CE - 110010315000202302460011SENTENCIA20230926164608

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02460-01

Demandante: Julia Rosa Rivillas Echeverri

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02460-01

Demandante: Julia Rosa Rivillas Echeverri

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso de reparación directa. Falla en el servicio por otorgamiento de licencia de construcción. Ausencia de los defectos sustantivo y fáctico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 30 de junio de 2023 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Julia Rosa Rivillas Echeverri, quien actúa en nombre propio, promovió

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Julia Rosa Rivillas Echeverri, quien actúa en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta,2

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dentro del pr oceso de reparación directa con radicación 05001-33-33-015-201500843-01 y, en su lugar, que se ordene a la autoridad accionada aplicar la normativa más favorable en cuanto a «la interpretación del despido».

1.1.2. Los hechos

La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. Presentó demanda de reparación directa en contra del municipio de Copacabana

(Antioquia) y de las Empresas Públicas de Medellín E. S. P., a fin de que se les declarara administrativamente responsables por la falla en el servicio ocurrida en el otorgamiento de la licencia de construcción que le fue concedi da por el municipio y que , luego de que se construyera en el predio, no se le otorgara acometimiento de servicios públicos

administrativamente responsables por la falla en el servicio ocurrida en el otorgamiento de la licencia de construcción que le fue concedi da por el municipio y que , luego de que se construyera en el predio, no se le otorgara acometimiento de servicios públicos domiciliarios, bajo el entendido de que se encontraba ante una violación al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —RETIE—.

1. El 30 de septiembre de 2016, el Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín concedió las pretensiones de la demanda.

1. El 22 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta , revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la accionante, la decisión adoptada por el Tribunal incurrió en los siguientes vicios o defectos:

1.1.3.1. Defecto sustantivo

1. Por indebida interpretación de la normativa en materia de construcción, licencias y acometimiento de redes eléctricas domiciliarias, con respecto a la inspección, vigilancia y control que deben ejercer las entidades en tan relevantes materias. Lo anterior, por cuanto, a partir de una p remisa del conocimiento de la ley, el Tribunal concluyó que la demandada no tenía por qué tener conocimiento de todas las3

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servidumbres que pesaban sobre el inmueble, y que era de obligación de la dueña del predio el conocer de las limitaciones al dominio p revistas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —RETIE—.

1. No se puede predicar la carga pública de soportar que la administración no haya llevado en debida forma los procedimientos de regulaci ón, máxime cuando es de notoriedad pública y regla de la experiencia las funciones de inspección, vigilancia y control que le asisten a las entidades del Estado, más aún en materia de otorgamiento de licencias urbanísticas.

1. Dicha situación fue muy bien entendida por la autoridad de pr imer grado, en la medida en que abordó de manera precisa el objeto y tema de prueba y vio el desequilibrio de las cargas públicas tanto implícita como explícitamente, con fundamento en lo cual procedió a condenar al ente municipal.

1.1.3.2. Defecto fáctico

El Tribunal dio por sentado, sin estarlo, que la actividad probatoria desp legada en el proceso conllevaba que se tuviera que allegar el acuerdo contentivo del Pan Básico de Ordenamiento Territorial de Copacabana —PBOT—, cuando lo cierto es que el dispositivo normativo en materia de derecho público exige a la entidad allegar todos los documentos que se encuentran en su poder, por lo que la carga probatoria correspondía a la entidad accionada.

1.2. Actuación procesal

dispositivo normativo en materia de derecho público exige a la entidad allegar todos los documentos que se encuentran en su poder, por lo que la carga probatoria correspondía a la entidad accionada.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 15 de mayo de 2023, el consejero de Estado Guillermo Sánchez Luque admitió la acció n de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a la señora Julia Rosa Rivillas Echeverri, en calidad de accionante; a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, como demandados; al municipio de Copacabana y a las Empresas Públicas de Medellín E. P. M., como terceros interesados en el resultado de la acción; y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del CGP, informándole que el expediente quedaba a su disposición para su eventual intervención.4

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Asimismo, ordenó informar a la autoridad judicial acci onada y a los terceros con interés que, en el término de tres días, podían rendir informe sobre los hechos objeto de la tutela, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 ; tuvo como pruebas, con el valor que les asigna la ley , los documentos allegados con la solicitud de tutela; y solicitó al Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que,

pruebas, con el valor que les asigna la ley , los documentos allegados con la solicitud de tutela; y solicitó al Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que, en el término de tres días, remitiera copia digital del expediente de reparación directa con radicación 05001-33-33-015-2015-00843-00 [01].

1.2.2. El 24 de mayo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó de la providencia a la señora Julia Rosa Rivillas Echeverri, al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, al municipio de Copacabana , a las Empresas Públicas de Medellín E. P. M., y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.2.3. El 24 de mayo de 202 3, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Antioquia remitió en físico el proceso de reparación directa requerido.

1.2.4. El 20 de junio de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado devolvió al Tribunal el proceso, al haber sido digitalizado e incorporado al aplicativo Samai.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta. El 25 de mayo de 2023, el magistrado Daniel Montero Betancur solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, denegar el amparo, en atención a los siguientes argumentos:

1. Lo que se pretende con la acción de tutela es reabrir el debate jurídico y probatorio que ya se surtió ante los jueces naturales, lo cual es improcedente, puesto que el mecanismo de amparo no puede convertirse en una tercera instancia para controvertir

que ya se surtió ante los jueces naturales, lo cual es improcedente, puesto que el mecanismo de amparo no puede convertirse en una tercera instancia para controvertir los disensos con la providencia censurada. Además, el hecho de que la demandante no esté de acuerdo con la decisión no significa que se ubique dentro de las causales de procedibilidad.5

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1. En todo caso, es de advertir que los planteamientos señalados en la providencia cuestionada son válidos, razonables, ajustados a derecho y respetuosos de los precedentes judiciales, y las pruebas aportadas al proceso fueron valoradas e interpretadas en su integridad, bajo los criterios que informan a la sana crítica o libr e persuasión racional de la prueba, por lo que las discrepancias en la valoración probatoria no constituyen, por sí solas, un defecto predicable de la providencia judicial atacada.

1. De las pruebas se determinó que la servidumbre especial de conducción de energía eléctrica en el terreno fue legalmen te constituida en favor de las Empresas P úblicas de Medellín desde el año 1960, luego, la accionante, al momento de suscribir el acto traslaticio del derecho real de dominio del inmueble consintió que lo reci bía con la servidumbre activa que limitaba el bien , de modo que debió tener en cue nta esa circunstancia al momento de solicitar la licencia de construcción.

traslaticio del derecho real de dominio del inmueble consintió que lo reci bía con la servidumbre activa que limitaba el bien , de modo que debió tener en cue nta esa circunstancia al momento de solicitar la licencia de construcción.

1.3.2. Las Empresas Públicas de Medellín —EPM—. El 29 de mayo de 2023, la apoderada especial, Paula Andrea Pérez A lzate, señaló que la empresa no es la competente para resolver el asunto objeto de debate y, además, que de conformidad con la sentencia SU-128 de 2021 «la acción de tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios», pues la competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]» y «no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales».

1.4. Sentencia impugnada

El 30 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la solicitud de tutela, dados los siguientes considerandos:

1. La tutela contra providencia judicia l tiene un carácter excepcional y, por ello, no le corresponde al juez del amparo revisar ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez natural del asunto a los preceptos aplica dos al resolver la controversia; y, asimismo, tampoco constituye una instancia adicional al proceso ordinario, ni es un6

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asimismo, tampoco constituye una instancia adicional al proceso ordinario, ni es un6

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escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte desfavorecida por una decisión proponga «una mejor solución» al caso.

1. Los argu mentos expuestos por la solicitante están encaminados a volver sobre la controversia decidida por el juez natural, por lo que la acción de tutela se hace improcedente; además, la decisión cuestionada no se advierte caprichosa o arbitraria, en tanto negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, al considerarse que la servidumbre especial de conducción de energía eléctrica en el terreno de la solicitante fue legalmente constituida en favor de EPM desde 1960. Así, respecto al trámite de la licencia de construcción, sostuvo que, como la licencia se solicitó en la modalidad de modificación y ampliación , no se requería pedir com o anexo la certificación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios que diera cuenta de la disponibilidad de los servicios en el predio y que, si bien, la servidumbre debía estar inscrita en la matrícula inmobiliaria del bien, el hecho de que no estuviera impidió al municipio de Copacabana tener conocimiento de la existencia de una servidumbre eléctrica. Asimismo, sos tuvo que la demandante debía conocer los antecedentes

municipio de Copacabana tener conocimiento de la existencia de una servidumbre eléctrica. Asimismo, sos tuvo que la demandante debía conocer los antecedentes legales del inmueble, esto es, si los títulos de propiedad estaban conforme a la ley y si tenían alguna limitación al dominio, pues al momento de suscribir el acto traslaticio consintió que lo recibía con la servidumbre activa.

1.5. Impugnación

El 24 de julio de 2023, la señora Julia Rosa Rivillas Echeverri impugnó la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela, en atención a los siguientes argumentos:

1. Es paradójico que se haya vuelto costumbre en el ámbito judicial el despachar la acción de tutela sin que se señale el por qué se niega el derecho, de manera que es del caso que la segunda instancia analice , de manera profunda , los elementos constitutivos de la tutela y la violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad jurídica.

1. El fin con el que se interpuso el mecanismo de amparo plantea un asunto de relevancia constitucional, por generarse una carga pública en el administrado con7

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respecto a la concesión de licencias de construcción por las administraciones públicas del orden territorial que no hacen la in spección, vigilancia y control. En su caso, sin

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respecto a la concesión de licencias de construcción por las administraciones públicas del orden territorial que no hacen la in spección, vigilancia y control. En su caso, sin tenerse en cuenta que no conocía de la normativa, se le impuso la carga de saber que en el predio no se podía construir, cuando lo cierto es que debió haber una labor mancomunada entre las EPM y el municipio de Copacabana, teniéndose que observar la normativa RETIE en concordancia con las normas de derecho urbano.

1. El juez de tutela no tomó en cuenta , para analizar la trasgresión de sus derechos, la imposibilidad de hacer uso de una propiedad que , según el dictamen practicado al interior del proceso , asciende a la suma de $140.000.000; tampoco que a personas del sector , en iguales condiciones, se les dejó construir, pese a la limitación del dominio; y que al otorgarse la licencia, el ente territorial municipal la hizo incurrir en un error, pues construyó con todos los ahorros de su vida laboral —como madre cabeza de familia— y, posteriormente, las EPM resolvieron no conceder el acometimiento de servicios públicos domiciliarios por violar las normas del RETIE.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien

Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Tercera de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 22 de febrero de 2023,

1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.8

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proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Cuarta, dentro del proceso de reparación directa con radicación 05001-33-33-015-2015-00843-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica de la accionante, por configuración de los defectos sustantivo y fáctico.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la

de los defectos sustantivo y fáctico.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genér icas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma , se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.

identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser

2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

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precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y

aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de reparación directa con radicación 05001-33-33-015-2015-00843-01, la Sala establece lo siguiente:

1. El 24 de junio de 2015, la señora Julia Rosa Rivillas Echeverri, por intermedio de apoderado, promovió demanda de reparación directa en contra del municipio de Copacabana (Antioquia) y de la s Empresas Públicas de Medellín E. S. P., en orden a que se les declarara administrativamente responsables por la falla en el servicio ocurrida como consecuencia de la aprobación de la licencia de construcción n°. 569 del 22 de mayo de 2013, la privación del uso y goce del servicio de energía, y la pérdida de oportunidad en el disfrute del inmueble de su propiedad.

1. El 30 de septiembre de 2016, el Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín emitió sentencia en el siguiente sentido:

Primero. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas.

Segundo. ABSOLVER de responsabilidad a la codemandada EMPRESAS PÚBLICA DE

MEDELLÍN —EPM—.

Primero. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas.

Segundo. ABSOLVER de responsabilidad a la codemandada EMPRESAS PÚBLICA DE

MEDELLÍN —EPM—.

Tercero. DECLARAR administrativamente responsable al MUNICIPIO DE COPACABANA, por los perjuicios materiales ocasionados a la señora JULIA ROSA RIVILLAS ECHEVERRI, con la aprobación de la licencia de construcción n°. 569 del 22 de mayo de 2013.10

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Cuarto. CONDENAR en consecuencia, al MUNICIPIO DE COPACABANA a pagar por concepto de daños materiales (daño emergente) a favor de la señora JULIA ROSA RIVILLAS ECHEVERRI, la suma de $140.429.000), indexada al momento del pago.

Quinto. DENEGAR las demás súplicas de la demanda.

Sexto. CONDENAR en costas el MUNICIPIO DE COPACABANA a favor de la demandante, a la suma de 1 SMLMV, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

1. El 22 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas de ambas instancia s a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, debiéndose liquidar por el juez de

demanda y condenó en costas de ambas instancia s a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, debiéndose liquidar por el juez de primera instancia, quien, además, debería fijar las agencias en derecho.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad

La Sala advierte que la acción de tutela cumple con los referidos requisitos, puesto que: i) tiene «relevancia constitucional», al censurarse la vulneración de derechos fundamentales por configuración de los defectos sustantivo y fáctico; ii) « no se encuentra afectada por subsidiariedad» puesto que lo que se cuestiona es una sentencia de segunda instancia y, de los hechos narrados, no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA, respectivamente; iii) «se cumple con el requisito de inmediatez», toda vez que la providencia objeto de censura data del 22 de febrero de 2023, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 11 de mayo de 2023, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta Corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial; 4 iv) «no cuestiona una irregularidad procesal»; v) «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos»

4 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

irregularidad procesal»; v) «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos»

4 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso , como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.11

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frente a los cuales se alega vulneración; y vi) no cuestiona «una sentencia de tutela», sino la proferida en un proceso de reparación directa.

2.5.2. Sobre la procedencia del amparo deprecado

Se controvierte en la sentencia del Tribunal la existencia de un «defecto sustantivo», por indebida interpretación y aplicación d el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —RETIE—, en concordancia con las normas de derecho urbano, para efectos de la expedición de licencias de construcción; y un «defecto fáctico», por inversión de la carga de la prueba, al atribuirse a la demandante la obligación de allegar el acuerdo contentivo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de —PBOT— del municipio de Copacabana.

la carga de la prueba, al atribuirse a la demandante la obligación de allegar el acuerdo contentivo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de —PBOT— del municipio de Copacabana.

Pues bien, se advierte que, el Tribunal, luego de encontrar acreditada la existencia del daño, consistente en el detrimento patrimonial causado a la demandante por los gastos económicos en que incurrió por la edificación de una vivienda en un predio de su propiedad, a la que no le fue autorizada la instalación del servicio público de energía —pese a contar con licencia de construcción —, procedió a analizar la imputación del daño, esto es, si en el caso procedía la responsabilidad patrimonial del municipio de Copacabana por el hecho de expedir una licencia de construcción sin verifica r si la construcción proyectada cumplía con las normas relativas a las servidumbres eléctricas, en especial, lo concerniente a las distancias que deben existir entre las viviendas y las líneas de energía eléctrica.

Para dichos efectos, trajo de presente lo expuesto en la alzada —interpuesta por el municipio—, en el que alegó que el daño causado a la demandante tuvo como causa la omisión de las Empresas Públicas de Medellín —EPM— de inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la servidumbre, ya que al momento de expedir la licencia de construcción el ente territorial se basó en la información contenida en el certificado de tradición y libertad del predio, y ante la ausencia de anotación en relación con algún tipo de servidumbre, procedió con la expedición de la licencia.

Al analizar el caso, el Tribunal trascribió lo previsto en el artículo 18 de la Ley 126 de

con algún tipo de servidumbre, procedió con la expedición de la licencia.

Al analizar el caso, el Tribunal trascribió lo previsto en el artículo 18 de la Ley 126 de 1938, del que se desprende la obligación de gravar con la servidumbre legal de12

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conducción de energía eléctrica los predios por los cuales deban pasar las líneas respectivas y, posteriormente, realizó el estudio de las pruebas arrimadas al proceso.

Advirtió que mediante la Escritura Pública 6.037 del 15 de noviembre de 1960, inscrita en la matrícula inmobiliaria 012 -869, se constituyó la servidumbre en favor de EPM, y que, de dicho documento, se extraía, entre otras cosas: i) el monto pagado a la señora Margarita Gómez de Velásquez por la servidumbre y los derechos transferidos a EPM, por valor de $34.000, en el cual se incluyó el terreno a ocupar por las torres y vías de acceso a las líneas; ii) el derecho de la propietaria de cobrar el valor de los perjuicios que le fueran causados en su finca por la construcción de las líneas de transmisión de energía eléctrica sobre su inmueble; iii) la ubicación espacial de la finca; iv) la afectación de la servidumbre especial de conducción de energía eléctrica en el terreno, especificándose los linderos; y v) las obligaciones y limitaciones del propietario del

afectación de la servidumbre especial de conducción de energía eléctrica en el terreno, especificándose los linderos; y v) las obligaciones y limitaciones del propietario del inmueble con respecto de la servidumbre.

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