CE - 110010315000202302311001SENTENCIA20230626165328

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

Accionante: César Ovidio Duque Daza

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-02311-00

Accionante: César Ovidio Duque Daza Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión.

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y restab lecimiento del derecho , en la que se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata n las leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 a docente oficial afiliado al FOMAG.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La S ubsección decide la acción de tutela instaurada por el señor César Ovidio Duque Daza contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, por la expedición de la sentencia del 13 de abril de 2023 , en el proceso

Duque Daza contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, por la expedición de la sentencia del 13 de abril de 2023 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-001-202200138-00 [02].

HECHOS

El señor César Ovidio Duque Daza afirmó que labora en el municipio de Armenia desde el 7 de febrero de 1994, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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Así mismo, indicó que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en su condición de empleador, no consignó las cesantías correspondientes a los servicios que prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( en adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajador del Estado.

Igualmente, señaló que el 26 de julio de 2021 , al haber transcurrido 5 meses sin que le fuera realizada l a respectiva consignación, solicitó, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de

reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embarg o, expuso que la ca rtera ministerial remitió la petición a La Previsora S.A. Compañía de Seguros , a pesar de no ser de su competencia, y nunca se le otorgó respuesta a su requerimiento.

Por consiguiente, manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Armenia y el 30 de septiembre de 2022 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia dictó sentencia de primera in stancia, en la que negó las súplicas de la demanda con el argumento de que la sanción moratoria solo aplica para los docentes que no son afiliados al FOMAG.

De la misma forma, expuso que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia, al considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción, conforme a lo sostenido por la jurisprudencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativo.

Además, refirió que el 13 de abril de 2023 el Tribun al Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, confirmó la decisión recurrida , luego de determinar que no existe una posición unificada sobre la materia y que, a su juicio, los docentes oficiales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimi ento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 50 de 1990 y 52 de 1975, dado que el

oficiales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimi ento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 50 de 1990 y 52 de 1975, dado que el régimen docente es especial y en la Ley 344 de 1996 se extendió aquella a los servidores de las entidades territoriales, con exclusión del sector docente oficial regido por la Ley 91 de 1989.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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INCONFORMIDAD

El accionante consideró que el Tribunal Administrativo de l Quindío, Sala Tercera de Decisión, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de jus ticia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis.

Para el efecto, en primer lugar, explicó que se cumpli eron cada uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales y, en segundo lugar, afirmó que se configuró una violación directa de la Constitución Política y un defecto sustantivo , porque la autoridad judicial accionada aplicó una postura restrictiva y con ello desconoció el artículo 53 constitucional, seg ún el cual debe aplicarse la situación más favorable al trabajador, en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho.

Al respecto, manifestó que han existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional aplicó el régimen gene ral a personas que están amparadas bajo

trabajador, en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho.

Al respecto, manifestó que han existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional aplicó el régimen gene ral a personas que están amparadas bajo uno especial , sin que ello conlleve al desconocimiento del principio de inescindibilidad; concretamente, expuso que aquella empleó la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores por el pago tardío de estas para los docentes del sector oficial, en las sentencias C741/12, C486/16, SU336/17 y SU098/18 , lo cual no implica la inobservancia de dicho principio, dado que existe un vacío normativo en el régimen especial que sí se encuentra regulado en el general en relación con dicha sanción.

Así mismo, sostuvo que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 202 3, en las que ha accedido al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a fa vor de docentes oficiales vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990 , en atención al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó la confianza legítima de que su proceso sería resuelto en el mismo sentido , en a tención al principio de seguridad jurídica; no obstante, el Tribunal accionado adoptó una decisión contraria.

Así, identificó las providencias dictadas, en su mayoría, por la s distintas subsecciones de la Sección precitada con las siguientes fechas y rad icados: 6 deRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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subsecciones de la Sección precitada con las siguientes fechas y rad icados: 6 deRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009 -000867-01 (4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018 -03499-01; 2 de diciembre de 2019, 201400173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, 2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, 2014-00254-01 (4960 -2017); 12 de noviembre de 2020, 2014 -00132-01; 17 de junio de 2021, 2015 -00031-01; 17 de junio de 2021, 2014 -00815-01 (4979-2017); 4 de noviembre de 2021, 2015 -00445-02 (0483 -20); 25 de noviembre de 2021, 2014-01127-01 (1002 -2021); 25 de noviemb re de 2021, 2017 -00134-01 (22082020); 11 de noviembre de 2021, 2015 -90008-01 (2387-2020); 11 de noviembre de 2021, 2014 -90022-01 (5154 -2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01

2020); 11 de noviembre de 2021, 2015 -90008-01 (2387-2020); 11 de noviembre de 2021, 2014 -90022-01 (5154 -2016); 20 de enero de 2022, 2017 -00931-01 (1001-2021); 3 de marzo de 2022, 2015 -00075-01 (2660 -2020); 28 de abril de 2022, 2013 -00756-01 (2224 -2020); 9 de mayo de 2022, 2017-00795-01 (26592020); 19 de mayo de 2022, 2019-00359-01 (4004 -2021); 1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, 2015 -00509-01 (2140-2020); y 22 de septiembre de 2022, 2015-90124-01 (2394-2020).

Sobre el particular, añadió que en los juzgados administrativos del país también existen precedentes judiciales de los años 2022 y 2023, en los que se ha reconocido el derecho a la sanción moratoria a docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la falta de consignación de las cesantías por parte del patrono, Ministerio de Educación Nacional, el 15 de febrero del 2021, al FOMAG y que corresponden a su labor como maestros oficiales en el 2020, como son las

sentencias con la s siguientes fechas y radicados: 23 de junio de 2022, 202200020-00; 9 de septiembre de 2002, 2022 -00115-00; 21 de septiembre de 2022, 2022-00085-00; 27 de septiembre de 2022, 2022-00095-00; 28 de septiembre de 2022, 2022-00066-00; 28 de septiembre de 2022 , 2022 -00065-00; 30 de septiembre de 2022, 2022-00109-00; 6 de octubre de 2022, 2022 -00072-00; 25 de octubre de 2022, 2022 -00122-00; 16 de noviembre de 2022, 2022 -00008-00; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.

Aunado a ello, consideró que si el accionad o pretendía efectuar un cambio de jurisprudencia debió argumentarlo de esa forma , pero ello no ocurrió en el asunto, pues lo único que aquel expresó fue que, primero, existía el principio de unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG —a pesar de que ello no es óbice para el reconocimiento reclamado, pues esa unidad no se predica de los recursos que aún no han sido transferidos por la cartera ministerial y, en todo caso, no puede confundirse con el momento en que deben girarse los recursos —, y,Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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segundo, que no había sentencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes reseñadas.

Adicionalmente, aclaró que no pueden admitirse los argume ntos esgrimidos por el Tribunal para determinar que no resultaba aplicable la Sentencia SU098/18, ante la ausencia de identidad fáctica, en la medida en que los docentes no se encontraban afiliados al FOMAG, pues, entre otros aspectos, aquellos que se vinculen con posterioridad al 1.° de enero de 1990 al servicio educativo estatal , en virtud del artículo 4 de la Ley 91 de 1989, serán afiliados automáticamente a ese fondo.

En esa medida, concluyó que 1) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida en la Constitución Política , y 2) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que están sometidos y la vinculación mediante nombramiento; por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 13 de abril de 2023 en el proceso que promovió, transgredió sus derechos

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 13 de abril de 2023 en el proceso que promovió, transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, dejar sin efectos el proveído precitado y proferir u no nuevo, en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó el máximo tribunal constitucional en la sentencia SU098/18 y la Sección Segunda de esta corporación , en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la demanda.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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TRÁMITE DEL PROCESO

El 10 de mayo de 2023 el magistrado ponente admitió la acción de tutela de la referencia mediante proveído, en el que se ordenó notificar y correr traslado, para que ejercieran su derecho de defensa, al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, como accionado; y a la Nación-Ministerio de Educación

referencia mediante proveído, en el que se ordenó notificar y correr traslado, para que ejercieran su derecho de defensa, al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, como accionado; y a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al municipio de Armenia, como terceros con interés en las resultas del proceso.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, fue notificado debidamente del auto admisorio de esta acción, pero no rindió informe alguno.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Secretaría de Educación Municipal de Armenia , por conducto de la secretaria de Educación Municipal (E), Paula Andrea Huertas Arcila, luego de efectuar un recuento sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para discutir providencias judiciale s, adujo que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, en la providencia aquí controvertida, indicó que la ausencia de normativa expresa mediante la cual se reconozca el derecho reclamado y de criterio jurisprudencial unificado tornaba improcedente el reconocimiento solicitado , y aclaró que los pronunciamientos en los que se ha definido la procedibilidad de la sanción deprecada se han proferido en asuntos con supuestos fácticos distintos.

En ese entendido, aseguró que las circunsta ncias del accionante no guardan identidad con las contenidas en l os antecedentes judiciales referenciados, por lo que no es factib le dictar una decisión favorable, so pena de crear carga s ilegítimas, irregulares o ilegales en materia prestacional del perso nal docente

identidad con las contenidas en l os antecedentes judiciales referenciados, por lo que no es factib le dictar una decisión favorable, so pena de crear carga s ilegítimas, irregulares o ilegales en materia prestacional del perso nal docente estatal, que claramente atentarían contra los recursos del FOMAG.

Así las cosas , aseveró que no se cumplen los requisitos generales ni específicos de procedencia de este mecanism o ni se denota la vulneración de algún derechoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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fundamental, sino que lo evidenciado es una simple inconformidad con la interpretación legal de la autoridad, con la que se busca desconocer la autonomía e independencia de aquella.

De otra parte, expresó que carece de legitimación material en la causa por pasiva, debido a que la competencia para la consignación de las cesantías por anualidad y el reconocimiento y pago de los respectivos intereses del personal docente estatal corresponde de manera exclusiva a la Nación —la que se encarga de la provisión de los recursos — y al FOMAG , a través de la Fiduciaria La Previsora S.A. —el cual realiza el reconocimiento y posterior pago de las cesantías y los respectivos intereses—, en virtud de los artículos 2 y 15, numeral 3, de la Ley 91 de 1989; 18, parágrafo 2, de la Ley 715 de 2001; y 2 del Decreto 3752 del 2003.

respectivos intereses—, en virtud de los artículos 2 y 15, numeral 3, de la Ley 91 de 1989; 18, parágrafo 2, de la Ley 715 de 2001; y 2 del Decreto 3752 del 2003. Adicionalmente, precisó que a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en educación les corresponde emitir los respectivos reportes de cesantías al FOMAG, lo cual se cumplió en el presente asunto.

Por lo tanto, coligió que su actuar se ha ajustado a las responsabilidades que le asisten, sin que le corresponda deber frente al pago o consignación de recurso alguno a favor del personal docente estatal, por lo que estimó que no existe mérito para la procedencia del presente trámite constitucional y requirió declarar su improcedencia.

El Ministerio de Educación Nacional , por medio de l jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, después de hacer referencia a las pretensiones del señor César Ovidio Duque Daza y de explicar el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, mencionó la naturaleza de la función judicial e independencia y autonomía de quienes la cumplen ; aseguró que en el caso en concreto no se evidencia violación alguna a los derechos del accionante y solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela.

OPOSICIÓN A LAS CONTESTACIONES

El actor allegó memorial, en el cual afirmó que la autonomía judicial no es absoluta, en tanto deben respetarse, de un lado, ciertos límites en la interpretación y aplicación de la ley y, de otro, el precedente judicial , pues de lo contrario se

El actor allegó memorial, en el cual afirmó que la autonomía judicial no es absoluta, en tanto deben respetarse, de un lado, ciertos límites en la interpretación y aplicación de la ley y, de otro, el precedente judicial , pues de lo contrario se prescindiría de un deber constitucional de cooperación para lograr un correctoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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funcionamiento de la administración de justicia. En esa medida, debe prevalecer la aplicación del principio de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica en las actuaciones judiciales.

Así mismo, expuso la necesidad de que se analice el presente asunto, ante la copiosa jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los empleados públicos que le prestan servicios al país, dentro de la cual se encuentra la Sentencia SU098/18, sobre el concepto y la finalidad del auxilio de cesantías, y los múltiples pronunciamientos de las altas cortes en cuanto al reconocimiento de la sanción moratoria de los docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Agregó que el argumento propuesto por e l Ministerio de Educación Nacional desconoce el contenido de la Ley 91 de 1989 y el desarrollo legal y jurisprudencial.

Adicionalmente, indicó que la sanción moratoria está consagrada en el numeral 3

Educación Nacional desconoce el contenido de la Ley 91 de 1989 y el desarrollo legal y jurisprudencial.

Adicionalmente, indicó que la sanción moratoria está consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 199 0, la cual se extend ió a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado desde el 31 de diciembre de 1996, según lo previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, lo cual incluye necesariamente a los docentes oficiales conforme se ha señalado en l as sentencias C741/12, C486/16 , SU336/17, SU 098/18 dictadas por la Corte Constitucional y la proferida el 18 de julio de 2018, expediente 2014 -00580-01, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese entendido, estimó que la inapli cación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 implica la transgresión a l principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Sumado a lo anterior, señaló que tampoco es de recibo el razonamiento de la cartera ministerial y la Fiduprevisora S.A. al afirmar que no existe un perjuicio irremediable, dado que el asunto se circunscribe a la obligatoriedad que recae en aquella y en la entidad territorial a la cual se encuentra adscrito el docente de garantizar el pago en tiempo y f orma del auxilio de cesantías , lo que conlleva al derecho fundamental a la seguridad social.

Igualmente, advirtió que el Consejo de Estado ha dictado alrededor de 21

garantizar el pago en tiempo y f orma del auxilio de cesantías , lo que conlleva al derecho fundamental a la seguridad social.

Igualmente, advirtió que el Consejo de Estado ha dictado alrededor de 21 sentencias en los últimos dos años, en las que ha sostenido que a los docentesRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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afiliados al FOMAG les es aplicable la Ley 50 de 1990, por lo cual la solicitud es que se otorgue un trato igualitario, en atención al principio mencionado , razón por la que no puede aceptarse la interpretación restrictiva del Tribunal Administrativo del Quindío sobre la existencia de un régimen especial para dichos docentes , máxime cuando la única diferencia con los demás empleados del país es que el valor de los intereses de las cesantías se paga al liquidar el DTF sobre el saldo acumulado.

En esa medida, precisó que la presencia de un régimen especial exige un mayor beneficio que la norma general; sin embargo, en el caso concreto no existe , pues son más onerosos los intereses de los demás trabajadores del régimen general que el de los docentes afiliados al magisterio

Además, puso de presente que existe una irregularidad, puesto que el FOMAG y la Fiduprevisora S.A., en defensa del Ministerio de Educación, adujeron que no existía la necesidad de consignar las cesantías cuando en el anterior plan de

Además, puso de presente que existe una irregularidad, puesto que el FOMAG y la Fiduprevisora S.A., en defensa del Ministerio de Educación, adujeron que no existía la necesidad de consignar las cesantías cuando en el anterior plan de desarrollo, en especial, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el Estado tuvo que apropiarse de 1.1 billones de pesos, con el fin de pagar las demandas que el primero de los mencionados ha recibido durante los últimos 7 años aproximadamente, justamente por no tener los recursos de la consignación de las cesantías de los docentes por parte del patrono al 15 de febrero de cada anualidad.

De otra parte, insistió en que en el presente asunto se cumplieron los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y se configu ró una violación directa de la Constitución Política por la no aplicación del principio de favorabilidad , contrario a lo manifestado en la contestación rendida por el Ministerio de Educación Nacional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción , la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra

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I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el j uez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos funda mentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

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proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las provi dencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutel a procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar la s exigencias generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, a la Sala le corresponde determinar si en el presente asunto se cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir la sentencia del 13 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02 311 -00

Accionante: César Ovidio Duque Daza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

Así, denota que 1) el asunto a resolver es de marc