CE - 110010315000202302616011ACLARACIONDEV20230913111300

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-02616-01

Demandante: EDUARDO ENRIQUE REMON MORÁN

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL Y OTRO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión de fondo aclaro mi voto porque considero que en este caso la Sala, como juez de tutela de segunda instancia, no podía limitarse a revisar la simple “razonabilidad” del fallo de primera instancia con la supuesta justificación de que se impugnó “sin carga”.

Por el contrario, estimo que en este caso debieron resolverse la totalidad de argumentos y defectos concretos que se le endilgaron a la providencia judicial en el escrito de acción de tutela.

Lo anterior, pues, d e conformidad con el artículo 3 2 del Decreto 2591 de 1991 el juez que conozca de la impugnación deberá estudiar "el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas (…) Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará ”, disposición que permite concluir que tratándose de procesos de acciones de tutela, a diferencia de lo que

fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará ”, disposición que permite concluir que tratándose de procesos de acciones de tutela, a diferencia de lo que ocurre con los trámites ordinarios, el juez constitucional está obligado a analizar todos los argumentos de la demanda, las contestaciones , las pruebas y la impugnación.

Inclusive está facultado para fallar extra o ultra petita, sin que pueda en ningún caso limitarse a estudiar única y exclusivamente los argumentos de la impugnación o de paso inhibirse para pronunciarse sobre los argumentos de la demanda que no fueron expresamente reiterados en la impugnación, pero que evidentemente fueron materia de debate en la primera instancia, en tanto ello resulta violatorio del debido proceso y del acceso a la administración de justicia.2 Expediente No. 11001-03-15-000-2023-02616-01 Acción de tutela - Aclaración de voto

En la sentencia en la sentencia de unificación SU-484 de 2008 la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció clara y puntualmente sobre este tema en los términos que a continuación se exponen:

“En consideración a la naturaleza fundamental de los derechos amparados por la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, el régimen de la tutel a está dotado de una mayor laxitud que el resto de las acciones jurídicas. En efecto, mientras que el pronunciamiento judicial ultra y extra petita está vedado en materia civil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, al juez de tutela le está permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que,

pronunciamiento judicial ultra y extra petita está vedado en materia civil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, al juez de tutela le está permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar cuáles son los derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados, disponiendo lo necesario para su efectiva protección ”. (negrillas propias)

Esos criterios jurisprudenciales, además, han sido ratificados en diversas oportunidades por ese Tribunal Constitucional de manera pacífica y reiterada1.

En consecuencia, en este caso aclaro mi voto porque si bien estuve de acuerdo con la decisión de declarar improcedente el mparo , considero que la Sala debió pronunciarse y resolver puntualmente todos los argumentos de la demanda y no contraerse a verificar si el fallo impugnado simplemente es “razonable”, debido a que, dado el carácter informal que caracteriza a la acción constitucional de la referencia, no se puede exigir en todos los casos como un requisito o presupuesto de imperioso cumplimiento una supuesta carga argumentativa ni mucho menos la mención expresa en la impugnación de cada uno de los argumentos que se plantearon en el escrito inicial, pues, se insiste, tal exigencia no tiene sustento legal ni constitucional y, además, resulta violatoria de derechos de raigambre superior como el acceso a la a dministración de justicia y el debido proceso , garantías por cuya protección precisamente debe velar el juez de la acción de tutela en tanto garante de los derechos constitucionales.

En este caso ello resulta más relevante si se considera que el fallo optó por

cuya protección precisamente debe velar el juez de la acción de tutela en tanto garante de los derechos constitucionales.

En este caso ello resulta más relevante si se considera que el fallo optó por “confirmar” la decisión impugnada, pero ni siquiera justificó o siquiera mencionó por qué la misma era “razonable”, de donde se advierte con claridad que, de manera contradictoria, no se analizó la supuesta “ razonabilidad” de la decisión como se había anunciado, sino que , de manera contradictoria, se realizó el estudio de los mismos cargos planteados en la tutela y, específicamente, de los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela que tuvo por probado el a quo, inclusive como si se tratara de una providencia de primera instancia, pero en ningún

1 Sentencias SU-195 de 2012, T-425 de 2012, T-104 de 2018, entre otras.3 Expediente No. 11001-03-15-000-2023-02616-01 Acción de tutela - Aclaración de voto momento se indicó por qué tal decisión era o no razonable, motivos que me llevaron a aclarar el voto.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente aclaración de voto fue firmada electrónicamente por el magistrado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.