CE - 110010315000202302451011SENTENCIA20230918094528

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02451-01

Accionante: MILENA ISABEL CABRERA MACHADO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia / medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en la consignación de las cesantías docentes.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la accionante contra la sentencia del 2 2 de junio de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado mediante la cual negó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La accionante invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia con fundamento en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia con fundamento en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

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1. HECHOS

1.1. La señora Milena Isabel Cabrera Machado fue vinculad a como docente en el departamento de Boyacá después de 1990 hasta la fecha, por lo que su régimen de cesantías es anualizado.

1.2. El 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG el auxilio de cesantías por sus servicios prestados correspondientes al año 2020.

1.3. Por lo anterior, el 3 de agosto de 2021 la accionante formuló petición ante el FOMAG, a fin de obtener el reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que fue resuelta mediante auto n.º BOY2021ER035595 del 26 de agosto de 2021.

1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la accionante demandó el acto administrativo en mención, proceso que por reparto correspondió al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, dependencia judicial que, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2022, resolvió negar las súplicas de la demanda.

proceso que por reparto correspondió al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, dependencia judicial que, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2022, resolvió negar las súplicas de la demanda.

1.5. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 27 de marzo de 2023, al considerar que la demandante no era acreedora de la sanción moratoria porque se encuentra afiliada al FOMAG, por lo que, el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías y sus intereses del año 2020 se rigen por la Ley 91 de 1989.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostuvo que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, porque no aplicó la disposición normativa contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo fondo.

Asimismo, señal ó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente establecido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de

sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo fondo.

Asimismo, señal ó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente establecido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en la que estableció que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en consecuencia, tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías anuales.

Además, argument ó que la providencia en cuestión desconoció 2 6 sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las súplicas de la demanda y en consecuencia reconoció la sanción por mora prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 27/03/2023, en el expediente rad. No. 15001333301020220006901, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS F AVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, deACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerand o los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el te ma edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la dema nda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)». (Sic en toda la cita).

diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la dema nda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)». (Sic en toda la cita).

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 15 de mayo de 2023 la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá como accionado y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, al Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Boyacá como terceros interesados en las resultas del proceso.

4.1. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, por conducto de la juez titular del despacho, advirtió que la decisión cuestionada contiene una carga argumentativa suficiente, con base en normatividad aplicable al asunto.

Además, que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, comoquiera que al interior del proceso de nulidad y restablecimiento se surtieron todas las etapas, de modo que, se otorgó a la parte demandante la posibilidad de controvertir las decisiones, lo que garantizó plenamente el debido proceso y el derecho de defensa.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá , por conducto del magistrado ponente, manifestó que la decisión cuestionada no adolece de ninguno de los defectos invocado s en la demanda de tutela , en la medida que no es posible aplicar a los docentes oficiales vinculados al Fomag el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, porque son beneficiario de un régimen especial que no contempla la sanción moratoria.

Por otra parte, precisó que no desconoció el precedente judicial en la medida que aplicó las consideraciones expuestas en la sentencia SU573 de 2019.

Así las cosas, insistió en que lo que pretende actora con la interposición del mecanismo constitucional es una tercera instancia.

4.3. El departamento de Boyacá , mediante apoderado judicial, solicitó desestimar las pretensiones , toda vez que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora en la demanda de tutela.

Al respecto, señaló que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no era aplicable a los docentes oficiales afiliados al F omag, porque tienen un régimen especial en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción.

Por otro lado, indicó que l a sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional es un criterio que no resulta vinculante en el presente

reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción.

Por otro lado, indicó que l a sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional es un criterio que no resulta vinculante en el presente asunto, toda vez que no guarda identidad fáctica o jurídica con el que se debatió en el proceso ordinario.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4.4. La Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del FOMAG, solicitó ser desvinculada del presente proceso por falta de legitimidad en la causa por pasiva.

Por otra parte, señaló que por disposición del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 p odían administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías.

No obstante, indicó que el FOMAG era una entidad creada por la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja, por lo que la totalidad de recursos constituían un patrimonio autónomo administrado a través de un esquema fiduciario en donde los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

recursos constituían un patrimonio autónomo administrado a través de un esquema fiduciario en donde los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Por otra parte, sostuvo que las circunstancias fácticas relacionadas en la sentencia SU 098 de 2018 no corresponden a las mismas en que se fundamentaron la demanda que resultó desfavorable a las pretensiones del accionante, puesto que en el asunto bajo estudio no se cuestionó la afiliación inoportuna al FOMAG que ocasionó el retardo en la consignación del auxilio de cesantías.

4.5. El Ministerio de Educación Nacional , a través del jefe de la oficina jurídica de la entidad, manifestó que el mecanismo constitucional es improcedente, porque no acreditó el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la accionante debió agotar todos los medios ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico; asimismo, porque no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

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5. PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Segunda , Subsección B del Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de junio de 2023 negó la acción de tutela, al considerar

Bogotá D.C. – Colombia

5. PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Segunda , Subsección B del Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de junio de 2023 negó la acción de tutela, al considerar que el Tribunal efectuó el estudio del caso en concreto en el marco de la normativ idad aplicable al asunto, por lo que no observ ó una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio de los intereses de la parte demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente. En contraste, en la sentencia revisada se dio respuesta a las inquietudes o reproches formulados en el escrito de tutela en relación con las decisiones proferidas por la Cort e Constitucional y el Consejo de Estado en las que aparentemente se profirieron decisiones contrarias a lo dispuesto por el juez natural del proceso ordinario , además que se expusieron con claridad las razones por las cuales aquellas no contenían una regla jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para la situación de Milena Isabel Cabrera Machado.

En esa medida, insistió en que la autoridad judicial accionada, no solo revisó una a una las decisiones alegadas como desconocidas, sino que explicó por qué no constituían un precedente judicial vinculante, además que analizó la estructura del FOMAG y el procedimiento que éste adelanta junto con la Fiduprevisora S.A. y los entes territoriales para el pago de las prestaciones del sector docente oficial, argumentos normativos que no han sido objeto de decisión por el Consejo de Estado en sede de lo contencioso administrativo.

6. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia para lo cual, después de insistir en los argumentos expuestos en la demanda de

en sede de lo contencioso administrativo.

6. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia para lo cual, después de insistir en los argumentos expuestos en la demanda de tutela, señaló que fue abrupto el cambio de tesis de la Sección SegundaACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia – Subsección B del Consejo de Estado, puesto que durante más de dos años se conocían fallos con postura pacífica en los que aplicaba a los docentes oficiales la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, teniendo como fundamento el principio de favorabilidad ampliamente desarrollado , así como los parámetros contenidos en la sentencia de unificación 098 del 17 de octubre 2018 proferida por la Corte Constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá al proferir la sentencia del 27 de marzo de

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá al proferir la sentencia del 27 de marzo de 2023 que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías de la accionante, incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial, y por consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) elACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama d el poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser cont rolada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de p rocedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano

1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-0002009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la ac ción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

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3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se profirió el 27 de marzo de 2023 y la acción de tutela se presentó el 11 de mayo de 2023.

3.1.4. El asunto por resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente en que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.

3.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 3, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales4, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es

3 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

entre otras. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

Accionante : Milena Isabel Cabrera Machado

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes , que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición»5.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución»6.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,

5 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 6 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente7.

3.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no

de tutela resultaría improcedente7.

3.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma 8. En ese sentido, el precedente judicial9 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho10.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido11. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que gu ían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un

7 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 8 Ver entre otras las sentencias C -836 de 2001, T -1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.

8 Ver entre otras las sentencias C -836 de 2001, T -1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 9 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. , la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 10 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 11 Sentencia T-109 de 2019. M.P . Gloria Stella Ortiz Delgado.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -02451 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”12.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede

cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”12.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previo s, bien sean estos verticales u horizontales 13, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial14.

3. El caso concreto

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en la providencia del 27 de marzo de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el

12 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt