CE - 110010315000202302557011SENTENCIA20231211114327

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02557-01

Demandante: Julia Edith Rodríguez Torres

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02557-01

Demandante: JULIA EDITH RODRÍGUEZ TORRES

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y JUZGADO

SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE DUITAMA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Decisión proferida en el curso de l medio de control de n ulidad y restablecimiento del derecho. Defecto fáctico. Requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la accionante, quien actúa mediante apoderada judicial , contra la sentencia de 13 de junio de 2023, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que resolvió negar la tutela solicitada, al considerar que no se configuró el defecto fáctico alegado.

I. ANTECEDENTES

del Consejo de Estado, en la que resolvió negar la tutela solicitada, al considerar que no se configuró el defecto fáctico alegado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que, el 22 de enero de 2021, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento el derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el objeto de que se anulara el acto administrativo ficto derivado de la falta de respuesta a la petición radicada el 24 de julio de 2019 , relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Afirmó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama, en el curso de la audiencia de pruebas, alegaciones y juzgamiento celebrada el 13 de junio de 2022, declaró de oficio la excepción de ineptitud demanda por falta de requisitos f ormales, toda vez que se estableció que había un acto expreso proferido por la Fiduprevisora S.A. -Oficio No. 20201091595511 de 22 de mayo de 2020-, mediante el cual dio respuesta favorable a la petición de 24 de ju lio de 2019, sin que se observara algún v icio en la notificación de dicho acto administrativo expreso.

Por último, manifestó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, con sustento en la falta de competencia de la Fiduprevisora S.A. para expedir el Oficio No. 20201091595511 de 22 de mayo de 2020 . El Tribunal

Por último, manifestó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, con sustento en la falta de competencia de la Fiduprevisora S.A. para expedir el Oficio No. 20201091595511 de 22 de mayo de 2020 . El Tribunal Administrativo de Boyacá, en fallo de 9 de noviembre de 2022, confirmó los argumentos de la decisión del a quo, sin embargo, por técnica jurídica modificó laRadicado: 11001-03-15-000-2023-02557-01

Demandante: Julia Edith Rodríguez Torres

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2 parte resolutiva, en el sentido de declarar de oficio la excepc ión denominada “ no se reunieron los presupuestos procesales para demandar”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administraci ón de justicia y a la seguridad social , supuestamente vulnerado s por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama, al declarar probada la excepción de “ no se reunieron los presupuestos procesales para dem andar”, al considerar que se debió ataca el Oficio No. 20201091595511 de 22 de mayo de 2020.

En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente , sobre la relevancia constitucional, dijo que “las providencias que se debaten, están vulnerando no solo

En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente , sobre la relevancia constitucional, dijo que “las providencias que se debaten, están vulnerando no solo derechos de orden legal sino que tienen carácter fundamental, según los artículos 29, 48, 228 y 229 de la Constitución Política, lo que evidencia la relevancia constitucional del caso, más allá de la controversia de la jurisdicción administrativa de la que subyace, pues lo que se reclama en últimas es la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y con ello la realización de la justicia material”.

Afirmó que las au toridades judiciales incurrieron en el defecto fáctico negativo, toda vez que no valoraron las pruebas aportadas al proceso, así mismo, porque “dieron por terminado el proceso aseverando que el Oficio No. 20201091595511 de fecha 22 de mayo de 2020, constit uye acto administrativo aun cuando no fue expedido por la autoridad competente y que además fue debidamente notificado a la parte demandante quien incluso la conocía antes de la radicación de la demanda, situación que tampoco es cierta, pues se está ignora ndo completamente que dentro del expediente obra prueba ordenada a través de oficio y aportada por la FIDUPREVISORA, donde se observa que la notificación del mentado oficio se efectuó a un canal electrónico no autorizado y por ende la parte demandante lo d esconocía por completo, de tal forma que no estaba obligada a reformar su demanda en tal sentido”.

Indicó que no puede pasarse por alto que los efectos jurídicos del acto administrativo comienzan a partir de la publicación , si es general o desde la

reformar su demanda en tal sentido”.

Indicó que no puede pasarse por alto que los efectos jurídicos del acto administrativo comienzan a partir de la publicación , si es general o desde la notificación si es particular, por consiguiente, si se está frente a un acto de contenido particular para que produzca los efectos buscados con su expedición tiene que ser debidamente notificado al particular que pueda ser afectado con la decisión, los cuales están previstos en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021 , que modificó el artículo 56 del CPACA.

Resaltó que, si en caso de que se considerara notificado en debida forma el oficio, lo cierto es que “esta comunicación no tiene carácter de acto administrativo por cuanto FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, no tiene competencia para expedirlo, dado que es una entidad financiera que se rige por la normatividad de derecho privado”.

Sostuvo que el Oficio No.20201091595511 expedido por la Fiduprevisora S.A, en su calidad de vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es un acto de trámite.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02557-01

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3 Finalmente, señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencias

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3 Finalmente, señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencias de 7 de junio de 2012 1 y de 12 de julio de 2018 2, estableció que es necesario para la eficacia de los actos administrativos, el cumplimiento de los requisitos de validez, entre los que encuentra la falta de competencia, lo que en su sentir, no se cumple respecto al acto expedido por la Fiduprevisora.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora JULIA EDITH RODRÍGUEZ TORRES, al DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL y al LIBRE

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior REV ÓQUESE la decisión del 9 de noviembre de 2022, expedida por el DESPACHO 1 DEL TRIBUNAL A DMINISTRATIVO DE BOYACÁ, y la providencia del 13 de junio de 2022, emitida por el JUZGADO SEGUNDO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE DUITAMA.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DUITAMA, continuar con el trámite correspondiente”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 24 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá allegó copia digital del expediente con radicado No. 15238 -33-33-0022021-00012-01, correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del

En correo electrónico de 24 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá allegó copia digital del expediente con radicado No. 15238 -33-33-0022021-00012-01, correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adel antó la señora Julia Edith Rodríguez Torres contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio.

5. Trámite procesal

Por auto de 19 de mayo de 202 3, la Sección Segunda, Subsección “ B” del Consejo de Estado ad mitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la s autoridades judiciales accionadas, así como al Ministerio de Educación Nacional.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá

En escrito de 24 de mayo de 20 23, el magistrado ponente de la decisión de segunda instancia pidió que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, pues no se vulneraron los derechos fundamentales de la demandante.

Afirmó que la parte actora desarrolla el mismo debate que p lanteó en el proceso ordinario, pues esgrime de manera idéntica los razonamientos que fundamentan la demanda ordinaria y del recurso que ya se estudiaron en las dos instancias.

Indicó que en la etapa de saneamiento de la audiencia de pruebas celebrada el 22 de febrero de 2022, se observó que la Gerencia Jurídica de Negocios Especiales de la Fiduprevisora S.A. allegó las pruebas de la respuesta a la petición del 24 de julio de 2019, es decir, que la parte interesada tenía conocimiento del mencionado

de la Fiduprevisora S.A. allegó las pruebas de la respuesta a la petición del 24 de julio de 2019, es decir, que la parte interesada tenía conocimiento del mencionado oficio, de manera previa a la notificación del auto admisorio de la demanda, por lo que en sede de tutela no puede argumentar lo contrario y desconocer lo previamente aceptado.

1 Radicado No. 11001-03-24-000-2006-00348-00, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 2 Radicado No. 11001-03-24-000-2012-00073-00, C.P.: Oswaldo Giraldo López.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02557-01

Demandante: Julia Edith Rodríguez Torres

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4 Sostuvo que en el proceso ordinario, encontró probado que antes de la admisión de la demanda y de la respectiva notificación, la parte actora tuvo conocimiento de la respuesta emitida por la Fiduprevisora S.A, es decir , ya le habían notificado, el Oficio de 22 de mayo de 2020 , a la apoderada judicial y remitido al correo electrónico dispuesto para ello.

Resaltó que la Fiduprevisora S.A. no tiene la función de expedir actos administrativos, ya que esta atribución está radicada en cabeza de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas, pero en la solución del caso concreto del trámite ordinario, a pesar de no ser la competente para expedir

administrativos, ya que esta atribución está radicada en cabeza de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas, pero en la solución del caso concreto del trámite ordinario, a pesar de no ser la competente para expedir el acto respectivo, fue quien exteriorizó la manifestación unilateral de la voluntad de la administración encaminada a definir la situación particular y concreta, actuando explí citamente como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Señaló que el oficio de respuesta que se expidió, por una parte, explica expresamente las razones por las que , en calidad de vocera del FOMAG, aprobó el reconocimiento de la sanción moratoria , aunque supeditada a la ocurrencia de las circunstancias allí referidas, básicamente relacionadas con la falta de disponibilidad presupuestal , pero por otra, le indic ó a la accionante que ese documento no tiene carácter de acto administrativo, a pesar de que con ello se decidió de fondo su solicitud.

Aseveró que “el criterio adoptado por la Sala para resolver la apelación del trámite ordinario se basó en los principios pro homine y pro actione, con el propósito de privilegiar el derecho al acceso a la Administración de Justicia y evitar que las actuaciones adelantadas en ejercicio de la función pública queden excluidas de control jurisdiccional. En esta línea de pensamiento, la presentación de un derecho de petición en i nterés particular ante una entidad pública implica el inicio de una actuación administrativa, conforme se extrae del artículo 4 del CPACA, que necesariamente debe culminar, en este caso, una vez adelantado el procedimiento especial previsto en el Decreto No. 2831 de 2005”.

actuación administrativa, conforme se extrae del artículo 4 del CPACA, que necesariamente debe culminar, en este caso, una vez adelantado el procedimiento especial previsto en el Decreto No. 2831 de 2005”.

Por último, manifestó que el oficio que resolvió la petición de la actora se estructura en lo referido por el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, pues además de que hace imposible continuar la actuación administrativa, supeditó su pago indefinidamente con claro detrimento de los intereses de la beneficiaria, por las razones allí expuestas y con la explicación de los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión, sin que pueda esperarse que la Secretaría de Educación de Boyacá dicte a no mbre del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio un acto adicional que pueda considerarse como definitivo.

6.2. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama

En oficio de 25 de mayo de 2023, la juez titular del despa cho solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no se advierte la trasgresión de los derechos fundamentales de la accionante.

Relató que en la audiencia de pruebas celebrada el 22 de febrero de 2022, se le otorgó el térmi no de 5 días a la parte demandante para que clarificara sus pretensiones, en razón a que se demostró que existía un oficio expedido por la Fiduprevisora S.A. como vocera del Fomag, sin embargo, en memorial de 28 de febrero de 2022, se negó a adecuarlas y solicitó continuar con el trámite

Fiduprevisora S.A. como vocera del Fomag, sin embargo, en memorial de 28 de febrero de 2022, se negó a adecuarlas y solicitó continuar con el trámite

Indicó que, en auto de 7 de abril de 2022, se suspendió nuevamente la audiencia de pruebas y se volvió a conceder un término de 5 días a la parte actora para queRadicado: 11001-03-15-000-2023-02557-01

Demandante: Julia Edith Rodríguez Torres

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5 adecuara las pretensiones de la demanda, para lo cual, la demandante no atendió el requerimiento.

Afirmó que el trámite impartido por juzgado se ajustó a derecho y las decisiones allí proferidas acataron los principios que rigen el debido proceso, pues se otorgaron las oportunidades necesarias para que la parte a ctora adecuara las pretensiones de la demanda, sin que se atendiera en debida forma el requerimiento, postura que llevó al despacho a adoptar la decisión plasmada en la providencia del 13 de junio de 2022.

Finalmente, manifestó que no existe razón alguna para proferir decisión en contra, dado que no se advierte que se haya incurrido en alguna trasgresión de los derechos fundamentales de la accionante.

6.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

En escrito de 25 de mayo de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que se declarara la improcedencia, en razón a que no se demostró la vulneración

6.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

En escrito de 25 de mayo de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que se declarara la improcedencia, en razón a que no se demostró la vulneración de algún derecho fundamental a la demandante.

Sostuvo que la acción de tutela no tiene una clara y marcada importancia constitucional que haga pr ocedente la intervención del juez de tutela, por el contrario, la accionante la utiliza para reabrir un debate meramente legal, que puede ser debatido y decidido por los jueces competentes en las oportunidades y con las figuras legales conforme a su solicitud.

Señaló que, si bien en su argumentación la accionante alega la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza constitucional, no logra edificar un argumento claro sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de la intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados.

Resaltó que este caso en particular presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente económi ca, que involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional, situación por la cual debería declararse improcedente la presente acción de tutela.

Aseguró que el Ministerio de Educación Nacional no es competente para atender solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones o asuntos a cargo de las Secretarías de Educación y de la Fiduprevisora S.A.

Finalmente, manifestó que “no se configuran, los presupuestos indicados e n el

solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones o asuntos a cargo de las Secretarías de Educación y de la Fiduprevisora S.A.

Finalmente, manifestó que “no se configuran, los presupuestos indicados e n el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 de la sanción moratoria de que trata la ley, teniendo en cuenta que la sanción por mora por la no consignación o consignación extemporánea de las cesantías (establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990) está atada a un hecho concreto, esto es, el acto de la “consignación de las cesantías”. Como quiera que en el esquema establecido por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 3752 de 2003 aplicable a los docentes del FOMAG no se administran las cesantías a través de la creac ión de cuentas individuales, luego entonces no hay consignación, por tanto, no se sanción moratoria respecto de un hecho que materialmente no puede darse. El símil para aplicarse, en el caso de los docentes, es el cálculo, liquidación y apropiación de los recursos que garantizan el pago de las cesantías e intereses a las cesantías, el cual se realiza cada año conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02557-01

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7. Sentencia de tutela impugnada

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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “ B” del Consejo de Estado por sentencia de 13 de junio de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no se demostró el defecto fáctico alegado.

Indicó que , contrario a lo afirmado por la actora, no había operado el silencio administrativo negativo respecto de la petición que formuló el 24 de julio de 2019, encaminada a obtener la sanción moratoria por pago tardío de sus cesantías, pues dicho pedimento fue atendido por la Fiduprevisora S. A. mediante O ficio No. 20201091595511 de 22 de mayo de 2 020, notificado ese mismo día al correo electrónico (notificacionescucuta@lopezquinteroabogados.com), el cual constituye un verdadero acto administrativo pasible de control jurisdiccional, al actuar ese ente como vocero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Agregó que frente a la insistencia de la accionante, en cuanto a que no es dable tener en cuenta el aludido oficio, porque la Fiduprevisora S. A. carece de competencia para dar respuesta de fondo a su petición, con fundamento en que es una entidad financiera que se rige por las normas del derecho privado y, por ende, su pronunciamiento no comporta un acto administrativo que sea susceptible de control judicial, se precisar que la subsección en un asunto similar sostuvo que el

una entidad financiera que se rige por las normas del derecho privado y, por ende, su pronunciamiento no comporta un acto administrativo que sea susceptible de control judicial, se precisar que la subsección en un asunto similar sostuvo que el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 16 de agosto de 2005, disponen que le corresponde al F OMAG el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de sus afiliados, a través de la aprobación del proyecto de resolu ción por parte de quien lo administra, en este caso, la Fiduprevisora S.A., acto administrativo que es preparado por la respectiva secretaría de educación a la que se encuentre vinculado el docente, lo cual reafirma que dicha competencia se encuentra en el referido Fondo.

Señaló que lo resuelto por las autoridades judiciales accionadas no comporta una valoración probatoria arbitraria o caprichosa, porque de los medios de convicción allegados se evidencia , que la solicitud de la accionante fue despachada po r la Fiduprevisora S. A. mediante Oficio No. 20201091595511 de 22 de mayo de 2020, notificado ese mismo día al correo electrónico (notificacionescucuta@lopezquinteroabogados.com).

Por otr a parte, sostuvo que no es de recibo el argumento de la tutelante concerniente a que no le fue debidamente notificado el citado oficio, “porque aquel fue enviado a un correo electrónico no autorizado para ello, carece de asidero jurídico, comoquiera que si bien es cierto que el que se consignó en la demanda para tal efecto fue camila.valencia@lopezquintero.co y no

fue enviado a un correo electrónico no autorizado para ello, carece de asidero jurídico, comoquiera que si bien es cierto que el que se consignó en la demanda para tal efecto fue camila.valencia@lopezquintero.co y no notificacionescucuta@lopezquinteroabogados.com (a la que se envió la respectiva comunicación), también lo es que no desconoció que aquella dirección electrónica no fuera suya. Además, se reitera, el despacho judicial de primera instancia en sede ordinaria le concedió en dos oportunidades un término para que reformara su demanda, en el sentido de incluir a aquel oficio en sus pretensiones como acto administrativo acusado, puesto que este, al haber definido de manera definitiva su situación, impidió la configuración del silencio administrativo negativo invocado por la actora, diferente es que ell a adujera que, a su parecer, aquel no era susceptible de control judicial por no haber sido expedido por la entidad competente para atender su reclamación”.

Por último, manifestó que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en una valoración c aprichosa o arbitraria de los medios de pruebas allegados al proceso ordinario y, por tanto, el defecto fáctico alegado en el escrito de tutela no se configuró.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02557-01

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8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1 991, la

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8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1 991, la accionante impugnó la anterior decisión y pidió que se accediera al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Afirmó que la dirección de correo electrónico notificacionescucuta@lopezquinteroabogados.com, no le pertenece ni se encuentra autorizada para notificaciones, además que no tiene vínculo con la accionante, lo cual también manifestó en el escrito de tutela.

Reiteró los argumentos de la solicitud de amparo, relacionados con los efecto s de los actos administrativos particulares a partir de su notificación y la falta de competencia de la Fiduprevisora S.A. para expedir actos administrativos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, como juez de tutela de segunda instancia , si debe revocar la sentencia de 13 de junio de 2023, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela , y si el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo

Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela , y si el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo Administrativo de l Circuito de Duitama, en las decisiones de 9 de noviembre de 2022 y de 13 de junio de la misma anualidad, en su orden, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al supuestamente incurrir en defecto fáctico, pues el Oficio No 20201091595511 de 22 de mayo de 2020, no constituye un acto administrativo susceptible de control y no fue notificado en debida forma , además de que se profirió por la Fiduprevisora S.A. , quien, en el sentir de la demandante, no tiene competencia para expedir el mencionado acto.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la

a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la

3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02557-01

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8 sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca e vitar que el trámite de

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca e vitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de est udio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la deci sión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que