CE - 110010315000202302475011SENTENCIA20230918152858

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01

Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección

Segunda – Subsección D Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Improcedencia – pretende una instancia adicional al proceso ordinario – Carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 15 de junio de 2023, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió declarar improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 10 de mayo de 2022, el señor Rigoberto Olivella Arzuaga interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia de 10 de noviembre de 202 21, proferida por dicha autoridad judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra Colpensiones.

Subsección D, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia de 10 de noviembre de 202 21, proferida por dicha autoridad judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra Colpensiones.

2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales la administradora de pensiones le reconoció al accionante su pensión de vejez, aplicando el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 . Su pretensión es que dicha prestación se reconociera conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 o, de manera subsidiaria aplicando el Decreto 758 de 1990.

3.- En primera instancia el asunto lo conoció el Juzgado 51 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien mediante fallo del 20 de mayo de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que el accionante era beneficiario de régimen de transición. Así ordenó liquidar la prestación aplicando el Decreto 758 de

1990. Igualmente, señaló que para el c álculo del IBL se debían tener en cuenta las cotizaciones tanto públicas como privadas que realizó el demandante, ya que la Ley

1 Notificada el 16 de noviembre de 2022. 2 Radicado: 11001-33-42-051-2019-00569-01.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01

Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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100 de 1993 no hacía distinción y tiene en cuenta todas las cotizaciones realizadas al Sistema General de Pensiones dentro del periodo de liquidación que corresponda.

4.- En sentencia del 10 de noviembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda . Consideró que si bien el demandante en principio era beneficiario del régimen de transición y le eran aplicables los regímenes pensionales previstos en la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, lo cierto era que al verificar el cumplimiento de los requisitos de ambas normas , se evidenciaba que el actor pese a tener más de 20 años de servicios, no consolidó el derecho o adquirió el estatus pensional antes del límite temporal que extinguió la transición , ya que los 60 años que exigen ambas disposiciones los cumplió el 20 de julio de 2016, esto es, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, cuando ya había fenecido el régimen de transición. Concluyó que, por ende, no era factible reliquidar la pensión bajo el régimen pensional del Decreto 758 de 1990, que fue aplicado por el a quo y, en consecuencia, la situación pensional del actor debía regirse por el régimen general de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5.- La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus

consecuencia, la situación pensional del actor debía regirse por el régimen general de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5.- La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, no discriminación, mínimo vital y seguridad social 3, al incurrir en los siguientes defectos:

6.- Defecto sustantivo, por cuanto dejó de emplear las siguientes normas que son aplicables al caso y le impidió acceder a la pensión de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. Concretamente se refirió a: (i) el inciso segundo del artículo 14 del Decreto 386 de 1982, (ii) el artículo 42 de la Ley 31 de 1992 y, (iii) el artículo 49 del Decreto 2520 de 1993.

7.- Explicó que de dichos artículos se desprende que el tiempo laborado por el actor en el Banco de la República, la DIAN y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deben ser sumados para efectos de acceder a la pensión plena de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

8.- Desconocimiento del precedente judicial, pues a pesar de que en la decisión acusada se citó la sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Constitucional y se admitió que era posible acumular tiempos públicos para acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, no hizo el mismo estudio frente a la Ley 33 de 1985. Además, indicó que en la misma sentencia SU-769 de 2014, la Corte Constitucional abrió las puertas para que se puedan acumular tiempos de

a la Ley 33 de 1985. Además, indicó que en la misma sentencia SU-769 de 2014, la Corte Constitucional abrió las puertas para que se puedan acumular tiempos de distinta naturaleza para acceder a las pensiones previstas en los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993; por lo que en aplicación al principio de favorabilidad, nada obsta para que también se pudiera acceder a la pensión de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

9.- Manifestó que, en el caso concreto, la Ley 33 de 1985 es más favorable que el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art ículo 33 de la Ley 100 de 1993,

3 También alegó las garantías de: confianza legítima, prelación de la Constitución sobre las demás normas, eficacia de los derechos fundamentales, primacía de los derechos humanos, prevalencia del derecho sustancial y pago oportuno de las pensiones.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01

Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

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porque le permite al actor pensionarse con una tasa de reemplazo del 75% frente a la reconocida y a una edad inferior (55 años). También es más favorable a la Ley 71 de 1988, porque solo le permite pensionarse con 60 años y la norma de la que reclama su aplicación a los 50 años. Añadió que el actor no puede capitalizar los beneficios del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, porque cuando

de 1988, porque solo le permite pensionarse con 60 años y la norma de la que reclama su aplicación a los 50 años. Añadió que el actor no puede capitalizar los beneficios del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, porque cuando cumplió 62 o 60 años había fenecido el plazo máximo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 para tal fin.

10.- Por último, expuso que esa postura ha sido aceptada por el Consejo de EstadoSección Segunda-Subsección B, en sentencia de 18 de febrero de 2021, radicado 25000-23-42-000-2017-0595601 (2654-2019).

B. Sentencia de primera instancia

11.- Mediante providencia del 15 de junio de 20234, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional.

12.- Primero, sostuvo que el actor se limit ó a discutir la interpretación y aplicación de las normas enunciadas en el escrito de tutela, con el fin de obtener un aumento en la mesada pensional, es decir, que se trata de un asunto de contenido económico, el cual tiene connot aciones particulares o privadas que se reducen a un debate meramente legal y no de índole constitucional . Aunado a ello la tutela carece de carga argumentativa, por cuanto el accionante no justificó la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación, y tampoco explicó la razón por la cual las sentencias invocadas como desconocidas resultaban aplicables a su situación particular.

C. La impugnación

partir de la exposición del concepto de la violación, y tampoco explicó la razón por la cual las sentencias invocadas como desconocidas resultaban aplicables a su situación particular.

C. La impugnación

13.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación en la cual sostuvo que, contrario a lo aseverado por el juez constitucional de primera instancia, en el escrito de tutela se hizo una id entificación cuidadosa, esmerada y pertinente de los requisitos de procedibilidad, en especial las razones por los que el asunto que se discute tiene relevancia constitucional y se identificaron razonablemente los hechos que generan la vulneración alegada, incluyendo la ratio decidendi de la sentencia SU -769 de 2014 , al igual que las razones por las que la misma resulta aplicable al caso.

14.- Posteriormente, hizo una explicación de la vulneración del derecho al mínimo vital y móvil del actor, en el sentido de indicar que es un concepto amplio, que no se agota con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer, sino que va de la mano con un mínimo de condiciones decorosas de vida (citó la sentencia SU -995 de 1995). Agregó que según el criterio del Consejo de Estado - Sección Quinta, se garantiza el derecho fundamental al mínimo vital y móvil de una persona que toda su vida ha percibido y cotizado en pensiones sobre la base de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el reconocimiento de una pensión de un salario mínimo legal mensual vigente, sin tener en cuenta, en el caso concreto, un mínimo de condiciones decorosas de vida del actor, que incluye la

de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el reconocimiento de una pensión de un salario mínimo legal mensual vigente, sin tener en cuenta, en el caso concreto, un mínimo de condiciones decorosas de vida del actor, que incluye la

4 Notificada el 20 de junio de 2023.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01

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apreciación material del valor de su trabajo, las circunstancias propias de cada individuo y el respeto por sus particulares condiciones de vida.

15.- Manifestó que si al actor le reconociero n una pensión aplicando una tasa de reemplazo del 66.19%, cuando le correspondía una pensión equivalente al 75% de su ingreso base de liquidación, es evidente que su ingreso mínimo vital y móvil se vio afectado en un 8,81% del valor total del ingreso base de liquidación y en un 11,746667% del valor de su pensión, lo que constituye una afectación significativa. Corolario de lo anterior, agregó que no se está ante un asunto meramente económico, sino que se advierte su contenido y trascendencia constitucional.

16.- Después hizo referencia al derecho al debido proceso, para lo cual citó el artículo 29 de la C.P y la sentencia C710 de 2001, e indicó que “la simple rebeldía a este principio es suficiente para considerar la materialización de la vulneración a un derecho fundamental, suficiente para que el asunto revista relevancia constitucional”. Así, concluyó que no se está frente a un asunto netamente

a este principio es suficiente para considerar la materialización de la vulneración a un derecho fundamental, suficiente para que el asunto revista relevancia constitucional”. Así, concluyó que no se está frente a un asunto netamente económico o una discusión de un interés privado, sino ante la prevalencia del derecho sustancial, frente al que toda la comunidad tiene interés, así como tampoco se trata de un conflicto sobre la interpretación de la Ley ni se pretende la corrección del fallo reprochado, sino que se está en presencia de una “ evidente y grosera rebeldía frente a los artículos 14 del Decreto 386 de 1983, 42 de la Ley 31 de 1982 y 49 del Decreto 2520 de 1993”.

17.- Posteriormente, hizo alusión al principio de legalidad por desconocimiento de la norma legal aplicable al caso, y sostuvo que el Tribunal accionado cometió una violación grosera a la ley sustancial, porque no tuvo en cuenta que el inciso segundo del artículo 14 del Decreto 386 de 1983, artículo 42 de la Ley 31 de 1982 y el artículo 49 del Decreto 2520 de 1993, prevén que para efectos prestacionales, incluyendo la pensión plena de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 y el Decreto 3135 de 1968, es acumulable el tiempo trabajado en el Banco de la República con el trabajado al servicio de la Nación, a pesar de que por regla general su régimen prestacional y de seguridad social es el previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, por ende, se incurrió en un defecto sustantivo, al dejar de aplicar las normas correspondientes al caso, lo que impidió que el actor accediera a la pensión plena de jubilación prevista

incurrió en un defecto sustantivo, al dejar de aplicar las normas correspondientes al caso, lo que impidió que el actor accediera a la pensión plena de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 . Posteriormente transcribió de nuevo lo que dijo en el escrito de tutela frente a la configuración del mentado defecto.

18.- Seguidamente hizo refe rencia al desconocimiento del precedente judicial, y expuso que fue desacertada la decisión del Tribunal accionado al apartarse del precedente de la Corte Constitucional, que ya ha sido aceptado por el Consejo de Estado, al no permitir la acumulación de ti empos privados para que el actor pueda acceder a la pensión de jubilación plena prevista en la Ley 33 de 1985.

19.- Manifestó que en la sentencia SU-769 de 2014 y en el caso del señor Rigoberto Olivella Arzuaga se plantean problemas jurídicos semejante o cuestiones constitucionales similares, dado que en ambos se pretende acumular tiempos públicos y privados para accede r a una pensión de jubilación en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que las diferencias que existen entre uno y otro caso, como la aplicación del régimen pensional anterior de la Ley 100 de 1993 son irr elevantes porque el propósito esRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01

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lograr acceder al régimen de transición pensional previsto en la Ley 100 de 1993. Posteriormente, reiteró los argumentos que esbozó en el escrito de tutela relacionados con este defecto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

20.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19915.

E. Análisis del caso concreto

21.- En su escrito de tutela e impugnación, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D incurrió en un defecto sustantivo al dejar de emplear el inciso segundo del artículo 14 del Decreto 386 de 1982, el artículo 42 de la Ley 31 de 1992 y el artículo 49 del Decreto 2520 de 1993, de los cuales se desprende que el tiempo laborado en el Banco de la República así como el trabajado al servicio de la Nación son acumulables para acceder a la pensión plena de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

22.- Así mismo, que desconoció el precedente judicial, específicamente la sentencia SU-769 de 2014, la cual abrió las puertas para que se puedan acumular tiempos de distinta naturaleza para acceder a las pensiones previstas en los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, y en donde se plantea un problema jurídico

distinta naturaleza para acceder a las pensiones previstas en los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, y en donde se plantea un problema jurídico semejante al de su caso, por lo cual es precedente aplicable, así como el fallo del Consejo de Estado -Sección Segunda -Subsección B, de 18 de f ebrero de 2021, radicado 25000-23-42-000-2017-0595601 (2654-2019), el cual ha aceptado dicha postura.

23.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos6: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

24.- Teniendo claro lo anterior, la Sala considera que el asunto carece de relevancia constitucional, pues, se advierte que la parte actora pretende convertir el amparo constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario, al no estar de acuerdo

5 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. En este punto es impo rtante precisar que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se pide el restablecimiento de los derechos fundamentales de la parte actora frente a las sentencias del 21 de julio de 2021

En este punto es impo rtante precisar que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se pide el restablecimiento de los derechos fundamentales de la parte actora frente a las sentencias del 21 de julio de 2021 y 19 de mayo de 2022 proferidas por la autoridad judicial demandada, teniendo en cuenta que la primera de ellas fue dejada sin efectos mediante sentencia de tutela del 4 de marzo de 2022 por esta misma Subsección (Rad. 11001-03-15-000-2022-00342-00), el análisis de la Sala se centrará en la decisión adoptada por l a Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia con fecha del 19 de mayo de 2022, en razón a que, este fallo fue proferido en reemplazo de aquel que ya no tiene efectos jurídicos y es el que da cierre definitivo a la litis. 6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01

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con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D al ser adversa a sus intereses y, con ello, reabrir y continuar el debate del proceso ordinario en el que fue dictado el fallo enjuiciado ; aunado al hecho que algunos argumentos carecen de carga argumentativa.

25.- Por interesar a la causa, se traerán a colación apartes del fallo cuestionado -10

el debate del proceso ordinario en el que fue dictado el fallo enjuiciado ; aunado al hecho que algunos argumentos carecen de carga argumentativa.

25.- Por interesar a la causa, se traerán a colación apartes del fallo cuestionado -10 de noviembre de 2022 - referidos al análisis realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el régimen jurídico aplicable y las conclusiones a las que llegó:

<<(…) 3. Marco Normativo aplicable.

3.1. El inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció un régimen de transición para quienes, por razón de la edad o del tiempo trabajado, pudier an encontrarse próximos a adquirir el derecho pensional, quienes continuarán sujetos al régimen pensional que gobernaba su expectativa, en cuanto a la edad, al tiempo de servicios o al número de semanas cotizadas, y al monto de la pensión, si a la entrada en vigencia tuvieren 35 años o más de edad, si es mujer, o 40 años o más si es hombre, o 15 o más años de servicios.

Ahora bien, entre las leyes que se hallaban vigentes a la fecha en que entró a regir el sistema integral de seguridad social de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994 para los empleados nacionales y 30 de junio de 1995 para los de carácter territorial), encontramos el régimen pensional previsto en el Decreto 758 de 1990, que en su artículo primero estableció su campo de aplicación, así (…)

En virtud de lo anterior, el Decreto 758 de 1990, cobija a las personas afiliadas al seguro social contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional,

artículo primero estableció su campo de aplicación, así (…)

En virtud de lo anterior, el Decreto 758 de 1990, cobija a las personas afiliadas al seguro social contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional, cuya vinculación sea de carácter privada. A su vez en su artículo 12 prevé los requisitos para acceder a la pensión de vejez, de la siguiente manera (…)

Del examen de la norma transcrita se colige que el Decreto 758/90, prevé como presupuestos para acceder a la pensión de vejez, tener una vinculación de carácter privado; haber cotizado 500 semanas durante los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo y tener mínimo 55 años de edad si es mujer, o 60 o más años si es hombre.

Asimismo, se observa que el artículo 20 ibídem, prevé que la pensión puede oscilar entre un 45% como mínimo y un 90% como máximo del salario mensual, dependiendo del número de semanas cotizadas, y que para liquidar la pensión, se deberá establecer el salario mensual base, el cual se obtiene multiplicando el factor 4.33, por la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas.

Ahora bien, sobre la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 a empleados públicos la Corte Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014 señaló (…)

De conformidad con lo anterior, para efecto del reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, es

De conformidad con lo anterior, para efecto del reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, es posible acumular los tiempos de servicios públi cos y privados, siendo posible también acumular cotizaciones a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad, es un evento no cont emplado en dicha normatividad.

De lo anterior se concluye, que si el pensionado tiene cotizaciones públicas y privadas, por 20 años o más, y cotizaciones a diferentes cajas o fondos de previsión social , es beneficiario del régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, pues, la Corte Constitucional señaló, que si bien el campo de aplicación para esta normatividad es para empleados con cotizaciones de carácter privado, esRadicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01

Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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posible acumular tiempos públicos cotizados a otras cajas o fondos de previsión social, en caso de no completar el número de semanas de cotización requeridas para el reconocimiento de la prestación.

En el caso que nos ocupa, se encuentra acreditado que el demandante cotizó 1.472 semanas al ISS y COLPENSIONES (Cuaderno No. 2, fls 262 - 265), de las cuales

reconocimiento de la prestación.

En el caso que nos ocupa, se encuentra acreditado que el demandante cotizó 1.472 semanas al ISS y COLPENSIONES (Cuaderno No. 2, fls 262 - 265), de las cuales 15.75 fueron cotizados a la UGPP, y que además de ello, si bien es cierto, acredita 20 años de ser vicios públicos independientes de los cotizados al sector privado, y es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, también lo es que, bajo el principio constitucional de favorabilidad, le es aplicable el régimen pensional que le resulte más favorable a su situación, entre los posibles aplicables (Leyes 33 y 62 de 1985 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año)(…)

Corolario de lo anterior, en caso que al momento de causarse el derecho pensional, el empleado sea b eneficiario de varios regímenes, es deber del operador de justicia analizar y aplicar el régimen más favorable a la parte.

3.2. Régimen de transición. Sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado y jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Frente a la interpretación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la liquidación de las pensiones beneficiarias del mismo, se ha indicado lo siguiente:

3.2.1 La CORTE CONSTITUCIONAL se ha pronunciado al respecto, entre otras, en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, en las cuales fijó su posición frente a la interpretación y alcance

las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, en las cuales fijó su posición frente a la interpretación y alcance del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100/93, concluyendo que el Ingreso Base de Liquidación – IBLno fue un aspecto sometido a transición.

(…)

3.2. Igualmente, el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo, en virtud de las facultades previstas en los artículos 111.3 y 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, providencia en la cual realiza un análisis del Ingreso Base de Liquidación en el régimen de transición de la Ley 100/93, concluyendo que dicho régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de tales regímenes para las personas que se encontraban afiliadas a éstos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Dichos elementos solo hacen refer encia a la edad, el tiempo de servicios y al monto de la pensión.

(…)

En ese sentido, concluyó que con la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición, fijada en la providencia citada, “(i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución

de transición, fijada en la providencia citada, “(i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema.”

En esta decisión el Consejo de Estado tuvo en cuenta los factores salariales sobre los cuales se realizaron aportes para pensión de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y en consecuencia negó la pre tensión, de lo que se infiere que el IBL no es objeto del régimen de transición. Por lo anterior, es pertinente señalar, que esta Sala de Decisión acoge los lineamientos expuestos por el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación citada.

4. Decisión del caso.

Se encuentra demostrado que Rigoberto Olivella Arzuaga, de conformidad con la Resolución No. DIR 4332 del 27 de febrero de 2018 (Cuaderno No. 2, fls.261 vto. -Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01

Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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265), laboró del 21 de enero de 1977 a l 20 de septiembre de 1990 en el Banco de la República; del 1° de abril de 1992 al 15 de diciembre de 1992 en Alberto Rodolfo

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265), laboró del 21 de enero de 1977 a l 20 de septiembre de 1990 en el Banco de la República; del 1° de abril de 1992 al 15 de diciembre de 1992 en Alberto Rodolfo Pacheco Monsalvo; del 17 de diciembre de 1992 al 22 de abril de 1993 en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN; del 1° de agosto de 1993 hasta el 20 de febrero de 1994 en Alberto Rodolfo Pacheco Monsalvo; del 19 de febrero de 1996 hasta 17 de mayo de 2007 en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y finalmente, del 1° de noviembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2016, en el nombre de la entidad que trabajó, aparece el del accionante, de lo que se infiere, que fueron cotizaciones realizadas como independiente. Respecto a los tiempos de servicios prestados al Banco de la República debe precisarse lo siguiente:

De conformidad con la Ley 31 de 1992, los empleados del Banco de la República cuentan con un régimen laboral propio consagrado en dicha l