CE - 110010315000202302552011SENTENCIA20230908154729

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

Demandante: Neys Santana Sarmiento

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

Demandante: NEYS SANTANA SARMIENTO

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y

OTROS.

Temas: Contra providencia judicial – proceso disciplinario.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugna ción presentada por el señor Neys Santana Sarmiento contra la sentencia del 4 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Neys Santana Sa rmiento, en nombre propio, interpuso acción de tute la

Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Neys Santana Sa rmiento, en nombre propio, interpuso acción de tute la contra la Comisión Nacional de Disciplin a Judicial, por considerar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso , igualdad, trabaj o, mínimo vital y de acceso a la administración de justi cia. En consecuenc ia, formu ló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Solicito SE decrete LA MEDIDA PROVISIONAL, Y SE ORDENE QUE LA

MEDIDA SANCIONATORIA NO SE INSCRITA AL REGISTRO NACIONAL DE

ABOGADO.

SEGUNDA; SOLICITO se ampare, los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO ART. 29 C.N., DER ECHO DE IGUALDAD A NTE LA LEY 13 C.N. Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Y los derechos fundamentales del menor art. 44 C.N., A SUS ALIMENTOS, MINIMO VITAL.

TERCERO; SOLICITO se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, para que se v uelva a fallar con los lineamientos impartidos por usted, en la medida que sea ABSOLUTORIO, DECLARANDO LA NULIDAD POR FALTA DE PRACTICA PROBATORIA Y NO INDAGAR EL MAGISTRADO EN QUE PORQUE NO SE PUDO PRACTIAR (sic) DICHA PRUEBA DE EDWIN ANTONIO RUBIO Y LUI S HERRERA GUZMAN, ADEMÁS SE OBSERVE QUE LA CONDUCTA DE LA SEÑORA BUSCA EL NO PAGO DE LOS HONORARIOS AL ABOGADO, POR LO

QUE PIDO SEA DESATADA EN ABSOLUTORIO.»

HERRERA GUZMAN, ADEMÁS SE OBSERVE QUE LA CONDUCTA DE LA SEÑORA BUSCA EL NO PAGO DE LOS HONORARIOS AL ABOGADO, POR LO

QUE PIDO SEA DESATADA EN ABSOLUTORIO.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

Demandante: Neys Santana Sarmiento

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La señora Gloria Inés Villalobos Velásquez presentó ante la Comisión Nacional de Disciplina queja disciplinaria contra el ab ogado Neys Santana Sarmiento, a quién contrató para que la def endiera en un proceso ejecutivo hipotecario de mínima cuantía en el Juzga do 1º Civi l Munici pal de Florencia; no obstante, después de pagarle la suma de dinero acordada, el abogado solo compareció a la au diencia de 21 de noviembre de 2017, sin hacer presencia en las demás, ya que solicitaba el aplazamiento, y tampoco le informó sobre el a vance de l proceso, ni expidió constancia de los dineros recibidos.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, mediante fallo del 30 de agosto de 2022, declaró disciplinariamente responsable al abogado Neys Santana

constancia de los dineros recibidos.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, mediante fallo del 30 de agosto de 2022, declaró disciplinariamente responsable al abogado Neys Santana Sarmiento y lo sancionó con 10 mes es de suspensión en el ejercicio profesional, por incumplimiento de los deberes que consagran los numerales 8º, 10 y 18 c) del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y haber incurrido en las faltas descritas en el literal d) del artículo 34, numeral 6 º del artículo 35 y numeral 1º del artículo 37 ídem, en concurso material heterogéneo, a título de culpa , pues consideró que el profesional del derec ho dejó de cumplir las diligencias propias de su actividad profesional, a pesar de haber percibido honorarios.

El señor Santana Sarmiento interpuso recu rso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto por l a Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en fallo de 26 de abril de 2023 , en el sentido de decretar la terminación y archivo por prescripción respecto de la conducta descrita en el artículo 35 numeral 6 del CDA, absolverlo por la falta del artículo 34 literal d) ejusdem y confirmar la falta a la debida diligencia profesional, descrita en el artículo 31 numeral 1 ejusdem. En ese orden, disminuyó la sanción a 6 meses de suspensión en el ejercicio profesional.

Lo anterior al considerar que: (i) declaró el fenómeno de prescripción respec to del cargo de falta de honradez, por cuanto la falta de expedición de los recibos por el pago d e h onorarios se consumó de manera instantánea el 21 de noviembre de

Lo anterior al considerar que: (i) declaró el fenómeno de prescripción respec to del cargo de falta de honradez, por cuanto la falta de expedición de los recibos por el pago d e h onorarios se consumó de manera instantánea el 21 de noviembre de 2017 y el 12 de febrero de 2018, po r lo que, para la fecha de expedición del fallo, el térmi no de 5 años ya había fenecido, perdiendo la Sala la competencia para ejercer la acción discipli naria; (ii) en cuanto a la falta de lealtad con el cliente por no informarla sobre el proceso , absolvió al disciplinado, al considerar que la esencia de la conducta era dolosa, pero que, como a lo largo del proceso se había tratado la calificación del actu ar como cu lposa, no era el momento de hacer ninguna variación, por lo que, para subsanar dich o yerro resultaba imperioso absolver al abogado, ya que de lo contrario se le vulnerarían sus derechos de defensa y contradicción ; y, (iii) frente a la falta de di ligencia p rofesional por no asistir a las audiencias, después de hacer un análisis pr obatorio, pudo llegar a la conclusión que la ausencia del profesional del derecho en varias de esas diligencias efectivamente fue injustificada.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor as eguró que la autoridad judicial accionada , en la sentencia a cusada no se tuvo en cuenta los argumentos del “Magistrado ponente” quien “salvó voto” , referente a que “no se debió sancionar al profesional del derecho por existir

ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

Demandante: Neys Santana Sarmiento

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referente a que “no se debió sancionar al profesional del derecho por existir

ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

Demandante: Neys Santana Sarmiento

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Indicó que durante todo el proceso se investigó una conducta errada, lo cual se puede probar con lo manifestado en el “salvamento del voto”, por lo que, a su juicio, la Comisión Nacional de D isciplina Judicial debió proferir fallo abso lutorio y no confirmatorio con modificación, existiendo con ello un yerro en la decisión, pues la conducta por la que fue sancionado es atípica. En razón a ello, solicitó que se ordene a la autoridad accionada proferir un nuevo fallo “ordenando la preclusi ón de la investigación”.

Por otra parte, indicó que el despacho no v aloró la ampliación de la queja de la señora Gloria Inés Villalobos Velásquez, así como los testimonios de los señores Jhon Geiner Casanova y Jorge Armando Flórez.

Que, en esa medida, la C omisión Nacional de Dis ciplina Judicial al reso lver en segunda instancia el proceso discipli nario, no debió modificar la sanción sino decretar la terminación y archivo por prescripción, respecto de la conducta

4. Oposición

segunda instancia el proceso discipli nario, no debió modificar la sanción sino decretar la terminación y archivo por prescripción, respecto de la conducta

4. Oposición

La Comisión Nacional de Disci plina Judi cial, pidió q ue se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Lo anterior, al considerar que las pre tensiones de l actor est án en caminadas a constituir una terc era instancia del proceso disciplinario que s e le adelantó en su contra, en el cual , además, aseguró que se le garantiz ó los derechos fundamentales al debido proceso , defensa y contradicción , se llevar on a ca bo cada una de las etapas procesales prevista s y el tutelante con tó con la oportunidad de interponer recurso de apelación frente a la decisión de pr imera instancia.

Que, l a aclaración de voto del fallo d isciplinario hecho por la magist rada Magda Victoria Acosta Gualteros, a los que hace referencia el actor, se refieren a la falta a la falta del artículo 34 numeral d) del CDA –de la cual se absolvió al actor-, porque, en su sentir, no debió estar sustentada en el yerro de la modalidad culposa atribuida por la autoridad de primera instancia, sino por ati picidad, pues no s e recogía típicamente en dicha preceptiva.

Aseguró que el actor fue sancionado, por la indilige ncia asumida al no asistir a las audiencias de que tra ta el artículo 39 2 del Código General del Proce so, programadas por el Juzgado 1 Civil Munici pal de Florencia dentro del trámi te del

audiencias de que tra ta el artículo 39 2 del Código General del Proce so, programadas por el Juzgado 1 Civil Munici pal de Florencia dentro del trámi te del proceso ejecutivo 2017 -00270, para los d ías 23 de mayo , 15 de agosto , 27 de noviembre y 10 de diciembre de l año 2018, conclusión a la que se llegó luego de efectuar un aná lisis minucioso de las razones expuestas en la de fensa y lo s documentos que dieron cuenta de l incumplimiento in justificado de sus deberes profesionales.

5. Sentencia impugnada

El Consejo de Esta do, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 4 de julio de 2023, declaró improcedente la acció n de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

Demandante: Neys Santana Sarmiento

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Indicó que el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima, toda vez que se limitó a indicar de forma superfi cial y parcializada las razones de la aclaración de voto, en las que supues tamente se defiende la tesis según la cual debió ser absuelto por las faltas disciplinarias endilgadas, sin invocar un defecto en concreto

voto, en las que supues tamente se defiende la tesis según la cual debió ser absuelto por las faltas disciplinarias endilgadas, sin invocar un defecto en concreto respecto de la providencia.

Aseguró que, el actor planteó que la accionada no valoró la ampliación de la queja de la señora Gl oria Inés Villalobos Velásquez, y los testimonios de los señores Jhon Geiner Casanova y Jorge Armando Flórez, lo que podría encuadrarse en un defecto fáctico; no obstante, se abstuv o de explicar qué importancia tenían los mismos, y porqué resultaban determinantes para cambiar el sentido de la decisión, que, en esa medida, tampoco construyó una argumentación sólida para explicar este defecto.

Que, en el caso hipot ético de dar por cumplido el requis ito de relevancia constitucional; los pocos argumentos expuestos por el actor, permiten in ferir que su preten sión est á encaminada a con stituir una tercera instancia del proceso disciplinario por no estar de acuerdo con la decisión tomada y la posición adoptada por el juez natural de la causa.

Precisó que , en el ca so conc reto, e l magistrado ponente no salvo vo to como afirma el ac tor, que solo existió una aclaraci ón de voto , por parte de una de las magistradas. Sin embargo, señaló que , “el accionante tergiversó por completo los argumentos expuestos por la ma gistrada en su aclaración de voto, pretendiendo con ello, al parecer, la absolución de la falta disciplinaria por la cual fue sancionado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; cuando de la anterior

argumentos expuestos por la ma gistrada en su aclaración de voto, pretendiendo con ello, al parecer, la absolución de la falta disciplinaria por la cual fue sancionado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; cuando de la anterior lectura es claro que la aclaración se refirió únicamente a la fundamentación que se utilizó para absolver al disciplinado por la conducta establecida en el literal d) del artículo 34 de a la Ley 1124 de 2007 , relacionada con la falta de lealtad al cliente por no informarla sobre el proceso”.

Por otra parte, señaló que los testimonios que el actor adujo como d esconocidos se analizaron y va loraron en el acápite denominado “hechos y antecedentes relevantes”. Que, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión adoptada en sede de segunda insta ncia dent ro de l proceso disciplinario, responden en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial.

6. Impugnación

El señor Neys Santana Sarmiento impugnó el fallo de primera instancia, reiteró los argumentos del escr ito de tutela y pidió expresam ente que, “que se califique de forma estructural la solicitud de suspensión provisional, ya que reúne los elementos que acreditan la necesidad de poder esp erar una decisión de fondo, porque se afectaría el mínimo vital y la alimenta ción del menor (…), por ello se requiere de manera urgente la intervención desde este primer momento, para que se analice tal situación que porque negó la solicitud el consejo de estado en primer momento”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

Demandante: Neys Santana Sarmiento

se analice tal situación que porque negó la solicitud el consejo de estado en primer momento”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

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Aseguró q ue, la providencia acusada vulneró su derecho al debido proceso, porque si bien, es cierto la investigación en su momento se llevó a cabo, fue por atipicidad, por ser calificada a título de culpa y cuando era dol osa, razón po r la cual la accionada debió atender el disenso de la aclaración de voto, y no es como indica el fallador, porque es sobre la conducta sancionada no sobre la prescriptiva.

Señaló que , dentro de los argumentos de la acla ración de voto, la magistrada indicó “…la incursión del abogado en el numeral 1 del artículo 37 ejusdem; y la absolución del literal d) del artículo 34 ejusdem, … ”, con lo que se evidencia q ue indicaba q ue las dos conductas se absolvieran por atipicidad y por presc ripción. Que, en esa medi da, las dos decisiones se debieron valorar como críticas en la decisión que se cuestiona.

Refirió que , no se valoraron los test imonios, concreta mente la ampliación la

Que, en esa medi da, las dos decisiones se debieron valorar como críticas en la decisión que se cuestiona.

Refirió que , no se valoraron los test imonios, concreta mente la ampliación la quejosa, ratificó que ella, no permitió que el otro abogado actuara, entonces, no es propio que un magistrado y una comisión nacional, puedan enmarcar como falta el que el quejoso no permita actuar otro profesional.

Que en el prese nte caso se cumple el requ isito de re levancia con stitucional, porque la decisión acusada transgrede s us derechos fundam entales, pues insiste que si la autoridad judicial accio nada hubiera revisado en debida forma, los testigos y la ampliación de la quejosa, la decisión habría sido otra.

Indicó que, “la tutela, fue bien argumentada con suficiencia, carga argumentativa, se demostró donde estaba la falencia del fallo, que se dejo de valorar, que no se tuvo en cuenta para garantizar el derecho al debido proceso, y por ser de esta naturaleza, por no contar con otro medio, se invoca la ac ción de t utela, entendiendo, que no es otra instancia, sino una reclamación de los derechos quebrantados en la decisión de la segunda instancia, fue explicado de forma clara y directa y por ello, solicito se rev ise con claridad la acción de tutela para que la segunda instancia pueda fallar con objetividad.”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

En el escrito de impugnación el tutelante, expresamente solicitó que “Sea la oportunidad, para solicitarle al superior en esta impugnación, que se califique de forma estructural la solicitud de suspensión provisional, ya que reúne los

En el escrito de impugnación el tutelante, expresamente solicitó que “Sea la oportunidad, para solicitarle al superior en esta impugnación, que se califique de forma estructural la solicitud de suspensión provisional, ya que reúne los elementos que acreditan la necesidad de poder esperar una decisión de fondo, porque se afec taría el mínimo vital y la alimentación del menor (…), por ello se requiere de manera urgente la intervención desde este primer momento, para que se analice tal situación que porque negó la solicitud el consejo de estado en primer momento.”

De lo ant erior, se evidencia, que el actor p retende que se haga un nuevo pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada en el esc rito d e tutela . Sin embargo, la Sala no se pronunciará al respecto, porque la referida medida se negó en el auto ad misorio proferido el 19 de mayo de 2023 y en el escrito de impugnación, el actor no expuso arg umentos nuevos, ni se evidencia la ex istenciaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

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de u n perjuicio irre mediable que habiliten la interven ción del juez de tutela al respecto.

1. Generalidades de la acción de tutela

de u n perjuicio irre mediable que habiliten la interven ción del juez de tutela al respecto.

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tute la está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 d e 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimie nto preferente y sumario, por sí mis ma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de su s derechos c onstitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad públic a o de lo s particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afecta do no disponga de otro med io de defensa judicial, salvo que se utilice c omo mecanismo transitorio para evitar un perju icio irremediable.

2. Problema jurídico

Conforme con el escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumple el requisito general de relevancia constitucional.

En caso a firmativo, la deberá analizarse si la Comisió n Nacional de Disciplina Judicial vulneró l os derech os fundamentales deprecados por el señor Neys Santana Sarmiento al imponer sanción disciplinaria.

3. Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutirRadicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

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asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más

completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

4. Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala advierte que en el presente caso la acción de tutela no satisface el requisito general de relevancia constitucional, por las ra zones que se pasan a explicar.

Como se indicó en p árrafos a nteriores, u no de los elementos para que se evidencie el cumplimiento del requisito de relevancia cons titucional, dentro de la acción de tutela contra providencia judicial, es que los arg umentos del recurso de amparo estén acordes con las razones expuestas en la decisión que se cuestiona, así:

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe

así:

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relaciónRadicado: 11001-03-15-000-2023-02552-01

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con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

Al respecto, la Sala advierte que, el señor Neys Santana Sarmiento interpuso la presente acción de tute la, al considerar que la C omisión Nacional de Dis ciplina Judicial vulneró sus derechos funda mentales al debido proceso, igualdad, trabajo, mínimo vital y de acceso a la administración de justi cia, al modificar la decisión de primera instancia y en su lugar , lo sancionó con 6 meses de suspensión en el ejercicio profesional , por la falta de diligencia profesional por no as istir a l as audiencias, dentro del pro ceso ejecutivo hipotecario de mínima cuantía en el Juzgado 1º Civil Munici pal de Florencia , donde act uaba como apoderado de la señora Gloria Inés Villalobos Velásquez, cuando ya había percibido honorarios.

Juzgado 1º Civil Munici pal de Florencia , donde act uaba como apoderado de la señora Gloria Inés Villalobos Velásquez, cuando ya había percibido honorarios.

El a quo declaró imp rocedente la acci ón de tutela, porque consideró que no cumple el requisito de relevancia constitucional , por falta de carga argume ntativa, pues aseguró que las inconformidades del actor solo se centran en indicar que no se tuvo en cuent a una aclar ación de voto dada por una de las magistradas que suscribió la providencia y, un a presunta indebida valoración de testimoni os, explicar qué importancia tenían los mismos, y porqué resultaban determinantes para cambiar el sentido de la decisión.

En el escr ito de im pugnación, el actor señaló que se cumpl ía con el referido requisito de relevancia cons titucional, pues estaba invocando la vulnera ción de derechos fund amentales y la argumenta ción expuesta mostraba las irregularidades de la providencia cuestionada , esto es , el desconocimiento del salvamento de voto del fallo disciplinario y el desconocimiento de los testimonios, los cuales, de habers e tenido en cue nta, habrían dado lugar a una decisión diferente.

Sin embargo, paso por alto exponer argumentos que pe rmitan evidenciar de qué manera la autoridad judicial deman dada incurrió en un error capaz de configurar un defecto judicial.

Entonces, se evidencia que los alegatos del actor no se acompasan con los argumentos que se expusieron en la sentencia del 4 de julio de 2023, proferida por el Consejo de Estad o, Se cción Tercera, Subsección B, sino qu e invoca la

argumentos que se expusieron en la sentencia del 4 de julio de 2023, proferida por el Consejo de Estad o, Se cción Tercera, Subsección B, sino qu e invoca la aclaración de voto de la sentenci a de forma descon textualizada, con el único propósito de que se vuel va a hacer un pronunciamiento sobre la situaci ón particular que concluya con una decisión favorable a sus pretensiones.

Tal y como lo indicó el a quo el actor descontextualizó los argume ntos expuestos en la aclaraci ón de v oto por la magistrada Acosta Gualte ros, pues los mismos hacían referencia a la fal ta prevista en el artículo 34 numeral d) del C ódigo Disciplinario del Abogado, conducta de la c ual fue abs uelta e l actor en la providencia cuestionada.

Aunque en la impugnación insiste en que dichas razones también resultaban aplicables a la falta descrita en