CE - 110010315000202302436011SENTENCIA20230814154752

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02436-01

Accionante: EDWIN MAURICIO PORRAS BARÓN

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL BOYACÁ

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia/ medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en la consignación de las cesantías docentes

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por el accionante contra la sentencia del 15 de junio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

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Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

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I. ANTECEDENTES

El accionante invoc ó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. El señor Edwin Mauricio Porras Barón fue vinculado como docente en el departamento de Boyacá desde 1990 hasta la fecha, por lo que su régimen de cesantías era anualizado.

1.2. El 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG el auxilio de cesantías por sus servicios prestados correspondientes al año 2020.

1.3. Por lo anterior, el 30 de julio de 2021 el accionante formuló petición ante el FOMAG, a fin de obtener el reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que fue negada a través del acto administrativo n.° BOY2021ER034405 del 26 de agosto de 2021.

1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el accionante demandó el acto administrativo en mención, proceso que por reparto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja, dependencia judicial que, mediante sentencia del

1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el accionante demandó el acto administrativo en mención, proceso que por reparto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja, dependencia judicial que, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2022, resolvió negar las súplicas de la demanda.

1.5. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 27 de marzo deACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2023, al considerar que el demandante no era acreedor d e la sanción moratoria porque se encuentra afiliad o al FOMAG, por lo que, el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías y sus intereses del año 2020 se rigen por la Ley 91 de 1989.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, porque no aplicó la disposición normativa contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo fondo.

Igualmente, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el

de la Ley 50 de 1990 relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo fondo.

Igualmente, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente establecido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en la que estableció que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en consecuencia, tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías anuales.

Finalmente, argumenta que la providencia en cuestión desconoció 2 2 sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las súplicas de la demanda y en consecuencia reconoció la sanción por mora prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia «1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 27/03/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220007001,

Bogotá D.C. – Colombia «1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 27/03/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220007001, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINIST RACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante (Sic), por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de l a ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada (Sic).

2. Como consecuencia de la anterior declara ción, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las s entencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecid os en

de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecid os en los siguientes expedientes: (…)». (Sic en toda la cita).

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 12 de mayo de 2023 la Sección Quinta de esta corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá como accionado y al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , departamento de Boyacá y a la Fiduprevisora S.A . como terceros interesados en las resultas del proceso.

4.1. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja , por conducto del juez titular del despacho , solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues no agotó la parte actora los medio s extraordinarios de defensa ni acreditó un perjuicio irremediable.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada , manifestó que no incurrió en

Bogotá D.C. – Colombia 4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada , manifestó que no incurrió en ninguno de los defectos invocados por la parte actora en la demanda de tutela.

Al respecto, señaló que no hubo desconocimiento de precedente, pues la sentencia SU-098 no es aplicable para los docentes vinculados al FOMAG.

Así como tampoco la sentencia cuestionada adolece de defecto sustantivo, dado que, los docentes oficiales eran beneficiarios de un régimen especial contemplado en la Ley 91 de 1989 y por lo tanto, no es factible aplicar lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

4.3. El Ministerio de Educación Nacional, por conducto de apoderado judicial, solicitó ser desvinculado del pres ente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la autoridad competente para participar en la discusión que la parte actora pretende ventilar en sede constitucional.

4.4. La Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del FOMAG solicitó ser desvinculada del presente proceso por falta de legitimidad en la causa por pasiva.

Por otra parte, señaló que por disposición del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 p odían administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

recursos para el pago de las cesantías.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia No obstante, indicó que el FOMAG era una entidad creada por la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja, por lo que la totalidad de recursos constituían un patrimonio autónomo administrado a través de un esquema fiduciario en donde los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Por otra parte, sostuvo que las circunstancias fácticas relacionadas en la sentencia SU 098 de 2018 no corresponden a las mismas que se fundamentaron la demanda que resultó desfavorable a las pretensiones del accionante, puesto que en el asunto bajo estudio no se cuestionó la afiliación inoportuna al FOMAG que ocasionó el retardo en la consignación del auxilio de cesantías.

4.5. La Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, por conducto de apoderado judicial manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el demandante y que la decisión cuestionada no adolece de ningún defecto.

Al respecto, señaló que la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados

cuestionada no adolece de ningún defecto.

Al respecto, señaló que la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, toda vez que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla dicha sanción.

En cuanto al desconocimiento de precedente judicial, señaló que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional es un criterio que no resulta vinculante, toda vez que el asunto que allí se decidió no guarda identidad fáctica o jurídica con el que se debate en el presente proceso.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

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Además, porque la Corte Constitucional mediante sentencia SU-573 de 2019, identificó las situaciones fácticas específicas que se analizaron en la sentencia SU -098 de 2018 y aquellas que no fueron objeto de análisis, entre las que se encuentra que el doce nte esté afiliado al FOMAG, como ocurre con el accionante.

5. PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 15 de junio de 2023 rechazó por improcedente la acción de tutela, al

FOMAG, como ocurre con el accionante.

5. PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 15 de junio de 2023 rechazó por improcedente la acción de tutela, al considerar que no se acreditó el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

Al respecto, indicó que la Sección reconocía relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo eran las prestaciones sociales , siempre que se demostraran los demás requisitos; no obstante, en el caso en concreto no se discutía sobre la prestación social sino respecto de la sanción establecida por pago extemporáneo del auxilio de cesantías, de ahí su improcedencia.

6. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual, después de insistir en los argumentos expuestos en la demanda de tutela, señaló que desde el 2019 existe en el Consejo de Estado una postura decantada respecto de la aplicación de la sanción moratoria porACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia consignación extemporánea del auxilio de cesantías anualizadas

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia consignación extemporánea del auxilio de cesantías anualizadas contemplada en la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial.

Por otra parte, indicó que en reciente pronunciamiento el alto tribunal en materia de lo contencioso administrativo, en un asunto de idéntica naturaleza como el que aquí se discute, encontró superado el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema j urídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia del 27 de marzo de 2023 que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías de l accionante, incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial, y por consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) elACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) elACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del pr ecedente y v) el caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser con trolada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio

impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano

1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-0002009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García G onzález.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia propósito garantizar el delicado equili brio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su

interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (i v) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se profirió el 27 de marzo de 2023 y la acción de tutela se presentó el 10 de mayo de 2023.

3.1.4. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, indicó la parte actora en el escrito de impugnación que en reciente pronunciamiento el Consejo de Estado, en un asunto de i déntica naturaleza, encontró superado el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

Así pues, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado

el Consejo de Estado, en un asunto de i déntica naturaleza, encontró superado el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

Así pues, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto tiene una marcada importancia. Así, en sentencia T-114 de 2002, indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia «[…] la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como

fundamentales de las partes».

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un desconocimiento del pre cedente y un defecto sustantivo en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión a efec tos de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.

3.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 3, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales4, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al cas o, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es

3 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.ACCI ÓN DE TUT E L A

entre otras. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes , que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición»5.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y p or ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación

desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y p or ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución»6.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente7.

5 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 6 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de

principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma 8. En ese sent ido, el precedente judicial9 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho10.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido11. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que gu ían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de

8 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T -1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 9 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. , la Corte Constitucional precisó que

2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 9 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. , la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 10 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 11 Sentencia T-109 de 2019. M.P . Gloria Stella Ortiz Delgado.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02436 -01

Accionante : Edwin Mauricio Porras Barón

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”12.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sos