CE - 110010315000202302352001SENTENCIADENIEGA20230629150859

Demandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación No: 11001-03-15-000-2023-02352-00 Demandante: CARMEN LILIANA ACOSTA CARDOZO Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO Temas: Tutela de fondo. Convocatoria 27 de 2018 de la Rama Judicial. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN En atención a que la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araújo Oñate resultó improbada en la sesión del 8 de junio de 2023, procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la señora Carmen Liliana Acosta Cardozo en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. I. ANTECEDENTES 1. La petición de amparo Mediante escrito radicado el 8 de mayo de 2023 en la ventanilla virtual del Consejo de Estado, la señora Carmen Liliana Acosta Cardozo, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, a la carrera administrativa y a los cargos públicos. Consideró vulneradas dichas

Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, a la carrera administrativa y a los cargos públicos. Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, pues en su criterio no se resolvieron de fondo todas las objeciones del recurso de reposición que interpuso contra la Resolución CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.Demandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00

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En concreto, pidió a esta Corporación: 2.1. PRETENSIONES PRINCIPALES 2.1.1. Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa, así como los derechos de acceso a la administración de justicia, acceso a la carrera administrativa y acceso a cargos públicos, como mecanismo principal, ante la ineficacia y/o falta de idoneidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto para atacar las resoluciones CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, a través de las cuales las entidades accionadas Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron los citados derechos. 2.1.2. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia que, en el término improrrogable de 48 horas o el que se establezca como necesario por la H. Corte, se sirva modificar la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023 y acceder a lo solicitado en el recurso de reposición formulado por la suscrita el 21 de septiembre de 2022, ampliado el 15 de noviembre de 2022, y proceda a RECOMPONER la media y la desviación estándar tenida en cuenta en la fórmula de calificación, una vez se excluyan los participantes que no cumplen los requisitos mínimos del cargo al que aspiran. 2.1.3. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la

Universidad Nacional de Colombia que, en el término improrrogable de 48 horas o el que se establezca como necesario por la H. Corte, se sirva modificar la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023 y acceder a lo solicitado en el recurso de reposición formulado por la suscrita el 21 de septiembre de 2022, ampliado el 15 de noviembre de 2022, y proceda a CALIFICAR nuevamente el examen presentado con exclusión de las preguntas cuestionadas en el recurso y/o validar las respuestas dadas de acuerdo con los argumentos expuestos y soportados en el recurso presentado. 2.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 2.2.1. Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa, así como los derechos de acceso a la administración de justicia, acceso a la carrera administrativa y acceso a cargos públicos, vulnerados por las entidades accionadas Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia con la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023, al no haber dado una respuesta de fondo, clara y congruente a cada uno de los argumentos que sirvieron de soporte al recurso de reposición formulado el 21 de septiembre de 2022, ampliado el 15 de noviembre de 2022. 2.2.2. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional deDemandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00

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Colombia que, en el término improrrogable de 48 horas o el que se establezca como necesario por la H. Corte, dé respuesta de fondo, clara y congruente a cada uno de los argumentos que sirvieron de soporte al recurso de reposición formulado el 21 de septiembre de 2022, ampliado el 15 de noviembre de 2022, y; asimismo, suministre de manera completa y literal, el enunciado, pregunta y opciones de respuesta de las preguntas No. 6, 28, 53, 55, 62, 69, 78, 117 y 124 del examen de conocimiento para el cargo de magistrado de Tribunal Administrativo, Código 270001, que se llevó a cabo el 24 de julio de 2022, así como la demás información que fue solicitada en el recurso.1 2. Hechos La accionante expuso los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto. Mencionó que por medio del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de selección y convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Señaló que se inscribió para el cargo de magistrado de tribunal administrativo y mediante la Resolución CSR22-0351 de 1.º de septiembre de 2022, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos realizada el 24 de julio de ese mismo año, en la cual obtuvo un puntaje no aprobatorio de 793,15. Narró que el 21 de septiembre de 2022 presentó recurso de reposición contra el anterior acto, el cual fue complementado mediante escrito del 15 de noviembre siguiente, en los que manifestó su desacuerdo con la calificación otorgada a las preguntas 6, 28,

793,15. Narró que el 21 de septiembre de 2022 presentó recurso de reposición contra el anterior acto, el cual fue complementado mediante escrito del 15 de noviembre siguiente, en los que manifestó su desacuerdo con la calificación otorgada a las preguntas 6, 28, 53, 55, 62, 69, 78, 117 y 124. Indicó que el 16 de enero de 2023 la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR23-0044, por medio de la cual resolvió no reponer la decisión controvertida. 3. Sustento de la vulneración Según la parte actora, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron sus derechos fundamentales invocados, toda vez que en la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023 no fueron resueltas de fondo las peticiones que expresó en el recurso de reposición y su escrito complementario. Al respecto, sostuvo que en ese documento se dio una única respuesta en forma general a todos los recurrentes, sin resolver de fondo y de forma individual su recurso. 1 Transcripción literal con énfasis del texto original.Demandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00

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Expresó que las solicitudes fueron agrupadas temáticamente en 35 ítems, cada uno de los cuales fue respondido con un argumento general. Manifestó que, en relación con las objeciones a las preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicos, la resolución se limita a reproducir la justificación de la institución educativa en torno a la pertinencia de la pregunta y la validez de la respuesta calificada como correcta, sin dar respuesta de fondo y congruente con los argumentos de la impugnación. Alegó que no se modificó, excluyó o invalidó alguna pregunta por ambigua, confusa, capciosa o impertinente, ni se declaró que había preguntas con varias opciones de respuesta, lo cual ponía de presente una perfección no muy frecuente en este tipo de pruebas. Recalcó que los cuestionamientos que planteó en su recurso fueron resueltos sin existir un pronunciamiento acerca de las normas, jurisprudencia y doctrina que citó como soporte para la validez de sus respuestas. 4. Trámite de la acción de tutela A través de auto del 12 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional, se dispuso la publicación del auto admisorio, así como del escrito de tutela y sus anexos, en la página web del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura; así mismo, se negó la solicitud de medida cautelar presentada por la accionante. Posteriormente, mediante auto del 8 de junio de 2023, se dispuso la remisión del expediente a quien ahora funge como ponente, debido a que la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araújo Oñate no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación. 5. Argumentos de defensa Realizadas las notificaciones de rigor, se dio la siguiente intervención: 5.1. Consejo Superior de la Judicatura

debido a que la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araújo Oñate no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación. 5. Argumentos de defensa Realizadas las notificaciones de rigor, se dio la siguiente intervención: 5.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial La directora de la dependencia en cuestión se opuso al amparo solicitado, bajo el argumento de que los reparos realizados a las preguntas 6, 28, 53, 55, 62, 69, 78, 117 y 124 fueron atendidos en los puntos 7, 13, 17, 18, 19 y 35 de la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, con base en la información proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia. Resaltó que no vulneró los derechos invocados pues dio respuesta clara, completa y de fondo al recurso de reposición y, además, no se observó inconsistenciaDemandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00

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alguna en el proceso de calificación de la prueba de la accionante, lo que dio lugar a que se confirmara el resultado obtenido por ella en la Resolución CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022. 5.2. Universidad Nacional de Colombia Se pronunció por intermedio del director del Proyecto Contrato 096 de 2018, quien solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Explicó que esa institución educativa brindó respuesta completa y de fondo a lo solicitado por la accionante a través de la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, toda vez que abordó las objeciones planteadas en el recurso de reposición. Puso de presente que tanto las preguntas controvertidas por la accionante, así como todas aquellas que integran las pruebas en los diferentes cargos, están orientadas a aspectos transversales de las áreas previamente informadas a los aspirantes, así como estructuradas en atención al protocolo de creación de la prueba que tiene su origen en el anexo técnico del contrato 096. Aseguró que las respuestas dadas a conocer tanto a la accionante como a los demás aspirantes contienen los elementos necesarios para la defensa contundente de las pruebas aplicadas, pues de su lectura se evidencia la adecuada estructura y mediante las justificaciones, la pertinencia para el cargo al cual aplicó la actora. Finalmente, advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para cuestionar actos administrativos y, en este caso, tampoco procede como mecanismo excepcional porque no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de

Competencia La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, al expedir la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, presuntamente sin resolver de fondo los reparos expuestos contra el acto que publicó los resultados del examen realizado dentro de la Convocatoria 27 de 2018 de la Rama Judicial.Demandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00

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Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i) generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto. 3. Generalidades de la acción de tutela El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991. Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19912, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado. Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de amparo se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten al menos sumariamente. 4. Caso concreto Según se tiene, la controversia planteada por la señora Acosta Cardozo gira en torno a la respuesta brindada en la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 a los cuestionamientos que expuso contra la Resolución CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, por medio de la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Entonces, consideró que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia no analizaron a profundidad las

de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Entonces, consideró que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia no analizaron a profundidad las objeciones que presentó respecto de las preguntas 6, 28, 53, 55, 62, 69, 78, 117 y 124 y sus respuestas. Bajo este contexto, la Sala advierte que si bien la actora aludió como vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, a la carrera administrativa y a los cargos públicos, en realidad el debate propuesto en la acción constitucional está dirigido a obtener la protección del derecho fundamental de petición. Quiere esto decir que en el caso que nos ocupa la tutela cumple el requisito de subsidiariedad, pues más allá de debatirse la legalidad de la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, la actora echó de menos un pronunciamiento de 2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.Demandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00

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fondo y congruente a las inquietudes referidas contra ciertas preguntas del examen. Visto así el asunto, resulta importante precisar que el derecho fundamental de petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta respuesta, según lo previsto en el artículo 23 de la Constitución. Cabe resaltar, que la autoridad requerida no está obligada a acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho que se concreta en la formulación de una petición se hace efectivo a través de la respuesta otorgada, cuya materialización resulta independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma. En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de manera eficaz para su debida materialización. En este caso, a juicio de la accionante no se ofreció una contestación de fondo a los planteamientos de su recurso de reposición frente a la calificación que obtuvo en el examen realizado en la Convocatoria 27 de 2018. Específicamente, la señora Acosta Cardozo planteó su inconformidad frente a las preguntas 6, 28, 53, 55, 62, 69, 78, 117 y 124, alegando de forma general que la opción que había marcado sí era correcta. Al respecto, planteó que la

la señora Acosta Cardozo planteó su inconformidad frente a las preguntas 6, 28, 53, 55, 62, 69, 78, 117 y 124, alegando de forma general que la opción que había marcado sí era correcta. Al respecto, planteó que la CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 se limita a reproducir la justificación de la institución educativa en torno a la pertinencia de la pregunta y la validez de la respuesta calificada como correcta, sin dar respuesta de fondo y congruente con los argumentos de la impugnación. Para resolver, resulta necesario comparar los reparos presentados por la accionante con el pronunciamiento efectuado en la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 y el anexo 2 de dicho documento: Objeciones y solicitudes presentadas en el recurso de reposición3 Contestación dada en la Resolución CJR23-0030 de 16 de enero de 2023 y en el Anexo 2 “respuesta objeciones” 4) La extensión de los enunciados de pregunta no cumple con los parámetros psicométricos previstos 13. Índices psicométricos de la prueba (validez, confiabilidad, discriminación, dificultad, 3 Trascripción literal del original con posibles errores.Demandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 para la prueba, en tanto no permitió que el examen se respondiera en el tiempo otorgado. 5) Los errores de concordancia entre las respuestas dada y las claves de respuesta, errores de cálculo, preguntas que no cumplen con los estándares de respuesta esperada, análisis cualitativo y estadístico del comportamiento psicométrico de los ítems que lleve a concluir que existe más de una respuesta correcta o problemas de redacción, el cumplimiento de los estándares técnicos de construcción, verificación, dificultad, metodología y especialidad serán sustentados una vez se agote la prueba de exhibición solicitada.

efectividad) -Análisis psicométrico de la prueba. “Como se mencionó en líneas previas, la totalidad de los ítems incorporados en el examen, fueron creados con la participación de destacados expertos en las diferentes materias y áreas del conocimiento jurídico de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia aplicable para validar los conocimientos de los aspirantes al concurso. Por ello, cada una de las preguntas diseñadas fue realizada bajo estrictos protocolos de diseño técnico y metodología especializada para este tipo de procesos, además de atender las condiciones de confidencialidad requeridas para este proceso en particular. Así mismo, con miras a la construcción final del banco de preguntas clasificadas por grado de dificultad, se contó con la verificación posterior y objetiva de expertos idóneos, previamente seleccionados y capacitados en la construcción de preguntas para procesos de selección, con iguales o superiores criterios de calidad y confidencialidad, así como con la coordinación y supervisión permanente del área de psicometría del operador técnico y científico del concurso, de manera tal que se garantizara la seguridad de la información y la absoluta confidencialidad del contenido de las pruebas. El área de psicometría está a cargo del diseño, la validación, los análisis psicométricos y la calificación de las pruebas escritas que hacen parte del presente proceso de selección. Una vez aplicadas las pruebas se realizó un análisis psicométrico completo con fundamento en las respuestas de los examinados, siguiendo estándares técnicos internacionalmente aceptados como los estándares para pruebas educativas y psicológicas (Standards for Educational and Psychological Testing, en inglés) de American Educational Research Association -AERA-, American Psychological Association

– APAy National Council on Measurement in Education - MNCE – edición del año 2014, que incluyen procedimientos estadísticos y análisis de contenido con el grupo de expertos encargados de la validación previa. Para tal efecto se revisaron los indicadores de confiabilidad, validez y se hicieron análisis de dificultad. En términos generales, la validez hace referencia al uso de los resultados obtenidos a través de la prueba y la confiabilidad a los factores que afectan la calidad de la evaluación de manera consistente mediante la prueba aplicada. La dificultad analiza el grado de facilidad/dificultad de la prueba a partir del desempeño de los concursantes. Al respecto, lo ideal en procesos de evaluación es balancear entre ítems difíciles y fáciles que permitan generar diferencias entre concursantes, por ello una prueba de nivel medio es adecuada para la evaluación. Así mismo los datos estadísticos psicométricos observados dan cuenta de la calidad de la prueba evidenciando que la misma fue adecuada para la evaluación tanto de los conocimientos como de las aptitudes. Ahora bien, la prueba de aptitudes tuvo una dificultadDemandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00

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media y una confiabilidad o consistencia interna alta, por lo que la Universidad puede garantizar que los datos obtenidos son altamente confiables y la medición de las aptitudes de los participantes fue precisa. Con relación a la prueba de conocimientos fue una prueba de dificultad media, la confiabilidad fue buena y adecuada para cada una de las pruebas desarrolladas según el cargo o conjunto de cargos agrupados.” (…) 18. Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar. “Como se ha señalado reiterativamente, las metodologías y procedimientos empleados en la construcción de ítems, contaron con la verificación posterior y objetiva de expertos previamente seleccionados y capacitados en la construcción de preguntas para procesos de selección, con iguales o superiores criterios de calidad y confidencialidad, y con la coordinación y supervisión permanente del área de psicometría del operador técnico y científico del concurso, con miras a la construcción final del banco de preguntas clasificadas por grado de dificultad. En este sentido y luego de la revisión detallada de los ítems incluidos, se concluye que cumplen con todos los requisitos y estándares técnicos de construcción, verificación, dificultad, metodología y confidencialidad requeridos para la elaboración de pruebas en esta clase de procesos de selección, por lo que los mismos no son susceptibles de modificación, exclusión o invalidación, por no ser ambiguos, confusos, capciosos o impertinentes. Se advierte que para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, NO hay preguntas con varias opciones de respuesta o también denominadas multiclave. Así las cosas, no es

procedente recalificar los puntajes, toda vez que no se excluyó ninguna pregunta y no se evidencia razón alguna para proceder a la modificación de la calificación.” PREGUNTA 6. Clave: D Examen: C Lectura: Cómo combatir la Pos verdad?: Esta lectura tiene como idea central que para combatir la pos verdad se exige el pensamiento crítico “bien entendido” en donde no se trata de determinar la causa de la posverdad, sino de respetar la verdad independientemente de nuestra afiliación política. En el cuestionario se preguntó: “De acuerdo con el texto qué implicaría el pensamiento crítico bien entendido?”. Sin embargo, la Universidad Nacional calificó como respuesta correcta la letra D), esto es: “ cultivar el deseo de conocer los hechos…”. Ello, desconociendo que la opción “C” es la correcta, porque la idea central del párrafo sostiene que para llegar al pensamiento crítico bien entendido debe respetarse la verdad al margen de cualquier alineación política, y, justamente, la opción C

Pregunta No. 6 (…) La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque no necesariamente se debe rechazar la adopción de una postura política; lo que sí se requiere es que alinearse con esa postura no influya en la búsqueda de la verdad. La opción D es la respuesta correcta porque el inicio del texto se refiere a la voluntad de superar la apatía como un elemento que puede añadirse al pensamiento crítico, lo cual indica que el pensamiento crítico y la ausencia de apatía son aspectos separados, y que se puede tener una sin tener la otra.Demandante: Carmen Liliana Acosta Cardozo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02352-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 indica: “Rechazar el compromiso con una postura política”. PREGUNTA 28. Clave: A Examen: C La pregunta No. 28 establece que: si se aumenta el presupuesto de un proyecto, entonces se podrá contratar más gente y si esto pasa, se disminuiría el desempleo. Sin embargo, no se contrató más personal. Acorde con esta información, la Universidad consideró como respuesta correcta la A, según la cual no se aumentó el presupuesto, pero podría disminuir la tasa del desempleo. Tal respuesta es incorrecta, pues según el texto la forma para disminuir la tasa de desempleo es contratar más personal, dado que no ocurrió esto, la respuesta correcta era la C, es decir, no se aumentó el presupuesto, ni disminuyó la tasa de desempleo.

Pregunta No. 28 La opción A es la respuesta correcta porque si se considera como verdadera la afirmación “si se aumenta el presupuesto del proyecto, se puede contratar más personas”, pero se niega que se contraten más