CE - 110010315000202302523001SENTENCIA20230629091536

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000 2023 02523 00

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: CARLOS EFRÉN CÁCERES

TESIS: DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.

LA PETICIÓN FORMULADA POR EL ACTOR EL 16 DE FEBRERO DE 2023 FUE REMITIDA POR LA PROCURADURÍA A LA ENTIDAD COMPETENTE Y, POR SU

PARTE, LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DIO RESPUESTA A LA PETICIÓN DE FORMA CLARA, DE FONDO Y COMPLETA

DENTRO DEL TRÁMITE DE LA TUTELA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN, AL DEBIDO PROCESO,

AL TRABAJO Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , la UNIDAD

DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –2

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PROCURADURÍA DELEGADA SEGUNDA PARA LA VIGILANCIA

PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor CARLOS EFRÉN CÁCERES, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su s derechos fundamentales de petición , al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fue ron vulnerados por el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , la UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y la PROCURADURÍA, por cuanto no se ha dado trámite ni ha recibido respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud presentada, vía electrónica, el 16 de febrero de 2023, en el que pidió investigar presuntos nombramientos irregulares en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y en el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena.

1 En adelante la Procuraduría.3

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Seccional de la Judicatura del Magdalena.

1 En adelante la Procuraduría.3

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I.2. Hechos

Afirmó que el 16 de febrero de la presente anualidad, presentó ante la PROCURADURÍA queja radicada bajo el núm. E -2023-089854, por inconformidad en los nombramientos irregulares que se vienen realizando en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y en el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena.

Señaló que el 17 de marzo de 2023 recibió oficio proveniente de la PROCURADURÍA, en donde se le informaba que su petición fue trasladada por competencia a la Directora de la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL.

Resaltó que, a la fecha, no ha obte nido respuesta alguna ni información por parte de la Directora de la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL , lo que deja en evidencia la vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al trabajo y a la igualdad.4

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al debido proceso, al trabajo y a la igualdad.4

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I.3. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] se sirva ordenar a quien corresponda en la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, para que me informe de manera clara y precisa, cuáles son las actuaciones que ha tomado respecto de la queja que presente por las inconformidad en nombramientos irregulares que se vienen realizando en la Dirección Seccional de Santa Marta y Consejo Seccional del Magdalena, la que por competencia les fue traslada

desde la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION –

PROCURADURIA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILA NCIA

PREVENTIVA DE LA FUNCION PUBLICA. […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA informó que a la fecha no ha recibido solicitud relacionada con la queja por inconformidad en nombramientos irregulares que se vienen realizando en la Dirección Seccional de Santa Marta y en el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena por parte del actor, quien tampoco se encuentra preinscrito ni cuenta con trámites activos en esa entidad.5

Seccional de Santa Marta y en el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena por parte del actor, quien tampoco se encuentra preinscrito ni cuenta con trámites activos en esa entidad.5

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Finalmente, solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional, toda vez que la acción de tutela va dirigida contra la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y a la fecha el actor no ha realizado solic itud alguna en esa entidad, por lo que no cuenta con las facultades o competencias para satisfacer las pretensiones expuestas en el escrito de tutela.

I.4.2.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL solicitó que denegar el amparo solicitado, en la medida en que no se han vulnerado los derechos fundamentales del actor, pues mediante Oficio CJO23-3209 de 24 de mayo de 2023 se brindó respuesta a la queja, en la que se le informó que las peticiones presentadas fueron atendidas mediante los oficios CJO20-2917 de 26 de agosto de 2020, CJO22-5488 de 9 de diciembre de 2022, CJO23250 de 26 de enero de 2023 y CJO23-435 de 8 de febrero de 2023.

Asimismo, en cuanto a la realización de nombramientos de personas

250 de 26 de enero de 2023 y CJO23-435 de 8 de febrero de 2023.

Asimismo, en cuanto a la realización de nombramientos de personas externas al sistema de carrera, ignorando a los empleados de planta, sostuvo que a través de Oficio CJO23-3209 de 24 de mayo de 2023 brindó respuesta, en la cual le informó que tratándose de vacantes6

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permanentes cuando no existan registros de elegibles vigentes, el nominador puede realizar los nombramien tos conforme al artículo 132 de la Ley 270 de 1996, mientras se hace la designación por el sistema legalmente previsto, para lo cual es autónomo.

Ahora, frente a la realización de concursos de méritos, refirió que le indicó al actor que en la desagregación de los proyectos de inversión para la presente vigencia, se incluyó diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las pruebas para los cargos de empleados de Altas Cortes y para los empleados de carrera de los consejos, Superior y seccionales de la judicatura, comisiones seccionales de disciplina judicial, direcciones, Ejecutiva y seccionales de administración judicial; sin embargo, que previo a dar inicio a ello, se requiere una revisión de la planta y una reestructuración d e los cargos administrativos de la Rama Judicial, tema este último que

de administración judicial; sin embargo, que previo a dar inicio a ello, se requiere una revisión de la planta y una reestructuración d e los cargos administrativos de la Rama Judicial, tema este último que viene ejecutando la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Informó que las anteriores respuestas fueron remitidas a los correos electrónicos aportados para efecto de notificaciones por el actor, por lo que, al estar la pretensión atendida, debe ser declarada la carencia actual de objeto por hecho superado.7

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I.4.3.- La PROCURADURÍA puso de presente que el actor ya había promovido una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Santa Marta por los mismos hechos, por lo que podría configurarse un actuar temerario en el asunto.

Destacó que mediante radicado S-2023-023464 dio respuesta a las peticiones presentadas por el actor; además, a través de los radicados S -2023-022603, S -2023-022604, S -2023-22605 y S2023-022606 de 16 de marzo de 2023, remitió por competencia las inconformidades en la provisión y acceso a cargos públicos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, Magdalena y de la Rama Judicial.

Sumado a ello, refirió que teniendo en cuenta que no tiene competencia disciplinaria frente a los funcionarios que anuncia el

Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, Magdalena y de la Rama Judicial.

Sumado a ello, refirió que teniendo en cuenta que no tiene competencia disciplinaria frente a los funcionarios que anuncia el quejoso, remitió por competencia las inconformidades a todas las entidades correspondientes, lo cual fue informado al actor.

Así las cosas, indicó que se está en presencia de la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que la vulneración del derecho alegado se encuentra superado o desapareció.8

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA solicitó su9

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desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gre gorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares10

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por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala

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por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el derecho de petición de 16 de febrero de 2023 objeto de tutela fue presentado ante la PROCURADURÍA y que esta a su vez trasladó por competencia la solicitud a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL , la Sala considera que no le asiste interés alguno en las resultas del proceso a la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA , máxime cuando las pretensiones de la acción de tutela tampoco van dirigidas contra dicha entidad, razón por la cual se aceptará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela11

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en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela11

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y la PROCURADURÍA, por cuanto no se ha dado trámite ni ha recibido respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud

2 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".12

ni ha recibido respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud

2 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".12

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presentada, vía electrónica, el 16 de febrero de 2023.

Conforme con lo anterior, corresponde determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados, especialmente el de petición, al presuntamente omitir dar trámite y respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud formulada el 16 de febrero de 2023 o si, por el contrario, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con lo expuesto en las contestaciones presentadas en el presente trámite constitucional.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará mención al marco legal del derecho fundamental de petición, para en seguida abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a o btener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.13

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a o btener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.13

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Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20113, estableció que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos estructurales esenciales del derecho fundamental de petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T -466 de 2004, el núcleo ese ncial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,

Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T -466 de 2004, el núcleo ese ncial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de

2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i) -; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud

3 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.14

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presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T -1160A de 2001, T-1889 de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes elementos: ( i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como el de información, participación política y libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.15

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Que, por ello, la respuesta debe cumpl ir con estos requisitos: ser oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado ; ser puesta en conocimiento del peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre en una vulneración del derecho cons titucional fundamental de petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 4 se ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se refirió así la citada Ley:

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se refirió así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades

4 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.16

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implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de

examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando s e trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación […]”.

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley 1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de información o consultas a las autoridades en relación con las materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días, respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Descendiendo al caso concreto , visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a17

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realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se aprecia que

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realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se aprecia que el actor presentó derecho de petición , vía electrónica, ante la PROCURADURÍA el 16 de febrero de 2023, con el fin de que se diera trámite a la queja respecto de los nombramientos irregulares que, a su juicio, se vienen realizando en la Dirección Secc ional de Administración Judicial de Santa Marta y en el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena.

En efecto, aun cuando el actor no allegó copia del derecho de petición objeto de tutela, de los anexos allegados por el señor CARLOS EFRÉN CÁCERES y de las pruebas expuestas por la PROCURADURÍA al contestar la acción de tutela, se evidencia que sí se formuló el derecho de petición que se alega, tal como se observa a continuación:18

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Ahora, del informe rendido por la PROCURADURÍA se advierte que

dicha entidad mediante oficios S-2023-022603, S-2023-022604, S2023-22605 y S-2023-022605 de 16 de marzo de 2023, remitió por19

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competencia la solicitud a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, tal como se observa a continuación:20

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-02523-00

ACTOR: CARLOS EFRÉN CÁCERES

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co21

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-02523-00

ACTOR: CARLOS EFRÉN CÁCERES

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Sumado a lo anterior, mediante oficio S -2023-023464 de 21 de marzo de 2023, la PROCURADURÍA emitió respuesta al actor frente a la remisión de las presuntas irregularidades en la provisión y acceso a cargos públicos, de la siguiente manera:

“[…] Respetado señor Cáceres,

marzo de 2023, la PROCURADURÍA emitió respuesta al actor frente a la remisión de las presuntas irregularidades en la provisión y acceso a cargos públicos, de la siguiente manera:

“[…] Respetado señor Cáceres,

La Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública recibió la ampliación de su comunicación relacionada con un conjunto de hechos y situaciones que a su criterio representan irregularidades en cuando al principio de mérito en el acceso y permanencia en el ejercicio de cargos públicos en la rama judicial, de manera particular en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, Magdalena.22

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-02523-00

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Frente a lo anterior, este despacho una vez analizado el documento de ciento treinta y cuatro (134) folios, treinta y siete (37) hechos y cuatro (4) pretensiones a partir de las competencias constitucionales y legales de este Órgano de Control y las correspondientes normas aplicables a la Rama Judicial en el Estado Social de Derecho colombiano, le comunica lo siguiente:

Respecto a su pretensión #1: “1.Si me asiste el derecho para exigir por medio administrativo o j