CE - 110010315000202302533011SENTENCIA20231003125154

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejera Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02533-01

Accionante: FRANCISCO EDUARDO GUTIÉRREZ ÁLVAREZ

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma el fallo impugnado que declaró improcedente la presente acción de tutela. No se cumple el requisito general de la relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de 21 de julio de 2023, proferida por la Sección Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado1.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez, actuando a través de apoderado2, presentó acción de tutela3 con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 20 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, y mediante la cual se revocó la sentencia de 31 de enero de 2020 que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001-33-33-007sentencia de 31 de enero de 2020 que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001-33-33-0072015-00051-024.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante y los documentos allegados, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en

síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que el Gobierno Nacional mediante el Decreto núm. 4057 de 2011 dispuso la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS y el traslado y reubicación de sus funcionarios.

1 Con ponencia del magistrado Dr. Nicolás Yepes Corrales. 2 Dr. José Alejandro Aguirre Gaviria. 3 La tutela se presentó el 15 de mayo de 2023 como consta en el índice 2 del aplicativo SAMAI dentro del proceso con radicado núm. 1100103-15-000-2023-02533-01. 4 Proceso promovido por el accionante en contra de la Presidencia de la República y de la Contraloría General de la Nación.2

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Accionante: Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez

2.2. Indicó que a través del Decreto núm. 2713 de 2013, fue incorporado a la planta de persona l de la Contraloría General de la República junto con noventa funcionarios más provenientes del DAS.

2.3. Manifestó que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-386 de 2014 ,

de persona l de la Contraloría General de la República junto con noventa funcionarios más provenientes del DAS.

2.3. Manifestó que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-386 de 2014 , declaró inexequible el artículo 15 5 de la Ley 1640 de 2013 y, en consecuencia, la Contraloría General de la República, mediante la Resolución núm. 81117-0010812014 de 10 de julio de 2014, declaró la pérdida de fuerza ejecutoria d el acto administrativo a través del había sido incorporado6.

2.4. Señaló que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la demanda núm. 19001-33-33-007-2015-00051-00 en contra de la Presidencia de la República y de la Contraloría General de la República para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 81117-001081-2014 de 10 de julio de 2014 y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que lo reintegraran al cargo desempeñado en la Contraloría General de la República y le pagaran las prestaciones dejados de percibir y los daños inmateriales que le fueron ocasionados.

2.5. Indicó que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia de 31 de enero de 2020 7, negó las pretensiones de la demanda por considerar que la remoción del señor Gutiérrez Álvarez era procedente en virtud de la sentencia de constitucionalidad C-386 de 2014.

2.6. Señaló que inconforme con la decisión del a quo , presentó recurso de

considerar que la remoción del señor Gutiérrez Álvarez era procedente en virtud de la sentencia de constitucionalidad C-386 de 2014.

2.6. Señaló que inconforme con la decisión del a quo , presentó recurso de apelación8, en el cual alegó que el acto administrativo que lo nombró en la Contraloría General de la República creó una situación particular y subjetiva que no podía ser desconocida por la entidad.

2.7. Manifestó que mediante sentencia de 20 de octubre de 20229, el Tribunal Administrativo del Cauca revocó el fallo recurrido y, en su lugar, declaró la nulidad de la resolución demandada y ordenó pagar al demandante la indemnización prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, no obstante, negó las demás pretensiones.

2.8. Indicó que la sentencia de 20 de octubre de 2022 incurrió en un defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente.

5 “Artículo 15. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Gobierno Nacional de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para modificar la Planta Temporal de Regalías de la Contraloría General de la República, incorporar a la Planta de Personal de la Contraloría General de la República cargos del DAS en liquidación y unificar la Planta de Regalías con la Planta Ordinaria. (…).” 6 A folio 8 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8FA06B8E13B30B54 804A5D9EFB4C399C

de Regalías con la Planta Ordinaria. (…).” 6 A folio 8 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8FA06B8E13B30B54 804A5D9EFB4C399C 2667C56FBC104708 C14A36FC62AC60E4. 7 Obran argumentos de la sentencia a folio 4 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8FA06B8E13B30B54 804A5D9EFB4C399C 2667C56FBC104708 C14A36FC62AC60E4. 8 Obran argumentos de la apelación a folio 5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8FA06B8E13B30B54 804A5D9EFB4C399C 2667C56FBC104708 C14A36FC62AC60E4. 9 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 8FA06B8E13B30B54

804A5D9EFB4C399C 2667C56FBC104708 C14A36FC62AC60E4.3

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Accionante: Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez

2.9. Respecto del defecto fáctico , explicó que este se configuró porque el Tribunal accionado desconoció las pruebas que ac reditaban el daño moral y la alteración a las condiciones de existencia, ya que los testigos afirmaron que el demandante era el sustento de su núcleo familiar y constataron las afectaciones que padeció con ocasión de la desvinculación.

las condiciones de existencia, ya que los testigos afirmaron que el demandante era el sustento de su núcleo familiar y constataron las afectaciones que padeció con ocasión de la desvinculación.

2.10. Respecto al defecto por desconocimiento del precedente judicial, indicó que no se reparó integralmente el daño ocasionado y, por tal motivo, se desconoció la sentencia de 30 de agosto de 2022 , proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado10.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Sírvase Honorables Magistrados DECLARAR vulnerados mis derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas y en su lugar dejar sin EFECTOS JURÍDICOS de manera parcial la sentencia proferida e n Segunda Instancia por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA por los motivos antes expuestos y en su lugar se ordene REVOCAR las decisiones proferida con observancia de los precedentes jurisprudenciales al respecto (…) […] (Negrillas fuera del texto original)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 17 de mayo de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la Sección Tercera -Subsección “C”- de esta Corporación, admitió la acción de tutela de la referencia. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés en resultas del proceso a la Presidencia de la República 11, a la Contraloría General de la República 12, al Juzgado Séptimo Administrativo de l Circuito de Popayán13 y a los señores Sandra Rubiela Caicedo Ramírez14, Sandra

Contraloría General de la República 12, al Juzgado Séptimo Administrativo de l Circuito de Popayán13 y a los señores Sandra Rubiela Caicedo Ramírez14, Sandra Isabel Gutiérrez Caicedo y Gabriel Eduardo Gutiérrez Caicedo.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados, se advierte que se allegaron los siguientes informes en el interior del presente trámite.

6. El Departamento Administrativo de l a Presidencia de la República , a través de apoderada judicial15, sostuvo que no se enc ontraba legitimado en la causa por

10 Sentencia del 30 de agosto de 2022, rad. 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017). 11 En calidad de demandado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001 -33-33007-2015-00051-00. 12 En calidad de demandado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001 -33-33007-2015-00051-00. 13 Quien conoció en primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 1900133-33-007-2015-00051-00. 14 Quien actuó en nombre propio y en representación de los menores S. I. G. C. y G. E. G. C., como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 19001-33-33-007-2015-00051-00. 15 Dra. Carolina Jiménez Bellicia.4

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15 Dra. Carolina Jiménez Bellicia.4

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Accionante: Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez

pasiva en tanto no fue la autoridad que emitió la decisión cuestionada en sede de tutela.

7. La Juez Séptima Administrativo del Circuito de Popayán16 solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, en tanto que «ni este Despacho, ni el Tribunal Administrativo del Causa, han violado derecho fundamental alguno».

8. En ese sentido, expuso que en la decisión cuestionada no se configuró el defecto fáctico denunciado porque el monto de la condena fue extraído de las pruebas recaudadas en el proceso.

9. La señora Sandra Rubiela Caicedo Ramírez manifestó que la autoridad judicial accionada debía restablecer, íntegramente, los derechos del señor Gutiérrez Álvarez, esto es, ordenar el pago o cancelación de los salarios y demás prestaciones sociales desde la desvinculación y hasta la fecha del reintegro efectivo a un cargo de igual o superior jerarquía, y sin solución de continuidad

VI. EL FALLO IMPUGNADO

10. Mediante fallo de tutela de 21 de julio de 2023, la Sección Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado declaró improcedente la de amparo porque en el presente caso no se cumplió con los requisitos generales de procedibilidad atientes a la relevancia constitucional y a la subsidiariedad.

11. Respecto a la falta de relevancia constitucional del asunto, indicó que el cargo relativo a la «indebida valoración probatoria» no satisfizo este requisito general de

a la relevancia constitucional y a la subsidiariedad.

11. Respecto a la falta de relevancia constitucional del asunto, indicó que el cargo relativo a la «indebida valoración probatoria» no satisfizo este requisito general de procedibilidad porque, además de la falta de carga argumentativa, se advertía que la tutela estaba siendo utilizada como una tercera instancia del proceso contencioso núm. 19001-33-33-007-2015-00051-02.

12. Lo anterior, por cuan to al analizar los argumentos expuestos en la sentencia enjuiciada, se observó que el Tribunal Administrativo del Cauca explicó que si bien «en la demanda se solicita el pago de los perjuicios morales y alteración a las condiciones de exi stencia padecidos; (…) [lo cierto e ra que] ninguna prueba se aportó para acreditarlos, por lo que deber[ía] despacharse desfavorablemente esta pretensión». En virtud de lo anterior, concluyó que lo pretendido por la actora era utilizar la tutela como una tercera instancia.

13. Respecto a la falta del cumplimiento del requisito relativo a la subsidiariedad precisó que el accionante tenía a su disposición el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, regulado en los artículos 256 y ss. de la Ley 1 437 de 2011, para plantear el cargo relacionado con el desconocimiento de la sentencia de unificación de 30 de agosto de 2022, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, que trata sobre el reconocimiento de perjuicios por la declaración de nulidad de un acto de desvinculación.

16 Dra. Yenny López Alegría.5

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de un acto de desvinculación.

16 Dra. Yenny López Alegría.5

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Accionante: Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez

14. Por todo lo anterior, concluyó que la solicitud de amparo era improcedente, por cuanto no podía ser utilizada para suplantar la competencia de los jueces naturales, o para obviar los trámites extraordinarios que la legislación ha dispuesto para el efecto.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

15. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia indicando, en primer lugar, que el objeto de la presente acción constitucional era poner de relieve «la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia», por lo que consideraba que esta discusión no es un asunto meramente legal o económico.

16. En segundo lugar, insistió en que el presente caso reviste de relevancia constitucional por cuanto la decisión reprochada incurrió en una clara arbitrariedad, al concluir que no se allegaron los medios de convicción suficientes para tener por acreditado los perjuicios morales y la alteración a las condiciones de existencia, pese a que «dentro del proceso se practicaron pruebas testimoniales que sustentaron las reclamaciones y reconocimientos de los perjuicios morales y alteración a las condiciones de existencia».

17. En ese orden de ideas, reiteró que en la sentencia objeto de tutela de 20 de octubre de 2022 se violó su derecho al debido proceso, dado que carecía de motivación por no valorar las pruebas testimoniales que se practicaron dentro del

17. En ese orden de ideas, reiteró que en la sentencia objeto de tutela de 20 de octubre de 2022 se violó su derecho al debido proceso, dado que carecía de motivación por no valorar las pruebas testimoniales que se practicaron dentro del proceso y mediante las cuales se demostró que padeció unos perjuicios morales y de alteración a las condiciones de existencia.

18. Con fundamento en las anteriores premisas, la parte actora solicitó revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se acceda al amparo constitucional deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

19. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199117, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 201518, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 202119.

17 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 18 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 19 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario

del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.6

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Accionante: Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez

VIII.2. Problemas jurídicos

20. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado20, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) Si la presente acción de amparo cumple con los requisitos de procedencia. Y, si ello es así, se deberá determinar:

B) Si la sentencia de 20 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001-33-33-007-2015-00051-02, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad al haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente.

21. Con el fin de resolver tales interrogantes, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular; ii) requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

23. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

24. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

20 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.7

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Accionante: Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez

25. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez

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Accionante: Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez

25. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial21, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución22.

26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales mencionados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»23 que se encaje en dichos parámetros.

27. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100128. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

29. El señor Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez, actuando a través de apoderado24, presentó acción de tutela25 con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 20 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, y mediante la cual se

21 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 22 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo

que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 23 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 24 Dr. José Alejandro Aguirre Gaviria. 25 La tutela se presentó el 15 de mayo de 2023 como consta en el índice 2 del aplicativo SAMAI dentro del proceso con radicado núm. 1100103-15-000-2023-02533-01.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02533-01

Accionante: Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez

revocó la sentencia de 31 de enero de 2020 que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001-3333-007-2015-00051-0226.

revocó la sentencia de 31 de enero de 2020 que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001-3333-007-2015-00051-0226.

30. Al resolver la primera instancia en este proceso constitucional, la Sección Tercera -Subsección “C” del Consejo de Estado, mediante sentencia de 21 de julio de 2023, declaró improcedente el amparo constitucional solicitado, luego de considerar que en el caso de autos no se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad atinentes a la relevancia constitucional y a la subsidiariedad.

31. En el escrito de impugnación allegado, la parte accionante únicamente controvirtió la presunta falta de relevancia constitucional del asunto, ya que en su criterio esta acción sí cumplía con el aludido requisito general de procedibilidad. En este punto es necesario señalar que, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, es indispensable que la parte actora en su escrito de impugnación cumpla con la carga argumentativa de exponer las razones por las que la debe revocarse la decisión de tutela dictada en primera instancia.

32. De manera que, siguiendo con la línea argumentativa demarcada en el escrito de impugnación, la Sala procederá a estudiar únicamente el cumplimiento del requisito general de procedibilidad relativo a la relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

33. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que

VIII.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

33. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental27 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones28.

34. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales 29, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces30.

35. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación31, que:

26 Proceso promovido por el accionante en contra de la Presidencia de la República y de la Contraloría General de la Nación. 27 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 28 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

Córdoba Triviño. 28 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 29 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 30 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 31 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02533-01

Accionante: Francisco Eduardo Gutiérrez Álvarez

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]. (destaca la Sala de Decisión)

36. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202232 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran

los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el a sunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con conno taciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, ade más, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la

(…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este