CE - 110010315000202302411001SENTENCIA20230630100812

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, obrando mediante apoderado, presentó acción de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 10 de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 660013333006201700186 -01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 660013333006201700186 -01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, Antonio de Jesús Martínez, Guillermo Martínez Raigosa, Carlos Emilio Raigosa Castillo, Elvia Arenas de Raigosa, Alba Ligia Raigosa Arenas, Amparo de Jesús Raigosa de Hernández, Luz Marina Raigosa Arenas, Teresa de Jesús Raigosa Arenas, Hernando de Jesús Raigosa Arenas, Jaime Antonio Raigosa Arenas, Mario de Jesús Raigosa Arenas y Luis Carlos Raigosa Arenas, presentaron demanda contra ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda y Cafesalud E.P.S. S.A., en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le s declarara administrativamente responsable s por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la muerte de la señora María

Consuelo Raigosa Arenas.

4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira profirió sentencia de

perjuicios ocasionados, como consecuencia de la muerte de la señora María Consuelo Raigosa Arenas.

4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira profirió sentencia de primera instancia el 28 de junio de 20 21, accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia de segunda instancia el 10 de noviembre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] 1. REVÓCASE EL NUMERAL QUINTO de la sentencia proferida por la Juez Sexta Administrativa de Pereira el día 28 de junio de 2021, dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin costas en esta instancia por las consideraciones expuestas […]”.

6. El Tribunal Administrativo de Risaralda consideró lo siguiente:

“[…] Así entonces, de acuerdo con la jurisprudencia que ha quedado transcrita y las pruebas que reposan en el plenario, como la historia clínica, la declaración del médico que atendió a la víctima y el dictamen pericial, se puede deducir que en el presente caso se incurrió en un error en el diagnóstico, pues las acciones llevadas a cabo por parte del profesional de la salud no fueron suficientes ni adecuadas, y como lo indica la sentencia atrás relacionada, dicha actividad no puede ser tomada a la ligera, sino que se deben agotar en la medida de lo posible el conjunto de pruebas que lleven a un diagnóstico acertado; y en la consulta efectuada el 8 de enero de3

lo indica la sentencia atrás relacionada, dicha actividad no puede ser tomada a la ligera, sino que se deben agotar en la medida de lo posible el conjunto de pruebas que lleven a un diagnóstico acertado; y en la consulta efectuada el 8 de enero de3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

2016 se actuó de manera precipitada al darle de alta a la paciente, basándose en el examen físico incompl eto; y durante los días 11 a 14 del mismo mes y año se mantuvo a la paciente sin el tratamiento adecuado, debido a las especulaciones en el diagnóstico por parte de los profesionales de la salud.

Ahora bien, cabe indicar que la paciente al momento de con sultar no presentaba signos de irritación peritoneal, tal como aparece en la historia clínica, pero ante la persistencia de los síntomas sin mejoría, se requería no solo de otras herramientas diagnósticas sino el acompañamiento desde el inicio por parte de l médico cirujano, quien era el encargado de revisar el diagnóstico y determinar si era quirúrgico o no, por lo que esta Sala considera que la atención médica especializada no se prestó en tiempo oportuno atendiendo la patología que presentaba, al no realizarse un remisión de manera inmediata ante la persistencia de los síntomas.

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con la experticia practicada en el presente proceso y las guías del Ministerio, puede concluirse que de haberse valorado de acuerdo a los sí ntomas presentados, se hubiera detectado a tiempo la obstrucción

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con la experticia practicada en el presente proceso y las guías del Ministerio, puede concluirse que de haberse valorado de acuerdo a los sí ntomas presentados, se hubiera detectado a tiempo la obstrucción abdominal, a la cual sobrevino la perforación del colon que llevó a que no se le practicara el tratamiento adecuado, impidiendo a la señora María Consuelo recuperar su salud. Así las cosas, el inadecuado y tardío diagnóstico en el que incurrió la ESE Hospital San José de Belén de Umbría, conllevó alteraciones en el estado de la paciente y se constituyó en una complicación para su salud, con mayor razón en tratándose de una patología considerad a por la ciencia médica como una urgencia quirúrgica, en cuanto el factor tiempo es determinante para el pronóstico de la enfermedad, ante el inminente riesgo de perforación e infección de la cavidad abdominal y sus órganos vitales, como en efecto aconteci ó en este caso y como consecuencia de ello, se vio sometida a la hospitalización en cuidado intensivo y posteriormente su fallecimiento.

Por ende, no le asiste razón a las apelantes al manifestar que no existió error en el diagnóstico, pues en este caso el personal médico sí omitió agotar el conjunto de prácticas que llevaran a un diagnóstico acertado, no se tuvieron en cuenta las características personales del paciente y los factores de riesgo, no se observa en la historia clínica un examen juicioso de las circunstancias del dolor que presentaba la paciente y fue precipitado darle de alta en la primera consulta, sin que el médico tratante deba limitarse a tener como diagnóstico el más altamente probable sino

historia clínica un examen juicioso de las circunstancias del dolor que presentaba la paciente y fue precipitado darle de alta en la primera consulta, sin que el médico tratante deba limitarse a tener como diagnóstico el más altamente probable sino aquel verificado con las ayudas diagnósticas co rrectas y el tiempo necesario que haya que agotar con cada paciente, independientemente de su duración […]”.

[…]

“[…] 4.2.4. Cobertura de la Póliza

En este punto, se encuentra que la llamada en garantía Liberty Seguros S.A., en el recurso de apelación, insistió en que la póliza en la cual se funda el llamamiento en garantía formulado, tiene como vigencia el 5 de julio del 2015 hasta el 10 de abril de 2016 bajo la modalidad claims made, y que la celebración de la audiencia extrajudicial la cual se tiene como reclamación al asegurado, fue celebrada el día 16 de marzo de 2017 ante la procuraduría No. 38 judicial II en asuntos administrativos, fecha para la cual no se encontraba vigente; de igual forma señala que el llamante en garantía en la presentación de sus alegaciones de conclusión anexó la póliza de responsabilidad civil profesional, clínicas y hospitales, sector salud bajo modalidad CLAIMS MADE No. 581037 siendo esta sustancialmente diferente a la póliza en la cual el despacho habría admitido el llamamiento en garantía.

Sea lo primero señalar que no existe discusión en la modalidad del seguro pactado, el cual se trata de cobertura por reclamación (claims made) y no por evento, en4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

el cual se trata de cobertura por reclamación (claims made) y no por evento, en4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

cuanto la ESE Hospital San José de Belén de Umbría aporta la póliza de seguros No. 497486 (Pág. 14 Dto. 12), la cual contaba con vigencia desde las 00:00 horas del 05/07/2015 hasta las 24:00 horas del 10/04/2016.

Para el caso concreto y partiendo de la reclamación efectuada, la cual se dio a través de la solicitud de concil iación extrajudicial, que tuvo lugar el 17 de febrero de 2017 (Dto. 4 Exp. Digital), se puede establecer que la póliza no se encontraba vigente, por lo que no le corresponde a la compañía aseguradora asumir la obligación impuesta en la sentencia de primera instancia.

Le asiste razón a la aseguradora recurrente en cuanto no es dable para la E.S.E Hospital San José de Belén de Umbría haber allegado por medio del escrito de alegatos de conclusión la póliza No. 581037, pues constituye un elemento probatorio nuevo y no es ese el momento procesal oportuno para aportarla; de ser considera tal prueba por el fallador, se incurriría en una vulneración al debido proceso como lo indica la llamada en garantía, dado que no hizo parte del caudal probatorio y no se puede sorprender a las partes con la incorporación de nuevos elementos, frente a los cuales no pudieron pronunciarse.

Así entonces, se revocará el numeral quinto de la sentencia apelada, en cuanto

puede sorprender a las partes con la incorporación de nuevos elementos, frente a los cuales no pudieron pronunciarse.

Así entonces, se revocará el numeral quinto de la sentencia apelada, en cuanto condenó a Liberty Seguros S.A. a reembolsar las sumas a las que fue condenada la ESE Hospital San José de Belén de Umbría en los términos del contrato de seguro número 497486, sin estar vigente. Por tal motivo no se hará necesario pronunciarse sobre el punto de apelación de la ESE Hospital San José de Belén de Umbría frente al reembolso de la compañía de seguros […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas respetuosamente solicito al señor Juez Constitucional TUTELAR en favor de la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA, los derechos constitucionales invocados, ordenándole a la SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, Magistrado Ponente JUAN CARLOS HINCAPIÉ MEJÍA, que a más tardar dentro de las (48) cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo de TUTELA, modifique su decisión adoptada el 10 de noviembre de 2022 dentro del proceso tramitado por el señor Antonio de Jesús M artínez y Otros en contra de la ESE Hospital, radicado al número 660013333006 20170018601 (J-0657-2021), teniendo en cuenta en su totalidad las pólizas número 497486 con vigencia entre el 10 de

Hospital, radicado al número 660013333006 20170018601 (J-0657-2021), teniendo en cuenta en su totalidad las pólizas número 497486 con vigencia entre el 10 de abril de 2015 y el 10 de junio de 2016 y 581037 vigente por el período inmediatamente siguiente, lapso 10 de abril de 2016 a 10 de junio de 2017; consecuentemente, confirmando lo decidido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira en el sentido de disponer que sea la Compañía Seguros Liberty Seguros S.A. la que asuma el pago o reembolso de la condena proferida en contra de la ESE Hospital dentro del referido proceso […]”.5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de mayo de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda; y iii) vinculó al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira, a Cafesalud E.P.S. S.A., a Liberty Seguros S.A., a Antonio de Jesús Martínez, Guillermo Martínez Raigosa, Carlos Emilio Raigosa Castillo, Elvia Arenas de Raigosa, Alba Ligia Raigosa Arenas, Amparo de Jesús Raigosa de Hernández, Luz Marina Raigosa Arenas, Teresa de Jesús Raigosa Arenas, Hernando de Jesús Raigosa Arenas, Jaime Antonio Raigosa Arenas, Mario de Jesús Raigosa Arenas y

Marina Raigosa Arenas, Teresa de Jesús Raigosa Arenas, Hernando de Jesús Raigosa Arenas, Jaime Antonio Raigosa Arenas, Mario de Jesús Raigosa Arenas y Luis Carlos Raigosa Arenas en calidad de tercero s con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Tribunal Administrativo de Risaralda señaló que:

“[…] Se considera que la solicitud de tutela carece de relevancia constitucional, comoquiera que se está ejerciendo para convertir dicho mecanismo constitucional en una instancia adicional del proceso de re paración directa, al pretenderse se estudie nuevamente el material probatorio obrante en el proceso específicamente las pólizas en las que la E.S.E. Hospital San José de Belén de Umbría fundamentó el llamamiento en garantía efectuado a la Compañía de Segur os Liberty S.A. en el proceso ordinario, lo cual deviene en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso, que fue abordada y decidida razonablemente tanto en las sentencias de primera y segunda como en la providencia por medio de la cual se resolvió la solicitud de aclaración/adición de la sentencia de segunda instancia […]”.

[…]

[…] Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda solicita respetuosamente que sea denegado el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al estimar que ha quedado acreditado con suficiencia, que la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022

de Risaralda solicita respetuosamente que sea denegado el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al estimar que ha quedado acreditado con suficiencia, que la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 por esta Corporación dentro del proceso 66001-33-33-006-2017-00186-01 (J-06572021), no a dolece de vicio alguno que la haga susceptible de ataque por vía del amparo constitucional y que haga necesario dejar sin efectos la misma […]”.

10. Liberty Seguros S.A., señaló que:

“[…] Me opongo carecer de fundamento fáctico y jurídico. La acción constitucional impetrada por la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRIA, comporta una verdadera trasgresión a la técnica procesal decantada por la jurisprudencia de6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

esta especialidad, tanto por las reglas impuestas por la Ley y la Jurisprudencia Constitucional referente a la procedencia de las Acciones de Tutela contra Providencias Judiciales; pretende la parte actora apertura una tercera instancia dentro de la Acción de Reparación Directa al udida, lo cual está expresamente prohibido por la jurisprudencia en materia de acciones de tutela contra providencias judiciales, y por demás, el evento del cual se soporta la parte actora para aludir a una vulneración de derechos fundamentales acaece con ocasión a desconocimiento normativo y jurisprudencial, junto a la extralimitación a la sana critica de los entes

judiciales, y por demás, el evento del cual se soporta la parte actora para aludir a una vulneración de derechos fundamentales acaece con ocasión a desconocimiento normativo y jurisprudencial, junto a la extralimitación a la sana critica de los entes judiciales, sin que el mismo obedezca a una omisión o transgresión por parte del Despacho judicial accionado […]”.

11. Ateb Soluciones Empresariales S.A.S, sociedad que actúa como mandataria con representación de C afesalud E.P.S. S.A. LIQUIDADA , solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

12. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira, Antonio de Jesús Martínez, Guillermo Martínez Raigosa, Carlos Emilio Raigosa Castillo, Elvia Arenas de Raigosa, Alba Ligia Raigosa Arenas, Amparo de Jesús Raigosa de Hernández, Luz Marina Raigosa Arenas, Teresa de Jesús Raigosa Arenas, Hernando de Jesús Raigosa Arenas, Jaime Antonio Raigosa Arenas, Mario de Jesús Raigosa Arenas y Luis Carlos Raigosa Arenas guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política ; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política ; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítim o en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20062, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al dema ndado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una

que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al dema ndado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

2 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no s e quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[3]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que

segundo estatuto."[3]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18. La Sala advierte que Ateb Soluciones Empresariales S.A.S, sociedad que actúa como mandataria con representación de Cafesalud E.P.S. S.A. LIQUIDADA, solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

19. Al respecto, es preciso indicar que se declaró “[…] terminada la existencia legal de CAFESALUD E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN […]”, por lo que la consecuencia jurídica es que no puede ser demandada, ni mucho men os tener interés en lo que se decida en el presente trámite de tutela, en ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a Ateb Soluciones Empresariales S.A.S, sociedad que actúa como mandataria con representación de Cafesalud E.P.S. S.A. LIQUIDADA , no le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera, por lo que se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

representación de Cafesalud E.P.S. S.A. LIQUIDADA , no le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera, por lo que se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de

3 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias : T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii ) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20056, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02411-00

Actora: ESE Hospital San José de Belén de Umbría – Risaralda

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoc e una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera

providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilida