CE - 110010315000202302540001SENTENCIA20230629153807

Demandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02540-00

Demandante: FERNANDO LEYVA BARRAGÁN

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicia l. I mprocedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por el señor Fernando Leyva Barragán en ejercicio de la acción de tutela (consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991) contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 30 de marzo de 2023.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de mayo de 2023 al buzón web del Consejo de Estado, el señor Fernando Leyva Barragán, actuando en

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de mayo de 2023 al buzón web del Consejo de Estado, el señor Fernando Leyva Barragán, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, con el fin de que le sea n amparados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.

2. La parte accionante consideró vulnerada s las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 30 de marzo de 2023, que confirmó la providencia del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, a través de la cual se negó la solicitud de nulidad de la Resolución No. 1034 -0256710, ello, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la parte actora contra el municipio de Ibagué – Secretaría de Hacienda, el cual se identificó con radicado: 73001-33-33-008-2018-00081-01.Demandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte acto ra solicitó la protección de sus garantías

fundamentales y, en consecuencia, pidió:

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte acto ra solicitó la protección de sus garantías

fundamentales y, en consecuencia, pidió:

REVOCAR el Fallo proferido por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE IBAGUE proferida el 27 de septiembre de 2021, dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de FERNANDO LEYVA BARRAGAN contra el MUNICIPIO DE IBAGUE – SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, con Radicado Número: 73001 -3333008-2018-00081-00, el cual fue CONFIRMADO por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, mediante Sentencia de fecha 30 de Marzo de 2023, y en su lugar ORDENAR la Prescripción solicitada en la respectiva demanda.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. Del proceso coactivo

4. El señor Fernando Leyva Barragán es propietario de la Casa Lote o INT. No.

5 ubicada en la carrera 4 con calles 8 y 9 en la ciudad de Ibagué, Tolima. Este se identifica con matrícula inmobiliaria 350 -20152 y ficha catastral 01-02-0015-0014000de la misma ciudad.

5. La Secretaría de Hacienda del municipio de Ibagué advirtió que el señor Fernando Leyva Barragán no pagó el impuesto predial de las vigencias

000de la misma ciudad.

5. La Secretaría de Hacienda del municipio de Ibagué advirtió que el señor Fernando Leyva Barragán no pagó el impuesto predial de las vigencias comprendidas entre el 2002-1 al 2007-4. Por tanto, la administración municipal inició proceso de cobro coactivo con el fin de obtener el pago de las referidas obligaciones, en virtud de ello libró mandamiento de pago No. 2013 -B13 el 12 de diciembre de 2007.

6. Mediante el acta de liquidación No. 006677 de l 2 de junio de l 2009, la administración determinó oficialmente el valor a pagar del impuesto predial sobre el inmueble identificado con matrícula 350-0020152, correspondiente a las vigencias de 2007 y 2008. De maner a que, la entidad profirió Auto 22634 del 16 de octubre de 2009, a través d el cual libró m andamiento de pago por las vigencias 2007 -1 a 2008-4 y también medida de embargo y secuestro del inmueble identificado con ficha catastral 01-02-0015-0014-000.

7. Con oficio del 3 de noviembre de 2009, se citó al señor Fernando Leyva Barragán para la notificación personal del referido mandamiento de pago, el cual seDemandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

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envió a la Cra 4 # 8 -43 IN 6 a través de correo postal, pero fue devuelto con la anotación de no recibido – rehusado.

8. Posteriormente, el señor Leyva Barragán el 13 de diciembre de 2010, solicitó ante la administración pública la prescripción del mandamiento de pago 2013 -B13 del 12 de diciembre de 2007 respecto del periodo 2002 al 2007. La Secretar ía de Hacienda a través de auto 187243 del 17 de diciembre de 2010 declaró la excepción propuesta únicamente frente a las vigencias comprendidas entre el 2002 al 2005, y ordenó seguir adelante con la ejecución de las obligaciones del 2006 al 2008.

9. Frente al 2009, la administración profirió el auto No. 147110 del 8 de octubre del 2010 y medida de embargo por el concepto de no pago del impuesto predial .

Con el fin de notificar al señor Fernando Leyva Barragán la Secretaría de Hacienda envió oficio por el servicio de correo certificado de la empresa 4-72, con identificación 24749 del 14 de octubre de 2010, mediante la cual se sostuvo que fue recibido por la señora Gloría Leyva Barragán el 20 de octubre de 2010.

10. Con respecto al 2010, se libró mandamiento de pago con auto 5.5-29356 del 1 de marzo de 2011 y medida preventiva de embargo sobre el bien inmueble con

10. Con respecto al 2010, se libró mandamiento de pago con auto 5.5-29356 del 1 de marzo de 2011 y medida preventiva de embargo sobre el bien inmueble con ficha catastral No. 01-02-0015-0014-000. Así mismo, a través de la guía AM000076171CO del 9 de marzo de 2011, se citó personalmente al señor Fernando Leyva Barragán, pero no fue posible efectuar dicha notificación.

11. Consecutivamente, la administración con auto 144899 de 17 de julio de 2013, unificó los mandamientos de pago expedidos contra del contribuyente Fernando Leyva Barragán, por las vigencias comprendidas entre el 2009-1 al 2011 -4 y también ordenó el embargo y secuestro de los bienes de propiedad del deudor en especial sobre el inmueble con ficha catastral 01 -02-0015-0014-000, el cual se intentó notificar personalmente a través de oficio 1034-02-12058 de la misma fecha,

enviado a la carrera 4 # 8-43 IN 6.

12. Con petición del 5 de mayo del 2017, el señor Leyva Barragán le solicitó a la Secretaría de Hacienda que declarara la prescripción del cobro del impuesto predial del bien de su propiedad por las vigencias fiscales del 2002 hasta el 2011. Por otro lado, mediante petición del 20 de octubre del mismo año, el accionante pidió nuevamente la prescripción de los man damientos de pago 14710 de 2010, 5.529356 de 2011 y 144889 de 2013, y en subsidio la nulidad de todo lo actuado por indebida notificación.

nuevamente la prescripción de los man damientos de pago 14710 de 2010, 5.529356 de 2011 y 144889 de 2013, y en subsidio la nulidad de todo lo actuado por indebida notificación.

13. La administración en auto 1034-02-56710 del 6 de septiembre de 2017 , dispuso negar la solicitud de prescripción de l as vigencias comprendidas entre el 2006 al 2011 del inmueble propiedad del accionante. Lo anterior, al considerar que el contribuyente sí conoció de los procesos coactivos que se llevaron en su contra y existe una conducta abusiva para cumplir sus obligaciones con el ente territorial.Demandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

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1.3.2. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

14. El señor Fernando Leyva Barragán , obrando por conducto de apoderado judicial, instauró demanda del medio de contr ol de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Ibagué, Secretaría de Hacienda Municipal, con el fin de que se declarara la nulidad del auto 1034-02-56710 del 6 de septiembre de 2017, el cual se abstuvo de decretar la prescripción de la obligación tributaria del impuesto predial unificado de las vigencias correspondientes 2002 al 2011 , del predio de su propiedad.

15. De manera subsidiaria , y a título de «restablecimiento del derecho », pidió

impuesto predial unificado de las vigencias correspondientes 2002 al 2011 , del predio de su propiedad.

15. De manera subsidiaria , y a título de «restablecimiento del derecho », pidió que se d eclare la prescripción de la obligación tributaria por impuesto predial unificado correspondiente a los periodos 2006 a 2011. El asunto en primera instancia fue conocido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué que, por med io de providencia del 27 de septiembre de 2021, declaró probada la excepción de mérito denominada «falta de vicio en los actos administrativos que se acusan» propuesta por la parte demandada.

16. Lo anterior, al considerar que el demandante no logró probar la causal de nulidad de violación al debido proceso por la indebida notificación de los mandamientos de pago que dieron origen a las acciones de cobro coactivo. Esto, al analizar que a pesar de que las vigencias comprendidas entre 1995 al 20 05 fueron declaradas prescritas, la administración sí notificó las vigencias comprendidas entre el 2006 al 2011, a través de su hermana, la señora Gloría Helena Leyva Barragán, quien contaba con autorización para tal fin.

17. Así mismo, el juez de primera instancia argumentó que, las diferentes notificaciones de los cobros ejecutivos en contra del señor Fernando Leyva

Barragán que fueron enviadas a la dirección de residencia carrera 4 # 8 -46 interior 6, fueron rechazadas por el residente. Sin embargo, cuando se enviaron los actos administrativos que accedieron a la pretensión de prescripción, si fueron recibidos por la señora Gloría Helena Leyva Barragán.

6, fueron rechazadas por el residente. Sin embargo, cuando se enviaron los actos administrativos que accedieron a la pretensión de prescripción, si fueron recibidos por la señora Gloría Helena Leyva Barragán.

18. Inconforme con lo anterior, el señor Fernando Leyva Barragán interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelt o por el Tribunal Administrativo del Tolima en fallo del 30 de marzo de 2023, quien confirmó la sentencia del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué que denegó las pretensiones de la demanda.

19. Para sustentar su providencia, el tribunal arguyó que, el señor Fernando Leyva Barragán fue conocedor de la obligación por impuesto predial del bien inmueble y que desde siempre ha tenido conocimiento de los procesos de cobro coactivo que se libraron contr a él, pues ha sido beneficia rio de la figura de la prescripción extintiva en diferentes vigencias, pero se ha rehusado a acatar las decisiones que ha notificado la administración.Demandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

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20. Además de lo anterior , en sentir de la accionad a, existió una autorización expresa otorgada por el señor Fernando Leyva Barragán a su hermana Gloria Helena Leyva Barragán, para que se notificara de los cobros o deudas de cualquier tipo de impuestos, la cual fue otorgada en el año 2006, sin embargo, en ésta no se

expresa otorgada por el señor Fernando Leyva Barragán a su hermana Gloria Helena Leyva Barragán, para que se notificara de los cobros o deudas de cualquier tipo de impuestos, la cual fue otorgada en el año 2006, sin embargo, en ésta no se dispuso vigencia, por lo que se puede advertir que tuvo efectos hacía el futuro, de manera que, era completamente v álida la notificación que por su conducto se realizaba de los cobros coactivos . Así mismo, dicho discernimiento del asunto se advierte con las múltiples solicitudes de prescripción de las vigencias comprendidas entre el 2006 al 2011 que fueron presentadas directamente por el actor.

21. El tribunal concluyó que, en efecto la relación cronológica de los hechos que fueron expuestos en la providencia demuestra una conducta evasiva del contribuyente frente a las decisiones que no le conviene n, incluso rehusándose a recibir las comunicaciones generadas por la administración, para posterior y convenientemente solicitar la prescripción de las obligaciones, pese a que er a conocedor de los trámites coactivos que se adelantan en su contra.

22. La referida providencia fue notificada el 11 de abril de 2023 y cobró ejecutoria el 18 del mismo mes y año.

1.4. Sustento de la vulneración

23. La parte actora en su extenso escrito alegó que se cumplieron las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial , y sostuvo que las providencias incurrieron en los defectos procedimental, fáctico, sustantivo, error inducido, desconocimiento del precedente y vulneración directa de la constitución.

sostuvo que las providencias incurrieron en los defectos procedimental, fáctico, sustantivo, error inducido, desconocimiento del precedente y vulneración directa de la constitución.

24. Respecto del defecto procedimental indicó que, en concreto , se generaron más de 23 vulneraciones al debido proceso del accionante. Para demostrar lo

anterior, adujo que:

-1Aplicaron Procesos Coactivos que no fueron objeto de la demanda judicial, y que estaban Revocados y Prescritos. -2Aplicaron una Ley de manera retroactiva. (Artículo 72 ley 1437 de 2.011). -3No aplicaron la norma pertinente. (Artículo 48 del Código Contencioso Administrativo de 1.984). -4No aplicaron el precedente judicial. -5No aplicaron la legislación respecto de la Dirección Procesal. -6Aplicaron indebidamente la normatividad respecto del Poder o Derecho de Postulación. -7Aplicaron indebidamente las notificaciones, sin haberlo hecho de manera individual. -8Aplicaron indebidamente las prescripciones, es decir, de manera acumulativa y general.1

1 Se transcribe parte literal de la acción de tutela presentada con posibles errores.Demandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

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25. Frente al defecto fáctico expuso que e l juez omitió valorar las pruebas

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25. Frente al defecto fáctico expuso que e l juez omitió valorar las pruebas fundamentales y que eran determinantes para tomar la decisión. Para demostrar lo

anterior dispuso las siguientes explicaciones:

26. Argumentó que el juez de instancia a pesar de que citó en su providencia ciertas pruebas, pasó por alto el contenido de éstas que, en criterio del accionante, demostraban que el contribuyente no estaba enterado de sus obligaciones. Así mismo, alegó que el juez valoró pruebas de otros proceso s coactivos que estaban prescritos y revocados que no fueron objeto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

27. Indicó que la petición de copias del 12 y 28 de agosto de 2008, no fue realizada por el señor Leyva Barragán, sino por otra persona, por tanto, no debió ser valorada por el juez. Explicó que, la verdadera prueba de la fecha de solicitud de prescripción fue el 3 de febrero de 20 09, cuestión distinta, es que existió una reiteración de solicitud del 12 de diciembre y 21 de diciembre 2. Al respecto afirmó que esto hace que se tergiversaran los hechos.

28. En criterio del accionante, el juez valoró la comprensión de todos los procesos c oactivos con vigencia desde el 2005, para lo cual concluyó que el contribuyente sí tuvo conocimiento de éstos. No obstante, el hecho de que hubiera presentado solicitudes de nuli dad y prescripción de los procesos coactivos no es indicativo para que se entendiera como notificado.

contribuyente sí tuvo conocimiento de éstos. No obstante, el hecho de que hubiera presentado solicitudes de nuli dad y prescripción de los procesos coactivos no es indicativo para que se entendiera como notificado.

29. Por otro lado, sustentó que el juez desconoció que la dirección del accionante

estuvo errada todo este tiempo, la cual era en la carrera 4 # 8-46 interior 6, pero en realidad era el interior 5. Por tanto, no se efectuó correcta notificación.

30. Adicionalmente, arguy ó que el juez de instancia valoró indebidamente la autorización que le dio a la señora Gloría Helena Leyva Barragán para que se notificara en un solo proceso coactivo, más no en todos los que se llevaron en su contra. Dicha actuación fue subsidiaria, no general, pues en tod o el trámite el accionante volvió a reasumir el poder y actuó por sí mismo, de manera que, no era posible extenderle las notificaciones a su hermana y tenerlo como válido.

31. El juez realizó una indebida valoración de la Resolución 1034 -02-56710, sobre la prescripci ón de vigencias del impu esto predial que recaen sobre el bien inmueble del señor Fernando Leyva Barragán , pues en la sinopsis del acto señala claramente que el contribuyente solicitó la prescripción de las vigencias del 2002 al

2011. De acuerdo con la anterior valoración, indicó que, si el accionante conociera de la revocatoria de los peri odos de 2002 al 2007, no hubiera vuelto a requerir la prescripción de las vigencias del 2002 al 2005 que ya habían sido resueltas.

de la revocatoria de los peri odos de 2002 al 2007, no hubiera vuelto a requerir la prescripción de las vigencias del 2002 al 2005 que ya habían sido resueltas.

2 El despacho advierte que el accionante, no indicó la fecha el año a que se refiere.Demandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

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32. Explicó que en la página 3 del acto administrativo referenciado, se manifestó que ya están prescritas las vigencias del 2002 al 2005, por tanto, solamente el señor Fernando Leyva se enteró de esto con la Resolución 1034-02-56710 del 6 de septiembre de 2017. No como lo explicó el juez de instancia, afirmando que conocía de los procesos desde el año 2006.

33. Sumado a lo dicho, adujo que se configuró un defecto material sustantivo en razón a que, se aplicó indebidamente la Ley 1437 de 2011 al caso en concreto, pues en criterio del accionante se debió juzgar con el Decreto 01 del 2 de enero de 1984, que se encontraba vigente al tiempo de los hechos, y concluy ó diciendo que, esta situación hace que el fallo judicial sea inválido.

34. Así mismo, indicó que, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respec to del término de prescripción, pero no expuso las

situación hace que el fallo judicial sea inválido.

34. Así mismo, indicó que, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respec to del término de prescripción, pero no expuso las providencias en concreto que consideró como desconocidas, ni la regla de derecho.

Por otro lado, precisó que el juez de instancia omitió seguir la sentencia 029 -250023-27-000-2009-0013801 (18567) del Consejo de Estado – Sección Cuarta, del 28 de agosto de 2.013. - Magistrado Ponente: Hugo Fernando Bastidas BárcenasActor: Daniel Rodríguez GachaDemandado: Dirección de Impuestos Nacionales – DIAN.

35. Frente a la referida providencia dijo que, se debe aplicar la ratio del fallo, el cual trata sobre el mismo asunto discutido en el proceso ordinario por versar sobre el término de prescripción del cobro impuesto predial. Para tal fin, citó un apartado de la providencia y, además argumentó que, no se tuv o en cuenta en el caso en concreto el término de 5 años para declarar la prescripción de la obligación, pues a juicio del accionante, todos los mandamientos de pago en su caso están afectados por el fenómeno de la prescripción.

36. Cuestionó que, independientemente si está o no enterado el contribuyente, o si haya solicitado copias del proceso, eso no es óbice para que la administración compute el término de los 5 años de la prescripción de las obligaciones tributarias, pues de la jurisprudencia citada expresó que la prescripción es una sanción a la posibilidad de cobro del impuesto por no haberlo ejercido en término, cuestión que

pues de la jurisprudencia citada expresó que la prescripción es una sanción a la posibilidad de cobro del impuesto por no haberlo ejercido en término, cuestión que en el caso en concreto no fue objeto de análisis por los jueces.

37. Frente al error inducido, expuso que la administración guio de manera equivocada al juez de i nstancia, pues el accionante invocó que, la Alcaldía de Ibagué les hizo creer que los procesos coactivos y mandamientos de pago que se libraron en las vigencias entre 1995 a 2005 aún se encontrab an vigentes, desconociendo sus propios actos administrativos. Por otro lado, expuso que, existieron actuaciones procesales que se le atribuyen al accionante que este nunca ejecutó.

38. Además, indicó lo siguiente frente a la decisión sin motivación:Demandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

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La manifestación de la señora Juez, respecto del supuesto conocimiento del contribuyente, solo pudo haber sido, en el sentido de invocar hechos y no argumentando en derecho. (Ya se explicó atrás). Ahora, en la medida en que se señale por la juez señora Jue z lo contrario, entonces, tendríamos que también hubiese incurrido en esta causal, pues no es coherente, motivar y fallar con fundamento en aspectos excluyentes entre sí.

No puede argüirse notificaciones en debida forma o validas, frente a la aplicación del

incurrido en esta causal, pues no es coherente, motivar y fallar con fundamento en aspectos excluyentes entre sí.

No puede argüirse notificaciones en debida forma o validas, frente a la aplicación del conocimiento del contribuyente, pues este ultimo solo se predica respecto de la falta o irregularidad en la notificación3

39. También, explicó que existió vulneración directa de la constitución porque los jueces de instancia no aplicaron el precedente jud icial. Por otro lado, e l señor Fernando Leyva Barragán manifestó que es un sujeto de especial protección. Esto, al ser declarado «inválido» en el año 1995 por la Caja Nacional de Previsión Social, debido a una enfermedad que presuntamente padece.

40. Así mismo, expuso que en el año 2011 se ratificó su «invalidez» por la Junta Regional de Clasificación de Invalidez del Tolima, la cual fue confirmada en el año 2012 por la Junta Nacional, de manera que, aseguró que sufre una grave limitación física que lo reduce a un estado de debilidad manifiesta, por tanto debe existir una flexibilización respecto de las exigencias de sus obligaciones.

41. Adicionalmente, explicó que, existen circunstancias especiales de salud de la señora Gloria Helena Leyva Barragán, herm ana del accionante. Frente a la cual señaló que padece trastornos emocionales que afecta n su pensamiento, su conducta y «la fisiología» desde hace varios años. Así mismo, indicó que, en el año 2011, tuvo que ingresarla por urgencias en el Hospital de San Rafael de Ibagué.

42. Posteriormente, dijo que contrajo una neuralgia del trigémino, que, en criterio

2011, tuvo que ingresarla por urgencias en el Hospital de San Rafael de Ibagué.

42. Posteriormente, dijo que contrajo una neuralgia del trigémino, que, en criterio del accionante, es una de las enfermedades más dolorosas e incapacitantes a punto de llamarla la enfermedad del suicidio, la cual requiere de tratamiento psi quiátrico con medicamento que dejan en estado semi hipnótico a la señora Gloría Helena Leyva Barragán. Afirmó que , las personas que sufren de esa enfermedad se ven afectadas en la voluntad de manera que, pierden la noción de lo importante en el mundo.

43. Por tanto, cuando la señora Gloría Helena Leyva Barragán recibió las notificaciones, no entregaba la documentación a la casa vecina de su hermano, pues creía que era para su padre Luis Fernando Leyva Forero, quién habitó allí y es homónimo del contribuyente.

1.5. Admisión de la demanda

3 Transcripción literal del escrito de tutela, es posible que existan errores de ortografía o de redacción.Demandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

44. La magistrada ponente de la present e decisión, mediante auto del 19 de mayo de 2023: i) admitió la demanda de tutela; ii) ordenó notificar al tutelante , al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Octavo Administrativo Oral del

mayo de 2023: i) admitió la demanda de tutela; ii) ordenó notificar al tutelante , al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué como autoridades accionadas; y iii) vinculó en calidad de terceros con interés al municipio de Ibagué, Secretaría de Hacienda Municipal.

1.6. Intervenciones:

Realizadas las notificaciones ordenadas, s e presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima

45. Por medio de escrito enviado el 31 de mayo de 2023 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente de la decisión cuestionada solicitó la declaratoria de improcedencia de mecanismo constitucional impetrado, por cuanto que, el fin que persigue el accionante es reabrir el debate ya zanjado en sede ordinaria, desnaturalizando la acción de tutela para volverla una tercera instancia.

46. Para argumentar su posición, expuso que, la providencia objeto de reproche, partió de un análisis integra l de las piezas procesales que fueron allegadas en el proceso de la acción de cobro del impuesto predial unificado en contra del predio del señor Leyva Barragán, a partir de allí, se logró establecer que el municipio de Ibagué declaró la prescripción de las vigencias de 1995-1 a 2001-4 y posteriormente por los años 2002 -1 a 2005-4, e instó al contribuyente para que procediera co n el pago de las vigencias respecto de las cuales se denegó la prescripción de 2006 a 2007; respecto de la solicitud de prescripción el accionante autorizó a la señora

pago de las vigencias respecto de las cuales se denegó la prescripción de 2006 a 2007; respecto de la solicitud de prescripción el accionante autorizó a la señora Gloría Helena Leyva Barragán para que procediera la notificación.

47. En ese sentido, para el juez de segunda instancia, fue claro que el señor Fernando Leyva Barragán tuvo conocimiento del cobro y trámite que efectuó por vía coactiva la administración municipal del impuesto predial unificado, no solo de la vigencia de 2006, sino que también la de 2007, pues las piezas procesales demuestran que en efecto era conocedor del proceso y la obligación tributaria a su cargo.

48. Por otro lado, respecto de las vigencias del 2008 -1 al 2010-4, afirmó que la administración profirió los actos de liquidación y mandamientos de pago que fueron

notificados a la señora Gloria Helena Leyva en la carrera 4 # 8 -43 interior 6, de manera que, se surtió la notificación por aviso y a través de la página web de la entidad. Así mismo, se advirtió que, pe se a que la administración en repetidas ocasiones intentó notificar personalmente al señor Leyva Barragán , las comunicaciones eran devueltas con el asunto de rehusado.Demandante: Fernando Leyva Barragán Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02540-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

49. Arguyó que el señor Fernando Leyva Barragán concurrió a la administración

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

49. Arguyó que el señor Fernando Leyva Barragán concurrió a la administración en sendas oportunidades con el objeto de no solamente solicitar el reconocimiento de la prescripción extintiva, sino que, incluso pretendió la nulidad del proceso de cobro coactivo, como también el levantamiento de medida de embargo que reposa en el bien y las copias del proceso. Sostuvo que, frente al hecho de las notificaciones efectuadas a la hermana del accionante, explicó que existe autorización otorgada por el accionante en el 2006 por a la señora Gloría Leyva Barragán, la cual señaló

lo siguiente:

Nota 2. Con la presente, autorizo ampliame