CE - 110010315000202302625001SENTENCIA20230801154351

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00

Actora: Diana Gicela Reyes Castro

Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial y otro1

Temas: Derecho fundamental de petición/alcance

Derecho fundamental al debido proceso/alcance

Derecho fundamental a la igualdad/alcance

Derecho fundamental al acceso a cargos públicos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso, iii) igualdad y iv) acceso a cargos públicos

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

La presente providencia tiene las sigui entes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

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en forma digital.2

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Actora: Diana Gicela Reyes Castro

ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama

Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022 2 y CJR23-0043 del 16 de enero de 2023 3; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de méritos; ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición de 11 de noviembre de 2022, referente a las objeciones a las preguntas “[…] 9, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95 […]”: vulneraron sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, “[…] acceso de carrera en virtud del mérito […] y buena fe.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, “[…] se inscribió en el Concurso de Méritos convocado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de agosto

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, “[…] se inscribió en el Concurso de Méritos convocado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, que dio lugar a la expedición de la convocatoria N°27. […]”.

4. Expresó que , “[…] frente a los resultados de la prueba con escrito de 11 de noviembre de 2022, presentó recurso de reposición contra las calificaciones asignadas tachando fundamentalmente la manera como se realizó la exhibición que censuro por la corte Constitucional en la SU067 de 2022 en materia de

2 “Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial" 3 "Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22 -0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueb a de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo de Familia de la Rama Judicial."3

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Actora: Diana Gicela Reyes Castro

procedimiento en lo actuado los días 17 de mayo de 2019 y reiterada la inconsistencia frente a la prueba aplicada el 24 de julio de 2022 […]”.

5. Manifestó que, “[…] la reposición se refirió a los equívocos manifiestos en las

inconsistencia frente a la prueba aplicada el 24 de julio de 2022 […]”.

5. Manifestó que, “[…] la reposición se refirió a los equívocos manifiestos en las preguntas 9, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95 todo con el fin de validar los hallazgos detectados en el procedimiento de exhibición y obtener la revocatoria del acto administrativo que notifico el puntaje en 797,40 puntos pa ra en su lugar fijar ese mismo puntaje en un número superior a 800 puntos […]”.

6. Adujo que, “[…] Objetivamente estos recursos de petición, reposición propuestos por la recurrente para sustentar jurídicamente su reclamación, fueron respondidos por la administración de forma genérica utilizando una metodología contraria a los principios de eficiencia, c eleridad y economía a que se refiere el artículo 209

Constitucional y 12 del C.P.A.C.A. […]”.

7. Señaló que, “[…] Agrupo (sic) la respuesta, temáticamente y por materia en 35 puntos, todas las solicitudes planteadas y argumentos para resolverlos en cada punto, pero de forma genérica. De entrada, es claro que dejo la petición de mi representada sin resolver […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Se proteja el derecho constitucional al debido proceso de la Doctora DIANA GICELA REYES CASTRO al debido proceso administrativo, vulnerado por las omisiones estatales a que se refirieron los hechos del capítulo anterior.

“[…] Se proteja el derecho constitucional al debido proceso de la Doctora DIANA GICELA REYES CASTRO al debido proceso administrativo, vulnerado por las omisiones estatales a que se refirieron los hechos del capítulo anterior.

2.1.2. Se ordene la protección a l derecho a la igualdad de la tutelante en cuanto al derecho de petición e insistencia no fueron debidamente considerados y mucho menos resueltos por la administración desconociéndose palmariamente el artículo 13 de la constitución, que de forma común las autoridades les reconocen al resto de habitantes del país en el trámite gubernativo de sus peticiones, por lo cual para el caso de la tutelante y de los demás concursantes que impugnaron los resultados de las pruebas, representan una seria vulneración al p rincipio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la carta.

2.1.3. Se ordene la protección del derecho constitucional de acceso a los cargos públicos en la administración de justicia por vía del mérito que es la razón de ser de4

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la aplicación de la norma constitucional que impone la carrera administrativa artículo 125 C.P., extensiva como carrera especial a la Rama Judicial.

2.1.4. Se expidan las ordenes correspondientes para que el Consejo de la Judicatura la Unidad de Administración Judicial y la Un iversidad Nacional en un término razonable, modifiquen o adicionen los actos administrativos con los que mi poderdante impugnó los resultados de la prueba de conocimientos aptitudes y

la Unidad de Administración Judicial y la Un iversidad Nacional en un término razonable, modifiquen o adicionen los actos administrativos con los que mi poderdante impugnó los resultados de la prueba de conocimientos aptitudes y destrezas aplicada dentro de la convocatoria 27 según disposición de la Corte Constitucional y consiguientemente resuelva de fondo y legalmente la reposición propuesta y los recursos de insistencia que sustancialmente no fueron atendidos en derecho si no resueltos de manera aparente.

2.1.5. Para Garantizar los derechos fundam entales anteriormente señalados se ordenará al Consejo superior de la Judicatura Unidad de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional, la suspensión del concurso mientras se subsanan las equivocaciones denunciadas en la presente demanda de amparo constit ucional de tutela.

2.1.6. Se prevenga a las entidades tuteladas para que en lo sucesivo y dentro del trámite administrativo en curso por la convocatoria 27 respete el principio de buena fe que se consagra en el artículo 83 de la carta, por consiguiente, permita la eficacia de los recursos gubernativos de reposición e insistencia listados por mi poderdante.

2.1.7. Dada la legalidad de la prueba pericial que acompañan el recurso de reposición se realice y coteja para tenerla como mecanismo de convicción o bien para descartarla razonablemente valorando la eventualidad del error que hasta ahora no se sabe en qué escenario ocurrió si en los calificadores o en la impericia de los dictámenes que hacen parte de esta demanda.

2.1.8. Se haga pública la determinación de suspensión del concurso para que el conocimiento de todos los inscritos al mismo, la reorganización de los términos

dictámenes que hacen parte de esta demanda.

2.1.8. Se haga pública la determinación de suspensión del concurso para que el conocimiento de todos los inscritos al mismo, la reorganización de los términos cronológicos en desarrollo permita seguridad jurídica a las fases subsiguientes […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de junio de 2023 : i) admitió la acción de tutela; i i) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la

Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia; y iii) vinculó a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA18 - 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término tres (3) días para rendir informe. Intervención de las demandadas y de los terceros con interés legítimo

10. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó negar la acción constitucional, toda vez que, “[…] no se ha vulnerado5

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ni afectado los derechos fundamentales invocados […] . Al respecto manifestó lo siguiente:

“[…] Toda vez que la pretensión del accionante se encamina a que se resuelva la solicitud de recalificación del examen frente a las objeciones presentadas en el recurso de reposición interpuesto contra los resultados obtenidos en la prueba

siguiente:

“[…] Toda vez que la pretensión del accionante se encamina a que se resuelva la solicitud de recalificación del examen frente a las objeciones presentadas en el recurso de reposición interpuesto contra los resultados obtenidos en la prueba aplicada el 24 de jul io de 2022, en relación con las solicitudes relacionadas con la cantidad de preguntas acertadas, puntajes directos de los aspirantes al cargo Juez Promiscuo de Familia, valor de cada pregunta, promedio y desviación estándar, fórmula, número de aspirantes inscritos – ausentes - aprobados y reprobados al cargo Juez Promiscuo de Familia, justificación de cada respuesta correcta del cargo al que aspiró, entrega de copia del cuadernillo - claves de respuesta y hoja de respuestas, realizar la exhibición bajo el mismo tiempo concedido para la prueba, pertinencia del cuestionario para el cargo al que se presentó, indicar si obedecían a lo reseñado en la Ley, o en la jurisprudencia y reseñar el órgano de cierre, la razón por la que la carátula del examen decía 2021, índices de confiabilidad y discriminación, nivel de dificultad de la prueba para el cargo mencionado, se le informara si existieron preguntas con varias opciones de respuesta, cuáles preguntas fueron excluidas, los parámetros para determinar que el tiempo de la prueba es el adecuado, recalificación del examen. Así como las preguntas objetadas en la complementación del recurso 9, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95, es del caso precisar que

mediante la Resolución CJR23-0043 de 16 de enero de 2023 "Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR220351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo de Familia de la Rama Judicial.", se atendieron de manera clara, completa y de fondo la totalidad de los reparos formulados en el recurso presentado por el tutelante, tal como más adel ante se explicará.

Conforme con lo expuesto, la situación debe ser calificada como hecho superado y por ende concluir la carencia de objeto que impide que se amparen los derechos fundamentales invocados […]”.

[…]

“[…] La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos del accionante, pues se evidenció que, en la Resolución CJR23-0043 de 16 de enero de 2023 "Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo de Familia de la Rama Judicial.”, se atendieron de fondo y de for ma congruente las solicitudes relacionadas con recalificación del examen, así como las preguntas objetadas en la complementación del recurso, fueron atendidos en los puntos 3, 4, 7, 9, 10, 13, 16,

17, 18, 20, 29, 31, 32 y 35 de la Resolución CJR23 -0043 de 16 de enero de 2023, debiendo aclarar que si bien los puntos 16 y 20, no fueron marcados expresamente para la aspirante, fueron resueltos en atención a quienes expresaron el mismo interés frente los ítems en cuestión con base en la información proporcionad a por la Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la prueba, en cumplimiento de los numerales 262 y 293 de las obligaciones generales y específicas del contratista, establecidas en el del Contrato 096 de 2018 al cual ya se hizo referencia.6

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Actora: Diana Gicela Reyes Castro

En aplicación del artículo 209 de la Constitución Política, en especial de los principios de eficiencia, celeridad y economía, este último desarrollado en el numeral 12 del artículo 3.° CPACA y lo dispuesto en el artículo 22 ibidem, sustituido por el artículo 1.º de la Ley 1755 de 2015 que reguló el derecho fundamental de petición, los recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los ítems desarrollados en el cuerpo del acto administrativo.

En cuanto a las solicitudes de exhibición de documentos de la prueba e inconformidades presentadas sobre revisión de la prueba, revisión por p arte de terceros, y formula aplicada se atendieron en el punto 3 denominado “ExhibiciónEn cuanto a las solicitudes de exhibición de documentos de la prueba e inconformidades presentadas sobre revisión de la prueba, revisión por p arte de terceros, y formula aplicada se atendieron en el punto 3 denominado “ExhibiciónAcceso al material de prueba - Uso de medios tecnológicos en la jornada de exhibición.”, el punto 4 denominado “Copia - Entrega material o digital de prueba – Copia de actas de sala – Informes o documentos técnicos - Documentos con carácter reservado”, el punto 7 denominado “Solicitudes de revisión - Lector óptico”, y el punto 9 denominado “Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los datos esta dísticos - Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o modelo estadístico utilizado para calificar - Valor de cada preguntaAciertos propios - Método para conocer aciertos a partir del puntaje”:

Por otro lado, cabe resaltar que los cuestionamientos efectuados sobre preguntas del examen por motivos de construcción, redacción, formulación en su enunciado y opciones de respuesta, múltiples claves de respuesta, en el marco de los recursos de reposición interpuestos por los aspirantes al cargo de Juez Promiscuo de Familia, fueron respondidos con la Resolución CJR23-0043 de 16 de enero de 2023 el punto 10 denominado “Aciertos de otros aspirantes”, el punto 13 denominado “Índices psicométricos de la prueba (validez, confiabilidad, discrimina ción, dificultad, efectividad) -Análisis psicométrico de la prueba”, el punto 17 denominado “Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y

de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y diagramación de la prueba.”, el punto 18 denominado “Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar.”, el punto 29 denominado “Mayor valor a algún componente de los que integran la prueba”, el punto 31 denominado “Fecha de elaboración de pruebaActualidad de ítems aplicados.”, el punto 32 denominado “Custodia de la prueba y Protocolos de seguridad.” y el punto 35 denominado “Objeciones a preguntas de aptitudes y conocim ientos generales y específicas”; con la respectiva marcación dentro del Anexo 1 del referido acto administrativo, tal como se evidencia realizando la búsqueda por nombres y apellidos y/o número de cédula de la aspirante en el siguiente link: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-0043+- +ANEXO+1+-+Juez+Promiscuo+de+Familia.pdf/d9c4e780-980d-47da-9d0458fe2c738e4f […]”.

11. La Universidad Nacional de Colombia, solicitó declarar improcedente la

solicitud de amparo, por las siguientes razones:

“[…] la Universidad Nacional de Colombia ya ha brindado respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por la accionante en ejercicio del citado recurso de reposición, su correspondiente ampliación y demás peticiones. En ese punto, debe reiterarse que el 16 de enero de 2023, fue expedida

ejercicio del citado recurso de reposición, su correspondiente ampliación y demás peticiones. En ese punto, debe reiterarse que el 16 de enero de 2023, fue expedida la Resolución CJR22 -0043 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de7

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reposición presentados contra la Resolución CJR22 -0351 de 1° de septiembre de 2022” junto con sus respectivos anexos.

En ese sentido, mediante la Resolución mencionada, sus respectivos anexos y el oficio de respuesta CONV27DP - 4643 A de 2023, las entidades accionadas resolvieron de manera particular, las solicitudes y reparos de la accionante expresando la justificación técnica de los diferentes ítems de la prueba en sus dos componentes, su vigencia, competencia y pertinencia de cara a los planteamientos expuestos por la accionante con relación al cargo aplicado, y la justificación técnicojurídica de cada opción de respuesta establecida como correcta o incorrecta para efectos del cálculo del puntaje obtenido.

En ese orden de ideas, en el ANEXO 2 del precitado acto administrativo se expresó con detalle la justificación de cada opción de respu esta frente a todas las preguntas objetadas por la tutelante. Esto con miras a destacar las consideradas correctas para el cómputo del puntaje de cada aspirante; opciones de respuesta y justificaciones que atendieron a estándares técnicos internacionalmente aceptados como los estándares para pruebas educativas y psicológicas (Standards for Educational and Psychological Testing, en inglés) de American Educational Research Association -AERA-, American

atendieron a estándares técnicos internacionalmente aceptados como los estándares para pruebas educativas y psicológicas (Standards for Educational and Psychological Testing, en inglés) de American Educational Research Association -AERA-, American Psychological Association – APAy National Council on Measurement in EducationMNCE – edición del año 2014.

Es de resaltar que cada uno de los planteamientos aludidos por parte de la accionante en sus escritos de reposición, adición y petición fueron resueltos mediante el oficio de respuesta CONV27DP4643 A de 2023 y marcados en el ANEXO 1 del precitado acto administrativo, atendiendo así aspectos relativos a la Exhibición - Acceso al material de prueba - Uso de medios tecnológicos en la jornada de exhibición, CopiaEntrega material o digital de prueba – Copia de actas de sala – Informes o documentos técnicos - Documentos con carácter reservado, Solicitudes de revisiónLector óptico, Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los datos estadísticos - Fundamento de la fórmula de califi cación - Teoría o modelo estadístico utilizado para calificar - Valor de cada preguntaAciertos propios - Método para conocer aciertos a partir del puntaje, Aciertos de otros aspirantes, Índices psicométricos de la prueba (validez, confiabilidad, discrimi nación, dificultad, efectividad) -Análisis psicométrico de la prueba, Justificación de la prueba de aptitudes - No tener en cuenta el componente de aptitudes, Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y diagramación de la

aptitudes - No tener en cuenta el componente de aptitudes, Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y diagramación de la prueba, Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntasInformar si fue excluido algún ítem – Recalificar, Mayor valor a algún componente de los que integran la prueba, Fecha de elaboración de prueba - Actualidad de ítems aplicados, Custodia de la prueba y Protocolos de seguridad, Revocatoria de la calificación, Tiempo de la prueba insuficiente, de inscritos total o del y Objeciones a preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicas entre otras.

A más de lo dicho, en la Resolución CJR22-0043 se informó que, “Considerando los principios contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, en especial los de eficiencia, celeridad y economía, este último desarrollado en el numeral 12 del artículo 3.° CPACA y lo dispuesto en el artículo 22 ibidem, sustituido por el artículo 1.º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, se realizó un estudio de las solicitudes planteadas por los recurrentes y los argumentos esbozados, los cuales se agruparon temáticamente (…)”8

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Así mismo, en el ANEXO 2 - RESPUESTA OBJECIONES del precitado acto

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Actora: Diana Gicela Reyes Castro

Así mismo, en el ANEXO 2 - RESPUESTA OBJECIONES del precitado acto administrativo se expresó con detalle la justificación de cada opción de respuesta frente a todas las preguntas objetadas por la tutelante, entendiendo que esta expresó ciertos reparos de cara a los ítems 7, 9, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93, 95, 102, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 120, 127, 128, 129 y 130 de su examen.

Por lo dicho se tiene que la Universidad Nacional de Colombia ha garantizado el debido proceso y derecho de petición a la señora Diana Gicela en todas las etapas del concurso y de igual modo, ha resuelto en debida forma los diferentes cuestionamientos de la aspirante. Así las cosas, no existen situaciones que puedan advertir un trato desigual o discriminatorio frente al aspirante.

Así pues, en el presente caso, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado para solicitar la salvaguarda de los derechos, pues ante la ausencia de los supuestos fácticos que le dieron origen, la decisión que eventualmente pudiese tomar el juez constitucional para el caso concreto en búsqueda de resolver la pretensión se tornaría ineficaz […]”.

12. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

ineficaz […]”.

12. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se reglamenta la acción de tutela estableci da en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

De la coadyuvancia

15. La Sala encuentra que el señor Jesús Enrique Hernández Gámez presentó escrito de coadyuvancia.

16. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]” , la Corte Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”8

planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”8

17. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios

derechos. Esto dijo textualmente9:

“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que

8 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 9 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.10

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una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.

una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.

Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces ex cepto en las extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su competencia s igue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y respeto por la cosa juzgada.

Ellos se verían afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca el estudio,