CE - 110010315000202302432001SENTENCIA20230629165406

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02432-00

Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02432-00

Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento. Sanción por consignación tardía de cesantías.

Defectos sustanti vo y por desconocimiento del precedente judicial. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la ac ción de tutela promovida por la señora Ana Mercedes Velandia Ram írez, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Bo yacá, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y d e acceso a la administración de justicia, junto con el

judicial, contra el Tribunal Administrativo de Bo yacá, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y d e acceso a la administración de justicia, junto con el principio de seguridad jurídica, vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 27 de marzo de 2023, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el fallo que negó las pretensiones del med io de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y el departamento de Boyacá, con el fin de que se dejara sin efectos el acto administrativo mediante el cual se negó su solicitud de reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante manifestó que desde el año 1990 se desempeña como docente vinculada al Departamento de Boyacá, y que, en razón a esto, el 15 de febrero de 2021 le debían ser consignadas las cesantías correspondientes al servicio que prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.

Afirmó que el 27 de julio de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación de Boyacá y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las c esantías descrita en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, solicitud

99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las c esantías descrita en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, solicitud que fue negada mediante Resolución BOY2021EE028369 de 29 de agosto de 2021.Radicación:11001-03-15-000-2023-02432-00

Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

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2 Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación NacionalFomag y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad de la mencionada resolución.

Señaló que del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, que en sentencia de 26 de octubre de 2022 negó las súplicas de la demanda , tras considerar que el régimen de cesantías de los docentes , contemplado en la Ley 91 de 19 89, es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.

Narró que contra la anterior de terminación interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron

unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia”.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá por sentencia de 27 de marzo de 2023 confirmó el fallo, luego de considerar que para el caso de los docentes no existen varias fuentes de derecho que prevean consecuencias jurídicas disímiles respecto de las consecuencias del desembolso extemporáneo de las cesantías anualizadas o de sus intereses a favor de los docentes oficiales, “porque, de hecho, este régimen no contemplaba las penalidades que reclama la demanda, de acuerdo con la fecha de vinc ulación de la parte actora (para ese momento no existía una norma en el régimen especial que pudiera compararse con las del general). Y, por eso mismo, no puede hablarse de dudas interpretativas serias y objetivas, pues para disiparla cualquier inquietud b asta verificar las normas que regulan el auxilio de cesantía a favor de este grupo específico de servidores”, por lo que no le era aplicable la Ley 50 de 1990.

Por último, aseveró que el tribunal afirmó que no se desconocía que desde el año 2020 la Secció n Segunda del Consejo de Estado ha emitido algunas sentencias que extienden a favor de docentes oficiales la sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anualizadas, las cuales no hac ían

2020 la Secció n Segunda del Consejo de Estado ha emitido algunas sentencias que extienden a favor de docentes oficiales la sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anualizadas, las cuales no hac ían referencia a la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, con fundamento en la sentencia SU-098 de 2018, no obstante esa Sala se apartaba de esa posición, con el cumplimiento de los criterios de transparencia y suficiencia.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, junto con el principio a la seguridad jurídica , los cuales considera vulnerados por la sentencia de 27 de marzo de 2023 , mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el fallo que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Fomag y el departamento de Boyacá , con el fin de que se de jara sin efectos la Resolución BOY2021EE028369 de 29 de agosto de 2021, mediante la cual se negó su solicitud de reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

Hizo referencia al cumplimiento de los requisitos generales de proced encia de la acción de tutela contra providencias judiciales , adujo que el fallo objetado incurre en i) defecto sustantivo, por la indebida interpretación de las Leyes 91 de 1989,Radicación:11001-03-15-000-2023-02432-00

acción de tutela contra providencias judiciales , adujo que el fallo objetado incurre en i) defecto sustantivo, por la indebida interpretación de las Leyes 91 de 1989,Radicación:11001-03-15-000-2023-02432-00

Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

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3 50 de 1990 y 344 de 1996, toda vez que , adujo, en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer la sanción moratoria y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a favor de los docentes afiliados al Fomag.

Luego de efectuar un extenso recuento histórico de las competencias asignadas al Fomag en la relativo a la gestión de las cesantías de los docentes, sostuvo que en el caso es claro que “ aquí no hay ningún régimen especial de las cesantías, puesto que las cesantías anual izadas de los maestros oficiales se liquidan de la misma forma como se liquidan a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado, que para el año 2020, pero esta es una situación no es una circunstancia novedosa como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES DESDE 1968 en el artículo 33 del Decreto 3118 de 1969, Intereses en favor de los trabajadores”.

PUES ESTOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES DESDE 1968 en el artículo 33 del Decreto 3118 de 1969, Intereses en favor de los trabajadores”.

Sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional debe acogerse a los postulados que garantizan los derechos laborales de los profesores, “pues si bien es cierto qu e de la evolución normativa se desprende la descentralización del servicio educativo en cabeza de las entidades territoriales, también lo es que ninguna ley despojó a la Nación de la obligación que tiene de consignar al respectivo fondo las prestaciones correspondientes”.

Afirmó que en la providencia objeto de reproche constitucional se indicó que en la unidad de caja que posee el Fomag para el manejo de los recursos de la salud, las pensiones y las cesantías, también existen recursos del Ministerio de Educación Nacional y el Fomag, lo que no es cierto.

Adujo que en el caso se presenta una ii) violación directa de la Constitución , por el desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política que consagra el principio de favorabilidad, en tanto, explicó, han existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin que conlleve tal situación al desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial (sentencias C -741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018).

a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial (sentencias C -741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018).

Por último, el actor considera que la decisión objetada incurre en iii) desconocimiento del precedente judicial , contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional y en múltiples pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado1, en la que , indicó, existen dos

1 Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001 -23-33-000-2013-00666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001-23-31-000-2009-0086701. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 29 de julio de 2019. Expediente No. 11001 -0315-000-201803499-01. M.P. Nicolás Yepes Corrales, Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001-23-33000-2014-00173-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001-23-33000-2014-00208-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-00254-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 12 de

noviembre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-00132-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-31-000-2014-00815-01. M.P. Gabriel Valbu ena Hernández, Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-33000-2015-00331-01. M.P. César Palomino Cortés, Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-0002015-00445-02. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 40001-23-40-000-2017-00134-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2015-90008-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2015-90008-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-2014-90022-01. M.P. GabrielRadicación:11001-03-15-000-2023-02432-00

Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

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Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

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4 posiciones en torno al tema controvertido, pero actualmente se h a acogido una interpretación favorable según la cual a los educadores oficiales vinculados después del 1° de enero de 1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.

Sobre el particular, agregó que la i ntención de la acción es que se respete el restablecimiento de la ley y “los alcances de la interpretación de más de 22 sentencias que al unísono se han expedido sobre la materia en el h.c.e. secció n segunda ”, con ocasión de la confianza que generó en los docentes oficiales vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990, al haberse proferido gran cantidad de sentencias entre el año 2021 y 2022 por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que los motivó a solicitarle a esta jurisdicción que sus cesantías del trabajo del año 2020 fueran traslada das al Fomag a más tardar el 15 de febrero del año 2021, “derecho que fue negado, habiéndose generado una cancelación de una sanción por mora establecida en la ley 50 de 1990 y la ley 344 de 1996”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 27/0323, en el expediente rad. No. 15001333300420220005101,

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 27/0323, en el expediente rad. No. 15001333300420220005101, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUA TIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisi ón no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como con secuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda de acue rdo a los postulados establecidos en los

octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda de acue rdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

Corte Constitucional:

• SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

• SU-041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Consejo de Estado:

• Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001 -23-33-0002013-00666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

Valbuena Hernández, Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-2017-00931-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-0002017-00931-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 7600123-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia de 3 de marzo de 2022.

Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.Radicación:11001-03-15-000-2023-02432-00

Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 • Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 29 de julio de 2019. Expediente No. 11001 -0315-000-2018-03499-01.

M.P. Nicolás Yepes Corrales.

• Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001 -23-33-000-2014-0017301. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001 -23-33000-2014-00208-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-2014-0025401. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-201401. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001 -23-31000-201400132-01. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-31-000-2014-00815-01.

M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001 -23-33000-2015-00331-01.

M.P. César Palomino Cortés.

• Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-0044502. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001 -23-33-000-201500445-02. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 40001 -23-40-000-201700134-01. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-201590008-01. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-201590008-01. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-201490022-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

90008-01. M.P. William Hernández Gómez.

• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001 -23-40-000-201490022-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-2017-0093101. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001 -23-33-000-2017-0093101. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

• Sentencia de 3 de marzo de 2 022. Expediente No. 76001 -23-33-000-2013-00756-01.

M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001 -23-40-000-2017-0079501. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 47 -001-23-33-000-2019-00359-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expediente No. 47 -001-23-33-000-2019-0035901. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 1 de julio de 2022. Expediente No. 47 -001-23-33-000-2019-00376-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de agosto de 2022. Expediente No. 08001 -23-33-000-015-00509-01.

M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.

• Sentencia de 22 de agosto de 2022. Expediente No. 08001 -23-33-000-015-00509-01.

M.P. César Palomino Cortés.Radicación:11001-03-15-000-2023-02432-00

Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 • Sentencia de 22 de septiembre de 2022. Expediente No. 08001 -23-33-000-01590124-01. M.P. César Palomino Cortés”.

4. Pruebas relevantes

Se alleg ó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2022-00051-01, actor: Ana Mercedes Velandia.

5. Trámite procesal

Por auto de 17 de ma yo de 2023, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Soci ales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A., al departamento de Boyacá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 47422 a 47230, todos

Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 47422 a 47230, todos de 24 de mayo de 2023, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión 2 .

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción, en tanto, adujo, el fallo del 27 de marzo de 2023 no desconoció precedente jurisprudencial alguno, ni vulneró derecho fundamental alguno, y, por el contrario, aplicó las consideraciones de la sentencia SU-573 de 2019 , por lo que se observa que el actor busca es establecer una tercera instancia inexistente en el ordenamiento jurídico.

Afirmó que de las sentencias invocadas como desconocidas providencias no se avizora un precedente que ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá apli car la Ley 50 de 1990, para señalar que la Nación – Ministerio de Educación debe reconocer la sanción moratoria por la “ consignación tardía” de las cesantías a los docentes oficiales, pues , como se indicó en la sentencia cuestionada , dichos servidores cuentan con una normatividad especial.

Indicó que la sentencia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tampoco se expidió en violación directa de la Constitución, en razón que el principio de favorabilidad consagrado en el a rtículo 53 de la Carta Política no se puede aplicar de manera indiscriminada, pues el mismo es procedente en el evento en que dos normas regulen un mismo caso , lo

Constitución, en razón que el principio de favorabilidad consagrado en el a rtículo 53 de la Carta Política no se puede aplicar de manera indiscriminada, pues el mismo es procedente en el evento en que dos normas regulen un mismo caso , lo que no ocurre en el caso , en el que la Ley 50 de 1990 , además de contener una sanción por la tardanza en el pago de las cesantías, indicó que las mismas deben ser consignadas en cuenta individual y en el fondo que el trabajador escoja, circunstancias que no son aplicables a los docentes oficiales, pues en virtud de la Ley 91 de 1989, ellos se encuentran afiliados a un solo fondo sin cuenta individual.

2 La notificación se envió a los correos: yobanylopeznotijud@gmail.com, sectribadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, contactenos@gobernacionquindio.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, notjudicial2@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.coRadicación:11001-03-15-000-2023-02432-00

Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 Finalmente, adujo que acceder a lo pretendido por el tutelante sería vulnerar el principio de inescindibilidad de las normas, en razón que se pretende aplicar un fragmento del artículo 99 de la Ley 5 0 de 1990 , sin tener en cuenta las reglas de

principio de inescindibilidad de las normas, en razón que se pretende aplicar un fragmento del artículo 99 de la Ley 5 0 de 1990 , sin tener en cuenta las reglas de cuentas individuales en la consignación de las cesantías, a las normas especiales que regulan las cesantías de los docentes oficiales vinculados al FOMAG , Ley 91 de 1989.

6.2. Respuesta del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto, sostuvo, lo pretendido por el actor es discutir nuevamente los argumentos esbozados en la pr ovidencia objetada, como si esta acción fuera una tercera instancia de ese proceso.

Afirmó que a su juicio, en el caso no se cumplen los supuestos de hecho previstos en el numeral 3) del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el reconocimiento de la sanción por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas a favor de la demandante, “teniendo en cuenta que el empleador no realiza una consignación por concepto de las cesantías en una cuenta individual a favor de la docente ante el fondo que esta m isma elija, sino que el rubro de cesantías se descuenta de los recursos del SGP en educación y se traslada de manera global al Fomag, al cual obligatoriamente debe afiliarse el docente, y cuya dinámica está delimitada en el concepto presupuestal de unidad de caja, sin que exista una cuenta individual a nombre de cada docente”.

Adicionalmente, indicó que, por encontrarse probado que los recursos del SGP con los cuales se financian a los docentes nacionales del departamento de Boyacá

unidad de caja, sin que exista una cuenta individual a nombre de cada docente”.

Adicionalmente, indicó que, por encontrarse probado que los recursos del SGP con los cuales se financian a los docentes nacionales del departamento de Boyacá para la vigencia 2020, s e giraron mes a mes, en el caso no existe mora en la consignación de las cesantías, lo cual se justifica por el propio modelo de liquidación y de giro de recursos provenientes del presupuesto nacional.

Para terminar , r especto a los pronunciamientos jurisp rudenciales que se citaron como fundamento de las pretensiones, sostuvo que los mismos no son semejantes al asunto bajo estudio , además de que , declaró, no existe una sentencia de unificación en materia de la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías anualizadas a favor de los docentes, por lo que no ha incurrido en desconocimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, que prevé la aplicación uniforme de la jurisprudencia.

6.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El apoderado d el ministerio rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud, por cuanto, adujo, en el caso no se vulneraron derechos fundamentales, pues “la acción de tutela no resulta ser la vía procedente para obtener el derecho deprecado, ello, atendiendo la normatividad aplicable al caso, así mismo, se pone de presente al despacho, que por normativa vigente, las pretensiones solicitadas por el accionante, tanto en vía de lo contencioso administrativo, como por vía constitucional, n o se encuentran bajo la gida misional y funcional del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por no ser la autoridad competente”.

solicitadas por el accionante, tanto en vía de lo contencioso administrativo, como por vía constitucional, n o se encuentran bajo la gida misional y funcional del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por no ser la autoridad competente”.

Agregó que la acción no tiene una clara y marcada importancia constitucional que haga procedente la intervención del juez de tutel a en un asunto de la jurisdicción contencioso-administrativa, por el contrario, el accionante utiliza la acción de tutela para reabrir un debate meramente legal, que puede ser debatido y decidido por los jueces competentes en las oportunidades y con las fi guras legales conforme su solicitud.Radicación:11001-03-15-000-2023-02432-00

Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Finalmente, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, por cuanto, sostuvo, el Ministerio de Edu cación Nacional no es, ni representa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Mag isterioFOMAG-, así como tampoco tiene injerencia en las prestaciones sociales responsabilidad de dicho Patrimonio Autónomo, razón clara por la que cualquier demora o irregularidad en el trámite no le es imputable.

6.4. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó de clarar la improcedencia de la acción, por cuanto, afirmó “no existe ninguna conducta concreta,

6.4. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó de clarar la improcedencia de la acción, por cuanto, afirmó “no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales del accionante en relación con Fiduciaria La Previsora S.A., entidad que para los efectos actúa en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)”, y pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que , adujo, no es la entidad competente para revocar o modificar actos administrativos y tampoco transgredió los derechos fundamentales del accionante.

En todo caso, se pronunció sobre la materia objeto de tutela y señaló que d e conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las ces