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado

5. Trámite procesal

Por auto de 12 de mayo de 2023, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a Fiduprevisora S.A., al municipio de Armenia y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación li bró los oficios 44271 a 44278 de 16 de mayo de 2023 5 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Quindío

En escrito de 17 de mayo de 2023, el magistrado ponente pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que la accionante lo que pretende es utilizar la acción de tutela como una tercera instancia a fin de obtener que se deje sin efectos una decisión judicial, adoptada al interior de un proceso contencioso administrativo en segunda instancia, que le fue desfavorable a sus intereses.

Indicó que no se le vulneró el derecho a la igualdad, pues el Tribunal Administrativo del Quindío ha sido coherente en sus decisio nes, en cuanto a confirmar la negación de las pretensiones en casos similares, providencias que han sido objeto de tutela y resueltas favorablemente por el Consejo de Estado al declarar la improcedencia de estas.

Sostuvo que no se violentó el precedente j udicial, pues se puso de presente en la

han sido objeto de tutela y resueltas favorablemente por el Consejo de Estado al declarar la improcedencia de estas.

Sostuvo que no se violentó el precedente j udicial, pues se puso de presente en la sentencia cuestionada la situación contradictoria que existía sobre el tema,

5 La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: yobanylopeznotijud@gmail.com, sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co; notjudicial2@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, jadmin06arm@notificacionesrj.g ov.co, j06admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co, servicioalcliente@armenia.gov.co, notificacionesjudiciales@armenia.gov.co y notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00

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adoptando la determinación de estarse a uno de los criterios que allí se exponen, para concluir que las pretensiones de la demanda no eran viables.

Señaló que no son atendibles las múltiples providencias citadas en extenso en el escrito de tutela, en las que se afirma se accedieron a las pretensiones, pues las mismas no constituyen precedentes para el Tribunal Administrativo del Quindío.

Señaló que no son atendibles las múltiples providencias citadas en extenso en el escrito de tutela, en las que se afirma se accedieron a las pretensiones, pues las mismas no constituyen precedentes para el Tribunal Administrativo del Quindío.

Finalmente, manifestó que la accionante hace un esfuerzo similar en la acción de tutela al realizado en las dos instancias del proceso ordinario para forjar su posición particular sobre el tema.

6.2. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia

En oficio de 17 de mayo de 2023, la juez titular del despacho pidió que se declara la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que se utiliza como una tercera instancia.

Afirmó que ll presente asunto no tiene relevancia constitucional, toda vez que lo discutido son derechos de carácter económico accesorio y no se trata de mínimos laborales, pues lo reclamado son sanciones e indemnizaciones moratorias.

Agregó que la controversia es de orden jurídico legal y no constitucional, en la que se debate la aplicación de una normativa prevista para servidores públicos a nivel general y trabajadores de derecho privado, no siendo aplicable a los docentes, toda vez que estos gozan de un régimen especial, respecto del cual no se avizora vulneración al derecho a la igualdad ni al principio de favorabilidad.

Resaltó que l os argumentos planteados en la providencia de primera instancia, donde se argumenta que la SU -098 de 2018 no resulta aplicable para resolver la controversia planteada, por no ser vincul ante al no tener similar o idéntico patrón fáctico, y al tratarse de un pronunciamiento aislado que no encuentra eco en toda

controversia planteada, por no ser vincul ante al no tener similar o idéntico patrón fáctico, y al tratarse de un pronunciamiento aislado que no encuentra eco en toda la línea jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a la compatibilidad constitucional del régimen especial de cesantías de los docentes.

Por último, manifestó que no son aplicables las decisiones del Consejo de Estado traídas a colación en sede ordinaria, así como en la solicitud de amparo, pues estas versan sobre casos de docentes que no tuvieron afiliación al FOMAG y, por lo tanto, no les había sido aplicado el régimen normativo especial de la Ley 91 de 1989.

6.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

En oficio de 19 de mayo de 2023, el Jefe de la oficina Asesora Jurídica pidió no acceder a las pretensiones de la acción de tutela y que se desvinculara a la cartera ministerial del presente trámite, teniendo en cuenta que no tiene injerencia en los hechos que la actora alega como causa de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

6.4. Respuesta de Fiduprevisora S.A.

En escrito de 9 de mayo de 2023, la integrante de la oficina de Coordinación de Tutelas solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se desvincule a la entidad fiduciaria.

Afirmó que de conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, no obstante,

Afirmó que de conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, no obstante, aseveró que esa modalidad de administración corresponde exclusivamente a lasRadicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00

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entidades administradoras de cesantías creadas por esa disposición dentro de las cuales no está el FOMAG, pues se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por lo tanto, aseveró que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

Señaló que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y que “los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia”. En ese punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.

Aseveró que existe una imposibilidad jurídica de crear cuentas individuales para

económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.

Aseveró que existe una imposibilidad jurídica de crear cuentas individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de “consignación de cesantías” pues en el caso de los docentes, tienen la posibilidad de retirar sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efec to, por lo tanto no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 pues esa figura se consagró para los eventos en que se da consignación tardía en las cuentas individuales lo que no ocurre en el caso de los docentes.

Indicó que la decisión judicial cuestionada no desconoce el precedente judicial, puntualmente, hizo referencia a la Sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional en la que ordenó a la Sección Segunda, Subsección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir un nuevo fallo en el que se tuviera en cuenta las consideraciones referentes a la aplicación del principio de favorabilidad e interpretación conforme a la Constitución sobre el derecho de los docentes al reconoci miento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990. Agregó que en cumplimiento de esa decisión se condenó al municipio de Santiago de Cali al reconocimiento y pago de la sanción moratoria “prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 199 9, equivalente a un día de salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 1 de

moratoria “prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 199 9, equivalente a un día de salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 1 de octubre del mismo año”.

Precisó que la sanción moratoria reclamada devenía del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende, tampoco realizó el pago de las cesantías, circunstancia que difiere del caso bajo análisis.

Indicó que en dicha providencia se advirtió que “la existencia de regímenes especiales no puede considerarse discriminatorio per se sin anal izar previamente las particularidades de cada caso concreto”.

Por último, manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales a la accionante, toda vez que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes judiciales vinculantes para la decisión adoptada.

7. Intervención de la actora frente a las respuestas de la acción de tutela

La actora presentó un escrito en el que se pronuncia frente a las respuestas dadas por el Tribunal Administrativo del Quindío, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y el Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, reiteró los argumentos expuestos en la demanda en torno al desconocimiento del precedente judicial que establece la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a la inexistencia de un régimen especial de cesantías para los docentes teniendoRadicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00

Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ

y a la inexistencia de un régimen especial de cesantías para los docentes teniendoRadicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00

Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ

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en cuenta que las mismas se liquidan anualmente como las de cualquier empleado del sector público o privado, el único aspecto diferencial es el pago de los intereses.

De igual forma, aportó c opia de la sentencia de tutela de 23 de marzo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado dentro del expediente No. 11001-03-15-000-2023-01063-00, , en la que se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante y ordenó al Tribunal Administrativo del Huila proferir una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en dicho fallo, frente a la aplicación de lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío con la sentencia de 13 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho cuyo objeto era el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías , vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis ”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, por no reconocer la sanción moratoria por la mora en el pago de las cesantías , supuestamente, al incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

De manera previa, en razón a que fue alegado por el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Sexto Administrativo d el Circuito de Armenia, la Sala deberá estab