CE - 110010315000202302636011SENTENCIACONFIRMA20230921151111

Demandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02636-01

Demandante: DAGOBERTO LOZANO BELTRÁN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA 4 DE

ORALIDAD.

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación instaurada por la parte acci onante, contra la sentencia del 21 de julio de 2023, por la cual la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 18 de mayo de 202 3 en el aplicativo “tutelas y hábeas corpus”, remitido el mismo día a la Secretaría General del Consejo de

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 18 de mayo de 202 3 en el aplicativo “tutelas y hábeas corpus”, remitido el mismo día a la Secretaría General del Consejo de Estado, e l señor Dagoberto Lozano Beltrán en nombre propio , solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a la estabilidad laboral y al principio de legalidad.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 16 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad, que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín el 1 de julio de 2020 en el medio de control de nulidad y restablecim iento del derecho instaurado en contra de la NaciónMinisterio de Defensa Nacional -Policía Nacional con radicado 05001333300620180036400/1.Demandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

PRIMERO: Solicito se TUTELEN mis derechos fundamentale s al DEBIDO

PROCESO, IGUALDAD, ACCEDO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

PRIMERO: Solicito se TUTELEN mis derechos fundamentale s al DEBIDO

PROCESO, IGUALDAD, ACCEDO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MÍNIMO VITAL, ESTABILIDAD LABORAL, PRINCIPIO DE LEGALIDAD e INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA toda vez que en primer lugar el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN en sentencia de fecha 01 de julio del año 2020 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA DE ORALIDAD en su fallo de fecha 16 de noviembre del 2022, incurrieron en error de hecho por indebida valoración probatoria. Pues la motivación del acto no puede consistir básicamente en la simple referencia o cita de las normas que facultan el uso de la discrecionalidad

SEGUNDO: Se DEJE SIN EFECTOS la sentencia judicial de segunda instancia de fecha 16 de noviembre del 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en su Sala Cuarta de Oralidad.

TERCERO: ORDENAR que el Tribunal Administrativo de Antioquia en su Sala Cuarta de Oralidad para que, en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia al interior del medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre el presente litis.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3 Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3 Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

Indicó que se vinculó a la Policía Nacional el 28 de septiembre de 2013, como alumno del Nivel Ejecutivo y, a partir d el 27 de febrero de 2014, fue ascendido al grado de patrullero; siendo asignado a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con sede en la ciudad de MedellínAntioquia -.

Informó que mediante Resolución 0318 del 13 de abril del 2018 el comandante de l a Policía Metropolitana del mencionado municipio decidió retirarlo del servicio activo con base en la recomendación contenida en el Acta 133 del 12 de abril del mismo año expedida por la Junta de Evaluación y Calificación para suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes de la institución.

Expuso que mediante apoderado presentaron con la señora Nhora Elvira Díaz Arroyo quien actuaba en nombre propio y en representación de su hij a menor Charlot Samalet Lozano Díaz , el señor Dagoberto Lozano Velásque z y laDemandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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señora María del Carmen Beltrán Sabogal 1 demanda de nulidad y

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señora María del Carmen Beltrán Sabogal 1 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional, con el objeto que se declarara la nulidad de la Resolución 0318 del 13 de abril de 2018 y, a título de restablecimiento solicit aron el reintegro al servicio activo en el grado que venía desempeñando el primero de los mencionados sin solución de continuidad , condenando al pago de los salarios, primas, reajustes y demás emolumentos dejados de perci bir desde su desvinculación debidamente indexados , y a la indemnización por los perjuicios morales padecidos.

Señaló que el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en sentencia del 1 de julio de 2020 , negó las pretensiones de la demand a con fundamento en la facultad discrecional propia de la institución policial para el retiro de agentes del servicio activo.

Manifestó que interpuesto recurso de apelación, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en providenci a del 16 de noviembre de 2022, confirmó con los mismos argumentos la sentencia de primera instancia.

2. Sustento de la petición

La parte actora en su demanda, a pesar de exponer en el enunciado “Reflexiones Preliminares” “los defectos sustantivo, de error de hecho por indebida valoración probatoria, de decisión sin motivación, de desconocimiento

La parte actora en su demanda, a pesar de exponer en el enunciado “Reflexiones Preliminares” “los defectos sustantivo, de error de hecho por indebida valoración probatoria, de decisión sin motivación, de desconocimiento del precedente jurisprudencial, de violación de la Constitución Política, de presunción de inocencia y el debido proceso y de falsa motivación y desviación de poder de la Policía Nacional en mi contra ”, de manera concreta en el título denominado “frente a las causales de procedibilidad” con fundamento en la sentencia 590 de 20 05 de la Corte Constitucional, plasma gráficamente las causales y concepto de los defectos que proceden en la acción de tutela contra providencias judiciales sin afectar la cosa juzgada.

Expresa que “Los subrayados en negrita corresponden a las causales por la cuales procede la presente acción de tutela en contra de providencia judicial” que co rresponde a los defectos fáctico por indebida valoración probatoria , decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.

Expuso que el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Cuarta de Oralidad incurrió en el defecto fáctico ya que no valor ó en debida forma la prueba sobreviniente como fue su inocencia reconocida en el fallo absolutorio del proceso disciplinario adelantado , fundamento del retiro discrecional de la institución, ni mucho menos afirmar pérdida de confianza como consecuencia

1 Nhora Elvira Díaz indicó ser esposa y madre de la menor Charlot Samalet Lozano Díaz hija de Dagoberto Lozano Beltrán y los señores Dagoberto Lozano Velásquez y Carmen Beltrán

1 Nhora Elvira Díaz indicó ser esposa y madre de la menor Charlot Samalet Lozano Díaz hija de Dagoberto Lozano Beltrán y los señores Dagoberto Lozano Velásquez y Carmen Beltrán Sabogal como padres.Demandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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de haber sido acusado de una actuación deshonrosa.

Afirmó que la institución policial recurrió a la facultad discrecional para su retiro de una manera irreal con evidente abuso o desviación de poder , por cuanto debió debido disponer la suspensión de la dec isión de desvinculación hasta cuando se determinara la responsabilidad en la investigación disciplinaria.

Indicó que la aplicación de la facultad discrecional de retiro solo es procedente cuando el hecho en el que se ha incurrido afecta el servicio , sin que pueda predicarse de las anotaciones realizadas en su hoja de vida lo cual vulnera su presunción de inocencia, derecho constitucional que debió ser protegido por la autoridad accionada.

Concluyó que conforme a la sentencia de tutela de la Corte Constit ucional T041 se entiende configurado el defecto fáctico cuando se incurre en valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas que se han presentado como son el expediente de la hoja de vida y del acto administrativo de retiro junto con el fallo proferido dentro del proceso disciplinario el cual no fue valorado en debida

caprichosa y arbitraria de las pruebas que se han presentado como son el expediente de la hoja de vida y del acto administrativo de retiro junto con el fallo proferido dentro del proceso disciplinario el cual no fue valorado en debida forma respecto a su integridad como material probatorio.

En cuanto al defecto de decisión sin motivación indica que los fallos de ambas instancias no corresponden ni a las pruebas aportad as ni a los hechos realmente ocurridos, por cuanto el principal fundamento del acto administrativo de retiro fue el proceso disciplinario y no las señalizaciones realizadas en el expediente de la hoja de vida.

Reiteró la sentencia de la Corte Constituci onal referida en el cargo anterior para señalar que se incurre en decisión sin motivación cuando las providencias se basan en meras suposiciones o apreciaciones superficiales de un expediente personal en el cual también reposan anotaciones positivas y menc iones con lo cual se vulnera su derecho de presunción de inocencia hasta que se demostrara lo contrario a pesar de haber sido absuelto por los hechos indicados en el proceso disciplinario.

Manifestó que no existe motivación en las decisiones de primera y segunda instancia como consecuencia de haberse valorado hechos totalmente diferentes a los realmente sometidos al conocimiento para decisión de la autoridad judicial.

En cuanto al defecto de violación directa de la Constitución refirió que la Corte Constitucional2 ha determinado que existe una protección de estabilidad laboral reforzada para el evento de no existir justificación suficiente para la desvinculación, circunstancia que no fue tenida en cuenta al momento de acceder a las pretensiones de la Policía Nacional.

reforzada para el evento de no existir justificación suficiente para la desvinculación, circunstancia que no fue tenida en cuenta al momento de acceder a las pretensiones de la Policía Nacional.

2 Sentencia de tutela t-041 -2018 magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz DelgadoDemandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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3. Trámite en primera instancia

La acción de tutela se admitió mediante auto del 23 de mayo de 2023 y en consecuencia se ordenó la notificación del Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad.

De igual manera se dispuso la vinculaci ón de la Nación-Ministerio de DefensaPolicía Nacional y del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín.

En providencia del 9 de junio del presente año, se ordenó vincular a Nhora Elvira Díaz Arroyabe y María del Carmen Beltrán Sabogal co mo terceros interesados por haber sido parte en el proceso cursado ante el juez de primera instancia; ordenando al accionante allegar los registros civiles de nacimiento de los menores Charlot Samalet Lozano Díaz y Dagoberto Lozano Velásquez.

4. Contestación

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes intervenciones:

Policía Nacional

En su escrito de intervención indicó que pretende el actor que se realice por

4. Contestación

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes intervenciones:

Policía Nacional

En su escrito de intervención indicó que pretende el actor que se realice por parte del juez constitucional un nuevo juicio de valor que corresponde exclusivamente al juez administrativo sin que se encuentre acreditado perjuicio irremediable alguno; motivos por los cuales solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo.

Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín Expresó que, aunque no fue la ponente de la decisión de primera instancia, en la sentencia proferida el fallador realizó un análisis concreto de las circunstancias fácticas, probatorias, normativas y jurisprudenciales que llevaron a la decisión adoptada.

Terceros interesados

La señora Nhora Elvira Díaz Arroyo en escrito presentado el 15 de junio del presente año 3 manifestó intervenir en su calidad de esposa del tutelante y madre de la menor Charlot Samalet Lozano Díaz, conforme a registro civil de nacimiento allegado, informando que el señor Dagoberto Lozano Velásquez era padre del señor Dagoberto Lozano Beltrán y no hijo como se había citado , solicitando que se reintegre a su esposo por haber sido víctima de acoso por

3 Actuación 18 SamaiDemandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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parte de funcionaria de la institución, con lo cual se deduce que coadyuva la acción constitucional.

Los señores María del Carmen Beltrán Sabogal y Dagoberto Lozano Velásquez como padres se pronunciaron en escritos del 14 de junio del presente año 4 solicitando que se reintegre a su hijo , con lo cual se infiere que coadyuvan el amparo solicitado.

El Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad y el Ministerio de Defensa a pesar de haber sido debidamente notificados guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 21 de julio de 2023, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado.

El juzgador de primera instancia al estudiar los requisitos de procedibilidad en contra de providencias judiciales, de manera e special el de relevancia constitucional, concluyó que en el amparo solicitado no se cumplía, “pues pese a que contiene una carga argumentativa, prima facie, suficiente, se percibe como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por la auto ridad judicial accionada a los hechos y a las pruebas allegadas dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001333300620180036401,. . . .”.

judicial accionada a los hechos y a las pruebas allegadas dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001333300620180036401,. . . .”.

Explicó con fundamento en lo seña lado por la Corte Constitucional y la Sala Plena del Consejo de Estado 5 que para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional se debe examinar dos elementos a saber (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde just ifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual f ue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir, además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.

4 Actuación 17 Samai. 5 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005 y Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014 rad. 11001031500020120220/01 C.P. Jorge Octavo Ramírez Ramírez .Demandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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Concluyó que el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad en la sentencia del 16 de noviembre de 2022, efectuó un estudio in extenso , detallado y objetivo de la litis y arribó a las conclusiones que ya se conocen, las que intentan desconocerse en esta vía, a través de argumentos de simple inconformidad, para reabrir un debate sobre la posibilidad de desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución No. 0318 del 13 de abril de 2018.

6. Impugnación

En su escrito de impugnación el accionante, con base el salvamento de voto del magistrado Guillermo Sánchez Luque, reiter ó que han debido estudiarse los demás requisitos, los hechos y pretensiones de la acción de tutela por cuanto en su sentir el proceder de la Policía Nacional estuvo causado por “ABUSO DEL PODER” como consecuencia de la conducta de la señora Comisaria Benítez, quien montó “show mediático en su contra ” para atribuirle responsabilidad en comisiones de delitos y faltas disciplinarias que nunca existieron y cuyos procesos disciplinarios se encu entran archivados por falta de pruebas.

Reitera que, el haber sido absuelto en el proceso disciplinario conlleva a que la consideración subjetiva del magistrado del tribunal de la pérdida de confianza y

pruebas.

Reitera que, el haber sido absuelto en el proceso disciplinario conlleva a que la consideración subjetiva del magistrado del tribunal de la pérdida de confianza y credibilidad de la Institución, es violatoria de su “PRESUNCIÒN DE INOCENCIA” sin que constituya una causa justa para terminar el contrato de trabajo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19916, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Cuestión Previa

En el trámite de la primera instancia se incurrió en imprecisión al indicar Arroyabe como segundo apellido de la señora Nhora Elvira Díaz cuando el correcto es Arroyo conforme al escrito de intervención y copia de la cédula de ciudadanía allegada, así com o también mencionar al señor Dagoberto Lozano Velásquez como hijo cuando su calidad es la de padre del accionante como lo indicó en su intervención ; inexactitudes con las cuales no se ha vulnerado el

6 «Por el cual se reglamenta la acció n de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».Demandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

Política».Demandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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derecho de defensa de los vinculados y sin que haya lug ar a tomar medida de saneamiento alguna .

Ahora, teniendo en cuenta que en la sentencia impugnada no hubo pronunciamiento a los escritos presentados por los señores Nhora Elvira Díaz Arroyo en nombre propio y en representación de su menor hija Charlot Sam alet Lozano Díaz, Dagoberto Lozano Velásquez y Carmen Beltrán Sabogal en sus calidades de padres y también integrantes de la parte demandante en el proceso cuya sentencia se cuestiona, se tendrán como coadyuvantes en el presente trámite constitucional.

3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuesto s en la demanda de tutela y reiterados en la impugnación del fallo de primera instancia, se cumple con la relevancia constitucional , como uno de los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de ser así, si con la decisión demandada se incurrió en los defectos de fáctico por indebida valoración probatoria , de violación directa de la Constitución

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de ser así, si con la decisión demandada se incurrió en los defectos de fáctico por indebida valoración probatoria , de violación directa de la Constitución Política y de decisión sin motivación invocados por la parte actora.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20127, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que la s distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observ ando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”8 (Negrilla fuera de texto)

7 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutelaImportancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. 8 Ibídem.Demandante: Dagoberto Lozano Beltrán

7 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutelaImportancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. 8 Ibídem.Demandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –

ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo – procedencia su stantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.9

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

9 Entre otras, en las s entencias T -949 de 16 de octubre de 2003, T -774 de 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Dagoberto Lozano Beltrán Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sala 4 de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02636-01

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5. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2022 10, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho f undamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constituciona l contra una decisión judicial “ …el juez d e

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constituciona l contra una decisión judicial “ …el juez d e tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona u na providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preserv ación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una ins