CE - 110010315000202302515001SENTENCIA20230810153854

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA - Derecho de petición.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional formulado por Johny Alfonso Romero Rocha contra la Presidencia de la Repúbl ica, el Ministerio del Trabajo, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Contraloría Distrital de Barranquilla, la Alcaldía de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación y Colfondos S.A.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 15 de mayo de 2023, el señor Johny Alfonso Romero Rocha instauró demanda de tutela, con fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, seguridad social y vida digna. Considera que tal prerrogativa fue vulnerada por las accionadas al no resolver de fondo una solicitud que elevó el 30 de noviembre

de tutela, con fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, seguridad social y vida digna. Considera que tal prerrogativa fue vulnerada por las accionadas al no resolver de fondo una solicitud que elevó el 30 de noviembre de 2022, originada en la presunta mora de su ex empleador en la consignación de los aportes pensionales durante el periodo de tiempo en que estuvo v inculado en la Contraloría Distrital de Barranquilla.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a que:

<< ordene a la PRESIDENCIA DE COLOMBIA RESOLVER DE FONDO MI DERECHO DE PETICION Y DENUNCIA que incluya la APERTURA DE INVESTIGACION CONTRA EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA por su OMISION en sancionar a COLFONDOS por las conductas permisivas y omis ivas que han permitido que la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y EL DISTRITO

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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DE BARRANQUILLA se roben mis aportes pensionales de 24 meses y sus

Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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DE BARRANQUILLA se roben mis aportes pensionales de 24 meses y sus rendimientos financieros de 23 años que hoy suman $350.000.0000 trescientos cincuenta millones de pesos

(…) ORDENE A COLFONDOS, CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y

A DISTRITO DE BARRANQUILLA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA A CONSIGNAR DE FORMA INMEDIATA MIS APORTES PENSIONALES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INDEXACION DE 23 AÑOS DE MORA EN MI CUENTA INDIV IDUAL DE COLFONDOS A NOMBRE DE JOHNY ALFONSO ROMERO ROCHA CC 72.200.057. COLFONDOS ES SOLIDARIA EN ESTA DEUDA POR SU OMISION EN EL COBRO COMO LO SEÑALA LA LEY.

Solicito se ordene a MINISTERIO DE TRABAJO, PROCURADURIA, FISCALIA,

SUPERINTENDENCIA FINANCIER A DE COLOMBIA, COLFONDOS,

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y DISTRITO DE BARRANQUILLA

RESOLVER DE FONDO MI PETICIÓN Y DENUNCIA>>.

3.- Como sustento fáctico de sus pretensiones, el accionante relató que, en ejercicio del derecho de petición, el 30 de noviembre de 2022, a través de correo electrónico2, elevó una solicitud ante la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Financiera de Colombia , la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Barranquilla, la Contraloría Distrital

Nación, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Financiera de Colombia , la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Barranquilla, la Contraloría Distrital de Barranquilla y Colfondos S.A., con el fin de que se investigaran y sancionaran una serie de irregularidades que se originaron en los siguientes hechos, y se hiciera el pago de sus cotizaciones:

(i). Desde el 6 de abril de 2001 hasta el 8 de septiembre de 2003, laboró en la Contraloría Distrital de Barranquilla. No obstante, durante 24 meses, la entidad no consignó los aportes por concepto de pensión obligatoria a l fondo pensional al cual se encontraba afiliado el accionante -Colfondos S.A.-. Agregó que, para ese entonces, contaba con 104 semanas cotizadas en la Contraloría, pero que las mismas no han sido reconocidas por el fondo de pensiones debido al no pago de los aportes por parte de su empleador. Aseveró qu e Colfondos ha sido negligente en el cobro del dinero adeudado, pues han transcurrido más de 20 años sin que haya iniciado el proceso de cobro coactivo, a fin de recuperar esos dineros.

(ii). Afirmó que, a través de acto administrativo expedido en 2021, la Secr etaría General de la Contraloría Distrital de Barranquilla reconoció que la entidad adeudaba los aludidos aportes pensionales y sus respectivos intereses moratorios y que se encontraba desarrollando el saneamiento contable y adelantando las gestiones pertinentes para la consecución de los recursos a fin de pagar dicha obligación.

adeudaba los aludidos aportes pensionales y sus respectivos intereses moratorios y que se encontraba desarrollando el saneamiento contable y adelantando las gestiones pertinentes para la consecución de los recursos a fin de pagar dicha obligación.

2 Dirigido a las siguientes direcciones electrónicas: contacto@presidencia.gov.co, super@financiera.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co, asuntosciviles@procuraduria.gov.co, funcionpublica@procuraduria.gov.co, presidencia@senado.gov.co, jurisdiccionales@super financiera.gov.co, solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co, notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co y cgrcgr@contraloria.gov.co.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

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(iii). Reprochó que transcurrió más de un año desde dicha respuesta, sin que se hiciera el pago de sus aportes. Además denunció que entre agosto y octubre de 2022 “se esfumaron por mala administración $27.500.000” de su ahorro pensional.

4.- En respuesta a dicha solicitud, la Presidencia de la República, por medio del Oficio OFI22-00165864 del 15 de diciembre de 2022, le indicó que, al carecer de competencia para conocer del asunto, sería del caso remitirlo a la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera de Colombia , sin embargo, comoquiera que la solicitud también se dirigió a las mismas, se abstendría de ello.

competencia para conocer del asunto, sería del caso remitirlo a la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera de Colombia , sin embargo, comoquiera que la solicitud también se dirigió a las mismas, se abstendría de ello.

5.- Por su parte, el 12 de diciembre de 2022, Colfondos S.A. brindó respuesta a la solicitud formulada por el actor, indicándole que, una vez realizadas las verificaciones correspondientes, encontró que su ex empleador registra una mora por concepto de aportes pensionales durante los periodos comprendidos entre noviembre de 2001 a agosto de 2002, noviembre de 2002 a febrero de 2003 y abril de 2003 a septiembre de 2004. En virtud de ello, le informó que, a través de oficio COB -SER-0307-12-06 del 6 de diciembre de 2022, procedió a realizar el cobro respectivo, por lo que, una vez reciba el pago de los mismos, estos serán acreditados en su cuenta de ahorro individual.

6.- En el escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que las accionadas vulneraron su derecho fundamental de petición , toda vez que no han resuelto de fondo la petición que presentó. Además, cuestiona que, pese a que la Contraloría Distrital de Barranquilla ya reconoció que adeuda los aportes pensionales objeto de reclamo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera de Colombia no han sancionado a la entidad ni a su fondo de pensiones.

7.- Aunado a lo anterior, manifestó que la Presidencia de la República tampoco resolvió de fondo su solicitud, aun cuando en la misma está vinculada la

fondo de pensiones.

7.- Aunado a lo anterior, manifestó que la Presidencia de la República tampoco resolvió de fondo su solicitud, aun cuando en la misma está vinculada la Superintendencia Financiera de Colombia por ser omisiva en ejercer el control adecuado de las actuaciones de su ex empleador y su fondo de pensiones. En ese sentido, reprochó que a pesar de que el Primer Mandatario funge como Jefe Directo del Superintendente, no abrió una investigación disciplinaria en su contra. A su vez, cuestionó que la Presidencia le hubiera otorgado la categoría de “copia” a la petición que presentó, sin fundamento legal alguno.

8.- Por otro lado, manifestó que la mora en el pago de sus aportes pensionales por parte de la Contraloría Distrital de Barranquilla, así como el no cobro de los mismos por parte de Colfondos S.A. vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social y vida digna, toda vez que para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez depende de los ahorros que tiene consignados en su fondo de pensiones. Sin embargo, dichas omisiones le han impedido obtener “el dinero suficiente” que le garantice por lo menos una mesada pensional de un (1) S.M.M.L.V. Además, señalóRadicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

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que si bien en la actualidad tiene 50 años de edad y para obtener la pensión debe contar con 62 años y 1300 semanas cotizadas , no tiene por qué esperar 12 años

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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que si bien en la actualidad tiene 50 años de edad y para obtener la pensión debe contar con 62 años y 1300 semanas cotizadas , no tiene por qué esperar 12 años más para que se le paguen los aportes que le adeudan.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

9.- Mediante auto del 19 de mayo de 2023, se dispuso inadmitir la demanda de tutela de la referencia para que, en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de ese proveído, la parte actora procediera a su corrección, precisando de forma clara los hechos, así como las actuaciones y/o omisiones en las que presuntamente incurrió la Presidencia de la República, que considera vulneratorias de los derechos fundamentales invocados. Además, requirió al accionante para que remitiera algún soporte documental que permitiera acreditar la respectiva constancia de envío o radicación de la solicitud que afirma haber elevado ante las accionadas.

10.- Una vez subsanada en debida forma, por auto del 7 de junio de 2023, se admitió la acción de tutela , se ordenó notificar de su presentación a las demandadas, así como vincular a la Contraloría General de la República y al Senado de la República3, en calidad de terceros con interés. Adicionalmente, se dispuso comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo.

(i) Presidencia de la República4

11.- La entidad solicitó ser desvinculada de la presente acci ón constitucional, dado que no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda. Al respecto,

(i) Presidencia de la República4

11.- La entidad solicitó ser desvinculada de la presente acci ón constitucional, dado que no tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda. Al respecto, señaló que, en el marco de las funciones a ella asignadas, no le corresponde: (i) determinar si existieron irregularidades en el pago de los aportes de pensión por parte de la entidad empleadora del accionante, toda vez que la Contraloría Distrital de Barranquilla y ese distrito son entidades descentralizadas; (ii) investigar las presuntas omisiones de su fondo pensional, pues es o es competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia; (iii) intervenir en las decisiones de la Fiscalía o la Procuraduría General de la Nación; y (iv) requerir acciones por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que no vulneró el derecho de petición de l accionante, pues mediante oficio OFI2200165864 del 15 de diciembre de 2022, le otorgó una respuesta clara , indicándole que carecía de competencia y advirtiendo que las entidades responsables ya conocían del asunto.

(ii) Superintendencia Financiera de Colombia5

12.- Precisó que, si bien la parte accionante radicó una petición ante la entidad el 30 de noviembre de 2022, a través de la cual formuló una denuncia contra Colfondos

3 Entidades a las que también se dirigió la petición presentada por el actor. 4 Intervención digital contenida en 19 folios. 5 Intervención digital contenida en 10 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha

4 Intervención digital contenida en 19 folios. 5 Intervención digital contenida en 10 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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S.A. y la Contraloría Distrital de Barranquilla, lo cierto es que no planteó ninguna solicitud dirigida a ella. Así, una vez analizado el escrito petitorio, concluyó que se trataba de una reclamación que debía ser resuelta por parte del fondo de pensiones, dado que no contenía ninguna solicitud que recayera dentro del ámbito de sus funciones. En consecuencia, le impartió el trámite respectivo, asignándole el número de radicado 2310166984713149932, en la plataforma donde las vigiladas atienden las quejas pre sentadas por los consumidores, por ser estas las llamadas a pronunciarse sobre los motivos que dieron a origen a la inconformidad planteada.

13.- En virtud de lo anterior, indicó que, en esa misma fecha, a través de correo electrónico certificado: (i) le informó al accionante sobre la radicación de la queja; (ii) aclaró que la reclamación sería atendida directamente por Colfondos S.A; y (iii) explicó el alcance de las competencias de la entidad.

14.- Resaltó que, de conformidad con lo previsto en el literal d del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009, las entidades vigiladas por esa Superintendencia tienen la responsabilidad de atender directamente las inconformidades que formulen los consumidores financieros. No obstante, de acuerdo con la Circular Jurídica 029 de

Ley 1328 de 2009, las entidades vigiladas por esa Superintendencia tienen la responsabilidad de atender directamente las inconformidades que formulen los consumidores financieros. No obstante, de acuerdo con la Circular Jurídica 029 de 2014, le corresponde a la Superintendencia verificar que la queja haya sido identificada, atendida y resuelta de manera eficiente y oportuna, independientemente de que la respuesta sea favorable o no, a partir de un estudio en conjunto y no individualizado de todas las quejas que presentan los consumidores financieros.

15.- En consideración a ello y con ocasión del proceso de tutela de la referencia, expuso que procedió a verificar la plataforma y encontró que el trámite de la queja ya se había cerrado sin que Colfondos hubiese otorgado alguna respuesta y que esta última registró el 5 de diciembre de 2022, una queja con radicado número 23102327071 que se fundamentó en el mismo escrito que había sido enviado a la entidad. Respecto de este último, advirtió que el fondo de pensiones dio respuesta en los siguientes términos: “Realizadas las validaciones correspondientes, evidenciamos que el 12 de diciembre de 2022, emitimos respuesta a su solicitud mediante oficio VJ-DPC-52950-2022, el cual adjuntamos para su verificación.”

16.- Así, teniendo en cuenta los antecedentes de la queja y la gestión de la entidad vigilada, señaló que, mediante Oficio número 2023068169 -000 del 22 de junio del año en curso, requirió a Colfondos S.A., para que informara sobre el trámite que adelantó para atender la queja formulada por el actor, así como para que remitiera copia de la respuesta brindada al consumidor financiero. Además, le solicitó

año en curso, requirió a Colfondos S.A., para que informara sobre el trámite que adelantó para atender la queja formulada por el actor, así como para que remitiera copia de la respuesta brindada al consumidor financiero. Además, le solicitó información sobre el trámite que impartió frente a la presente acción constitucional. Todo lo cual le fue comunicado al demandante el 23 de junio siguiente.

17.- Esbozado lo anterior, alegó que no incurrió en algún a ctuar omisivo que transgreda los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, puesRadicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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actuó en estricto cumplimiento de las funciones que le han sido legalmente asignadas y en procura de los intereses del consumidor financiero.

18.- Con todo, resalt ó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el trámite de las quejas ante la Superintendencia Financiera de Colombia tiene un procedimiento especial que lo diferencia de las peticiones.

(iii) Contraloría Distrital de Barranquilla6

19.- El ente territorial reconoció que se encuentra en mora con la obligación de pago de los aportes pensionales del accionante, pero que, teniendo en cuenta el estado financiero de la entidad, le es imposible cumplir con dicha obligación. Sin em bargo, aseguró que ello no debe ser un obstáculo para que el accionante obtenga el reconocimiento de su pensión, pues le corresponde a Colfondos reconocer la misma

financiero de la entidad, le es imposible cumplir con dicha obligación. Sin em bargo, aseguró que ello no debe ser un obstáculo para que el accionante obtenga el reconocimiento de su pensión, pues le corresponde a Colfondos reconocer la misma y, con posterioridad, efectuar el recobro al empleador. Sin perjuicio de ello, solicitó que la tutela sea “inadmitida”, por referirse a un asunto estrictamente económico.

(iv) Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla7

20.- La accionada aclaró que, de acuerdo con el Decreto 289 de 2000, el Distrito asumió los pasivos de las entidades descentralizadas, entre ellas, la Contraloría Distrital, pero únicamente por el periodo de tiempo comprendido entre el 6 de junio de 1995 hasta el 30 de enero de 2001 y, por lo tanto, las fechas de los aportes pensionales que son objeto de reclamo se encuentran excluidas de dicho interregno. En esa medida, sostuvo que no tiene ningún trámite pendiente a favor del actor, por lo que solicitó ser desvinculada de la acción de tutela.

(v) Ministerio del Trabajo8

21.- Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que carece de competencia para declarar derechos individuales o decidir sobre controversias jurídicas como las planteadas en la solicitud de amparo.

(vi) Fiscalía General de la Nación

22.- El Director Seccional de Fiscalías del Atlántico dio traslado de la acción de tutela a los despachos que tienen o tuvieron conocimiento de noticias criminales en los que aparece como denunciante el señor Johny Alfonso Romero Rocha, con el fin

22.- El Director Seccional de Fiscalías del Atlántico dio traslado de la acción de tutela a los despachos que tienen o tuvieron conocimiento de noticias criminales en los que aparece como denunciante el señor Johny Alfonso Romero Rocha, con el fin de que rindieran informe sobre los hechos objeto de relato en la solicitud de amparo.

6 Intervención digital contenida en 4 folios. 7 Intervención digital contenida en 3 folios. 8 Intervención digital contenida en 2 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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23.- Las Fiscalías Primera y Cuarta Delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito, Trece y Quince Locales Delegadas ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos, Sexta, Catorce y Treinta y Nueve Locales, Veintitrés, Treinta y Dos, Cuarenta y Siete, Cincuenta y Uno, Cincuenta y Ocho y Cincuenta y Nueve Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito, Diecinueve, Treinta y Seis, Cuarenta y Dos, Sesenta y Sesenta y ocho Seccionales, informaron que la situación fáctica que motivó la solicitud de amparo no guarda relación alguna con los hechos que están siendo investigados por ellas.

24.- La Fiscalía Veintiuno Local indicó que el asunto sometido a su conocimiento, se trata de una denuncia presentada por el accionante por el delito de estafa , que tuvo origen en hechos ocurridos el 25 de junio de 2008 y que actualmente se

se trata de una denuncia presentada por el accionante por el delito de estafa , que tuvo origen en hechos ocurridos el 25 de junio de 2008 y que actualmente se encuentra en etapa de juicio.

25.- La Fiscalía Cincuenta y Cinco Seccional de Administración Pública señaló que dentro de los cuatro procesos que están a su cargo, el denunciante no ha presentado ninguna petición, por lo que no ha vulnera do derecho fundamental alguno. En el primero de ellos, se denunció una serie de irregularidades ocurridas al interior de un proceso ejecutivo, el cual se encuentra en etapa de indagación, mientras que los otros tres se encuentran inactivos por haberse ordenado su archivo.

26.- La Fiscalía Cincuenta y Seis Seccional de la Unidad de Patrimonio Económico y Fe Pública manifestó que en dicho despacho cursan cuatro investigaciones en las que figura como denunciante el actor, dos de ellas se encuentran en etapa de investigación, mientras que otras dos fueron archivadas.

(vii) Senado de la República9

27.- El tercero con interés adujo que no vulneró derecho fundamental alguno de la parte actora, comoquiera que, por medio del oficio SGE -CS-3033-2023 del 27 de diciembre de 2022, dio traslado de la solicitud presentada por el accionante a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a Colfondos S.A., al estimar que carecía de competencia para conocer de la misma. Lo cual fue comunicado en esa misma fecha al correo electrónico del accionante, a través del oficio SGE-CS-3034-2023.

(viii) Contraloría General de la República10

competencia para conocer de la misma. Lo cual fue comunicado en esa misma fecha al correo electrónico del accionante, a través del oficio SGE-CS-3034-2023.

(viii) Contraloría General de la República10

28.- La entidad solicitó ser desvinculada del trámite de tutela, teniendo en cuenta que, en el marco de las competencias a ella asignadas, no le corresponde intervenir en las actuaciones administrativas objeto de reclamo, sin perjuicio de las facultades de control posterior y selectivo de ese ente, sobre el desempeño de las funciones a

9 Intervención digital contenida en 5 folios. 10 Intervención digital contenida en 4 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

Accionante: Johny Alfonso Romero Rocha Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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cargo de las entidades accionadas sujetas a su control, siempre que las mismas conlleven una gestión fiscal.

(ix) Johny Alfonso Romero Rocha

29.- El accionante allegó un memorial, en el que informó que, con posterioridad a que se admitiera la acción de tutela, el 22 de junio de 2023, la Contraloría Distrital de Barranquilla le remitió el Oficio 130-001-1382-2023, a través del cual dio contestación a la solicitud presentada por él, reconociendo que adeudaba los aportes pensionales objeto de reclamo, pero que en razón a la situación financiera que atraviesa la entidad, no era posible pagar la obligación, por lo que su fondo de pensiones debía reconocer los tiempos cotizados para acceder a la pensión y, posteriormente, realizar

objeto de reclamo, pero que en razón a la situación financiera que atraviesa la entidad, no era posible pagar la obligación, por lo que su fondo de pensiones debía reconocer los tiempos cotizados para acceder a la pensión y, posteriormente, realizar el recobro de esos dineros a la entid ad, a través de los mecanismos legalmente previstos. El actor aseveró que esa respuesta no resuelve de fondo su solicitud, pues no se le han consignado los aportes pensionales que se le adeudan, así como tampoco se le ha reconocido las semanas cotizadas faltantes.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa

30.- La Sala accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, dado que, en efecto, carece de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que el actor no logró acreditar haber radicado la solicitud objeto de reclamo ante dicha entidad. Además, si bien se observa que el accionante aportó copia de una respuesta que le brindó el ente territorial, la misma fue otorgada con respecto a otra petición que había presentado previamente.

31.- Por el contrario, la Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación planteadas por la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y la Contraloría General de la República, en la medida que la parte actora s í demostró haber radicado la solicitud que se cuestiona ante dichos entes y les endilgó una serie de reproches ante la falta de respuesta a la petición.

D. El derecho de petición

32.- De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “toda persona tiene

de reproches ante la falta de respuesta a la petición.

D. El derecho de petición

32.- De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

33.- Así, el derecho de petición tiene una finalidad doble, por un lado, permite que los interesados presenten peticiones respetuosas a las autoridades y a los particulares y, por otro, garantiza una contestación oportuna, eficaz, de fondo yRadicación: 11001-03-15-000-2023-02515-00

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congruente con los requerimientos que plantea el peticionario en el ejercicio de esta prerrogativa constitucional.

34.- En esa línea, la Corte Constitucional 11 ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición conlleva los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y efectiva de presentar peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta de fondo, clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado por el peticionario; (iii) contestar oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido para tal efecto y; (iv) la comunicación pronta de la contestación al peticionario; sin perjuicio de que el contenido de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado.

35.- En ejercicio de tal prerrogativa, el peticionario cuenta con la posibilidad de

(iv) la comunicación pronta de la contestación al peticionario; sin perjuicio de que el contenido de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado.

35.- En ejercicio de tal prerrogativa, el peticionario cuenta con la posibilidad de formular, entre otras cosas, quejas, denuncias y/o reclamos, conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1755 de 201512.

36.- La jurisprudencia constitucional también ha precisado que no solo es necesario que las peticiones sean presentadas en términos respetuosos, sino que, además, el interesado debe interponer la solicitud -en forma debida-, es decir, se requiere que la misma sea elevada ante la autoridad que tenga la competencia para pronunciarse sobre la situación planteada. Ahora bien, si la petición se presenta ante quien no corresponde, éste último tiene la obligación tanto de remitir la solicitud a la autoridad que estime competente para pronunciarse de fondo sobre la misma, como de comunicarle tal situación al peticionario.

E. Análisis del caso concreto

37.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales a la Presidencia de la República, al Ministerio del Trabajo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la Contraloría Distrital de Barranquilla, a la Alcaldía de Barranquilla, a la Procuraduría General de la Nación y a Colfondos S.A., por la supuesta omisión en la respuesta de fondo frente a una solicitud que presentó el 30 de noviembre de 2022, en la que denunció una serie de hechos, que tuvieron origen en la mora de su ex empleador en la consignación de aportes pensionales.

fondo frente a una solicitud que presentó el 30 de noviembre de 2022, en la que denunció una serie de hechos, que tuvieron origen en la mora de su ex empleador en la consignación de aportes pensionales.

38.- En el curso del proceso, se constató que otras autoridades diferentes a las mencionadas previamente, también conocieron de la solicitud en c uestión, a saber, la Contraloría General de la República y el Senado de la República, por lo que fueron vinculadas al trámite de tutela en calidad de terceros.

(i) Análisis de las pretensiones 1 y 3 – solicit