CE - 110010315000202302435001SENTENCIA20230628112545

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

Accionante: Martín Giraldo Castillo Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-02435-00

Accionante: Martín Giraldo Castillo

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela contra providencia judicial / Sanciones por mora en el pago de las cesantías / Régimen laboral y prestacional de los docentes oficiales / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales / Se declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 27 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja que negó las pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 15001-33-33-003-2022-00025-00/01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 10 de mayo de 2023 Martín Giraldo Castillo presentó, a través de apoderado judicial, una acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso y seguridad social ,Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

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presuntamente vulnerados por la sentencia del 27 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 15001-33-33-003-2022-00025-00/01.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben textualmente:

<<1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 27/03/2023, en el expediente rad. No. 15001333300320220002501, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA

SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVO RABLE AL TRABAJADOR EN CASO

transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVO RABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGU RIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la juri sdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dejar sin efectos la providencia referida e n el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:

[cita 3 expedientes de la Corte Constitucional y 26 expedientes del Consejo de Estado]>>.

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

[cita 3 expedientes de la Corte Constitucional y 26 expedientes del Consejo de Estado]>>.

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 29 de julio de 2021 el accionante, docente del Departamento de Boyacá, radicó una solicitud ante esa entidad para obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías correspondientes a 2020, y por el pago tardío de los intereses a las cesant ías, que se encuentra establecida en el artículo 1 º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

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3.2.- El 26 de agosto de 2021 la Secretar ía de Educación de Boyacá le informó al accionante que ya había realizado el proceso de liquidación de cesantías de 2020 para los docentes del régimen de anualidad del Departamento de Boyacá.

3.2.1.- Aclaró que el 4 de febrero de 2021, una vez terminado ese proceso, la Secretaría envió una comunicación a Fiduprevisora S.A. y esa entidad info rmó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante, el FOMAG) había realizado la confrontación de los reportes de cesantías de 2020, los cuales serían procesados y se incluirían como insumo para la liquidación y pago de interese s a las

realizado la confrontación de los reportes de cesantías de 2020, los cuales serían procesados y se incluirían como insumo para la liquidación y pago de interese s a las cesantías. Sobre la sanción por pago inoportuno de los intereses a las cesantías, señaló que era competencia del FOMAG y le trasladó esa solicitud1.

3.2.2.- Añadió que el 3 de febrero de 2021 la Secretaría remitió a la directora del Fondo Prestaciones Sociales y Económicas de Fiduprevisora S.A. la liquidación de las cesantías de 2020 del personal docente del Departamento de Boyacá2. El 5 de febrero de 2021 la Dirección de Prestaciones Económicas del FOMAG informó que había cargado exitosamente los archivos de cesantías de los docentes de 2020.

3.3.- El 6 de agosto de 2021 el FOMAG negó el reconocimiento de la sanción moratoria por no haberse consignado las cesantías antes del 15 de febrero y el pago de la indemnización por el pago t ardío de los intereses a las cesantías al considerar que la solicitud carecía de fundamento legal. Ello, por cuanto la Ley 91 de 1989, aplicable a los docentes, no preveía las prerrogativas solicitadas.

3.4.- El 9 de noviembre de 2021 el FOMAG generó un extracto de cesantías e intereses a las cesantías respecto de 2020, valor que fue cancelado el 31 de marzo de 2021.

3.5.- El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó su solicitud de pago de

3.5.- El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó su solicitud de pago de sanción por mora en el pago de cesantías . Solicitó condenar a l FOMAG y al Departamento de Boyacá al pago de la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de febrero

1 Agregó que el docente puede evidenciar el valor reportado de cesantías por esa entidad territorial a Fiduprevisora S.A. descargando el reporte de cesantías de 2020 a través de la página www.sedboyaca.gov.co, o también puede acceder al consolidado de cesan tías e intereses en la página del FOMAG, (https://www.fomag.gov.co/fomagzp), donde se encuentra en detalle el consolidado de cesantías y valor girado por intereses. 2 También obra constancia de remisión de correo electrónico del 4 de febrero de 2021 a la directora de l Fondo Prestaciones Sociales y Económicas de Fiduprevisora S.A.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

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de 2021, fecha en que se debió consignar el valor de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo prest acional. De igual manera, pidió el reconocimiento de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

3.6.- Mediante sentencia del 28 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja negó las pretensiones de la demanda3. Citó la sentencia SU-098 de 2018, pero sostuvo que el artículo 98 de la Ley 50 de 1990 no era aplicable a los docentes vinculados al FOMAG . Precisó que para el 2020 el Ministerio de Educación Nacional giró de forma global los aportes de cesantías al FOMAG, recursos que se encontraban disponibles para cuando el actor solicitara el reconocimiento y pago de cesantías parciales o definitivas ante la secretaría de educación correspondiente.

3.6.1.- En consecuencia, consideró que no era posible predicar que la Secretaría de Educación de Boyacá incurrió en mora por no consignar las cesantías hasta el 14 de febrero de cada año, pues el rol de la entidad territorial se limitaba a efectuar la liquidación anual de las cesantías correspo ndientes a cada uno de los docentes vinculados y remitir dicha información a la Fiduprevisora S.A., a quien correspondía administrar los recursos del FOMAG, deber que cumplió a cabalidad al haber enviado la liquidación y reporte de cesantías de la vigencia 2020 a dicha fiduciaria el 3 de febrero de 2021.

3.6.2.- En cuanto a la indemnización por el no pago directo de los intereses a las cesantías dentro del mes siguiente a su liquidación, consideró que la misma no era aplicable al caso de la demandante porq ue los docentes oficiales tienen un régimen

3.6.2.- En cuanto a la indemnización por el no pago directo de los intereses a las cesantías dentro del mes siguiente a su liquidación, consideró que la misma no era aplicable al caso de la demandante porq ue los docentes oficiales tienen un régimen especial en materia de liquidación de los intereses anuales causados por concepto de cesantías, dispuesto en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y que resulta más favorable en la liquidación de intereses a las cesantías.

3.7.- El demandante apeló la decisión por considerar que los docentes sí tienen derecho a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en virtud de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, la cual ha sido acatada por el Consejo de Estado.

3 Resolvió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por las entidades demandadas. Consideró que al FOMAG le asiste legitimación para actuar, en tanto es la entidad encargada de pagar el auxilio de cesantías a los docentes, y a su vez reconocer y pagarles un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año . E n cuanto a la secretaría de educación, recordó que dada la delegación de la función administrativa que le ha sido conferida respecto del reconocimiento de las prestaciones sociales, esta expidió los actos administrativos acusados. Declaró no probada la excepción propuesta.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

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Señaló que el régimen especial de cesantías de los docentes es discriminatorio en

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Señaló que el régimen especial de cesantías de los docentes es discriminatorio en relación con el régimen general, pues la liquidación a favor de los educadores resulta inferior a lo devengado por otro servidor público dis tinto, de manera que era necesario aplicar el principio de favorabilidad.

3.7.1.- Frente al argumento del juez según el cual los hechos de las sentencias de unificación citadas no son iguales al presente asunto (pues allí no existió afiliación al FOMAG o no se giraron los recursos del sistema general de participaciones), indicó que sus pretensiones están basadas en la interpretación unificada de la Corte Constitucional sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG que tengan su régimen de cesantía s anualizado, sumado a que la indemnización contenida en la Ley 52 de 1975 hace parte integral del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, puesto que así se estableció en el artículo 3 del Decreto 1176 de 1991.

3.7.2.- Precisó que a los docentes con régimen de cesantías anualizadas les asiste el derecho a que sean consignadas oportunamente en el FOMAG el 15 de febrero de cada año. Agregó que ello no ocurrió en su caso desde hace 30 años, pero aclaró que solo pretende el restablecimiento de las que no fueron consignadas en 2021 y que corresponde a su trabajo en 2020. Insistió en que también tenía derecho a los intereses a las cesantías. Citó algunas sentencias del Consejo de Estado que señalaron que es

pretende el restablecimiento de las que no fueron consignadas en 2021 y que corresponde a su trabajo en 2020. Insistió en que también tenía derecho a los intereses a las cesantías. Citó algunas sentencias del Consejo de Estado que señalaron que es procedente aplicar la Ley 50 de 1990 al personal docente oficial.

3.8.- Mediante sentencia del 27 de marzo de 2023 , la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia de primera instancia porque no era posible hacer extensiva la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al demandante. Lo anterior, dado que dicha norma prevé la consignación en la << cuenta individual a nombre del trabajador y en el fondo de cesantías escogido por este>>, mientras que el demandante se encuentra afiliado al FOMAG, como fondo común . Precisó que la Ley 91 de 1989 no señaló un término para la consignación anual de cesantías a favor de los docentes y responde al principio de unidad de caja.

3.8.1.- Aclaró que, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma, no es procedente aplicar partes del sistema general (Ley 50 de 1990) al régimen especial (Ley 91 de 1989). Po r esto, la liquidación de cesantías solo se somete a la norma especial aplicable a los docentes vinculados al FOMAG. En consecuencia, no hay lugar a aplicar el principio de favorabilidad porque no es procedente traer varios conceptos que beneficien al doce nte con el fin de crear un régimen salarial y prestacional autónomo,Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

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beneficien al doce nte con el fin de crear un régimen salarial y prestacional autónomo,Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

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constituido por varios apartes normativos de varios regímenes prestacionales.

3.8.2.- En cuanto a la indemnización solicitada en los términos de la Ley 52 de 1975, advirtió que esa norma se dirigía a los trabajadores particulares y en el presente caso se trata de una docente de carácter territorial, de manera que no le resulta aplicable . Además, la Ley 91 de 1989 no prev eía indemnización alguna por el no pago oportuno de los intereses de las cesantías a los docentes.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega tres defectos: (i) sustantivo, (ii) desconocimiento de reglas jurisprudenciales y (iii) violación directa de la Constitución.

4.1.- En cuanto al (i) defecto sustantivo, sostiene que no se aplicaron en debida forma las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de los docentes oficiales), el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de estas.

4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese fondo y

los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de estas.

4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese fondo y deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías parciales o definitivas. De lo contrario, se corre el riesgo de afectar la estabilidad financiera del fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el trabajador al fondo en el cual está afiliado).

4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los docentes oficiales, no es del todo excluyente con las reglas gener ales previstas para los demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa ley indica que las prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

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4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le sería n aplicables a l

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4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le sería n aplicables a l accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La primera consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las mismas a cargo del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 4. Es esta sanción moratoria la que exige el actor. Así, la Ley 344 de 1996 extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a ciertos empleados públicos.

4.1.4.- También exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio del actor, las Leyes 52 de 1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de 1996) le s son aplicables a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.5.- Por otro lado, reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de

2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el FOMAG.

Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligación de consignarlos en determinad os términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al

términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al FOMAG y una vez pagadas, el fondo las administrará bajo el principio de unidad de caja; luego, ambas normas no son excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- En cuanto al (ii) desconocimiento de las reglas jurisprudenciales , el actor afirma que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

4.2.1.- Al respecto, cita las sentencias SU -098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU -041 de

2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria, pues esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el principio de

4 A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella regulada por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no afilia al trabajador a un fondo de cesantías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que la segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le paga a este las cesantías

a un fondo de cesantías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que la segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le paga a este las cesantías parciales o definitivas en los términos de ley.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

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favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos. Las dos últimas sentencias reiteran esa postura.

4.2.2.- Igualmente invoca veintiséis (26)5 sentencias proferidas por esta Corporación y diez (10)6 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

5 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero de 2019, radicado No. 76001 -23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 29 de julio de 2019, radicado No. 11001-0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001 -23-33-000-2014-00173-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; senten cia del 10 de junio de 2019, radicado

No. 08001 -23-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001 -23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001 -23-33-000-2014-00132-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 1 7 de junio de 2021, radicado No. 08001 -23-31-000-2014-00815-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. César Palomino Cor tés; sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 19001 -23-33-000-2015-00445-02, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2014-01127-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 40001 -2340-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-2015-90008-01, Sección Segunda Subsección A , C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001 -23-40-000-2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 20 de enero de 2022, radicado No. 080001 -23-33-000-2017-00931-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No. 080001-23-33-000-2015-00075-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 28 de abril de 2022, radicado No. 76001-23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicado No. 080001 -23-40-000-2017-00795-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No. 47001-23-33-000-2019-00359-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de

julio de 2022, radicado No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; senten cia del 22 de agosto de 2022, radicado No. 08001 -23-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001 -23-33000-2015-90124-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; entre otras. 6 Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001-33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001 -33-33-002-2022-00115-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado No. 05001-33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín; sentencia del 27 de septiembre de 2022, radic ado No. 76 -001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111 -33-33-003-2022-00066-00

proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 680013333002202200065-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30 de septiembre de 2022, radicado No. 680013333009-2022-00109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022, radicado No. 27001 -33-33-002-2022-00072-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó; sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001-33-33-0052022-00122-00 proferida por el Juzgado Quint o Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022 radicado No. 76147 -33-33-002-2022-00008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la sentencia del 19 de enero de 2023 radicado No. 11001-3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

Accionante: Martín Giraldo Castillo Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

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4.3.- Por último, alega una (iii) violación directa de la Constitución porque se desconocieron los principios de igualdad, favorabil idad laboral y progresividad por no aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que

aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que el régimen general, pues de lo contrario se confi guraría un trato discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello conlleve una vulneración al principio de inescindibilidad de la ley laboral.

4.4.- Precisa que no es necesario que se profiera una sentencia de uni ficación en la materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica en la Sección Segunda de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima en las providencias judiciales que deben proferir los jueces. Es decir, que desconocer la pos tura actual de la jurisprudencia configura una violación a la seguridad jurídica. No desconoce la posibilidad de apartarse del precedente, pero reitera que para ello es necesario argumentar las razones de forma suficiente, lo cual no sucedió en este caso.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Boyacá (accionado) aduce que la decisión atacada no incurrió en ningún defecto. En cuanto a los precedentes judiciales citados por el accionante, sostiene que en la mayoría de ellos no se analizaron las diferentes posturas de la Corte Constitucional con respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990. En cuanto a las demás sentencias re ferenciadas, considera que no contienen un precedente que ordene aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.

5.1.- Sobre la sentencia de tutela No. 2018 -03499 del 29 de julio de 2019, precisa que

ordene aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.

5.1.- Sobre la sentencia de tutela No. 2018 -03499 del 29 de julio de 2019, precisa que la misma se profirió antes de la expedición de la sentencia SU-573 de 2019, que no es mencionada por el accionante en el trámite ordinario ni en el de tutela, decisión en que la Corte Constitucional sostuvo que el fallo SU -098 de 2018 no es aplicable a los docentes vinculados al FOMAG. Sostiene que lo mismo sucede con la sentencia proferida en el radicado No. 2009 -00867 del 24 de enero de 2019, pues se emitió en cumplimiento de la sentencia SU-098 de 2018, que no estudió el caso de los docentes vinculados a FOMAG, como la misma Corte Constitucional afirmó en la sentencia SU573 de 2019.

5.2.- Con respecto a las sentencias con radicados No 2013 -00756 del 28 de abril de 2022 y No. 2013-00666 del 6 de agosto de 2020, afirma que no comparten similitudesRadicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00

Accionante: Martín Giraldo Castillo Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

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fácticas con el caso concreto, pues la primera trata sobre un servidor público que no es docente oficial y la segunda desarrolla la excepción de prescripción respecto al pago tardío de las cesantías (diferente a la fecha de consignación).

6.- Fiduprevisora S.A. (tercero con interés), en calidad de vocera y administradora del

docente oficial y la segunda desarrolla la excepción de prescripción respecto al pago tardío de las cesantías (diferente a la fecha de consignación).

6.- Fiduprevisora S.A. (tercero con interés), en calidad de vocera y administrado