CE - 110010315000202302369011SENTENCIA20230919121731

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: JOHANNY AGUILLÓN OSMA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora co ntra la sentencia del 8 de junio de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , por medio de la cual se negó la solicitud de amparo de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 8 de mayo de la presente anualidad, el señor Johanny Aguillón Osma, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

Administrativo del Quindío, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el Tribunal Administrativo del departamento del Quindío en la sentencia proferida el día 30 de marzo de 2023, en el expediente rad. No. 63001-3333-001-2022-00075-02, transgredió los derechos fundamentales: al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretac ión de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la

1 La Sala advierte que, el 31 de agosto de 2023, el expediente ingre só al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente jud icial vertical, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vuln erando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal Administrativo del Quindío; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, a tendiendo la multiplicidad de

fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Tribunal Administrativo del Quindío; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, a tendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SAND RA

LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

- Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER 3 11001-0315000201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS

- Dr. GUILLERMO

11001-0315000201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS

- Dr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 5 08001-23-33000201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 6 08001-23-31000201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA HERNÁNDEZRadicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3

8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 – 2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 9 08001-23-33000201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 10 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 12 40001-23-40000201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 080001-23-40000201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 14 080001-23-40000201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 16 080001-23-33000201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 17 76001-23-33000201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH IBARRARadicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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18 080001-23-40000201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

19

de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33000201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 20 47-001-2333000-20190037601 (44622021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 21 08001-23-33000201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 22 08001-23-33000201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguie ntes hechos jurídicamente relevantes:

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguie ntes hechos jurídicamente relevantes:

Desde el «12 de junio de 2006», el señor Johanny Aguillón Osma labora como docente al servicio del «municipio de Armenia». Además, se encuentra afiliad o al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 19 de julio de 2021, el hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y al Fomag el reconocimiento y el pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indem nización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, petición que fue remitida a la Fiduprevisora S.A., sin que se le hubiera dado respuesta alguna.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Aguillón Osma demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al municipio de Armenia, con el fin de que se declarara la nulidad del acto

2 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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administrativo ficto derivado del silencio frente a la petic ión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la

Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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administrativo ficto derivado del silencio frente a la petic ión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 18 de agosto de 2022, el Ju zgado Primero Administrativo de Armenia negó las súplicas de la demanda, por considerar que el señor Aguillón Osma se encontraba afiliado al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamen to en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providencia del 30 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío modificó parcialmente la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Armenia y confirmó lo restante, bajo el argument o de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso del señor Aguillón Osma, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del

restante, bajo el argument o de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso del señor Aguillón Osma, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del departamento de Risaralda y se encontraba cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no existía un precedente consolidado de obligatoria aplicación y, por tanto, en aplicación del pr incipio de autonomía e independencia judicial, consideró que el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento d el plazo legal las sanciones establecidas en dichas normativas. Pero, insi stió, dicho régimen no se aplica al sector docente, sino a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

Precisó que, si bien desde el año 2020 la Sección Segunda del Consejo de Estado ha emitido algunas sentencias que extienden a favor de docentes oficiales laRadicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas, lo cierto es que dicho pronunciamiento no tuvo en cuenta el análisis realizado por la Corte Constitucional en la SU–573 de 2019.

1.3. Argumentos de la tutela

anualizadas, lo cierto es que dicho pronunciamiento no tuvo en cuenta el análisis realizado por la Corte Constitucional en la SU–573 de 2019.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Quindío desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 22 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU -2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtu d del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recu rsos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

de los recu rsos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, p ues, como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accio nada desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que « existe una abierta discordancia, entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023 y la decisión adoptada el 30 de marzo de 2023 por el Tribu nalRadicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Administrativo del Quindío, en el expediente radicado No. 63001 -3333-001-202200075-02».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 12 de mayo de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se n otificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Quindío, como parte demandada, y, como terceros con interés, al Ministerio de Educación Nacional y al municipio de Armenia.

2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administrado ra del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue cr eado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Además, solicitó que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.3. El Municipio de Armenia - Secretaría de Educación solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo. Para tal efecto, manifestó que (i) no vulneró

observó las garantías procesales.

2.3. El Municipio de Armenia - Secretaría de Educación solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo. Para tal efecto, manifestó que (i) no vulneró los derechos fundamentales alegados por la parte actora y (ii) el pago de las cesantías al Fomag ingresan mediante un giro global, el cual no tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afiliados. Advirtió, además, que esos recursosRadicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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provienen de la Nación y del Sistema General de Participaciones para el sector educativo, situación que no es competencia del municipio.

2.4. El Ministerio de Educación Nacion al, por conducto del jefe de la oficina asesora jurídica, señaló que dicha entidad no es responsable de la conducta cuya omisión generó la vulneración alegada. Que, por tanto, carece de competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la tutela, por lo que solicitó que se le desvinculara de la acción de la referencia.

2.5. En memorial del 24 de mayo de 2023, el apoderado de la parte actora se pronunció respecto de las contestaciones dadas por el Ministe rio de Educación Nacional y el Fomag. En esta oportunidad, reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela e indicó que dicha entidad tiene la obligación de garantizar el pago «en tiempo» de las cesantías a los docentes oficiales.

De otra parte, indicó que la solicitud de amparo cumplió los requisitos generales y

acción de tutela e indicó que dicha entidad tiene la obligación de garantizar el pago «en tiempo» de las cesantías a los docentes oficiales.

De otra parte, indicó que la solicitud de amparo cumplió los requisitos generales y específicos de procedencia la tutela contra providencias judiciales y, por ende, debe ser estudiada de fondo.

2.6. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 8 de junio de 2023, negó el amparo de los derechos fundamentales alegados en la presente solicitud de amparo.

En su criterio , primero, porque la providencia del 30 de marzo de 2 023, emitida por el Tribunal Administrativo del Quind ío, no desconoció el precedente fi jado por las sentencias C -741 de 2012, C - 486 de 2016 , SU - 336 de 2017 y SU-098 de 2018, debido a que resultan fáctica y jurídicamente diferente a l caso sub lite , pues, por ejemplo, pese a que en esos casos la Corte Constitucional accedió al amparo solicitado, lo cierto es que , entre otras características, allí los accionante tenían su fundamento en que carecían de la calidad de servidores públicos.

Resaltó que la Corte Con stitucional, mediante la SU–573 de 2019, aclaró que la SU 098 de 2018 no constituía precedente aplicable para los eventos en los que losRadicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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docentes oficiales (i) estuvieron inscritos en el escalafón de carrera con nombramiento en propiedad, (ii) tuvieran vinculación laboral vigente con e l respectivo ente territorial, (iii) fueran afiliados al Fomag y (iv) no hayan solicitado el pago efectivo de las cesantías.

Agregó que la autoridad judicial accionada , en aplicación del principio de autonomía judicial, determinó que no e ra viable aplicar las disposiciones consagradas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido a que las cesantías de los docentes oficiales no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 , bajo el principio de unidad de caja. Así lo mencionó:

Ahora bien, en la sentencia ac usada los magistrados de la sala tercera de decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, en virtud de su autonomía judicial, determinaron que no era dable aplicar la sanción moratoria por cancelación tardía de las cesantías anualizadas al personal docente, con el argumento de que ni la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado han examinado el principio de unidad de caja, conforme al cual se sufragan las prestaciones sociales a los maestros y que impide tenerlos como be neficiarios de dicha sanción, en razón a que los recursos enviados al Fomag no ingresan a la cuenta individual de ellos antes del 15 de febrero de cada año, sino en forma global, en esa medida, no se configura la mora en el pago de ese tipo de

que los recursos enviados al Fomag no ingresan a la cuenta individual de ellos antes del 15 de febrero de cada año, sino en forma global, en esa medida, no se configura la mora en el pago de ese tipo de emolumento, dado que no existe obligación legal de efectuar la respectiva consignación del modo previsto en la Ley 50 de 1990.

Agregó que el Tribunal Administrativo de l Quindío argumentó la razón de la decisión bajo los criterios de suficien cia y transparencia, por lo que «no puede entenderse como desconocimiento del precedente jurisprudencial, puesto que, en efecto, ni la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado han emitido pronunciamiento alguno relacionado con el referido principio de unidad de caja».

Y, en segu ndo lugar , la autoridad judi cial accionada no incurrió en un defecto sustantivo, pues efectuó una interpretación razonable del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al determinar que los docentes oficiales no pueden ser destinatarios de esta, debido a que se rigen por el principio de unidad caja.

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la tutela y solicitó que se revoque la providencia en mención y, enRadicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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su lugar , se ampare los derechos fundamentales alegados en la solicitud de amparo de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

10

su lugar , se ampare los derechos fundamentales alegados en la solicitud de amparo de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 8 de junio de 2023, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el cual se negó la solicitud de amparo.

Para el efecto, primero se deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se hubiera cumplido tal requisito , jun to con los demás exigidos por la jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establecer si la s autoridades demandadas vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de a gosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la releva ncia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el ju ez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derec hos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».Radicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicion al de los procesos judiciales, pues los principios de seg uridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad so cial, a la igualdad y

excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad so cial, a la igualdad y de acceso a la administración de j usticia, con ocasión de la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 18 de agosto de 2022, por el Juzgado Primero Administrativo de Armenia, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Johanny Aguillón Osma

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Aguillón Osma carece de relevanci a constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter leg al e indudablemente se direcciona a un debate de índole económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el

la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional,Radicación: 11001-03-15-000-2023-02369-01

Demandante: Johanny Aguillón Osma Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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precisamente porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional.

Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irre nunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona qu e se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, si no a una penalidad p ara el empleador que no las consigna al