CE - 110010315000202302545001SENTENCIA20230626142633

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) a cceso a la administración de justicia, iii) igualdad, iv) trabajo y v) reparación integral

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.2

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor , a través de apoderado 1, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor , a través de apoderado 1, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 21 de octubre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 130012331000200201429-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías , con el fin de que fueran declarados administrativa y patrimonialmente responsable s por los perjuicios derivados del accidente de tránsito que se produjo el 19 de enero de 2001, en el sitio conocido como Bajo de Oso, entre San Jacinto y El Carmen de Bolívar (Bolívar); en donde el conductor de un vehículo Chevrolet Monza perdió el control del mismo, presuntamente debido a un hundimiento en la vía y a la falta de señalización que advirtiera la presencia de tal peligro, invadió el carril contrario y colisionó con el tractocamión de su propiedad, el cual resultó con pérdida total por incineración.

4. Indicó que, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de 24 de abril de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

incineración.

4. Indicó que, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de 24 de abril de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. Sostuvo que, en grado jurisdiccional de consulta, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió lo siguiente:

1 Cfr. índice núm. 8 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_GERMANGOMEZRODRIGUEZ(.p df) NroActua 8”. Archivo aportado en forma digital.3

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

“[…] REVOCAR la sentencia del 24 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará así:

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda […]”.

5.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Establecido el primer elemento de la responsabilidad, la Sala abordará el análisis de la imputación, con el fin de determinar si los daños causados al demandante le resultan atribuibles o no al INVÍAS […]”.

[…]

“[…] No se deja de lado la sospecha que le cabe a estas declaraci ones, por las razones explicadas atrás; no obstante, no hay lugar a dudar de ellas, en la medida en que son coincidentes con el contenido de otros medios de convencimiento obrantes en el plenario, respecto a la existencia del hundimiento en la vía, lo que le brinda plena

razones explicadas atrás; no obstante, no hay lugar a dudar de ellas, en la medida en que son coincidentes con el contenido de otros medios de convencimiento obrantes en el plenario, respecto a la existencia del hundimiento en la vía, lo que le brinda plena credibilidad, esto es: i) con el informe del accidente de tránsito en el que se dejó plasmado que en la vía existía un hundimiento; ii) el testimonio rendido por el señor Iván Alexander Ribón Castillo quien aseguró que transitaba regularmente por esa vía, inclusive el día del accidente y que efectivamente en la misma se encontraba el hundimiento; iii) la versión del conductor del camión, rendida durante la diligencia de indagatoria, dentro de la investigación penal adelantada en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, en la que señaló que había un desperfecto” en la calzada por la que transitaba el Chevrolet Monza.

De los anteriores testimonios, la Sala encuentra que los deponentes no presenciaron el accidente, sino que asistieron al lugar con posterioridad a la ocurrencia del mismo y, si bien dan cuenta del hundimiento de la vía, llegan a conclusiones subjetivas sobre la causa del siniestro, sin aportar elementos objetivos que permitan determinar que efectivamente este se debió al hundimiento y no a la imprudencia del conductor del Chevrolet Monza, quien omitió las señales de “no adelantar” y “velocidad”, las cuales, según el informe de accidente, si se encontraban en la vía […]”.

[…]

“[…] La demostración de la existencia de un obstáculo en una vía -en este caso, un hundimientono es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial

[…]

“[…] La demostración de la existencia de un obstáculo en una vía -en este caso, un hundimientono es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre éste y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.

El análisis de los elementos de convicción que obran en el proceso, permite a la Sala concluir que el accidente se produjo porque el señor José de Jesús Castaño Acosta, conductor del Chevrolet Monza, imprudentemente invadió el carril contrario y colisionó de frente con el camión conducido por el señor Carlos Enrique Sánchez Santamaría, quien, trató de esquivarlo, pero no pudo hacerlo, debido a su proximidad, velocidad e inminencia.

La anterior situación es corroborada por el agente de policía que levantó el informe de accidente de tráns ito, el cual consideró que la causa probable del accidente de tránsito fue que el Chevrolet Monza adelantó en zona prohibida; la versión del conductor del camión, quien manifestó: “voy por mi vía y apareció el otro a velocidad y se estrelló contra mí” y po r la Fiscalía 22 Seccional delegada ante los Juzgados4

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

Penales del Circuito de Cartagena, quién determinó que la falta de pericia y prudencia del conductor del Chevrolet Monza le impidió retomar el carril y evitar la colisión con el camión.

Penales del Circuito de Cartagena, quién determinó que la falta de pericia y prudencia del conductor del Chevrolet Monza le impidió retomar el carril y evitar la colisión con el camión.

Por tanto, se i nsiste, a juicio de esta Sala, la causa eficiente del accidente fue la imprudencia del señor José de Jesús Castaño Acosta, conductor del Chevrolet Monza, pues el siniestro se produjo cuando invadió el carril contrario, en una curva, en la que estaba prohib ido adelantar, lo que lo llevó a colisionar de frente con el camión conducido por el señor Carlos Enrique Sánchez Santamaría; luego, en este caso, únicamente el referido señor Castaño Acosta se encontraba en la posibilidad efectiva de evitar el proceso cau sal del accidente […] En tales condiciones, debe concluirse que no le asiste responsabilidad al Instituto Nacional de Vías -INVÍASpor la destrucción del camión de propiedad del demandante […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] De la manera más comedida solicito que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado y que en su lugar se ordene el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) dar cumplimiento a la sentencia dictada a favor del señor German Gómez Rodríguez por el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar.

Subsidiariamente, de no ser atendida favorablemente la anterior petición, solicito, con igual comedimiento, que una Sala de Conjueces vuelva a proferir la sentencia de segunda instancia, respetando los lineamientos trazados por la Jurisdicción Constitucional […]”.

con igual comedimiento, que una Sala de Conjueces vuelva a proferir la sentencia de segunda instancia, respetando los lineamientos trazados por la Jurisdicción Constitucional […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que omitió valorar las siguientes

pruebas:

• Memorando interno del INVÍAS RBOL -190 de 15 de mayo de 2001 , con el cual, a su juicio, se acreditaba que esa entidad conocía del hundimiento de la vía y que las firmas contratistas no habían tomado las acciones necesarias para repararlo.

2 Al respecto, la Sala precisa que, atendiendo a que el actor, previo a la admisión de la solicitud de tutela de la referencia, allegó “[…] Demanda sustituta […]” y “[…] adenda […]” , y solicitó hacer caso omiso al escrito inicialmente enviado; el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela con fundamento en dichos escritos allegados con posterioridad, de conformidad con lo indicado por el actor.5

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

• Indagatoria rendida por el señor Carlos Enrique Sánchez Santamaríaconductor del tr actocamión-, quién relató que la razón del accidente fue el desperfecto existente sobre la calzada por la que iba circulando el Chevrolet

Monza.

• Las “[…] pruebas que daban fe de que, contrariamente a lo anotado por el agente de policía en su informe, en el lugar no existía señalización alguna […]”, a saber , la i ndagatoria rendida por el señor Carlos Enrique Sánchez

• Las “[…] pruebas que daban fe de que, contrariamente a lo anotado por el agente de policía en su informe, en el lugar no existía señalización alguna […]”, a saber , la i ndagatoria rendida por el señor Carlos Enrique Sánchez Santamaría, el testimonio rendido por Eduardo Gómez Sarmiento, Fanny Reyes Villalba -esposa del propietario del tractocamión -, Humberto Ribero Tobón, Javier de Jesús Castaño Meza, Ana Milena Betancur Castaño y Shirley Soraya Villacrés Moreno, últimos tres rendidos durante audiencia de testimonios llevada a cabo por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí.

- “[…] DICTAMEN EMITIDO POR EL DR. JUAN JOSÉ CAÑAS SERRANO,

PSICÓLOGO CLÍNICO Y FORENSE […]”.

7.1. Manifestó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico “[…] por darle valor de plena prueba a la conclusión del Fiscal 22 Seccional Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Cartagena según la cual el accidente se produjo por la falta de pericia y prudencia del conductor del Chevrolet Monza, pues se trató de una mera conclusión subjetiva carente de sustento técnico alguno […]”.

8. Por otra parte, el actor adujo la configuración de un defecto sustantivo por falta de aplicación de unas normas jurídicas, el cual sustentó en los siguientes

términos:

“[…] por violación de los artículos 187 del Código de Procedimiento Civil, 267 del Código Contencioso Administrativo, 175 del Código de Procedimiento Civil, 237 del Código de Procedimiento Civil y 241 del Código de Procedimiento Civil […] al darle

“[…] por violación de los artículos 187 del Código de Procedimiento Civil, 267 del Código Contencioso Administrativo, 175 del Código de Procedimiento Civil, 237 del Código de Procedimiento Civil y 241 del Código de Procedimiento Civil […] al darle valor de plena prueba al informe de accidente elaborado por un agente de policía del municipio del Carmen de Bolívar y amparar lo con una presunción que no admitió prueba en contrario, ello en contravía de la ley, la cual sí permite la prueba en contrario frente a un informe de esa naturaleza por no tratarse la presunción de veracidad que lo ampara de una presunción “juris et de jure” […]”.

[…]

“[…] al violar de manera directa por no aplicación el artículo 66 del Código Civil […]”.6

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

[…]

“[…] violación directa debida a no aplicación del artículo 2344 del Código Civil según el cual cuando varias causas confluyen en la producción de un daño existe una responsabilidad solidaria y el damnificado puede reclamarle su reparación a cualquiera de los responsables solidarios, estando este obligado a responder ante el damnificado por la totalidad del perjuicio […]”.

9. El actor indicó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, “[…] por desconocer la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de la corporación según la cual las fallas imputables a los contratistas constituyen fallas imputables a la entidad oficial que los contrata, pues cuando actúa o deja de actuar

desconocer la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de la corporación según la cual las fallas imputables a los contratistas constituyen fallas imputables a la entidad oficial que los contrata, pues cuando actúa o deja de actuar el contratista es como si actuara o dejara de actuar directamente la entidad oficial que lo contrató […]”. Para tal efecto, citó apartes de “[…] Sentencia del 13 de febrero de 2003. Radicado 66001233100019942260501 (12654). Actores: María Lucila Montenegro Calle y otros. Demandado: Municipio de Pereira. M.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo […]”.

10. Igualmente, el actor señaló la configuración de un defecto procedimental por

las siguientes razones:

“[…] Dentro de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado fue el mismo Magistrado Ponente quien decidió la suerte del RECURSO DE SÚPLICA que la parte accionante interpuso precisamente contra la decisión de dicho magistrado de negarle la petición de dar por terminado el proceso y abstenerse de tramitar la segunda instancia, recurso que tenía que ser decidido tanto en su procedencia o no como en si se le daba la raz ón o no al recurrente, no por el mismo magistrado ponente cuya decisión se estaba impugnando, sino por la SALA DE SÚPLICA. No obstante, el señor Magistrado Ponente RECHAZÓ EL RECURSO DE SÚPLICA, es decir, se negó a remitirlo a la SALA DE SÚPLICA, como era obvio que debía hacerlo, y cuando se interpuso en contra de su decisión el recurso de reposición con miras a que la reconsiderara y se dignara remitir aquella impugnación a la Sala de Súplica

y cuando se interpuso en contra de su decisión el recurso de reposición con miras a que la reconsiderara y se dignara remitir aquella impugnación a la Sala de Súplica para que fuera esta la que, obviamente, tomara cualquier decisió n acerca de la misma, lo que hizo FUE RECHAZAR TAMBIÉN ESTE RECURSO DE REPOSICIÓN. En otras palabras, el RECURSO DE SÚPLICA interpuesto por el demandante jamás fue conocido por la SALA DE SÚPLICA, como era lógico que debió suceder […]”.

[…]

“[…] Pero eso no fue todo: nunca se le dio al demandante traslado para alegar. En efecto, de una buena vez y sin auto alguno que lo ordenara siquiera, el expediente resultó AL DESPACHO PARA FALLO y fue fallado sin haberse escuchado las alegaciones del demandante […]”.3

3 Transcripción literal del texto.7

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

11. Finalmente, el actor sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto orgánico, por “[…] FALTA TOTAL DE COMPETENCIA PARA FALLAR

EL PROCESO EN SEGUNDA INSTANCIA, INCLUSO POR VÍA DE CONSULTA

[…]”. Al respecto, manifestó que:

“[…] Ante la inasistencia del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) a la audiencia de conciliación, el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar dispuso dentro de la misma audiencia que el recurso de apelación que la institución estatal había interpuesto contra su fallo condenatorio se declaraba desierto. Empero, eso no fue

conciliación, el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar dispuso dentro de la misma audiencia que el recurso de apelación que la institución estatal había interpuesto contra su fallo condenatorio se declaraba desierto. Empero, eso no fue todo. Y no lo fue, porque a continuación declaró ejecutoriada (o, en otras palabras, en firme), la sentencia condenatoria […]”.

[…]

“[…] Lo que se hizo con posterioridad a la ejecutoria de la misma, es decir, después del cierre de la audiencia y estando lo decidido allí plenamente vigente, fue que, sencillamente, el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó el envío del expediente al Honorable Consejo de Estado en consulta y la Sección Te rcera del Honorable Consejo de Estado la tramitó y la decidió, a pesar de mi tenaz oposición a que lo hiciera. Pero repito que ni en la actuación posterior a la sentencia adelantada en el Honorable Tribunal, ni en la que se adelantó dentro de la Sección Te rcera del Honorable Consejo de Estado, vale decir, en ninguna parte del proceso se dijo que se dejaba sin efectos la providencia por medio de la cual se declaró en firme la sentencia condenatoria, providencia esta que se profirió dentro de la audiencia y, por lo tanto, al finalizar esta quedó ejecutoriada […]”.

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 17 de mayo de 2023 4, inadmitió la solicitud de la acción de tutela, la cual fue corregida dentro del término legal5.

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la

legal5.

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Tribunal Administrativo de Bolívar, a la Nación – Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

4 Cfr. índice núm. 4 de SAMAI, Documento denominado “AUTOQUEINADMITE(.pdf) NroActua 4 ”. Archivo aportado en forma digital. 5 Cfr. índice núm. 8 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_JEIMYTATIAN(.pdf ) NroActua 8”. Archivo aportado en forma digital.8

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

14. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que “[…] la presente acción de tutela no está llamada a prosperar […]”, en la medida en

que:

“[…] la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional por su insuficiente carga argumentativa, pues el actor se limitó a enunciar que con la sentencia del 21 de octubre de 2022 se vulneraron sus derechos fundamentales “de acceso a la justicia y al debido proceso, a la igualdad jurídica y a ser reparado por el Estado ”,

carga argumentativa, pues el actor se limitó a enunciar que con la sentencia del 21 de octubre de 2022 se vulneraron sus derechos fundamentales “de acceso a la justicia y al debido proceso, a la igualdad jurídica y a ser reparado por el Estado ”, por el hecho de que en dicha providencia se negaron sus pretensiones y, además, porque valoró indebidamente las pruebas obrante en el proceso, lo cierto es que esas acusaciones carecen de argumentos que las sustenten, pues se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la demanda, lo cual, a juicio de la suscrita, busca convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de reparación directa, razón por la cual es evidente que los vicios que se invocan son utilizados para continuar con un debate jurídico que ya fue decidido de manera razonable […]”.

[…]

“[…] En otras palabras, a pesar de que en el proceso de reparación directa se probó que en el lugar de los hechos había un hundimiento, l o cierto es que las demás pruebas no revelaron que esta irregularidad hubiera incidido causalmente en el accidente […] El análisis que efectuó la Sala se encuentra dentro del margen de interpretación y la aplicación de la norma en la decisión atacada, sin que sea caprichosa ni arbitraria; por el contrario, está debidamente motivada y fundamentada, lo que desvirtúa la configuración de cualquier defecto.

Lo anterior se precisa con el fin de significar que la sentencia atacada fue debidamente razonada y se dictó teniendo en cuenta el material probatorio allegado al plenario. Lo que pretende la parte actora es reabrir de manera injustificada el debate probatorio y jurídico mediante esta acción constitucional invocando unos

debidamente razonada y se dictó teniendo en cuenta el material probatorio allegado al plenario. Lo que pretende la parte actora es reabrir de manera injustificada el debate probatorio y jurídico mediante esta acción constitucional invocando unos supuestos defectos, los cuales, vale la pena advertir, son reiterados con diferentes nombres en el escrito […]”.

15. El Instituto Nacional de Vías solicitó “[…] denegar […]” la acción de tutela, por

las siguientes razones:

“[…] 1) Debe denegarse la presente acción de tutela, porque quiere revivir términos precluidos y procesos terminados.

1. Las argumentaciones formuladas están estructuradas como fundamentos de un tercer recurso y no de una acción de tutela.

1. El accionante no puede utilizar la acción de tutela, sino ha agotado los recursos extraordinarios que aún le quedan […]”.9

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

16. El Tribunal Administrativo de Bolívar allegó copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 130012331000200201429-01.

17. El Ministerio de Transporte guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 6, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 6, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20217 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20188 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indic ados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación integral; procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó 11 como parámetros a seguir los señalados en la

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administ rativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-0132811

Núm. único de radicación: 110010315000202302545-00

Actor: Germán Gómez Rodríguez

sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 12, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición

perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del princ ipio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se conv ierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

que este instrumento excepcional se conv ierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciam iento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.

12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: