CE - 110010315000202302441011SENTENCIA20231005163339

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02441-01

Accionante: MARGARITA MARÍA JARAMILLO ESPINOSA

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –

SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial / derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad / medio de control de reparación directa / cumplimiento del requisito de relevancia constitucional / defecto fáctico / desconocimiento del precedente / acreditación de falla en el servicio / indebida valoración probatoria

Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 27 de julio de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, que rechazó por improcedente la acci ón de tutela interpuesta por la señora Margarita María Jaramillo Espinosa en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C.AC CI ÓN DE TUTE L A

improcedente la acci ón de tutela interpuesta por la señora Margarita María Jaramillo Espinosa en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

Acci onante: Margarita María Jaramillo Espinosa

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I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La señora Margarita María Jaramillo Espinosa y otros presentaron medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con el fin que se le declarara patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la muerte del señ or Henry de Jesús González Aguirre durante la operación táctica «Midway» llevada a cabo el 27 de mayo de 2008 por integrantes del Gaula Rural de Antioquia.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia que, por medio de sentencia del 13 de febrero de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C que, por medio de providencia del 13

a las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C que, por medio de providencia del 13 de julio de 2022, revocó lo fallado en primera instancia y, en su lugar, negó lo pretendido.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante considera que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico porque se omitió la valoración de las pruebas indiciarias que fueron oportunamente arrimadas al proceso , dejándose de lado el análisis y consideración de los argumentos queAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 sustentaron el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el medio de control.

Señala que no exist e prueba alguna que dé cuenta de la relación del señor Henry de Jesús González Aguirre con un grupo delincuencial, de que este hubi ese disparado algún arma o que estuviese presente de forma voluntaria en el lugar. Pero expone que, pese a ello, la autoridad judicial accionada con la sola presencia del cadáver en la escena dio por sentada la cercanía de este con el grupo delictivo y con los hechos que dieron lugar a la operación militar, situación que denota una deficiencia

judicial accionada con la sola presencia del cadáver en la escena dio por sentada la cercanía de este con el grupo delictivo y con los hechos que dieron lugar a la operación militar, situación que denota una deficiencia probatoria en el caso.

De igual modo, alega un desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado en casos de dificultades en materia probatoria en asuntos de ejecuci ones extrajudiciales y la falta de idoneidad de la justicia penal militar para investigar casos de violaciones de derechos humanos, lo cual afecta de forma directa derechos amparados constitucionalmente en los artículos 13, 29 y 229 de la carta política.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicitó lo siguiente:

«1. Solicito se tutelen los Derechos Fundamentales al debido proceso, de acceso a la justicia y a la igualdad, en conse cuencia se revoque la sentencia del Consejo de Estado, proferido el 13 de julio del 2022 notificada el 11 de noviembre de 2022, mediante el cual se revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentido de denegar las pretensiones de la demanda.

2. Como consecuencia de lo anterior ruego que ordene dejar sin efectos la decisión de segunda instancia proferida p or Consejo de Estado dent ro del proceso radicado número 05001233100020100052401 (55652) y se ordene la valoración integral de la prueba con la consideración de los indicios existentes en el acervo probatorio y que simplemente fueron obviados, ello atendiendo a la postura adoptada por el Consejo de Estado respecto de laAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

obviados, ello atendiendo a la postura adoptada por el Consejo de Estado respecto de laAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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4. INFORMES

Mediante auto del 17 de mayo de 2023, el Consejo de Estado – Sección Quinta admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C como accionado, y al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, así como a María Lucelly Restrepo Giraldo, Sthyd Alejandro y Diego Armando González Restrepo, María Lucía Marín Aguirre, Irma Amparo, María Marlly y Doris María González Aguirre y Estefanía y Andrés Felipe Escobar Jaramillo como terceros interesados en las resultas del proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.

4.1. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C señaló brevemente que las consideraciones contenidas en la sentencia del 13 de julio de 2022, que resolvió el medio de control de reparación directa bajo estudio, son suficientes para explicar la improcedencia del

señaló brevemente que las consideraciones contenidas en la sentencia del 13 de julio de 2022, que resolvió el medio de control de reparación directa bajo estudio, son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado.

4.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional sostuvo que la decisi ón acusada abordó la total idad de argumentos plasmados en el recurso de apelación por la par te demandante y en todo caso su pretensión principal fue el aumento de las cu antías ordenadas por la primera instancia, «sin que la decisión accionada hubiere podido abordar dicho acápite pues al desvirtuarse la imputabilidad del daño a la llamada por pasiva, por sustracción de materia no podía analizarse el asunto de reconocimiento de perjuicios».AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 Expuso que si la parte accionante estaba inconforme con los argumentos que fundamentaron la decisión del proceso ordinario, contaba con las figuras de adición o aclaración de sentencia, los cuales son los mecanismos aplicables y no la acción de tutela, pues con ella lo que pretende es reabrir un debate culminado por el juez natural y cuya competencia no puede ser subrogada por el juez constitucional.

4.3. Los señores Diego Armando González Restrepo, María

que pretende es reabrir un debate culminado por el juez natural y cuya competencia no puede ser subrogada por el juez constitucional.

4.3. Los señores Diego Armando González Restrepo, María Lucelly Restrepo Giraldo, Sthyd Alejandro Gonzále z Restrepo, Marta Lucía Marín Aguirre, Irma Amparo González Aguirre, María Marlly González Aguirre y Doris María González Aguirre coadyuvaron y se adhirieron a las pretensiones de la acción de tutela.

4.4. Las demás partes guardaron silencio.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Quinta, a través de sentencia del 27 de julio de 2023 rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisi to de relevancia constitucional, de conformidad con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 y «no acreditó de manera suficiente la carga argumentativa en relación con los defectos específicos».

Expuso que la accionante pr etende convertir esta acción en una instancia adicional, pues no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carg a argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción d e los mandatosAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

Acci onante: Margarita María Jaramillo Espinosa

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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Finalmente, en cuanto a la coadyuvancia solicitada por l os demás intervinientes dentro del medio de control de reparación directa, el a quo reconoció a los señores María Lucelly Restrepo Giraldo, Sthyd Alejandro González Restrepo, Diego Armando González Restrepo, Marta Lucía Marín Aguirre, Irma Amparo González Aguirre, María Marlly González Aguirre y Doris María González Aguirre como coadyuvantes de la parte actora.

6. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteado s en la acción de tutela.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de

lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 enAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto»1.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, con la expedición de la sentencia del 13 de julio de 2022, incurrió en un defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de la parte accionante.

Previamente a lo anterior, se estudiará si la presente acción de tutela

desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de la parte accionante.

Previamente a lo anterior, se estudiará si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad fijados por la jurisprudencia.

3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

En términos generales y de acuerdo con la doct rina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos

1 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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Bogotá D.C. – Colombia 8 resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva , cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excep cional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como

interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjui cioAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedime ntal, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación

fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedime ntal, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulnerac ión como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se observa que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se notificó el 10 de noviembre de 2022 y la acción de tutela se presentó el 11 de mayo de 2023.

3.1.3. En el presente asunto sí se agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios, cumpliéndose así el requisito de subsidiariedad.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 0 3.1.4. De igual modo, en lo relacionado con el requisito de relevancia constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto tiene una marcada importancia 4. Así, en sentencia T-114 de 2002, indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que:

«[…] la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».5

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un desconocimiento del preced ente y un defecto fáctico en que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada. Por lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia que declaró en incumplimiento de este requisito y se procederá a hacer el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión a efectos de identificar si se

Por lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia que declaró en incumplimiento de este requisito y se procederá a hacer el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.

3.2. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no

4 Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa. 5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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precedente judicial7 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho8.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido9. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que cont iene algunos puntos de derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”10.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la

6 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 7 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. , la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia

7 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. , la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 8 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 9 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 10 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 2 jurisprudencia constituc ional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales 11, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se

que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial12.

4.3. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional 13 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 14, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, compr ende las omisiones en la valoración de

11 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T - 589 de 2007. 12 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T - 589 de

2007. 12 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 13 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

Acci onante: Margarita María Jaramillo Espinosa

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b. Una dimensión positiva15, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al f uncionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»16.

4. CASO CONCRETO

4.1. En primer lugar, la parte accionante alega la configuración de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Frente a ello, de conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso de reparación directa, se advierte que el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C dio como probados los siguientes hechos:

«10.1. El 27 de mayo de 2008, Henry de Jesús González Aguirre murió en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, según da cuenta copia auténtica del registro civil de defunción (f. 10 c. 2).

10.2. Henry de Jesús González Aguirre murió por un «shock traumático y taponamiento cardiaco debido a heridas en pulmón y herida de aurícula derecha», esencialmente mortales, causadas por proyectiles de arma de fuego, según da cuenta copia auténtica del

15 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 16 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

16 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -02441 -01

Acci onante: Margarita María Jaramillo Espinosa

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 4 informe de necropsia nº. 051016000330200880035 del 27 de mayo de 2008, proferido por la ESE Hospital La Merced de Ciudad Bolívar (f. 189 a 192 c. 1).

10.3. El 28 de mayo de 2008, el Comando Gaula Antioquia inició indagación preliminar disciplinaria nº. 9-2008, por los hechos en los que murió Henry de Jesús González Aguirre, según da cuenta copia auténtica del auto (f. 32 a 38 c. 8).

10.4. El 3 de junio de 2008, el Juzgado 128 de Instrucción Penal Militar abrió indagación preliminar por los hechos del 27 de mayo de 2008, en la vereda «El Limón» del Municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f