CE - 110010315000202302427011SENTENCIA20231109170040

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 - 02833 -01

(acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (09) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-02427-01 y 11001-03-15-000-202302833-01 (acumulado)

Accionante: Nelson Enrique Martínez Meneses

Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Acción de tutela contra sentencia de segunda instancia dictada en medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, en la que se revocó la providencia en la que se había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 30 de agosto de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la sentencia del 30 de agosto de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

El señor Nelson Enrique Martínez Meneses promovió acción de tutela (11001-0315-000-2023-02427-01) para que se protejan sus derechos fundamentales al debidoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

proceso y a la defensa , los cuales consider ó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

A su vez, los señores Martha Hernández Hernández, Pedro Javier Valencia Díaz, Maira Lorena Valencia Hernández, Javier Fernando Valencia Hernández, Óscar Fernando Arias Barrera, Gloria Isabel Reyes Reyes, Andrea Rossely Rojas Suarez, Giseth Paola Páez Rojas, Laura Carolina Páez Rojas, Fany Cortes Palacios, Ana Mercedes Cala Ríos, Paula Jimena Fonseca Cala, Yesid Aldemar Fonseca Cala, Óscar Julián Fonseca Cala, Roger Luis Camacho Corrales, Alirio Ruiz Parra, Martha Cecilia Tocarruncho Piracon, Jeison Esteban Ruiz Tocarruncho, Florangela Patiño

Óscar Julián Fonseca Cala, Roger Luis Camacho Corrales, Alirio Ruiz Parra, Martha Cecilia Tocarruncho Piracon, Jeison Esteban Ruiz Tocarruncho, Florangela Patiño Leandro, Luz Marina Supelano de Monroy, Gloria Inés Torres Hernández, Natalia Yasmin Valdeleon Torres y Liliana Silva Cuevas instauraron acción de tutela (1100103-15-000-2023-02833-01) para que se salvaguarden sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y a la vivienda digna.

HECHOS

Revisados los escritos de las dos acciones de tutela, se encuentran como hecho s coincidentes los siguientes:

Los accionantes afirmaron que el municipio de Tunja, la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja (en adelante ECOVIVIENDA) y el constructor Iadier Wilhem Barrios Hernández constituyeron la U nión Temporal Torres del Parque, con el objetivo de desarrollar un proyecto de vivienda de interés prioritario denominado Torres del Parque.

Que actualmente existen beneficiarios de las viviendas, pero ello solo consta en las escrituras públicas, porque nunca recibieron los inmuebles; que algunas personas hicieron aportes económicos, pero no les fueron regresados ni tampoco se les entregó una vivienda, como es el caso del señor Nelson Enrique Martínez Meneses, debido a fallas en la construcción, técnicas, financieras, jurídicas, entre otras.

Que, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, instauraron demanda y el 9 de diciembre de 2021 el Juzgado Noveno

debido a fallas en la construcción, técnicas, financieras, jurídicas, entre otras.

Que, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, instauraron demanda y el 9 de diciembre de 2021 el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja dictó sentencia, en la que declaró administrativa yRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

contractualmente responsable al municipio de Tunja, a ECOVIVIENDA y al constructor Iadier Wilhem Barrios Hernández por el incumplimiento de las obligaciones de otorgar las respectivas escrituras públicas de compraventa para el caso de quienes suscribieron promesas y de entregar los inmuebles para los que firmaron las escrituras en la ejecución del proyecto de vivienda , pero no se reconocieron las pretensiones relacionadas con los perjuicios.

Que en contra de la anterior providencia los demandantes interpusieron recurso de apelación y el 24 de noviembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción por lo cual se inhibió para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

El señor Nelson Enrique Martínez Meneses considera que la autoridad judicial precitada vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en una violación directa de

pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

El señor Nelson Enrique Martínez Meneses considera que la autoridad judicial precitada vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en una violación directa de la Constitución Política , al no estudiar la omisión innegable de las autoridades demandadas y centrar la discusión únicamente en los contratos que se suscribieron con la constructora, esto es, sin analizar el fondo del asunto ni los perjuicios que se le causó, luego de un trámite de más de 6 años y pese a que el aspecto examinado no se encontraba dentro de los argumentos de los recursos de apelación.

Por su parte, los demás accionantes estiman que en la sentencia de segunda instancia el Tribunal Administrativo de Boyacá se limitó a tomar unos párrafos de la sentencia del 3 de marzo de 2020 proferida por la Sala Novena de Revisión del Consejo de Estado , con lo cual incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y desconoció principios constitucionales y procesales como el debido proceso, la legalidad y el acceso a la administración de justicia.

Que el caso que se citó en esa decisión no se asimila al de los afectados del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo porque no se pretende el cumplimiento exclusivo de obligaciones contractuales ni se debatió la legalidad o el contenido obligacional de algún contrat o, sino la reparación de perjuicios.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Que la demanda fue admitida y tramitada, sin que en ninguna de las etapas procesales el juez hubiese realizado advertencia alguna de que fuese improcedente la acción incoada, la cual fue promovida el 1.° de junio de 2017.

Agregaron que las entidades que se demandaron no han realizado ningún proceso de liquidación ni han adoptado medidas en favor de los beneficiarios del proyecto de vivienda , por lo que se les ha causado una afectación que continúa en la actualidad.

Concluyeron que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en los defectos , procedimental absoluto, al apartarse del procedimiento establecido; fáctico , por no valorar el material probatorio sobre los daños sufridos por las familias afectadas con el proyecto de vivienda ; y un desconocimiento del precedente, al limitar sustancialmente la norma , en tanto no hubo un pronunciamiento de fondo en relación con el medio de control, lo que atenta contra el principio de justicia material y el debido proceso.

PRETENSIONES

En ambas acciones de tutela se s olicitó dejar sin efectos la sentencia del 24 de noviembre de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, se ordene emitir una nueva providencia favorable a las súplicas de la demanda. Adicionalmente, en la acción 11001-03-15-000-2023-02833-01 se requirió dejar sin

emitir una nueva providencia favorable a las súplicas de la demanda. Adicionalmente, en la acción 11001-03-15-000-2023-02833-01 se requirió dejar sin efectos parcialmente la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021 por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela 11001-03-15-000-2023-02427-00 [01] fue admitida el 15 de mayo de 2023, y se ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo de Boyacá; y como terceros con interés al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, al municipio de Tunja, a ECOVIVIENDA, al señor Iader Wilhem Barrios Hernández, a la Unión Temporal Torres del Parque, al señor Humberto Sandoval Fuentes (en su condición de agente especial interventor designado por el I.V.P. para la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes del constructor Iader Wilhem Barrio Hernández), y a los señores Myriam WilchesRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Rodríguez, Luisa Fernanda Parra Wilches, María Carmenza Hernández, Ana Milena Avendaño Acero, Julián Samir Munévar Avendaño, Cristian Yesid Munévar Avendaño, Blanca Yaneth Suárez Motiva, Nicol Alexandra Galvis Suárez, Lina

Avendaño Acero, Julián Samir Munévar Avendaño, Cristian Yesid Munévar Avendaño, Blanca Yaneth Suárez Motiva, Nicol Alexandra Galvis Suárez, Lina Paola Sanguña Suárez, Mabel Astrid Fonseca Joya, Edgar Martínez Gómez, María Alejandra Martínez Fonseca, Nicolás Alejandro Martínez Fonseca, los herederos del señor Severiano Antonio Gil Rodríguez, Nelsy Patricia Bernal Rodríguez, Miranda Isabella Gil Bernal, Aeleen Patricia Gil Bernal, Doris Yezennia Arteaga Plazas, Sergio Andrés Plazas Arteaga, Sofía Plazas Arteaga, Oscar Fernando Arias Barrera, Ángela Juliana Arias Reyes, Gloria Isabel Reyes Reyes, Andrea Rossely Rojas Suarez, Giseth Paola Páez Rojas, Laura Carolina Páez Rojas, Yasmín Sandoval Caro, Brayan Daniel Fúquene Sandoval, Beatriz Elena Vargas Gómez, Andrés Santiago Gómez Martín, Paul Alejandro Rodríguez Vargas, Carmen Rosa Gómez Roa, Erika Patricia Vargas Gómez, Oscar Javier Gómez Sánchez, Martha Hernández Hernández, Pedro Javier Valencia Díaz , María Lorena Valencia Hernández, Javier Fernando Valencia Hernández, Víctor María Rodríguez Barajas, Diana Marcela Jiménez Salas, Angélica Cárdenas Jiménez, Laura Thaliana Jiménez Salas, Diana Katherine Mosquera Jiménez, Lizeth Daniela Mosquera Jiménez, Juan David Camargo Mosquera, Alirio Ruiz Parra, Martha Cecilia Tocarruncho Piracon, Jeison Esteban Ruiz Tocarruncho, Luz Adriana Montaña Cárdenas, Andrés Felipe García Montaña, María Eugenia Peña Garavito, Caren

Tocarruncho Piracon, Jeison Esteban Ruiz Tocarruncho, Luz Adriana Montaña Cárdenas, Andrés Felipe García Montaña, María Eugenia Peña Garavito, Caren Alejandra Vargas Peña, José Mauricio Cely Lizarazo, Julieth Alejandra Angarita Guevara, Juan Sebastián Cely Ang arita, Franky Parra Ruiz, Daniel Esteban Parra Montoya, Florangela Patiño Leandro, Jeison Alejandro Naranjo Patiño, Diego Eduardo Naranjo Patiño, Gloria Inés Torres Hernández, Natalia Yasmin Valderon Torres, Ana Hilda Gutiérrez Hernández, Lizeth Paola Cubi des Gutiérrez, Ana Clemencia Gómez Sandoval, German Leonardo Suarez Gómez, Tatiana Suarez Gómez, Nury Stella Miguez Rodríguez, Patrik Oneal Miguez Miguez, Diana Liced Miguez Miguez, Eduar David Miguez Miguez, María Nohora Huertas Hernández, Nicole Sofía Ma rtínez Huertas, Ana Virgelina Urbano Martínez, Hannsell German Contreras Urbano, Susan Facnory Contreras Urbano, Patricia Hurtado Libia, Juan Camilo Hurtado, Miguel Alejandro Molano Hurtado, Claudia Patricia López Buitrago, Laura Sofía Martínez López, Isab ella Martínez López, Yuli Johanna Ramírez Alarcón, Luisa María Garzón Ramírez, Nicole Salamanca Ramírez, Luz Marina Supelano de Monroy, Víctor Fernando Ortega Quiroga, David Fernando Ortega Rodríguez, Catherin Ortega Rodríguez, María Teresa Ortega Palacios , Cristian Leonardo Acuña Ortega, José Bayardo López Lizarazo, Gloria González Flórez,Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y

Rodríguez, Catherin Ortega Rodríguez, María Teresa Ortega Palacios , Cristian Leonardo Acuña Ortega, José Bayardo López Lizarazo, Gloria González Flórez,Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

José Leonardo Bautista Alba, Sandra Milena Castro Niño, Johan Alberto Bautista Castro, Leidy Yurani Bautista Castro, Fanny Cortés Palacios, William Fernando Cortés Palacios, José Elkin Burgos Bernal, Ángela Isabel Burgos Pineda, Margarita Cárdenas Castro, Zoraida Tatiana Morantes Cárdenas, Erika Lizeth Morantes Cárdenas, Aydee Valentina Morantes Cárdenas, Silvia Enith Ávila Suarez, Magnolia Edith Cortes Salamanca, Keidy V annesa Cortés Salamanca, Nubia Yanet Suarez Rojas, Diana Sofía Quintero Suárez, Roger Luis Camacho Corrales, William Ricardo Valderrama González, Ana Mercedes Cala Ríos, Paula Jimena Fonseca Cala, Yesis Aldemar Fonseca Cala y Oscar Julián Fonseca Cala, así como a los demás demandantes y demandados de l medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el radicado 15001 -33-33-009-2017-0008000/01.

La acción de tutela 11001 -03-15-000-2023-02833-00 [01] fue acumulada a la

causados a un grupo identificado con el radicado 15001 -33-33-009-2017-0008000/01.

La acción de tutela 11001 -03-15-000-2023-02833-00 [01] fue acumulada a la anterior y admitida el 7 de julio de 2023, decisión que fue notificada a las partes y a los señores María del Carmen Hernández de Hernández y Germán Manuel Acosta Herrera, quienes fueron vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, por conducto del magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros, sostuvo que la acción de tutela no resulta procedente, pues el asunto ya fue objeto de debate jurídico en la sentencia del 24 de noviembre de 2022, en la que se coligió que debía declararse probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción e inhibida la Sala para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda , porque la fuente y causa del daño indemnizable era el incumplimiento de obligaciones contractuales.

Aclaró que esa decisión fue adoptada teniendo en cuenta los fundamentos legales, la jurisprudencia del Consejo de Estado y el material probatorio obrante en el expediente, por lo cual no está viciada de algún defecto, razón por la que solicitó desestimar las súplicas de la acción.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, por medio de la titular del despacho, manifestó que la parte actora no objetó la sentencia que profirió, sino la emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá , por lo que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva.

Que, en todo caso, la tutela debe negarse, por cuanto lo que los accionantes alegan no es realmente la vulneración de derechos fundamentales, sino un desacuerdo con la decisión de segunda instancia del proceso ordinario, lo que resulta improcedente.

Por lo anterior, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

El municipio de Tunja , a través de l director del Departamento Administrativo de Gestión Judicial y Defensa Institucional de la Alcaldía Mayor de Tunja, adujo que las pretensiones de la parte accionante no están llamadas a prosperar, en ta nto la providencia censurada en esta sede se encuentra revestida de legalidad y en ella no se presentan errores protuberantes que afecten los derechos fundamentales de aquella, motivo por el cual pidió mantener en firme la sentencia proferida por la autoridad accionada.

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) , mediante apoderado, indicó que para el proyecto Torres del Parque se gestionaron 219 subsidios bajo la modalidad de giro anticip ado, de los cuales solo se legalizaron 63 . Esclareció que, debido a

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) , mediante apoderado, indicó que para el proyecto Torres del Parque se gestionaron 219 subsidios bajo la modalidad de giro anticip ado, de los cuales solo se legalizaron 63 . Esclareció que, debido a que el proyecto fue declarado en incumplimiento, esa situación no inhabilita a los beneficiarios a participar en las postulaciones en nuevas convocatorias de vivienda.

Que no tiene un vín culo legal o contractual con el oferente , el cual sí existe entre este y el hogar beneficiario, entre quienes se presenta una relación civil de carácter contractual.

Que no es la e ntidad ejecutora de los proyectos, en tanto la construcción de las viviendas es realizada por el oferente , quien legalmente está obligado a materializarla o contratar con una tercera persona para ello.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Precisó que la labor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio consistió en reglamentar la interventoría para aquellos oferentes que decidieron ejecutar los recursos del subsidio familiar de vivienda en forma anticipada; y su función se centró en asignar los recursos y contratar la supervisión para que se verificara la correcta aplicación de aquellos.

Solicitó su desvinculación de la presente acción, al estar plenamente demostrada la ausencia de vulneración del derecho de vivienda de la parte actora.

aplicación de aquellos.

Solicitó su desvinculación de la presente acción, al estar plenamente demostrada la ausencia de vulneración del derecho de vivienda de la parte actora.

ECOVIVIENDA, por conducto de su gerente, informó que el señor Nelson Enrique Martínez Meneses participó en el proyecto de vivienda Torres del Parque , pero no se pudo concretar la entrega de una vivienda por causas imputables al constructor quien incurrió en graves incumplimientos que afectaron el desarrollo normal y la finalización de dicho proyecto.

Que con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá no se vulneró derecho fundamental alguno, sino que, por el contrario, se realizó un análisis juicioso y correcto sobre el asunto objeto de controversia y se aplicaron las normas procesales y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, en virtud de las cuales debía concluirse que se configuraba la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción , por lo que no existen r azones que justifiquen el amparo constitucional deprecado.

Que el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo no era el mecanismo procesal para resolver las pretensiones de la parte demandante , de un lado, porque el grupo no cump lía con el requisito de condiciones uniformes , teniendo en cuenta que los daños reclamados provienen del incumplimiento de las promesas de compraventa individuales que cada uno de los accionantes suscribió con el constructor del proyecto, y, de otro, por los valores que los actores identifican por concepto de daño emergente, los cuales corresponden a las sumas que los actores dieron al constructor del proyecto , lo que hace suponer que el reclamo de

con el constructor del proyecto, y, de otro, por los valores que los actores identifican por concepto de daño emergente, los cuales corresponden a las sumas que los actores dieron al constructor del proyecto , lo que hace suponer que el reclamo de su pago realmente busca resarcir el interés individual de cada uno de los demandantes.

Que lo anterior evidencia claramente que los perjuicios reclamados tienen como causa eficiente y directa el incumplimiento de las obligaciones contractuales que elRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

constructor del proyecto contrajo, por lo cual, de acuerdo con la línea jurisprudencial imperante y unificada, el medio procesal adecuado no es el de reparación de perjuicios causados a un grupo, pues el juez de ese medio no tiene el atributo para estudiar la legalidad de los incumplimientos contractuales, así l a pretensión sea la del pago de perjuicios de esa índole.

Que el asunto no reviste relevancia constitucional, pues la razón de reproche frente a la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá en realidad no evidencia la afectación de un derecho fundamental, sino el descontento de la parte actora, al no obtener una decisión que favorezca sus intereses económicos; no se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que se cuenta; no se cumple el requisito de inmediatez; y no se acreditaron de manera razonable los derechos supuestamente vulnerados.

los medios de defensa judicial con los que se cuenta; no se cumple el requisito de inmediatez; y no se acreditaron de manera razonable los derechos supuestamente vulnerados.

El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del municipio de Paipa, por medio de agente liquidador para los negocios, bienes y haberes del constructor Iadier Wilhem Barrios Hernández , señaló que atendió las quejas presentadas por el incumplimiento en la entrega de los inmuebles y, en virtud de ello, ordenó el auto de apertura del proceso de investiga ción en contra del constructor mencionado, el cual arrojó como resultado que este incurrió en las causales 1, 2 y 6 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, por lo que se ordenó la toma de posesión para poner en condiciones de viabilidad los negocios, bienes y haberes de propiedad de aquel.

De otra parte, expuso que en la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo no se incurrió en ninguno de los defectos referidos en la jurisprudencia constitucional, y que lo pretendido por la parte actora es la solución del incumplimiento en su proyecto de vivienda; sin embargo, para ello contaban con otras vías , como haberse hecho parte del proceso de liquidación forzosa administrativa , lo cual el señor Nelson Enrique Martínez Meneses no realizó.

Solicitó negar las pretensiones elevadas por la parte actora.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Solicitó negar las pretensiones elevadas por la parte actora.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

SENTENCIA IMPUGNADA

El 30 de agosto de 2023 la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las solicitudes de desvinculación formuladas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja y Fonvivienda y declaró la improcedencia de las acciones de tutela, porque consideró que no se cumplió el requisito de relevancia constitucional.

Para el efecto, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió el asunto acogiendo el criterio juri sprudencial imperante al momento de proferir la sentencia y, tratándose de discutir una providencia judicial, era necesario argumentar por qué los fundamentos de la decisión atacada fueron caprichosos y generadores de vulneración de los derechos fundamentales, lo cual no ocurrió.

A pesar de que el señor Nelson Enrique Martínez Meneses invocó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, ello no conlleva que el asunto revista necesariamente relevancia constitucional, puesto que para ello se requiere que medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita evidenciar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

Aclaró que el hecho reprochado por aquel, consistente en que se resolvieron temas

evidenciar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

Aclaró que el hecho reprochado por aquel, consistente en que se resolvieron temas que no constituyeron cargos de apelación no es de recibo, en tanto se trata de una excepción de oficio que el juez natural pued e declarar si verifica su configuración . Además, que la postulación al proyecto de Torres del Parque no inhabilita a los hogares beneficiarios de participar en nuevas convocatorias.

En cuanto a los demás accionantes, refirió que ninguno de los defectos alegados cumple con la carga argumentativa para atacar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá , Sala de Decisión núm. 6, pues no expresaron algún argumento dirigido a demostrar el motivo por el que no era aplicable la línea jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado referida a la improcedencia del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo cuando el daño indemnizable tiene como causa eficiente y directa el incumplimiento de obligaciones contractuales, aun cuando ese fue el sustento para declarar la excepción de ineptitud sustantiv a de la demanda por indebida escogencia de la acción.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

Explicó que, si bien la Corte Constitucional ha referido que en algunos asuntos la

www.consejodeestado.gov.co 11

Explicó que, si bien la Corte Constitucional ha referido que en algunos asuntos la decisión inhibitoria da lugar a configurar un defecto procedimental, lo cierto es que ello aplica en los casos en que la decisión es injustificada. Agregó que los defectos de desconoci miento del precedente judicial y fáctico no se sustentaron debidamente, lo que impedía su estudio.

IMPUGNACIÓN

La parte accionante de la tutela con radicado 11001 -03-15-000-2023-02833-01 impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, para lo cual manifestó que con el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo no se persiguen las declaraciones de un incumplimiento contractual, sino el reconocimiento y pago de los perjuicios que, por negligencia en el cumplimiento de las correspondientes funciones por parte de la Alcaldía Municipal de Tunja y ECOVIVIENDA, los beneficiarios del proyecto de Torres del Parque tuvieron que asumir.

Que su desacuerdo radica en el hecho de que luego de varios inconvenientes el alcalde de Tunja y el gerente de ECOVIVIENDA profirieron la Resolución 108 del 13 de septiembre de 2016 con la que terminaron el negocio jurídico que se llamó Unión Temporal Torres de Parque, dejando huérfanos a los beneficiarios q ue realizaron sus pagos y nunca recibieron el inmueble, aunque tuvieran escrituras públicas, pues no adoptaron ninguna medida para la liquidación definitiva de esa Unión.

Que con el escrito de tutela adjuntó copia de la Resolución 108 del 13 de septiembre

públicas, pues no adoptaron ninguna medida para la liquidación definitiva de esa Unión.

Que con el escrito de tutela adjuntó copia de la Resolución 108 del 13 de septiembre de 2016 y solicitó que se oficiara al Tribunal Administrativo de Boyacá , Sala de Decisión núm. 2, para que allegara copia del expediente de tutela 15001-23-33-0002014-00067, para demostrar que existen fallos que han protegido los derechos de los afectados y que, a pesar de todo, la Alcaldía de Tunja con sus actuaciones los afecta gravemente , por lo que deben ser indemnizados . Aclaró que en esas sentencias se ha ordenado el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las entidades accionadas, razón por la que el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo se encaminó al reconocimiento y pago de los perjuicios sufridos.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02427 -01 y 11001 -03 -15 -000 -2023 -02833 -01 (acumulado)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

Que en el escrito de tutela señaló los fundamentos jurisprudenciales para soportar sus argumentos y que en la sentencia de tutela de primera instancia no se tuvo en cuenta que la acción también se dirigió en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja.

Que, de conformidad con los artículos 141 y 144 de la Ley 1437 de 2011, 88 y 89

cuenta que la acción también se dirigió en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja.

Que, de conformidad con los artículos 141 y 144 de la Ley 1437 de 2011, 88 y 89 de la Constitución Política y 50 de la Ley 472 de 1998, tanto el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo como el de controversias contractuales es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que, si se hubieran valorado todas las pruebas , se hubiera podido fallar en protección de los derechos del grupo, para buscar la verdad judicial, sin apego a la ritualidad de la calificación dada por los afectados , y así evitar u