CE - 110010315000202302393001SENTENCIA20230626212518

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-00

Demandante: María Inés Cubillos Cadena

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02393-00

Demandante: María Inés Cubillos Cadena

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección E

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Solicitud de aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, para efectos d el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes . Ausencia de desconocimiento de precedente jurisprudencial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora María Inés Cubillos Cadena en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Subsección E

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora María Inés Cubillo Cadena , por intermedio de apoderado ,2

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promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 11 de noviembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001-33-42-049-2018-00536-01 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal acceder a las pretensiones.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 26 de diciembre de 1981, los señores Juan Andrés Galvis y María Inés Cubillos Cadena contrajeron matrimonio por el rito católico, en la parroquia Santa Teresita del

Niño Jesús de Bogotá D. C., y de su unión nacieron tres hijos. Los cónyuges convivieron en forma permanente e ininterrumpida compartiendo techo, lecho y mesa

Niño Jesús de Bogotá D. C., y de su unión nacieron tres hijos. Los cónyuges convivieron en forma permanente e ininterrumpida compartiendo techo, lecho y mesa hasta el 28 de mayo de 1990, cuando el señor Juan Andrés Galvis falleció.

1. Dado que el causante laboró en la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca entre el 7 de noviembre de 1980 y el 27 de mayo de 1990, acreditando 492 semanas cotizadas, la señora María Inés Cubillos Cadena solicitó el reconocimiento de la pensión por sobrevivientes.

1. Mediante la Resolución 1686 del 15 de noviembre de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca le reconoció a la señora María Inés Cubillos Cadena una indemnización sustitutiva de pensión por sobrevivientes, prevista en el artículo 49 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001.

1. La señora María Inés Cubillos Cadena interpuso recurso de reposición solicitando la revocatoria de lo resuelto y, en su lugar, el reconocimiento de la pensión por sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite, pero a través de la Resolución 1881 de 14 de diciembre de 2017, la entidad no repuso la decisión.3

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1. La señora María Inés Cubillos Cadena promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

1. Por sentencia del 19 de octubre de 2021, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la demandada, denominadas «actuar en cumplimiento de un deber legal y presunción de legalidad del acto» y, con fundamento en ellas, negó las pretensiones contenidas en la demanda.

1. Mediante sentencia del 1 2 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, confirmó la decisión.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la accionante, el fallo del Tribunal incurrió en desconocimiento de precedente jurisprudencial, en atención a las siguientes circunstancias:

1. El Tribunal negó el reconocimiento de la pensión por sobrevivientes, al acoger el criterio jurisprudencial adoptado por el Consejo de Estado en la sentencia del 25 de abril de 2013, apartándose de lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia T–525 de 2017 , en torno a la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para resolver las solicit udes de la pensión de sobrevivientes regulado por regímenes especiales y anteriores.

T–525 de 2017 , en torno a la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para resolver las solicit udes de la pensión de sobrevivientes regulado por regímenes especiales y anteriores.

1. De haberse aplicado el principio de retrospectividad de la ley y realizar el análisis del caso a la luz de lo previsto por los artículos 46 y siguientes de la Ley 10 0 de 1993, con las modificaciones previstas por la Ley 797 de 2003, se habría determinado que el causante cotizó el número de semanas requerido para el reconocimiento de la pensión por sobrevivientes y que la convivencia entre los cónyuges se dio por un té rmino superior a cinco años hasta el momento del fallecimiento.4

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1. La irretroactividad de la ley no tiene un carácter absoluto y la finalidad de la retrospectividad consiste en la protección de los principios de equidad e igualdad y la superación de sit uaciones que afectan el valor de la justicia y la aplicación de las normas de conformidad con los cambios sociales, políticos y culturales

1. Para el caso, se imponía realizar el análisis a la luz de lo previsto en la Ley 100 de 1993, vigente al momento de decidir la controversia por parte del Tribunal —y no la vigente al momento del deceso — y que permitía unas condiciones o requisitos más flexibles para el reconocimiento de la prestación, permitiendo superar condiciones de

1993, vigente al momento de decidir la controversia por parte del Tribunal —y no la vigente al momento del deceso — y que permitía unas condiciones o requisitos más flexibles para el reconocimiento de la prestación, permitiendo superar condiciones de inequidad y desigualdad en las que se encuentra la demandante frente a otros afiliados al Sistema General de Pensiones.

1. Resulta desproporcionado, inequitativo y contrario a los preceptos constitucionales negar a la accionante el reconocimiento de la pensión por sobreviviente s y omitir dar aplicación al principio de retrospectividad, máxime si se tiene en cuenta que la entidad demandada reconoció la indemnización sustitutiva de pensión por sobrevivientes, prevista en los artículos 37 y 49 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1730 de 2001.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 15 de mayo de 2023 , el consejero Rafael Francisco Suár ez Vargas admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en calidad de accionados, y al Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, y a la Unidad Administrativa Esp ecial de Pensiones de Cundinamarca, como terceros interesados en las resultas del proceso; y comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, para que notificara del trámite constitucional, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, a todas las personas intervinientes en el medio de control de

y comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, para que notificara del trámite constitucional, en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, a todas las personas intervinientes en el medio de control de nulidad y restablecim iento del derecho con radicado 11001-33-42-049-2018-0053601, exceptuando a la señora María Inés Cubillos Cadena y a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca; debiendo enviar con destino al expediente de tutela las copias de las constancias de notificación derivadas de la comisión.5

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De igual forma, requirió al Tribunal para que enviara copia digital del expediente del proceso de nulid ad y restablecimiento del derecho con radicación 11001 -33-42-0492018-00536-01, en el que actuaron, en calidad de demandante, la señora María Inés Cubillos Cadena y, como demandada, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca; tuvo como pruebas, con el valor que les asigna la ley, los documentos aportados con la demanda; reconoció personería para actuar dentro del proceso al abogado Héctor Hugo Buitrago Márquez, portador de la tarjeta profesional n°. 122.126 del CSJ, según poder otorgado por la accionante, y que se encuentra contenido en el expediente digital; y ordenó remitir copia de la solicitud de

profesional n°. 122.126 del CSJ, según poder otorgado por la accionante, y que se encuentra contenido en el expediente digital; y ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a la parte demandada y a los terceros interesados para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tienen, y a rendir el respectivo informe.

1.2.2. El 25 de mayo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído a la señora María Inés Cubillos Cadena; al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E; al Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca,

1.2.3. El 26 de mayo de 2023, la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cundinamarca remitió el enlace de consulta del proceso requerido, y el 30 de mayo siguiente informó que revisado el expediente 11001 -33-42-049-2018-00536-01 no se encontraron terceros intervinientes para ser notificados de la acción de tutela.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda. El 26 de mayo de 2023, el juez Manuel Ricardo Laverde Enciso solicitó desvincular al despacho judicial o, en su defecto, denegar las pretensiones de la demanda, en atención a lo siguiente:

1. El despacho no vulneró los derechos fundamentales alegados por el a ccionante,

Enciso solicitó desvincular al despacho judicial o, en su defecto, denegar las pretensiones de la demanda, en atención a lo siguiente:

1. El despacho no vulneró los derechos fundamentales alegados por el a ccionante, toda vez que la decisión se adoptó conforme a la normativa aplicable, a las pruebas6

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arrimadas al proceso y a la independencia y autonomía judicial. El Juzgado profirió sentencia de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda, al verificar que el causante no percibía ninguna clase de pensión al momento de su fallecimiento

1. El primer problema jurídico que se abordó fue establecer si e l señor Juan Andrés Galvis (q.e.p. d.) cumplió con los requisitos para obtener la pensión de vejez que indica el literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945; y si la respues ta al anterior interrogante era afirmativa, se determinaría si era procedente ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la se ñora María Inés Cubillos Cadena; así, a l realizar el análisis del acervo probatorio con la norma que reguló la pen sión de vejez del causante, el d espacho concluyó que no era beneficiario de esta prestación, y, en consecuencia, no tuvo mérito para desarrollar el segundo problema jurídico planteado.

1.3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Seg unda,

beneficiario de esta prestación, y, en consecuencia, no tuvo mérito para desarrollar el segundo problema jurídico planteado.

1.3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Seg unda, Subsección E . El 29 de mayo de 2023, el magistrado Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon solicitó rechazar la acción de tutela o, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, en atención a lo siguiente:

1. La acción de tutela es improcedente porque no puede utiliz arse como una tercera instancia; además, la parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia con los argumentos expuestos como si pretendiera impugnarla (recurso de apelación), desconociendo que el asunto ya fue definido por la jurisdicción.

1. La corporación confirmó lo resuelto por el a quo, al evidenciar que la demandante no tiene derecho a la sustitución pensional prevista en el Decreto 3135 de 1968, y que tampoco es procedente el recon ocimiento de la pensión de sobrevivientes de que trata el Decreto 758 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad. Además, porque no es posible el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes establecida en la Ley 100 de 1993, con ocasión de la retrospectividad de la norma.

2. Consideraciones

2.1. Competencia7

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 2 5 del Acuerdo n.º 080 de 2019, 1 según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la secció n o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar , si la presente acción cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del 11 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-15-000-2023-02393-00. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar , si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, al ser negadas las pretensiones de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente reclamada, sin tener en cuenta la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993.

vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, al ser negadas las pretensiones de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente reclamada, sin tener en cuenta la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia s judiciales, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005 ,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas —aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción —, y causales específicas de procedibilidad —que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición—.

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado 2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T -567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.8

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3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-00

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Así, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trat e de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de l solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proc eso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se indicaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:

acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se indicaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto mat erial o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-15000-2023-02393-00, la Sala establece lo siguiente:

1. El 15 de noviembre de 2017 , a través de la Resolución 1686, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca reconoció y ordenó pagar a favor de la señora María Cubillos Cadena , en cuantía única, la suma de $3.075.245, por concepto de indemnización sustitutiva de9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-00

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sobreviviente, equivalente a 491.57 semanas cotizadas durante el periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 1980 al 27 de mayo de 1990.

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sobreviviente, equivalente a 491.57 semanas cotizadas durante el periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 1980 al 27 de mayo de 1990.

1. El 14 de diciembre de 2017, por medio de l a Resolución 1881, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca no repuso la decisión y, en su lugar, confirmó la decisión.

1. El 18 de diciembre de 2018, l a señora María Cubillos Cadena promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca en la que solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 1686 del 15 de noviembre de 2017 y 1881 del 14 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, condenar a la entidad a i) reconocer la pensión de sobrevivientes a partir de la fecha de fallecimiento del señor Juan Andrés Galvis, ii) pagar el retroactivo pensional, iii) reconocer y pagar los intereses m oratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, iv) indexar los dineros adeudados, y v) cancelar las costas y agencias en derecho.

1. El 19 de octubre de 2021, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la entidad accionada, denominadas «actuar en cumplimiento de un deber legal, pr esunción de legalidad del acto administrativo», y negó las pretensiones de la demanda.

1. El 11 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

de un deber legal, pr esunción de legalidad del acto administrativo», y negó las pretensiones de la demanda.

1. El 11 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, confirmó la decisión.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

La Sala encuentra satisfechos los requisitos de procedencia de la acción de tutela , puesto que : i) «reviste suficiente relevancia constitucional», al girar en torno a la10

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presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, 4 previsto en el artículo 29 de la Constitución Política; ii) «cumple con el requisito de subsidiariedad», ya que de los hechos y argumentos narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA; iii) «se presenta inmediatez», toda vez que la sentencia objeto de censura data del 11 de noviembre de 2022 , y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 9 de mayo de 2023, esto es, dentro del término de los seis meses previstos por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra

de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 9 de mayo de 2023, esto es, dentro del término de los seis meses previstos por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial;5 iv) «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial; v) «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, en tanto la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y adecuó sus al egatos a la configuración del defecto desconocimiento de precedente jurisprudencial; y vi) «no se cuestiona una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De esta forma, se impone en el caso abordar el estudio de los argumentos expuestos por la accionante, con fundamento en los cuales solicita el amparo de sus derechos fundamentales.

2.5.2. Análisis de procedencia del amparo invocado

Se controvierte en el caso la sentencia del 11 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección E , que confirmó la adoptada por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito

4 Sobre el particular, debe advertirse que e l Cons ejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado

4 Sobre el particular, debe advertirse que e l Cons ejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ), unificó jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. 5 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso , como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.11

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Judicial de Bogotá, Sección Segunda, en la que, al aplicarse el criterio jurisprudencial sentado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la sentencia del 25 de abril

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Judicial de Bogotá, Sección Segunda, en la que, al aplicarse el criterio jurisprudencial sentado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la sentencia del 25 de abril de 2013,6 se negó la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, para efectos d el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada por la señora María Cubillos Cadena.

En consideración de la accionante, el Tribunal desconoció la Sentencia T -525 de 2017, en la que la Corte Constitucional se pronunció en torno a la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para resolver las solicitudes de la pensión de sobrevivientes regulada por regímenes especiales y anteriores.

Pues bien, se tiene que en dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional estudió el caso de una persona de 78 años, con padecimiento de artritis de células gigantes, catalogada como enfermedad crónica de tratamiento permanente, quien en el año 2012 —confiada en el precedente jurisprudencial vigente — solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevi viente con ocasión de la muerte de su hijo, el cual falleció a los 23 años de edad, cuando se encontraba prestando sus servicios en calidad de agente de la Policía Nacional, institución en la que laboró por espacio de 1 año, 9 meses y 23 días.

En el análisis, la Corte concluyó que, en el asunto, existía una ostensible trasgresión a los derechos fundamentales de la demandante, sujeto de especial protección constitucional, puesto que, resultaba desproporcionado, inequitativo y en contra de la

En el análisis, la Corte concluyó que, en el asunto, existía una ostensible trasgresión a los derechos fundamentales de la demandante, sujeto de especial protección constitucional, puesto que, resultaba desproporcionado, inequitativo y en contra de la seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, aplicar la nueva postura adoptada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la sentencia del 25 abril de 2013, a una persona que acudió a la administración de justicia cuando se encontraba vigente un criterio jurisprudencial que había sido uniforme y pacífico durante 61 años, por lo que «al no aplicarse la retrospectividad de la Ley 100 de 1993, para efecto de reconocer la pensión de sobreviviente, se vulneraban los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, así como los principios a la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima».

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2013, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Expediente 76001 -23-31-000-2007-01611-01 (1605 -09). Actor: María Emilsen Larrahondo

Molina. Demandado: Nación, Ministerio d Defensa, Policía Nacional.12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-00

Demandante: María Inés Cubillos Cadena

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Según se advierte, el precedente constitucional acusado como desconocido, trata de

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Según se advierte, el precedente constitucional acusado como desconocido, trata de un caso en que se acudió al juez de lo contencioso administrativo el 6 de diciembre de 2012, cuando estaba en vigencia el criterio jurisprudencial sostenido por la Sección Segunda del Consejo de Estado desde el año 1951, esto es, con anterioridad a que la alta corporación profiriera la sentenc ia de unificación del 25 de abril de 2013, en la que cambió el criterio de decisión, mientras que, en el sub lite, la accionante presentó la demanda ordinaria el 18 de diciembre de 2018 , es decir, varios años después de que fuera proferida la sentencia uni ficadora, por lo que no se constituye en un caso con iguales supuestos fácticos.

La ratio decidendi