CE - 110010315000202302510001SENTENCIA20230630100039

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02510-00

Actora: Alicia Torres de Devia

Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso, iii) vida, iv) mínimo vital y v) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 24 de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 730013333002201800016-01, vulneró sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social.2

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 730013333002201800016-01, vulneró sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02510-00

Actora: Alicia Torres de Devia

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, contrajo matrimonio católico con el señor Vicente Devia (Q.E.P.D.), el 12 de septiembre de 1951, con quien procreó siete (7) hijos.

4. Expresó que, el señor Vicente Devia (Q.E.P.D.) prestó sus servicios en el Ejército Nacional, y por haber cumplido con los requisitos legales le fue reconocida la asignación de retiro.

5. Agregó que, solicitó ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, el reconocimiento y pago de la asignación de retiro que percibía el señor Vicente Devia

(Q.E.P.D.), en calidad de cónyuge supérstite, la cual fue negada mediante las resoluciones núms. 7058 del 06 de septiembre de 2017 y 9245 del 21 de noviembre de 2017.

6. Indicó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones núms. 7058

restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones núms. 7058 del 06 de septiembre de 2017 y 9245 del 21 de noviembre de 2017 ; y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la entidad demandada a que reconociera y pagara la respectiva sustitución de la asignación de retiro de Vicente Devia (Q.E.P.D.), en calidad de cónyuge supérstite, desde el 23 de febrero de 2017.

7. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 3 de septiembre de 2021, accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

8. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia de segunda instancia el 24 de noviembre de 2022, resolviendo lo siguiente:3

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Actora: Alicia Torres de Devia

“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo proferido el 03 de septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el cual quedara así:

“SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a reconocer y pagar, a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, la sustitución de la asignación de retiro del S.S. ® VICE NTE DEVIA (q.e.p.d.), a favor de la señora ALICIA TORRES DE

de la sentencia que ponga fin a este proceso, la sustitución de la asignación de retiro del S.S. ® VICE NTE DEVIA (q.e.p.d.), a favor de la señora ALICIA TORRES DE DEVIA, como cónyuge supérstite del causante, en cuantía del 44% del valor total de la prestación.” SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás la decisión de primera instancia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia […]”.

9. El Tribunal Administrativo del Tolima consideró lo siguiente:

“[…] Se advierte que la señora Alicia Torres de Devia reclamó la sustitución de la asignación de retiro el 25 de julio de 2017, es decir, después de que la entidad demandada había reconocido como beneficiaria de la sustitución de la prestación a la señora Rubiela Tabimba Marín, mediante la Resolución 2941 del 17 de abril de 2017, acto administrativo en firme, pues no obra prueba de que contra este se haya formulado recurso alguno en sede administrativa, ni fue cuestionado dentro de este proceso judicial.

Conforme con lo anterior, CREMIL ha pagado la totalidad de la prestación (en un 100%) a la compañera permanente supérstite desde el fallecimiento del causante, por lo tanto, mal podría condenarse a pagar nuevamente el 50% a la demandante (en calidad de cónyuge), por el mismo período.

Así las cosas, para la Sala no es dable admitir que se ordene el reconocimiento de la cuota parte de la sustitución de la asignación de retiro a favor de la demandante, conforme lo ordenó el a quo, ya que ésto implicaría una doble erogación a cargo de la entidad demandada quien, en cumplimiento del deber constitucional de obrar de

la cuota parte de la sustitución de la asignación de retiro a favor de la demandante, conforme lo ordenó el a quo, ya que ésto implicaría una doble erogación a cargo de la entidad demandada quien, en cumplimiento del deber constitucional de obrar de buena fe, ha venido pagando desde el fallecimiento del causante el 100% del derecho pensional a la beneficiaria (compañera permanente) a quien creyó deberla, por tratarse de la persona que desde un primer momento acreditó los presupuestos de ley para que se le concediera la prestación.

De igual forma, se estaría afectando el Tesoro Público, máxime si se trata del sistema pensional, en donde se encuentra en peligro la sostenibilidad financiera de la seguridad social y el mínimo vital de las personas inclusive de las futuras generaciones […]”.

[…]

“[…] En orden a lo expuesto, es evidente que el reconocimiento de la prestación a favor de la demandante, debe hacerse a partir de la ejecutoria de la sentencia que la reconoció como beneficiaria, y no desde la fecha de consolidación del derecho a sustituir asignación de retiro, como lo ordenó la primera instancia, en cuanto a que, conforme a la jurisprudencia trascrita, no se puede imponer a la demandada un doble pago por un valor que ya fue desembolsado, con recursos del tesoro público, y en cumplimiento de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad (Resolución 2941 del 17 de abril de 2017).

Sin más consideraciones, la Sala advierte que el fallo de primera instancia deberá ser modificado, en el sentido de indicar que la cuota parte de la sustitución de la4

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ser modificado, en el sentido de indicar que la cuota parte de la sustitución de la4

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Actora: Alicia Torres de Devia

asignación de retiro reconocida a la señora Alicia Torres de Devia, será percibida a partir de la ejecutoria de esta sentencia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Tutelar los Derechos fundamentales, A LA VIDA, AL MÍNIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, de la señora ALICIA TORRES DE DEVIA, mujer, adulto mayor, sujeto de especial protección Constitucional, población vul nerable, nacida el 6 de Mayo de 1933, habida cuenta que de la pensión que se le ha reconocido judicialmente, mediante sentencias de primera y segunda instancia, le fue negado el RETROACTIVO PENSIONAL desde el día del fallecimiento de su esposo VICENTE DEVI A (Q.E.P,D.), por consideraciones erradas y de una presunta intención de protección a los recursos públicos, argumentos esgrimidos en fallo judicial, que vulneran y hasta desconocen sus derechos fundamentales como adulta mayor y cónyuge sobreviviente del causante de la Señora ALICIA TORRES DE DEVIA. (La sentencia de segunda instancia reconoció el derecho pensional desde la ejecutoria de la sentencia, desconociendo el precedente jurisprudencial, y los derechos de la viuda)

1.2.- Que, en consecuencia de lo anterior, se REVOQUE el NUMERAL PRIMERO

de segunda instancia reconoció el derecho pensional desde la ejecutoria de la sentencia, desconociendo el precedente jurisprudencial, y los derechos de la viuda)

1.2.- Que, en consecuencia de lo anterior, se REVOQUE el NUMERAL PRIMERO de la sentencia de Segunda Instancia proferida el día 24 de Noviembre de 2022 por la SALA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, y en su lugar, se ordene al precitado Tribunal, que proceda a confirmar en sentencia de segunda instancia, en su integridad la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué […]”.

Actuación

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima ; y iii) vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y a Rubiela Tabimba Marín en calidad de tercero s con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

12. El Tribunal Administrativo del Tolima adujo que:

“[…] En este contexto, en el caso sub examine, no se observa la configuración de los requisitos sentados por la Corte para la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial, por cuanto la parte actora no demostró que con la decisión5

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una providencia judicial, por cuanto la parte actora no demostró que con la decisión5

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se incurrió por parte de este Despacho en: a) defecto material o sustantivo; b) en un defecto fáctico, c) en la violación directa de la Constitución; d) en un defecto al expedirse una decisión sin motivación, pues la misma se sustentó en normas vigentes, aplicables al caso concreto y conforme al material probatorio allegado al plenario, y mucho menos, existió una indebida valoración probatoria, tal como lo anuncia el extremo activo de esta acción constitucional […]”.

13. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares adujo que:

“[…] De los planteamientos expuestos se colige que la Entidad actuó conforme a derecho y los actos administrativos proferidos gozan de presunción de legalidad, así como las sentencias proferidas en primera y segunda instancia […]”.

[…]

“[…] Decretar la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales en las que no han sido falladas en forma caprichosa ni arbitraria, sino con sujeción al ordenamiento jurídico para el caso […]”.

14. La señora Rubiela Tabimba Marín expresó que:

“[…] De la lectura, del escrito tutelar, es fácil obtener, que el apoderado judicial de la señora Alicia Torres, pretende emplear la Acción Constitucional contra la providencia judicial emanada del despacho del Tribual Administrativo del Tolima, pues así lo rot ula en el escrito de su memorial; seguidamente el litigante pretende

la señora Alicia Torres, pretende emplear la Acción Constitucional contra la providencia judicial emanada del despacho del Tribual Administrativo del Tolima, pues así lo rot ula en el escrito de su memorial; seguidamente el litigante pretende reabrir un debate, surtido en sede de instancia, el cual resulto nugatorio a sus aspiraciones, el cual consiste en obtener el reconocimiento y pago del retroactivo pensional a favor de su poderdante. Sin embargo, sus pretensiones no están llamadas a prosperar, pues carecen de la idoneidad suficiente, en los lineamientos jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional, en lo que respecta a la Acción de Tutela contra providencias judi ciales, además sus pretensiones van en perjuicios, de los principio de cosa juzgada, legalidad y seguridad jurídica, ignoradno a su vez, que la congnición jurídca de ad-quem, surge por disposición expresa de la ley (literal C. artículo 164 CPACA) […]”.

15. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas6

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Actora: Alicia Torres de Devia

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para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señal ados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativ o y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vida; vi) marco normativo y jurisprudencial del de recho

fundamental a la igualdad ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vida; vi) marco normativo y jurisprudencial del de recho fundamental al mínimo vital; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala7

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Plena1, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela c ontra decisiones judiciales

21. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20053, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

C-590 de 8 de junio de 20053, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez co nstitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requis itos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 3 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.8

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Actora: Alicia Torres de Devia

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucional es tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisit os generales de procedibilidad de la acción de tutela

acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisit os generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20146, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 6 Ut supra página 6.9

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Actora: Alicia Torres de Devia

6 Ut supra página 6.9

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Actora: Alicia Torres de Devia

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicio nal. En consecuencia, en caso que de la acción de

declarar improcedente el amparo constitucional[10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicio nal. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”10

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al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero

al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esencia les son el derecho al juez natural [ 13]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las r eglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad

grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado14:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘ que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”15

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la

Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral -, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago de la pensión entra e n mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la m