CE - 110010315000202302592001SENTENCIA20230629091745

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02592-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: ALEXANDER PEREA GIL

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO , POR CUANTO LA

AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL DEFECTO

SUSTANTIVO ALEGADO. EL TRIBUNAL EXPLICÓ DE FORMA

RAZONABLE LA DECISIÓN MEDIANTE LA CUAL NEGÓ LA

RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DEL ACTOR CON LA INCLUSIÓN

DE LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO

DE SERVICIOS. TRANSICIÓN RÉGIMEN PENSIONAL CUERPO DE

CUSTODIA INPEC.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE IBAGUÉ1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA2.

1 En adelante el JUZGADO. 2 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02592-00

Actor: ALEXANDER PEREA GIL

1 En adelante el JUZGADO. 2 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actor: ALEXANDER PEREA GIL

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ALEXANDER PERA GIL, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso el cual considera vulnerado por el JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir las sentencias de 3 de marzo de 2022 y 23 de febrero de 2023 , respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 73001-33-33-001-201900235-01.

I.2.- Hechos

Indicó que prestó sus servicios al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 3, en el cargo de dragoneante, desde el 24 de octubre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2018, por lo que era beneficiario de la Ley 32 de 198 6, al estar vinculado al INPEC antes del 28 de julio de 2003.

3 En adelante el INPEC.3

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Actor: ALEXANDER PEREA GIL

3 En adelante el INPEC.3

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Sostuvo que, a través de la Resolución núm. SUB -204491 de 31 de julio de 2018, COLPENSIONES le reconoció una pensión de veje z correspondiente al 75% del promedio de los factores de liquidación de los últimos 10 años de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto núm. 1158 de 1994.

Agrego que contra la anterior decisión interpus o recurso de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente mediante las resoluciones núms. SUB-265197 de 10 de octubre de 2018 y DIR -21485 de 12 de diciembre de 2018, respectivamente.

Afirmó que inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra COLPENSIONES, la cual le fue negada en primera y segunda instancia mediante las sentencias de 3 de marzo de 2022 y 23 de febrero de 2023, respectivamente, por lo qu e dichas providencias vulneraron los principios de inescindibilidad de la norma, exclusividad de los regímenes pensionales y cotización igual pensión igual; además de que era imposible la aplicación del Decreto núm. 2090 de 2003.4

providencias vulneraron los principios de inescindibilidad de la norma, exclusividad de los regímenes pensionales y cotización igual pensión igual; además de que era imposible la aplicación del Decreto núm. 2090 de 2003.4

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que al proferir las sentencias cuestionadas, tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en defecto sustantivo, pues escogieron distintas normas para adecuarlas al caso en concreto, esto es, las leyes 32 de 1 986 y 100 de 1993, al igual que el Decreto núm. 694 de 1994, modificado por el Decreto 1158 de 1994, cuando lo procedente era escoger una norma y aplicarla en su integridad.

Adujo que durante la prestación de sus servicios al INPEC se le realizaron los descuentos sobre los factores salariales señalados en el artículo 45 del Decreto núm. 1045 de 1978, las cuales al momento de liquidar su pensión no se tuvieron en cuenta.

Señaló que era imposible que un funcionario del INPEC a la fecha de entrada en vigencia del Decreto núm. 2090 de 2003, esto es, el 28 de julio de 2003, hubiere completado 500 semanas de cotización, pues la norma que ordenó la expedición del régimen especial, es

entrada en vigencia del Decreto núm. 2090 de 2003, esto es, el 28 de julio de 2003, hubiere completado 500 semanas de cotización, pues la norma que ordenó la expedición del régimen especial, es decir, la Ley 100 de 1993, empezó a regir desde el 1o. de abril de 1994, por lo que una vez contabilizado los extremos temporales se llegaba solo a una cotización de 479,57 semanas.5

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I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su derech o fundamental al debido proceso y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Tolima, al momento de proferir la decisión de segunda instancia, aplicar únicamente las normas del régimen especial , previsto para los funcionarios del INPEC, siendo estas la Ley 32 de 1986 artículo 96 y 114; Decreto Ley 407 de 1994 artículo 185; Decreto 1045 de 1978 artículo 45, según lo expuesto en precedencia, con la expresa prohibición de mezclar normas del SGSS con normas del régimen especial, ya que estas últimas tienen su propia regulación.

SEGUNDA: Deja r sin efecto el fallo de pr imera instancia proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué Tolima, el día 03 de marzo de 2022, y el fallo de segunda

últimas tienen su propia regulación.

SEGUNDA: Deja r sin efecto el fallo de pr imera instancia proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué Tolima, el día 03 de marzo de 2022, y el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, el día 23 de febrero de 2023, dentro del proceso de Radicación No. 73001-33-33-001-2019-00235-01, de conformidad con lo expuesto en la parte argumentativa de la presente acción.

TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima, proferir una nueva decisión, y se ordene e n la misma la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta los factores salariales sobre los cuales se efectuó las respectivas cotizaciones, tal como lo certificó el INPEC, señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, siendo estos los siguientes: (1) Sueldo, (2) Sobresueldo, (3) Bonificación de servicios , (4) Sueldo de vacaciones , (5) Auxilio de transporte, (6) Subsidio de alimentación, (7) Prima de servicios, (8) Prima de navidad, (9) Prima de vacaciones y liquidados sobre el último año de servicios […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que en la sentencia de 3 de marzo de6

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2022 expuso las razones por las cuales no era procedente ordenar reliquidar la pensión del actor, pues para ser beneficiario del régimen de transición que solicitó le fuera aplicado debía acreditar la vinculación al INPEC con anterioridad a la entrada en vigen cia del Decreto núm. 2090 de 2003, esto es, 28 de julio de 2003, además de haber cotizado mínimo 500 semanas, para que le fuera aplicado en su integridad el régimen pensional previsto en el artículo 96 de la Ley 32 de 19864.

Concluyó que COLPENSIONES obró conforme al ordenamiento jurídico al reconocer la pensión de jubilación conforme al artículo 96 de la Ley 32 de 1986 en lo que respecta al tiempo de servicio, esto es, 20 años, y respecto del IBL tuvo en cuenta las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto núm. 1158 de 1994, sin que ello implicara el desconocimiento del Acto Legislativo 01 de 2005.

4 Al respecto, el JUZGADO indicó lo siguiente:

“[...] Así las cosas, de los hechos relevantes demostrados se llegó a la conclusión de que el señor Alexander Perea Gil se vinculó al servicio oficial desde el 24 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2018, ejerciendo el cargo de Dragoneante, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, acreditando así la primera condición, esto es, haber ingresado con anterioridad a la entrada en vigencia

de 2018, ejerciendo el cargo de Dragoneante, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, acreditando así la primera condición, esto es, haber ingresado con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 2090 de 2003.

Sin embargo, respecto a la segunda condición, no se acreditó el mínimo de 500 semanas cotizadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, toda vez que al 28 de julio de 2003 solo contaba con 335 s emanas cotizadas, razón suficiente que le impide ser beneficiario del régimen de transición […]”.7

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I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó denegar la presente acción de tutela al considera que no se le vulneró ningún derecho al actor dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra COLPENSIONES, pues dentro del mismo no se discutió que aquel era beneficiario de la pensión especial de ve jez prevista en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, dado que prestó sus servicios al INPEC del 24 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2018, por lo que la controversia se centró fue en determinar si en el IBL pensional dispuesto en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 se incluía la totalidad de los factores devengados durante el último año de servicios enlistados en el Decreto núm. 1045 de 1978 o el Decreto

pensional dispuesto en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 se incluía la totalidad de los factores devengados durante el último año de servicios enlistados en el Decreto núm. 1045 de 1978 o el Decreto núm. 446 de 1994 o, si por el contrario, se regía por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

En ese sentido, indicó que la interpretación que se realizó en las providencias controvertidas por vía de tutela no se incurrió en una vía de hecho o defecto alguno, ni tampoco se vulneró algún derecho fundamental, pues la decisión se ajustó a la no rmatividad y jurisprudencia vigentes, siendo cosa distinta que se pretenda reabrir un debate como si fuera una tercera instancia.

I.6. Intervinientes8

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I.6.1.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela y ser desvinculada de la presente acción, pues no podía atender lo solicitado por el accionante “ teniendo en cuenta que lo solicitado no va dirigido contra esta Administradora y además no tiene competencia para entrar a responder por lo requerido”.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial9

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 5 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la ac ción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-01328.10

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En la mencio nada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa j uzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, d ebe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos11

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fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa huma nidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulnera ción como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es c omprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.12

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto)

En el presente asunto, el actor pretende que se dejen sin efectos las sentencias de 3 de marzo de 2022 y 23 de febrero de 2023 , proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 73001-33-33-001-201900235-01.

El actor atribuye la vulneración de su derecho fundamental al debido13

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proceso, al hecho de que al resolverse sobre la reliquidación pensional, las autoridades judiciales accionadas no hayan aplicado el

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proceso, al hecho de que al resolverse sobre la reliquidación pensional, las autoridades judiciales accionadas no hayan aplicado el parágrafo 5º transitorio de la Constitución Política, para efectos de la aplicación del régimen de transición que le correspondía.

Ahora bien, cabe precisar que si bien la acción de tutela también fue dirigida contra el JUZGADO, el estudio del presente caso se circunscribirá a la sentencia que fue proferida por el TRIBUNAL, en razón a que es esta la providencia que concluyó el proceso ordinario origen de la controversia.

De igual forma, dado que conforme con los fundamentos de la solicitud de amparo el objeto de la controversia recae sobre la providencia judicial cuestionada, no se delimitará problema jurídico alguno en relación con COLPENSIONES.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL accionado vulneró el derecho deprecado e incurrió en defecto sustantivo, al haber proferido la sentencia de 23 de febrero de 2023.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito14

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de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

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de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su criterio, se ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y se configura el defecto que alega ; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revis ión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss. ibidem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable 6, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala hará mención al marco jurídico general del defecto sustantivo, para enseguida resolver el fondo del asunto.

Del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional 7 ha precisado que este se presenta cuando “ […] la autoridad judicial

6 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez). 7 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.15

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aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia T-949 de 20098, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las

facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional 9 ha dicho que al examinar estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

8 M.P Mauricio González Cuervo. 9 Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.16

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con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Caso concreto

El actor, quien prestó sus servicios en el INPEC, reprocha el hecho de que el TRIBUNAL no haya accedido a la reliquidación de su

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Caso concreto

El actor, quien prestó sus servicios en el INPEC, reprocha el hecho de que el TRIBUNAL no haya accedido a la reliquidación de su pensión en los términos de la Ley 32 de 1986, al exigi rle para tal efecto el cumplimiento de los requisitos de la Ley 100 de 1993, para la aplicación del régimen de transición , en concordancia con lo previsto en el Decreto 2090 de 2003.

La posición jurídica del actor está fundamenta da en que, en su criterio, al haber ingresado al INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, su pensión debía haber sido reconocida conforme con la Ley 32 aludida, de acuerdo con lo señal ado en el parágrafo 5º transitorio del artículo 48 de la Constitución Política, que prevé:17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02592-00

Actor: ALEXANDER PEREA GIL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005.

El nuevo texto es el siguiente: > De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo

2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mism