CE - 110010315000202302649011SENTENCIA20230824150729

Demandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02649-01

Demandante: ANÍBAL SINISTERRA HINESTROZA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – revoca improcedencia – ampara por configuración del defecto sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia el 4 de julio de 2023, por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado . En esta providencia se declaró improcedente el mecanismo jud icial de la referencia por no superar el requisito general de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Aníbal Sinisterra Hinestroza , actuando por intermedio de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Ad ministrativo

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Aníbal Sinisterra Hinestroza , actuando por intermedio de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Ad ministrativo del Valle del Cauca. Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad , a la seguridad social y los derechos adquiridos, junto con los principios de seguridad jurídica, inescindibilidad de la norma y la prevalencia del derecho sustancial.

2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la sentencia proferida el 20 de enero de 2023, por la autoridad judicial accionada, en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 76001-33-33-007-2018-00071-01.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendoDemandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01

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vulnerados por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia de fecha 20 de enero de 2023, puesto que no tuvo en cuenta el parágrafo del artículo 1 del decreto 1161 del 2014.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamen tales

sentencia de fecha 20 de enero de 2023, puesto que no tuvo en cuenta el parágrafo del artículo 1 del decreto 1161 del 2014.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamen tales invocados se deje sin efecto la sentencia en mención, y se ordene a la entidad accionada que profiera nueva sentencia en la que se disponga a reajustar el subsidio familiar desde el 24 de junio de 2014 hasta la fecha de retiro de la institución con f undamento en lo establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Sinisterra Hinestroza se vinculó al servicio del Ejércit o Nacional del 5 de julio de 1995 al 29 de noviembre de 1996 prestando el servicio militar obligatorio, del 9 de enero de 1999 al 31 de octubre de 2003 como soldado voluntario y como soldado profesional del 1 de noviembre de 2003 inclusive hasta la fecha en la que se profirió la sentencia de 20 de enero de 2023.

6. Contrajo matrimonio el 20 de agosto de 2011. Con ocasión de ello solicitó el reconocimiento del subsidio familiar . Dicha prestación le fue concedida mediante Orden Administrativa de Personal 2322 de 30 de noviembre de 2014, con novedad fiscal de 3 de julio de 2014.

7. Posteriormente, mediante petición de 22 de agosto de 2017 solicitó el reconocimiento y pago de la prima de actividad y del susidio familiar desde la

con novedad fiscal de 3 de julio de 2014.

7. Posteriormente, mediante petición de 22 de agosto de 2017 solicitó el reconocimiento y pago de la prima de actividad y del susidio familiar desde la fecha en la que contrajo matrimonio, con base en el Decreto 1794 de 2000. No obstante, el Ejército Nacional negó su solicitud.

8. Contra la anterior decisión, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Así, en sentencia de 28 de noviembre de 2019 el Juzgado Sépt imo Administrativo del Circuito Judicial de Cali concedió el subsidio familiar de acuerdo con el Decreto 1794 de 2000. Consideró que, dado que el actor contrajo matrimonio dentro del lapso cobijado por los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 , debía serle reconocido el subsidio en los términos de la norma invocada.

9. El Ejército Nacional apeló el fallo de primer grado. Al respecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca modificó la decisión recurrida en el siguiente

sentido:

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la demandada Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional que proceda a reajustar, liquidar y pagar a favor del señor Aníbal Sinisterra Hinestr oza, la partida de subsidio familiar, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 (4% del salario básico mensual + 100% de la prima de antigüedad), a partir del 20 de agosto de 2011 y

dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 (4% del salario básico mensual + 100% de la prima de antigüedad), a partir del 20 de agosto de 2011 y hasta el 24 de junio de 2014, conforme a lo expue sto. La entidad deberáDemandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01

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descontar los valores que por concepto de subsidio familiar previsto en el Decreto 1161 de 2014 le haya pagado al demandante, por ser incompatibles con el derecho aquí reconocido.

10. Explicó que al actor solo le asistía derecho al reco nocimiento con base en el Decreto 1794 de 2000 en el interregno entre el 20 de agosto de 2011 (día en el que contrajo matrimonio) y el 24 de junio de 2014 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014). Lo anterior, pues el momento en el que surgió el derecho al reconocimiento de la prestación ocurrió con la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, la entidad accionada pagó dicha prestación desde el 3 de julio de 2014 y ello no se puede desconocer.

1.4. Sustento de la vulneración

11. Aludió que, el tribunal accionado desconoció que por sentencia de 8 de junio de 2017, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado

1.4. Sustento de la vulneración

11. Aludió que, el tribunal accionado desconoció que por sentencia de 8 de junio de 2017, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, el cual había derogado el artículo 11 del Decreto 179 de 2000.

12. Aseveró que lo anterior constituía un defecto sustantivo, pues el tribunal accionado al decidir la segunda instancia no consideró la sentencia del Consejo de Estado, ni aplicó el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014.

Indicó que esta última norma excluye de la aplicación de este decreto a quienes se les haya reconocido el subsidio familiar con las disposiciones del Decreto 1794 de 2000. En ese sentido, al asistirle derecho a que su subsidio familiar sea otorgado conforme a la última dispos ición referida, pues cumplió los requisitos de esta antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, se le debía mantener conforme a los postulados del año 2000.

13. Precisó que al haberse reconocido en primera instancia el subsidio conforme al Decre to 1794 de 2000, se debió descartar en su totalidad el Decreto 1161 de 2014 por ser normas excluyentes. Insistió en que le resulta aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 , teniendo en cuenta que contrajo nupcias el 28 de agosto de 2011.

14. Agregó q ue, la derogatoria del Decreto 3770 de 2009 busco la salvaguarda de quienes tenían derecho al goce efectivo del subsidio familiar y

contrajo nupcias el 28 de agosto de 2011.

14. Agregó q ue, la derogatoria del Decreto 3770 de 2009 busco la salvaguarda de quienes tenían derecho al goce efectivo del subsidio familiar y protegieron a quienes ya lo devengaban conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

15. Sostuvo que la única norma llamada a regular su situación era el Decreto 1794 de 2000 . P or ello el juez de primer grado facultó a la demanda da a descontar las sumas que se habían cancelado con ocasión del Decreto 1161 de

2014.

16. Señaló que no acceder a sus pretensiones le acarrearía la vulneración de su derecho a la igualdad frente a los soldados a quienes se les ha reconocido por vía administrativa o judicial el subsidio familiar conforme al artículo 11 delDemandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01

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Decreto 1794 de 2000, tomando de base la fecha de consolidación objetiva del derecho.

1.5. Trámite de primera instancia

17. Por auto de 23 de mayo de 2023, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado admitió esta solicitud de amparo . En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

1.6. Intervención del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

18. Refirió que la parte actora pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional del proceso ordinario . Puso de presente que los hechos narrados en la tutela coinciden con los expuestos en el proceso ordinario y los citó in extenso. Por ende, en su sentir, no se logró satisfacer el requisito de la relevancia constitucional.

19. Adicionó que no incurrió en la vulneración alegada y que corresponde negar la protección de los derechos reclamados.

1.6.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue debidamente notificado del auto admisorio, pero guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

20. En providencia de 4 de julio de 2023, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado declaró que el mecanismo constitucional de la referencia era improcedente porque no revestía relevancia constitucional.

21. Para fundamenta r su decisión , explicó qu e lo que persigue el tutelante con la promoción de este mecanismo es reabrir el debate ordinario. Agregó que, la decisión del tribunal se sustentó en que desde el 3 de julio de 2014 el actor estaba devengando el subsidio familiar d e conformidad con el Decreto 1161 de

2014.

1.8. Impugnación

22. La parte actora impugnó la decisión de primer grado. Iteró que no se

estaba devengando el subsidio familiar d e conformidad con el Decreto 1161 de 2014.

1.8. Impugnación

22. La parte actora impugnó la decisión de primer grado. Iteró que no se tuvo en cuenta el contenido del parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de

2014. Esto, toda vez que al juez de primer gr ado haber ordenado el reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000, no le era aplicable el Decreto 1161 de 2014. Por ende, insistió en la concreción de un defecto sustantivo que en su sentir vicia la decisión reprochada.Demandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01

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23. Discutió que su escrito tutelar contiene la sustentación del defecto invocado y allí se explican las razones por las que procede el amparo de sus derechos fundamentales.

24. Añadió que las dos disposiciones indicadas son excluyentes y que el tribunal debió co nsiderar que al haberse reconocido su prestación conforme al Decreto 1794 de 2000, quedaba protegida su prestación con este cuerpo normativo.

1.9. Trámite de segunda instancia

25. Por auto de 10 de agosto de 2023, el despacho sustanciador dispuso vincular en calidad de tercero con interés al Juzgado Séptimo Administrativo

normativo.

1.9. Trámite de segunda instancia

25. Por auto de 10 de agosto de 2023, el despacho sustanciador dispuso vincular en calidad de tercero con interés al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali. Lo anterior, atendiendo la tesis mayoritaria de la Sección Quinta del Consejo de Estado según la cual se debe vincular al curso de las acciones de tutela contra providencias judiciales a los jueces de primera y segunda instancia del proceso cuestionado.

26. Pese a haberse notificado en debida forma la anterior decisión, la autoridad judicial vinculada guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado el 4 de julio de 2023. Lo anterior, de conformidad c on lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una p arte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas

(pasiva).

29. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Aníbal

accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

29. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Aníbal Sinisterra Hinestroza conformó el extremo accionante del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-007-2018-00071-01.

Por tanto, es el titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa.Demandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01

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30. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se encuentra legitimado en la causa por pasiva , por ser el operador judicial que profirió el fallo de 20 de enero de 2023.

2.3. Problemas jurídicos

31. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las pruebas incorporadas al expediente , la intervención allegada en el trámite del proceso y el escrito de impugnación; corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o revoca el fallo de 4 de julio de 2023 de la Sección

Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.

• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?

32. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala

analizará lo siguiente:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?

32. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala

analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales sobre los que e l accionante reclama la protección al dictar la sentencia de 20 de enero de 2023?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii) requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

34. La Sala Plena de lo Con tencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta c orporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 1. Lo anterior, porque hasta ese mome nto, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema2. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales3.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01

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de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 4. En esta sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 5 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial6.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunt o y examina r si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se supera n los

siguientes requisitos generales de procedencia:

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,

1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se

requerirá:

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 5 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinario sde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un términ o razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que

tutela se hubiere interpuesto en un términ o razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos f undamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido po sible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 6 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que prof irió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evi dente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamental es; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la

toma de una decisión que afecta derechos fundamental es; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcio nal; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la

Constitución.Demandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01

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1. que la causa, mo tivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

1. que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser consider ada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los r equisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,

interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los r equisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela

2.5.1. Tutela contra tutela

40. La Sala no encuentra r eparo alguno frente a este requisito. En efecto, a través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia de 20 de enero de 202 3, proferida por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 76001-33-33-007-2018-00071-01.

2.5.2. Inmediatez

41. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso ordinario en segunda instancia (art. 302 CGP7). Lo anterior, toda vez que se profirió el 20 de enero de 2023, se notificó el 24 de enero siguiente y la acción constitucional se radicó el 18 de mayo de 2023, a través del correo electrónico de la Secretaría

General del Consejo de Estado.

42. Así, la Sala c onsidera oportuno el término transcurrido entre la providencia referida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin establecer la fecha de ejecutoria de la decisión objetada . Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, en la que la Sala Plena de

providencia referida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin establecer la fecha de ejecutoria de la decisión objetada . Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados

7 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. || Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos». 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01

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por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 9. Esto, con el fin de

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por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 9. Esto, con el fin de determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial10.

2.5.3. Subsidiariedad

43. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial ordinario. Al respecto, la Sala p recisa que la providencia de 20 de enero de 2023 resolvió el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra el fallo de primera instancia. De ese modo, es evidente que se agotaron los recursos ordinarios.

44. Igualmente, frente a los argumentos de l extremo accionante, se advierte que no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en los que sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y causales establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el mismo sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen los presupuestos de los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201111.

2.5.4. Relevancia constitucional

45. Como se expuso con antelación, desde la perspectiva del señor Sinisterra Hinestroza la sentencia de 20 de enero de 2023 está viciada de un defecto sustantivo. Afirmó que se desconocieron los efectos ex tunc otorgados a la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 mediante la sentencia de

defecto sustantivo. Afirmó que se desconocieron los efectos ex tunc otorgados a la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 mediante la sentencia de 8 de junio de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014 . En su sentir, le asistía derecho a que se le reconociera el subsidio familiar con las prerrogativas del Decreto 1794 de 2000.

46. En el mismo sentido, indicó que le fueron transgredidos sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social con ocasión de la decisión reprochada.

47. De conformidad con lo anterior, se resalta que la parte actora cumplió con la carga de identificar el defecto que le adjudica a la sentencia censurada, esto es, el sustantivo. De igual forma, sustentó en qué se concreta el mismo,

9 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujarí a como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. 10 Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con

como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. 10 Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que se