CE - 110010315000202302685001SENTENCIASENTENCIA20230713175022

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02685-00

Demandante: Alexandra Avellaneda Guerrero

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-02685-00 Demandante ALEXANDRA AVELLANEDA GUERRERO Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Temas Acción de tutela. Derecho de petición. Ruptura de solidaridad servicio de energía. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela instaurada por la señora Alexandra Avellaneda Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 19 de mayo de 20231, la señora Alexandra Avellaneda Guerrero instauró acción de tutela, en nombre propio, contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la empresa Afinia Grupo EPM y la empresa Air -e por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la petición, al acceso a la administración

de Energía y Gas, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la empresa Afinia Grupo EPM y la empresa Air -e por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la petición, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a la vivienda digna y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: (sic para toda la cita) “PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela con medida cautelar urgente , para que no me suspendan el servicio de energía, y para que el presidente y el superintendente asista al consejo comunal, y como mecanismo definitivo y excepcional , para que el juez constitucional aplique el bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad expidiendo un fallo extrapetita, y ordene la presidente de Colombia como jefe de estado suprema autoridad administrativa ejercer sus competencia en materia de servicios públi cos domiciliarios, al superintendente de servicios publico ejercer sus funciones , la procuraduría generar de la nación ejercer sus funciones los demás funcionario de la superintendencia DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ENERGÍA Y GA S COMBUSTIBLE,MAGDA YANETH CASTAÑEDA GUTIÉRREZ JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO investigar esta denuncia y quejas contra la directora oriente, la doctora MARIA SIERRA MARIN, , el doctor WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR TERRITORIAL NORTE , CLAUDI A LEONOR JIMENEZ MARTINEZ DIRECTORIA NORIENTE,KEIDY MILENA DIAZ

doctora MARIA SIERRA MARIN, , el doctor WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR TERRITORIAL NORTE , CLAUDI A LEONOR JIMENEZ MARTINEZ DIRECTORIA NORIENTE,KEIDY MILENA DIAZ PLAZA ENTRES OTROS, donde más del 90% de los recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución Y LA LEY (…) SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos fundamentales y humano Al núcleo esencial del derecho de petición ,al debido proceso administrativo, derecho a la defensa contradicción legalidad tipicidad, acceder a la administración de justicia, a las garantías judiciales consagrada en los artículos 8 y 25 de la convención americana de derecho humanos, a la salud a la vida, a una vivienda digna, al principio de la buena fe confianza legitima acto propio a una vivienda digna a la educación y ordene a darme u na respuesta , de fondo clara congruente y resuelva cada una de las pretensiones de la denuncia, así mismo manifieste con que fundamento constitucional y legal el presidente y la superservicicios se niega asistir al consejo comunal realizado por nuestro de defensor por más de 20 años melkis Guillermo kammerer kammerer (…) TERCERO que el señor magistrado ordene al señor presidente el doctor que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua potable, al doctor Dagoberto Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios, asistan a este consejo

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comunal de conformidad con el articulo 2,102 ,103 y 270 de la constitución, para que socialicen el porcentaje a tomar sobre cual va hacer la desviación significativa de los consumo de energía eléctrica , donde el ,Consejo de Estado suspendió provisionalmente, parágrafo que faculta a las empresas prestadoras de energía a fijar en condiciones uniformes del contrato, los porcentajes de variación en el consumo que constituyen desviaciones significativas (…) Cuarto QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES orden al superintendente de servicio público y a los doctores di ego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, le soliciten a la doctora MARIA SIERRA MARIN, , el doctor WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR TERRITORIAL NORTE , CLAUDIA LEONOR JIMENEZ MARTINEZ DIRECTORIA NORIENTE,KEIDY MILENA DIAZ PLAZA ENTRES OTROS manifieste los siguientes: A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle tramite al núcleo esencial

MILENA DIAZ PLAZA ENTRES OTROS manifieste los siguientes: A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle tramite al núcleo esencial del derecho de petición prophibido por el ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015, articulo 9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el certificado de libertad y tradición y certificado de nomenclatura,donde predominan la dirección de la factura de energía?, B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por solidaridad, alegando que la dirección de las certificaciones aportadas no coincide con la dirección que registra la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta catastral , levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994?, C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los recursos de quejas y apelación que el solicitante tenga que estar al día con todos los consumos sin importar que deban desde 1998, violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 155 DE LA LEY 142 DE 1994?, D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los últimos 20 años contra las empresas que suspenden el servicio de forma unilateral sin expedir un acto admi9nistrativo conforme al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte constitucional EN LAS SENTENCIAS Cempresas que suspenden el servicio de forma unilateral sin expedir un acto admi9nistrativo conforme al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte constitucional EN LAS SENTENCIAS C150 DEL 2001 C-007 DEL 2017 T793/2012, ,C-389/2002 C-060-05, ,C-558-2001,C-,T-013/18, SU-1010, t-270/2004, T398/2021,T-206/21 C-134 de 1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T191 de 2008 T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003 E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento constitucionales y legales para no darle cumplimiento a la sentenciasTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito (…) QUINTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua potable, Dagoberto Buitrago

PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua potable, Dagoberto Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios,

doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de s ervicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública me garanticen el núcleo esencial del derecho de petición dándome una respuesta de fondo , , clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara (…) SEPTIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ordene GERENTE GENERAL DE AIR-E,y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta tanto no haya un fallo de finitivo sobre esta denuncia (…). OCTAVO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comis ión de regulación de energía y gas y aguaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02685-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co potable, Dagoberto Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora

www.consejodeestado.gov.co potable, Dagoberto Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA SUPERINTEN DENCIA PORUQE NO FALLAN SUS RECURSO DE APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito (…) NOVENO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA

PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS, ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen recaudando 100 bese a lo que se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía al sector comercial y de servicios DECIMO PRIMERO QUE EL SEÑO R MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN A LA LOS SEÑORES señor presidente ASISTA un consejo comunal de servicios publico a qui en Valledupar para que se invisten a todos los v ocales de control del cesar y la guajira, lideres, asociaciones de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las delegadas de la superservicicios con la presencia también del presidente y el superintendente de servicios públicos , donde el p residente debe de contratar experto en la ley 142 de 1994 como es el doctor JAIME ARAUJO REINTERIA PONENTE DE LA SENTENCIA C-558 DEL 2001 DONDE LA EMPRESA Y LA SUPERSERVCICIO POR MAS DE 20 AÑOS VIENEN INTERPRETANDOLA ERRONEAMENTE (…) DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA SEÑORA PROCURADORA ORDENEN A doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de

doctor diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disc iplinario interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, A DAR RESPUESTA a mi denuncia contra la superservicicio y las empresa de energía eléctrica , por violación a la constitución y la ley (…) DECIMO TERCERO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL conforme al principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad ,RESUELVA DE FONDO CLARA DESARROLLADO CADA UNA DE LAS PRETENCIONES DE LA TUTELA INTEGRANDO el contradictorio , para dar una solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo inescindible”, (Auto 067/20), T -466/99,señor juez de segunda instancia , en virtud del principio de oficiosidad tiene la obligación de asumir un papel activo en la conducción del proceso (…) DECIMO CUARTO que el señor magistrado y la señora procur adora general de la nación ordenen a la superintendencia de servicios público ordenen a la empresa de energía que si va a continuar sus pendiendo el servicio de energía deberá expedir un acto administrativo que garanticen el debido proceso administrativo derecho de defensa contradicción legalidad, a una tutela judicial efectiva (…) DECIMO QUINTO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONFORME AL ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION aplique el bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad expidiendo un fallo extrapetita conforme al principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad , Y CONCEDA esta acción de tutela como mecanismo definitivo y excepcional (…)”.

2. Hechos

expidiendo un fallo extrapetita conforme al principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad , Y CONCEDA esta acción de tutela como mecanismo definitivo y excepcional (…)”.

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes 2.1. El 29 de agosto de 2019, la señora Alexandra Avellaneda Guerrero solicitó a la empresa Caribemar de la Costa E.S.P. S.A.S. (también denominada por su marca Afinia) la ruptura de la solidaridad por la deuda generada entre el 15 de enero de 2012 al 25 de agosto de 2019 respecto del inmueble ubicado en la

calle 20 número 34 B1 - 56 de Valledupar - Cesar, identificado con el NIC6656441. 2.2. Mediante Oficio No. 201930540127 del 16 de septiembre de 2019, Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. informó a la accionante que no era procedente acceder a su solicitud, toda vez que no se encontró demostrada la titularidad del contrato o vínculo contractual con el inquilino, por cuanto la señora Avellaneda Guerrero no aparece como propietario del predio, dentro certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria No. 190-112012.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02685-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. El 23 de septiembre de 2019, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión.

www.consejodeestado.gov.co 2.3. El 23 de septiembre de 2019, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión. 2.4. Por oficio No. 201930610846 del 11 de octubre de 2019, Caribemar de la Costa E.S.P. S.A.S. confirmó la decisión recurrida y resolvió remitir el expediente del caso a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que decidiera el de apelación. 2.5. Mediante Resolución No. 20228600319515 del 11 de abril de 2022, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la decisión No. 201930540127 del 16 de septiembre de 2019. En concreto, la Superintendencia consideró que la señora Alexandra Avellaneda Guerrero no cumplió con la carga de la prueba, por cuanto: (I) La accionante aportó el folio de matrícula inmobiliaria No.190-112012 en el cual consta, en la anotación No.10, que la señora Leonor Guerrero de Avellaneda es titular de dominio del inmueble ubicado en la calle 20 # 34 B1 56 en ValleduparCesar (según certificado catastral expedido por el IGAC el día 20 de agosto del 2019). Si bien la peticionaria buscaba demostrar que su madre fallecida era la propietaria y ella (es decir Alexandra Avellaneda Guerrero ) la heredera del inmueble, lo cierto es que aquella no acreditó el requisito de fungir como propietaria del inmueble. Además, una vez revisado el acervo probatorio, no se aportó la declaración

inmueble, lo cierto es que aquella no acreditó el requisito de fungir como propietaria del inmueble. Además, una vez revisado el acervo probatorio, no se aportó la declaración extraprocesal requerida. Por lo tanto, no se logró evidenciar la legitimidad de la usuaria ni indicio alguno de que aquella sea la heredera. (II) De otra parte, la accionante aportó contrato de arriendo suscrito el 15 de enero de 2012 con el cual buscó dar cumplimiento a uno de los requisitos para que se decretara la ruptura de solidaridad. Sin embargo, la dirección plasmada en el contrato de arriendo (MZ 54 Casa 10 villa dariana en Valledupar - Cesar) no coincide con la registrada en la factura (SECTOR 1 MZ 54-10 urbanización Villa Darina en Valledupar - Cesar). 2.6. El 7 de marzo de 2023, la tutelante radicó derecho de petición ante la Presidencia de la República, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., por las decisiones emitidas por la Superintendencia y la empresa de energía, al considerar que están exigiendo requisitos no fijados en la ley para acceder a la ruptura de la solidaridad que solicitó.

3. Fundamentos de la acción de tutela La señora Alexandra Avellaneda Guerrero alegó que la Superintendencia de Servicios Públicos y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. denegaron la ruptura de solidaridad con fundamento en la exigencia de requisitos adicionales no autorizados

La señora Alexandra Avellaneda Guerrero alegó que la Superintendencia de Servicios Públicos y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. denegaron la ruptura de solidaridad con fundamento en la exigencia de requisitos adicionales no autorizados por la Constitución Política y la Ley 142 de 1994, como lo eran el aporte del certificado de tradición y libertad y el certificado de nomenclatura emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y sostuvo que la negativa de la Superintendencia demostraba que no resolvió de fondo, clara, precisa y congruente el derecho de petición. Por lo anterior, adujo, que se desconocieron los artículos 9 y 39 del Decreto Ley 019 de 2012, 3 del Decreto 2106 de 2019 y 9 de la Ley 962 de 2005, que disponen la prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad, el procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley, medidas para la implementación o aplicación de trámites y la racionalización de procedimientos administrativos. Alegó que tampoco tuvieron en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional T636 de 2006, así como la sentencia del 27 de septiembre de 2021 2, dictada por el

2 Expediente No. 11001-33-34-002-2021-00234-01Radicado: 11001-03-15-000-2023-02685-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en las

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en las que, según dijo, se dispu so que no era necesario demostrar la propiedad del inmueble, cuando de la factura era posible identificar al propietario y que era éste el que reclamaba. Por otro lado, manifestó que pese a que denunció la anterior situación ante la Presidencia de la Repúb lica y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, no ha recibido respuesta alguna por parte de esas autoridades. Consideró que el presidente de la República y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios estaban en la obligación de sancionar a las empresas Afinia y Air-e, por suspender los servicios de energía de forma unilateral sin antes expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 29 de mayo de 2023, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la empresa Afinia Grupo EPM y la empresa Air -e; y negó la medida provisional solicitada.

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 1 de junio de 20233.

provisional solicitada. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 1 de junio de 20233. 4.2. La apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó la desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. Asimi smo, pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo porque el actor no recurrió a los mecanismos ordinarios disponibles, específicamente, la vía administrativa. De manera subsidiaria, pidió que se denegara las pretensiones de la demanda, dada la inexistencia de una acción u omisión por parte de esa autoridad que pudiere generar la vulneración de algún derecho fundamental del actor. Con todo, expuso que esa entidad dio respuesta al derecho de petición del actor, mediante OFI23-00048760/GFPU 13150000 del 14 de marzo de 2023. Explicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque no tenía competencia para resolver sobre los reclamos del actor a la empresa Afinia y dado que era la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la qu e ejercía la inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Que tampoco podía obligar a esa Superintendencia a que confirmara o negara su asistencia al Consejo Comunitario que mencionó el actor, por cuanto esa superintendencia posee una independencia y autonomía de la Presidencia de la República. Finalmente, puso de presente que el actor tenía por correo las direcciones electrónicas: melkiskammerer@hotmail.com, oficinadequejasyreclamos@gmail.com y fenadecu2021@gmail.com, a través de las que masivamente se radican acciones

Finalmente, puso de presente que el actor tenía por correo las direcciones electrónicas: melkiskammerer@hotmail.com, oficinadequejasyreclamos@gmail.com y fenadecu2021@gmail.com, a través de las que masivamente se radican acciones de tutela contra la Presid encia de la República por los mismos hechos, pero respecto de diferentes personas. Esos correos, adujo, fueron creados por el abogado Melkis Kammerer para abusar así del derecho constitucional de tutela. En tal sentido, señaló que el abogado Kammerer tiene en curso una

3 Índice 7 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02685-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co investigación disciplinaría bajo lo previsto por el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. 4.3. El Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) solicitó la desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que, carece de competencia en relación con la verificación y/o control sobre el cumplimiento de las normas que rigen la actividad correspondiente a la prestación del servicio público de energía. Asimismo, precisó que, en desarrollo de la función consultiva, la CREG no resuelve casos particulares o concretos, pues ello corresponde a las autoridades competentes mediante los procedimientos de rigor y, en tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas deben darse o enten derse en forma genérica.

CREG no resuelve casos particulares o concretos, pues ello corresponde a las autoridades competentes mediante los procedimientos de rigor y, en tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas deben darse o enten derse en forma genérica. 4.4. La empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo EPM) pidió que se declarara improcedente o denegara la solicitud de amparo, porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto de que de encontrarse inconforme con la decisión que resolvió su reclamación de ruptura de solidaridad, la peticionaria podía haberla cuestionado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo el juez de lo contencioso administrativo el competente para est udiar la legalidad del acto administrativo. Además, informó que el suministro de NIC -6656441, se encontraba en situación correcta y con servicio de energía activo. Finalmente, sostuvo que en el caso concreto la tutelante no demostró, siquiera sumariamente, sufrir un perjuicio irremediable que permitiera hacer uso de la acción de tutela. 4.5. La asesora de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación pidió que se declarara improcedente la acción de tutela respecto a esa entidad, con fundamento en q ue se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública dio respuesta a la petición presentada por la señora Avellaneda Guerrero el 7 de marzo de 2023, en el sentido de informar que se trasladó por competencia a

Gestión Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública dio respuesta a la petición presentada por la señora Avellaneda Guerrero el 7 de marzo de 2023, en el sentido de informar que se trasladó por competencia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Alegó que se configura la falta de legitimación por pasiva de ese organismo de control frente a las prete nsiones de no suspensión del servicio de energía, la asistencia del presidente de la República y otros al Consejo Comunal, solicitudes frente al recurso de apelación e impuesto de alumbrado público, pues no apuntaban a cuestionar su actuar. Por otra parte, aclaró que la sola presentación de la solicitud ante las dependencias de la Procuraduría no obligaba que se asumiera el conocimiento de los hechos presuntamente irregulares “por lo que por disposición legal esta entidad puede o no asumir el conocimiento de las diligencias, si así lo considera procedente”. 4.6. La empresa de energía Air-e S.A.S. E.S.P. solicitó la desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que los hechos de la acción de tutela corresp ondían a un usuario de energía de Afinia, que es la empresa que presta servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. 4.7. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó que se declarara la inexistencia de violación de derechos fundamentales por parte de esa superintendencia o la improcedencia de la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02685-00

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declarara la inexistencia de violación de derechos fundamentales por parte de esa superintendencia o la improcedencia de la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02685-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, señaló que las órdenes de corte, reconexión y vinculación de un reclamo a la fac turación son una actuación de exclusiva competencia de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia grupo EPM) y no es del resorte de la superintendencia. Por lo tanto, manifestó que no es posible vincular a este organismo a los efectos del fallo. Finalmente, señaló haber resuelto de fondo la petición radicada el 7 de marzo de 2023 de la hoy parte accionante, mediante consecutivo No. 20238601979581 del 6 de junio de 2023 del año en curso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. De la legitimación en la causa por pasiva

es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. De la legitimación en la causa por pasiva De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y, excepcionalm