CE - 110010315000202302542011SENTENCIA20230927185056

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02542-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORES: DAIRO ENRIQUE GARAY HERNÁNDEZ Y OTROS.

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA . DECLARA

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTORES PRETENDEN

DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE

ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO , AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 4 de julio de 2023, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 denegó la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

1 En adelante la Sección Segunda2

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Los señores DAIRO ENRIQUE y DAYANA ISABEL GARAY

HERNÁNDEZ, ELVA MARÍA HERNÁNDEZ SIERRA, VIRGINIA

AURORA PICO BENÍTEZ, OFELIA MARÍA E ISABEL GARAY

PICO; JUDITH DEL CARMEN, MARÍA DE LOS REYES, KETTY

LUZ, EDILMA DE JESÚS y JUAN SAHAGÚN GARAY ÁLVAREZ;

JUDITH MARÍA ÁLVAREZ GARAY, MIRELE LUZ GARAY DE

AGUILAR, DAMARIS GARAY LUCAS, MARTHA JOSEFA GARAY MARTÍNEZ, ORLANDO ENRIQUE GARAY CAPELA Y FREDY NEIS ÁLVAREZ PÉREZ 2, actuando a través de apoderado judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana , los cuales, a su juicio, le s fueron vulnerados por el SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” - DEL CONSEJO DE ESTADO 3 al haber proferido la providencia de 19 de octubre de 2022, dentro de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 70001-23-31-000-2008-00194-00.

I.2.- Hechos

2 Quien actúa en representación de los menores GMAG y JCAG). 3 En adelante la Sección Tercera.3

I.2.- Hechos

2 Quien actúa en representación de los menores GMAG y JCAG). 3 En adelante la Sección Tercera.3

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Afirmaron que, el 18 de enero de 2007, el señor ALFREDO ANTONIO GARAY PICO (q.e.p.d.), se desplazaba en su motocicleta por el corregimiento de Aserradero del Municipio de Coveñas, Sucre, en donde sufrió un accidente de tránsito que le causó la muerte, por cuanto cayó de un puente que no tenía barandas u otro tipo de protección o señalización para evitar accidentes a los transeúntes.

Sostuvieron que, el 18 de diciembre de 2008, con el propósito de que les fueran reconocidos los daños y perjuicios ocasionados por causa de la muerte de su familiar, presentaron demanda de reparación directa contra la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE 4, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS5y el MUNICIPIO DE COVEÑAS6, proceso que fue identificado con el número único de radicación 70001-23-31-000-2008-000-00194-00 y le correspondió en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS que, mediante providencia de 3 0 de abril de 20 15, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda bajo el argumento de

4 En adelante Tribunal. 5 En adelante INVIAS.

que, mediante providencia de 3 0 de abril de 20 15, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda bajo el argumento de

4 En adelante Tribunal. 5 En adelante INVIAS. 6 En adelante Municipio.4

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que existió una concurrencia de culpas entre el INVÍAS y la víctima por no usar casco de protección.

Señalaron que, inconformes con la anterior decisión, las dos partes interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA que, mediante providencia de 19 de octubre de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demand a, al encontrar que no se probó un nexo causal entre las circunstancias constitutivas de falla del servicio y el daño y, además, porque el comportamiento de la víctima directa fue determinante en la generación del daño, pues no usaba casco y recibió el impacto directo en el cráneo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en en defecto fáctico, toda vez que, omitió valorar en debida forma el material probatorio, en particular, el informe de accidente de tránsito núm. 38322, que da ba cuenta de que la vía tenía huecos y existía una deficiente iluminación artificial; y la necropsia, que evidenciaba que el señor GARAY PICO sufrió una grave lesión en el cráneo, en

núm. 38322, que da ba cuenta de que la vía tenía huecos y existía una deficiente iluminación artificial; y la necropsia, que evidenciaba que el señor GARAY PICO sufrió una grave lesión en el cráneo, en el hombro, en la clavícula derecha y en el tórax, lo cual pudo incidir5

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en su deceso, por lo que portar casco protector era irrelevante, dado que, el mismo no protege todo el cuerpo.

Afirmaron que tampoco fueron tenidos en cuenta los testimonios de los señores HERMES ENRIQUE MENDOZA LADEUS y YOVANIS ZÚÑIGA SUÁREZ, que daban cuenta de la falta de mantenimiento de la vía, toda vez que estos se indicaba que el puente tenía resaltos sin señalización, carecía de iluminación y de señalizaciones reflectivas, se encontraba un poco hundido en su entrada y salida , tenía unos rebordes laterales que no eran visibles en la noche, tampoco tenía barandas laterales de protección y, además, la vía estaba asfaltada y en malas condiciones, por lo cual, previo al deceso de su familiar, habían ocurrido otros accidentes en el mismo lugar.

Señalaron que, tampoco se apreció en su integridad el dictamen pericial, en el que se concluyó que a la entrada y salida del puente habían unos hundimientos que hacían peligroso transitarlo; que el ancho de la vía se reducía en esa área, por lo que incumplía con la

pericial, en el que se concluyó que a la entrada y salida del puente habían unos hundimientos que hacían peligroso transitarlo; que el ancho de la vía se reducía en esa área, por lo que incumplía con la norma establecida para tal efecto, que señalaba que como mínimo debía ser de once metros de amplio; que no existía señalización vertical, ni horizontal en el lugar de los hechos, ni una cerca y6

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tampoco se observaba un tramo recto a la entrada y salida del puente que permitiera la transición de la curva.

Manifestaron que la providencia c uestionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial contenido en las sentencias de 22 de julio de 20097, 15 de octubre de 20158 y 23 de noviembre de 20229, en las cuales la Sección Tercera del Consejo de Estado le ha atribuido responsabilidad al Estado con fundamento en indicios como los del presente caso.

I.3.- Pretensiones

Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] ruego se sirva ordenar a la Honorable Sección Tercera, Subsección B, del Honorable Consejo de Estado, para que dentro del término que se considere pertinente, rectifique y profiera una nueva decisión en la que, conforme a las pruebas que demuestran la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS – en el hecho debatido, profiera una nueva decisión de

del término que se considere pertinente, rectifique y profiera una nueva decisión en la que, conforme a las pruebas que demuestran la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS – en el hecho debatido, profiera una nueva decisión de tipo condenatorio contra dicha entidad, por las fallas probadas del servicio omisivas que permiten atribuirle responsabilidad a tal ente en la causa del accidente que llevó a la muerte del señor Alfredo Antonio Garay Pico (q.e.p.d.)., y se indemnicen los correspondientes perjuicios. […]”.

7 Proceso núm. 76001-23-31-000-1995-01182-01; M.P. Enrique Gil Botero. 8 Proceso núm. 23001-23-31-000-2002-00096-01; M. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. 9 Proceso núm. 68001-23-31-000-2011-00158-01; M. P. Fredy Ibarra Martínez.7

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I.4.- Defensa

I.4.1.- La SECCIÓN TERCERA, solicitó declarar la improcedencia del amparo de la referencia, toda vez que, el fin que persigue n los accionantes es reabrir el debate ya zanjado en sede ordinaria, desnaturalizando la acción de tutela para convertirla en una tercera instancia.

Expuso que, la providenci a objeto de reproche, efectuó un correcto análisis fáctico y jurídico, que se encuentra sustentada en derecho y

desnaturalizando la acción de tutela para convertirla en una tercera instancia.

Expuso que, la providenci a objeto de reproche, efectuó un correcto análisis fáctico y jurídico, que se encuentra sustentada en derecho y los medios de prueba fueron valorados de manera conjunta y racional.

I.5.- Intervinientes

I.5.1.- El INVÍAS, solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados, teniendo en cuenta que, no se encontró probada la responsabilidad de esa entidad en la causa del accidente en el que falleció el señor GARAY PICO, por lo cual, no era procedente proferir una nueva decisión de tipo condenatori a o indemnizatorio en su contra.

Manifestó que del material fotográfico aportado con la demanda, el8

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recorrido de la inspección judicial y los testimonios practicado s, se pudo concluir que la culpa exclusiva de la víctima fue la causa determinante y exclusiva del daño, pues el accidente pudo deberse a la falta de pericia, exceso de velocidad o conducción bajo efectos de sustancias alucinógenas, embriagantes o estimulantes y, además, la parte actora tampoco pudo acreditar dentro del proceso que fueron la falta de barandas o la supuesta poca iluminación del sector los factores determinantes para la generación del daño.

la parte actora tampoco pudo acreditar dentro del proceso que fueron la falta de barandas o la supuesta poca iluminación del sector los factores determinantes para la generación del daño.

I.5.2.- El MINISTERIO afirmó que no le vulneró derecho alguno a los tutelantes y conforme a sus competencias no le corresponde el mantenimiento de las vías, lo cual, se encontraba plenamente probado en el proceso de reparación directa objeto de la presente solicitud.

I.5.3.- El MUNICIPIO sostuvo que en el presente caso no se configuró el defecto fáctico por indebida valoración probatoria invocado por la parte actora.

Afirmó que , de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no resulta procedente atribuir responsabi lidad al Estado9

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teniendo en cuenta que se incumplieron las normas de tránsito por parte de la víctima, por lo cual, se había negado el reconocimiento de los perjuicios solicitados por los demandantes, toda vez que, dicha omisión configura una causal de exoneración de responsabilidad.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Segunda, mediante sentencia de 4 de julio de 2023, denegó la solicitud de amparo de la referencia, al encontrar que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos invocados por los accionantes.

Sostuvo que la conducta de la víctima directa fue determinante en la

denegó la solicitud de amparo de la referencia, al encontrar que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos invocados por los accionantes.

Sostuvo que la conducta de la víctima directa fue determinante en la producción del daño, toda vez que, su deceso se produjo por un politraumatismo derivado de una fractura de cráneo, ya que no portaba el casco protector, de acuerdo con el informe policial de accidente de tránsito 38322 de 18 de enero de 2007 y la necropsia médico legal.

Señaló que debido a que no se establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente de tránsito, no era dable endilgar responsabilidad alguna a la Administración.10

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Manifestó que la providencia controvertida no había incurrido en defecto fáctico, pues le asistió razón a la autoridad judicial al afirmar que no estaba demostrado que la causa adecuada del hecho dañoso hubiese sido el mal estado del puente “el mamey”, por lo cual, no era posible afirmar que se colmaban los presupuestos de la prueba indiciaria, puesto que, aunque existía un hecho conocido, esto es, la muerte de la víctima directa y , otro desconocido, es decir, que la causa del deceso haya sido responsabilidad de la Administración, de los elementos de convicción no era posible inferir el último.

Indicó que la autoridad judicial accionada tampoco incurrió en

causa del deceso haya sido responsabilidad de la Administración, de los elementos de convicción no era posible inferir el último.

Indicó que la autoridad judicial accionada tampoco incurrió en desconocimiento del precedente judicial invocado como desconocido, pues, aunque el mismo hacía referencia a accidentes de tránsito, lo cierto era que los supuestos fácticos y jurídicos diferían de los expuestos en la presente solicitud de amparo.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque, reiterando todos y cada uno de los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.11

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Señalaron que se valoraron indebidamente la necropsia y el informe de accidente de tránsito, pues los mismos no daban cuenta de que la muerte del señor GARAY PICO se hubiese debido exclusivamente a abstenerse de utilizar el casco, máxime aun, teniendo en cuenta que, no existía certeza de si lo portaba o no, ya que el cuerpo había sido movido por el personal de la ambulancia y era posible que dicho elemento no se hubiese encontrado.

Afirmaron que no existían pruebas directas o indiciarias, que acreditaran que el impacto en el cráneo que sufrió la víctima haya sido la única, determinante y exclusiva causa del accidente y, por ende, de la muerte, por lo cual, dicho indicio no podía tenerse como

acreditaran que el impacto en el cráneo que sufrió la víctima haya sido la única, determinante y exclusiva causa del accidente y, por ende, de la muerte, por lo cual, dicho indicio no podía tenerse como la causa determinante del daño, pues lo cierto era que había sufrido otras lesiones en su cuerpo que pudieron incidir en su deceso y en las que el uso del casco protector resultaba irrelevante.

Indicaron que tampoco fueron tenidos en cuenta varios testimonios que daban cuenta de la falta de mantenimiento de la vía, toda vez que, en los mismos se indicaba que el puente tenía resaltos sin señalización, carecía de iluminación, de señalizaciones reflectivas, se encontraba un poco hundido en su entrada y salida, te nía unos12

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rebordes laterales que no eran visibles en la noche, tampoco tenía barandas laterales de protección y, además, la vía estaba asfaltada y en malas condiciones, por lo cual, previo al deceso de su familiar, habían ocurrido otros accidentes en el mismo lugar.

Resaltaron que tampoco se apreció en su integridad el dictamen pericial, en el que se concluyó que a la entrada y a la salida del puente habían unos hundimientos que hacían peligroso transitarlo; que el ancho de la vía se reducía en esa área, por lo que incumplía con la norma establecida para tal efecto, que señalaba que como mínimo debía ser de once metros de amplio; que no existía

que el ancho de la vía se reducía en esa área, por lo que incumplía con la norma establecida para tal efecto, que señalaba que como mínimo debía ser de once metros de amplio; que no existía señalización ni vertical, ni horizontal en el lugar de los hechos, ni cerca al mismo y tampoco se observaba un tramo recto a la entrada y salida del puente que permitiera la transición de la curva.

Sostuvieron que a la autoridad judicial accionada le bastó únicamente un indicio, que no se encontraba claro probatoriamente, referente a que la víctima no portaba el casco protector , que fue considerado suficiente para concluir que el accidente fue culpa exclusiva de aquella, desconociendo todos los indicios contra el INVÍAS que demostraban la falla en el servicio en la que había incurrido dicha13

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entidad.

Reiteraron que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, contenido en las sentencias de 22 de julio de 200910, 15 de octubre de 201511 y 23 de noviembre de 202212, en las cuales la Sección Tercera del Consejo de Estado le ha atribuido responsabilidad al Estado con fundamento en indicios como los del presente caso.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

como los del presente caso.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

10 Proceso núm. 76001-23-31-000-1995-01182-01; M.P. Enrique Gil Botero. 11 Proceso núm. 23001-23-31-000-2002-00096-01; M. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. 12 Proceso núm. 68001-23-31-000-2011-00158-01; M. P. Fredy Ibarra Martínez.14

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distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso15

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Administrativo, con po nencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherent es a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

decisiones inherent es a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se16

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sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida , mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.17

demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.17

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cua ndo el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuan do el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta d e los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,

y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que se deje sin efectos la providencia de 19 de octubre de 2022 , proferida dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 70001 -23-31-000-2008-00194-01,18

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promovida contra la NACIÓN – MINISTERIO, el INVÍASy el

MUNICIPIO.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana , habida cuenta que, a juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

Agregaron que la providencia acusada omiti ó valorar el informe de accidente de tránsito y la necropsia de la víctima, que daban cuenta

desconocimiento del precedente.

Agregaron que la providencia acusada omiti ó valorar el informe de accidente de tránsito y la necropsia de la víctima, que daban cuenta del mal estado de la vía y la deficiente iluminación artificial; y, además, que el señor GARAY PICO no solo presentó lesión en el cráneo, sino también en otras partes del cu erpo que no cubre el casco, que pudieron incidir en su deceso, por lo que el portarlo resultaba irrelevante.

Indicaron que tampoco se tuvo en cuenta lo afirmado por los testigos, respecto al mal estado de la vía y que el puente “el mamey” no cuenta con algún tipo de señalización, de lo que se evidenciaba que existieron una serie de indicios que imponían concluir que el19

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accidente de tránsito se debió a una falla imputable a la administración.

Afirmaron que, la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente, habida cuenta que, desatendió el criterio establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las sentencias de 22 de julio de 2009 13, 15 de octubre de 2015 14 y 23 de noviembre de 202215, en las se le ha atribuido responsabilidad al Estado con fundamento en indicios como los del presente caso.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que, denegó el amparo solicitado, en razón a

al Estado con fundamento en indicios como los del presente caso.