CE - 110010315000202302430011SENTENCIA20230922154542

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02430-01

Demandante: Héctor Lancheros Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02430-01

Demandante: HÉCTOR LANCHEROS RAMÍREZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

“C”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad . Requisito de relevancia constitucional por ausencia de carga mínima argumentativa cuando se cuestiona una decisión de una alta corte

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 7 de julio de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor a dujo que junto a Barbara Tello de Lancheros, Olga Maritza , Luis Fernando, My riam Stel la y Nohora Eneida Lancheros Tello, en ejercicio de la acción de reparación directa , demandaron a la Nación , Rama Judicial , Fiscalía General de la Nación , con el fin de acceder a la indemnización de perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto e l 21 de agosto de 2006, en el marco de una investigación por el delito de rebelión.

Afirmó que la medida de aseguramiento fue imp uesta por la Fiscalía Veinte Seccional de G ranada, Meta, que esa mis ma autoridad judicial precluyó la investigación a través de providencia de 5 de diciembre de 2006 en aplicación del principio “in dubio pro reo” y, como consecuencia, el 15 de ese mismo mes y año se revocó la medida de aseguramiento.

Relató que, en primera instancia, por sentencia de 21 de mayo de 2018 el Tribunal Administrativo, Sala Transitoria con sede en Bogot á, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , en el sentido de declarar la responsabilidad2

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2 administrativa y patri monial de la Fiscalía General de la Nación por los perjuicio s derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Héctor Lancheros Ramírez entre el 21 de ag osto y 15 de diciembre de 2006 y la condenó al pago de los perjuicios morales y materiales en la modalidad de daño emergente, en favor de los demandantes.

Por últ imo, s eñaló que f rente a esa decisión la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación el cual fue resue lto por la Secci ón Tercera , Subsección “C” del Consejo de Estado por sentencia de 29 de noviembre de 2019, en la que revocó la decisión recurrida y, en su lu gar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la pr ivación de la libertad cumplió con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal vigente en ese momento, pues existían indicios necesarios para tal efecto y porque no se había acreditado que la medida hubiese sido desproporcionada, irrazonable o arbitraria.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela en de fensa de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 29 de noviem bre de 2019 , proferida por la Sección Tercera , Subsección “C” del Consejo de Estado.

debido proceso e igualdad, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 29 de noviem bre de 2019 , proferida por la Sección Tercera , Subsección “C” del Consejo de Estado.

No hizo referencia a los defectos en los que , a su juicio , habría incurrido la autoridad judicial accionada y tampoco de su relato se puede esta blecer alguno con claridad. En efecto , se limitó a señalar que fue capturado junto con otras personas a quienes también se dispuso la prec lusión de la investi gación, sin embargo, todos ellos accedieron a la indemnización de perju icios por la p rivación injusta de la libertad, lo cual consideró que desconoce el derecho fundamental a la igualdad.

En concreto, expresó que “El quid de mi cuestión accionante, radica que se me han vulnerado mis derechos fundamentales, como AL DEBIDO PROCESO Y AL DE LA IGUALDAD, como quiera que a todos los que aparecieron en el negocio penal conmigo, fueron indemnizados po r el ente acusador, resarcidos pecuniariamente, reconocidos sus derechos patrimoniales, y vuelvo y repito, den tro de la mis ma historia Penal, Procesal y Administrativa que yo individualmente tuve que agotar, y la que finalmente me vuelve a causar un daño patrimonial, económico y social, pues fui el único que habiendo gozado de la libertad post erior a mi detención en última instancia el Honorable Con [s]ejo de Estado patrocinó la legalidad de mi detención, y por ende, la no responsabilidad del ente acusador q ue infamemente me llev ó a enrostrar y llenar las páginas judiciales de un

patrocinó la legalidad de mi detención, y por ende, la no responsabilidad del ente acusador q ue infamemente me llev ó a enrostrar y llenar las páginas judiciales de un peligroso delincuente, desconociendo mis cualidades de un ho mbre de bien a quien le vulneraron el derecho fundamental de locomoción ”. Agregó que “Siendo fundamental aportar el documento público especial, en el cual se le reconoció los perjuicios económicos a mis compañeros de causa, y siendo imposible el recaudo por parte del suscrito, solicito su oficiosa colaboración para que la Fiscalía General de la Nación se lo permita a ustedes”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:3

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3 “Sin más preámbulos H onorables Magistrados, con los anteriores argumen tos fácticos, les solicito respetuosamente se me ampare mis derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y AL DE LA IGUALDAD conforme a lo anteriormente expuesto”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 21 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal

Administrativo Sala Transitoria de Bogotá.

• Copia de la sentencia 29 de noviembre de 2019, dictada por el Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección “C”.

Administrativo Sala Transitoria de Bogotá.

• Copia de la sentencia 29 de noviembre de 2019, dictada por el Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección “C”.

Del mismo modo, obra copia digital del expediente 500012331000200900411-03, correspondiente a la acción de r eparación directa promovida por el señor Héctor Lancheros Ramírez y otros contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.

5. Trámite procesal

Por auto de 16 de mayo de 202 3, la Sec ción Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Tribunal Administrativo del Meta, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a los señores Bárbara Tello de Lancheros, Bárbara del Pilar Lancheros T ello, Laura Dayana Lancheros Tello, Olga Maritza Lancheros Tell o, Lissed Stephany Rodríguez Lancheros, Luis Fernando Lancheros Tello, Miriam Stella Lancheros Tello, Cristian Camilo Lancheros Tello, Carlos Fernando Monsalve Lancheros, Nohora Eneida Lancheros Tello, Jhon Jairo Tamayo Lancheros y Jennifer Tamayo Lancheros, en calidad de terceros con interés en el res ultado del tr ámite constitucional.

Asimismo, dispuso oficiar al Juzgado C uarto Administrativo del Circuito de Montería para que alleg ara copia digitalizada de l expediente correspondiente a l proceso de reparación directa con radicado núm. 500012331000200900411-03, demandantes: Héctor Lancheros Ramírez y otros.

Montería para que alleg ara copia digitalizada de l expediente correspondiente a l proceso de reparación directa con radicado núm. 500012331000200900411-03, demandantes: Héctor Lancheros Ramírez y otros.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado

El Magistrado Ponente de la decisión cuestionada se pronunció sobre la acción de tutela para lo cual señaló que no se cum ple el presup uesto de inmediate z y ese sentido expresó que “las consideraciones esgrimidas en la providencia del 29 de noviembre de 2 019 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado”.4

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4 6.2. Respuesta de la Dirección Eje cutiva de Administra ción Judicial del Consejo Superior de la Judicatura

El abogado de la Div isión Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se desvincu le del trámite constitucional por existir falta de legitimación en la causa por pasiva , en tanto no tiene injere ncia en la causa de la vulneración de los derechos fundamentale s invocados por el actor, esto es , la decisión judicial proferida por la Sección

constitucional por existir falta de legitimación en la causa por pasiva , en tanto no tiene injere ncia en la causa de la vulneración de los derechos fundamentale s invocados por el actor, esto es , la decisión judicial proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado.

6.3. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio

La coordinadora del área de Asistencia Legal de la entidad, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Al respecto, adujo que se incumple el presupuesto de la inmediatez toda vez que la sentencia cuestionada se profirió el 29 de noviembre de 2019 por lo que han transcurrido tres años y seis meses, lo que supera el plazo razonable determinado por la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005.

Además, afirmó que no se cumple el requisito de la subsidiariedad toda vez que el accionante tenía a su disposición el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 para controvertir la sentencia de 29 de noviembre de 2019.

Finalmente, adujo que la Rama Judicial no t uvo in jerencia en la p rivación de la libertad de la que fue objeto el accionante, pues la medida fue impuesta por la Fiscalía Gen eral de la Nación , a través de la Fiscalía Veint e Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Granada , Meta y esta misma autoridad dis puso la preclusión de la investigación y el levantamiento de la medida.

6.4. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

Quien e jerce el cargo de profesional especializado de la Dirección de Asuntos

preclusión de la investigación y el levantamiento de la medida.

6.4. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

Quien e jerce el cargo de profesional especializado de la Dirección de Asuntos Jurídicos pidió que se declare improcedente la ac ción de tutela, al considerar que no se cumplen los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad.

Comenzó por afirmar que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, respetó cada una de las garantías del accionante , por lo que no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso invocado por el actor.

Sobre el requisito de l a inmediatez evidenció que la acci ón de tutela se f ormuló transcurridos dos años y cinc o meses después de que se profirió la sentencia de objeto de tutela.

En relación co n el presupuesto de la subsidiariedad señaló que el ac tor acude al mecanismo de pr otección constitucional para revivir etapas procesales que ya se agotaron en el proceso de reparación directa y remediar equivocaciones que pud o haber provocado la decisión desfavorable a sus intereses.5

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5 Por último , advirtió q ue el actor no sustentó las causales específicas de procedencia de tutela contra providencias judiciales que considera se configuró en la sentencia de 29 de noviembre de 2019 proferida por la Secci ón Tercera,

5 Por último , advirtió q ue el actor no sustentó las causales específicas de procedencia de tutela contra providencias judiciales que considera se configuró en la sentencia de 29 de noviembre de 2019 proferida por la Secci ón Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 7 de julio de 2023, resolvió declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de inmediatez.

Al respecto, evidenció que la demanda se presentó superado el plazo de se is meses fijado por la jurisprudencia constitucional para formular acción de tutela contra providencias judiciales , en tanto la solicitud de amparo fue radicada el 10 de mayo de 2023, es decir, t ranscurridos dos (2) años, seis (6) meses y catorce (14) días después de que se entiende notificada la sentencia de segunda instancia el 26 de octubre de 2020.

Del mismo modo, aseveró que no se acredi tó alguna circunsta ncia que permita justificar la tardanza del ac tor en promover l a demanda dentro del plazo que la jurisprudencia constitucional ha esta blecido como razonable cuando se dirige contra una providencia judicial.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decret o 2591 de 1991, el actor impugnó el fallo de prime ra instancia , actuando en nombre propio, bajo los siguientes argumentos:

Señaló que el análisis del presupuesto de inmediatez debe efectuarse teniendo en

impugnó el fallo de prime ra instancia , actuando en nombre propio, bajo los siguientes argumentos:

Señaló que el análisis del presupuesto de inmediatez debe efectuarse teniendo en cuenta que carece de conocimientos jurídicos y la falta de asesoría por parte de su apoderado que para cuando se profirió la sentencia de 29 de noviembre de 2019 renunció al poder. Asimismo, hizo referencia a que es una per sona de l a tercera edad y con un “precario estado de salud”.

De igual forma, adujo que es import ante que se tenga en cuenta que ante s de presentar la acción de tutela , acudió a la misma autoridad judicial acciona da lo que, en su sentir, justifica la tardanza e n la presentación de la acción de tutela, a lo que agregó que l a afectación de los derechos funda mentales es actual y continua. Finalmente, insistió en los argumentos de la demanda.

En esc rito separad o, la seño ra Barbara Tello de La ncheros expresó s u desacuerdo con la decisión de primera instancia, manifestó que es esp osa del actor y pidió que se revoque el fallo impugnado y se tenga en cuenta el tiempo que tardó el proceso de reparación directa y que culminó con una decisión desfavorable a sus pretensiones sin tener en cuenta la grave afectación que causó la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Lancheros Ramírez.

En ese mismo sentido, presenta ron manu scritos el señor Luis Fer nando Lancheros Tello.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02430-01

Demandante: Héctor Lancheros Ramírez

Lancheros Tello.6

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Cons titución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para deci dir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si debe revocar la sentencia proferida el 7 de julio de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez y, en su lugar, verificado el cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedencia, determinar si la autoridad judicial accionada vulneró al actor los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con la sentencia de 29 junio de 2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” de esta corporación, dentro de l medio de control de reparación directa promovido contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la N ación, con el objet o de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado y se or denara el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios

directa promovido contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la N ación, con el objet o de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado y se or denara el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios derivados de la pri vación injusta de la li bertad de la que fue objeto el 15 de diciembre de 2006.

En primer término, se veri ficará si, por las particularidades de este caso concreto, el presupuesto de la inmediatez se encuentra cumplido. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se procederá a examinar si el asunto cumple el requ isito de relevancia constitucional, necesario para realizar el estudio de fondo.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones1.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia co nstitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia co nstitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

1 Sección Cuarta del Consejo d e Estado , sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 201701745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02430-01

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7 En el m ismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tien e una doble c onnotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sal a4, de co nformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de

requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sal a4, de co nformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vuln eración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de maner a suficie nte y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundame ntales para cumplir este requisito de procedibili dad de la tut ela contra providencias judiciales» .

Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo s e acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia ad icional del proceso ordinario en el que fue profe rida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una i nstancia adicional del proceso ordinario. Justame nte por eso n o se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumpl e esta co ndición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

3 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expedient e 2012-0220101. 4 Expediente 2020-05131-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02430-01

01. 4 Expediente 2020-05131-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02430-01

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El actor presentó acción de tutela en de fensa de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 29 de noviem bre de 2019 , proferida por la Sección Tercera , Subsección “C” del Consejo de Estado que revocó la sentencia de 21 de mayo de 2018 proferida por el T ribunal Adminis trativo, Sala Transitoria con sede en Bogotá , que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparac ión directa promovida por el señor Héctor Lancheros Ramíre z contra la Nación , Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, con el fin de acceder al reconocimiento de la indemnización de pe rjuicios derivados de la privación injusta de la que fue objeto el 21 de agosto de 2006.

En ese sentido, en la sentencia cuestionada se expresaron como fundamentos de la decisión los siguientes:

“7. (…) La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996 , estatu taria de la adm inistración de justicia , en el artículo 68 que establece que quien haya sido pr ivado injustamente de la libertad podrá

regulada en la Ley 270 de 1996 , estatu taria de la adm inistración de justicia , en el artículo 68 que establece que quien haya sido pr ivado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. La Corte Constituci onal, al declarar su exequibilidad c ondicionada, dejó claro que el térmi no “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.

De acuerdo con esa disposición , tal y como quedó después de su condicionamiento de constitucionalidad, el estudio de responsabilidad debe hacerse bajo dichos parámetros, que implica analizar las circunstancias en que se produjo la pr ivación de la libertad, para determinar si obedeció a una medida apropiada , razonada, conforme a derecho o si la conducta de la entidad fue abiertamente arbitraria. En todos los casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho de terminante y exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, esta de con formidad con los artículos 70 y 67 de la Ley 270 de 1996.

8. La Fiscalía 20 Seccional de Granada impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a Héctor Lancheros Ramírez con fundamento en varias declaraciones que lo vinculaban con las FARC ( hecho probado 6.4. ). Así lo resal tó la providencia al indicar :

(…)

Aunque la Fiscalía 20 Seccional de Granada prec luyó la invest igación contra H éctor Lancheros Ramírez por in dubio pro reo (hecho probado 6.6), su privación de la libertad

(…)

Aunque la Fiscalía 20 Seccional de Granada prec luyó la invest igación contra H éctor Lancheros Ramírez por in dubio pro reo (hecho probado 6.6), su privación de la libertad cumplió con los requisitos estab lecidos por el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, pues contó con los indicios necesarios. Como además no existe prueba en el p roceso que acredite que la pr ivación de la liberta d fue desproporcionada, irrazonable o arbitraria se revocará la sentencia apelada”.

Al respecto, se advierte que el actor no hizo referencia a los defectos en los que, a su juicio, habría incurrido la autoridad judicial accionada. Tampoco de su relato se puede inferir alguno con claridad. En efecto, la parte actora se limitó a señalar que fue capturado junto con otras personas a quienes también se dispuso la preclusión de la investi gación, sin embargo , todos ellos accedieron a la indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad, lo cual consideró que desconoce el derecho fundamental a la igualdad.

4.2. En prim era instancia, la Sección Primera del Consejo de E stado declaró improcedente la acción d e tutela por no cumplir con el presupuesto de la inmediatez, al evidenciar que la sentencia c uestionada fue notificada e l 21 de9

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Demandante: Héctor Lancheros Ramírez

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9 octubre de 2020 y la radicaci ón de la acción de tutela -10 de mayo de 202 3-, transcurrieron más de seis meses , que es el plazo indicativo que se ha considerado como razonable para promover este mecanismo de protección constitucional contra providencias judiciales.

4.3. La parte actora present ó escrito de impugna ción en el que m anifiesta su desacuerdo con la misma, bajo el argumento de que para analizar el requis ito de inmediatez debe tener se en cuen ta que cuando se notificó la sentencia su apoderado había renunciado al poder -11 de marzo de 2020-, que es una persona de la tercera edad que presenta un deterioro en su estado de salud, que carece de conocimientos jurídicos y que la tardanza se encuentra just ificada en el hecho de que antes de presentar la acción de tut ela acudió a la autoridad judicial accionada directamente.

4.4. En el asunto bajo e xamen, la Sala encuentra que le asiste al actor cuando señala que debe flexibilizarse el presupuesto de la inmediatez porque la sentencia cuestionada no le fue notificada y la comunicación enviada a quien fungió como apoderado no permite asegurar que efectivamente conoció de la decisión judicial porque para ese momento había presentado renuncia al poder.

En efecto , la sentencia de segunda instancia se profirió e l 29 de noviembre de 2019, no obstante , se notificó el 21 de octubre de 2020, como se muestra en la

porque para ese momento había presentado renuncia al poder.

En efecto , la sentencia de segunda instancia se profirió e l 29 de noviembre de 2019, no obstante , se notificó el 21 de octubre de 2020, como se muestra en la siguiente i