CE - 110010315000202302687001SENTENCIA20230629095455

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: GABRIEL BOHÓRQUEZ SIERRA Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “C” Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA IMPROCEDENTE – la solicitud de amparo no satisface el requisito general de relevancia constitucional, en el caso sub judice

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, por conducto de apoderado judicial, por el ciudadano Gabriel Bohórquez Sierra en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Gabriel Bohórquez Sierra, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural […]»1, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de segunda instancia de 10 de noviembre de 20222, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección

formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural […]»1, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de segunda instancia de 10 de noviembre de 20222, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”, dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-36-034-2018-00129-013.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente4:

2.1. Manifestó que, junto con su grupo familiar, instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), de la Nación – Fiscalía General de la Nación (FGN) y del Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por

1 Demanda radicada de manera electrónica el día 23 de mayo de 2023. 2 Notificada por correo electrónico el 22 de noviembre de 2022. 3 Demandantes: Gabriel Bohórquez Sierra y otros. Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros. 4 Folios 1 a 8 del expediente de tutela de la referencia.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad del tutelante, la cual consideraron injusta.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad del tutelante, la cual consideraron injusta.

2.2. Relató que, por reparto, le correspondió conocer de aquella causa al Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, despacho judicial que, mediante fallo de primera instancia de fecha 6 de julio de 2020, resolvió denegar las pretensiones elevadas.

2.3. Señaló que, en contra de la anterior decisión, se interpuso de manera oportuna recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”, mediante sentencia de 10 de noviembre de 20225, a través de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones.

2.4. Manifestó que en la sentencia de segunda instancia se incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración del material y en un defecto sustantivo al desconocer el precedente judicial aplicable al caso concreto.

2.5. Esgrimió que, en su sentir, se incidió en un supuesto defecto fáctico, en tanto que:

«[…] El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, de haber evaluado de manera conjunta y minuciosa las pruebas aportadas al proceso contencioso administrativo, hubiese llegado a la conclusión de que el señor Gabriel Bohórquez Sierra fue vinculado, procesado y privado injustamente de su libertad, CON OCASIÓN A UN SUPUESTO MATERIAL PROBATORIO

contencioso administrativo, hubiese llegado a la conclusión de que el señor Gabriel Bohórquez Sierra fue vinculado, procesado y privado injustamente de su libertad, CON OCASIÓN A UN SUPUESTO MATERIAL PROBATORIO

APORTADO DEL CUAL NO SE PODÍA EXTRAER EN NINGÚN MOMENTO

UNA INFERENCIA RAZONABLE QUE SEÑALARA AL SEÑOR

BOHÓRQUEZ SIERRA COMO AUTOR DEL DELITO QUE SE LE

ENDILGABA.

Lo anterior, parte de la valoración que hizo el Tribunal al aducir que tanto la captura del señor Bohórquez Sierra como la medida de aseguramiento privativa de la libertad, impuesta posteriormente, e indicada para su cumplimiento en establecimiento carcelario estaban debidamente fundadas en los elementos que la Fiscalía General de la Nación le allegó al Juez Penal con Función de Control de Garantías, y que de las mismas tan solo se podía extraer la inferencia de responsabilidad suficiente para imponer la privación de la libertad al señor Bohórquez. SIN EMBARGO, AL EVALUAR EL

MATERIAL PROBATORIO APORTADO CON LA DEMANDA

INTERPUESTA EN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE

REPARACIÓN DIRECTA SE TIENE QUE ES PALPABLE LOS YERROS

INCURRIDOS AL REALIZAR LA VALORACIÓN EN EL PROCESO PENAL Y POSTERIORMENTE EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, A LA POSTRE […]». (Se destaca)

2.6. Argumentó que también se incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto: «[…] El Tribunal NO tuvo en cuenta la sentencia del 15 de noviembre de 2019 del Consejo de Estado,

2.6. Argumentó que también se incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto: «[…] El Tribunal NO tuvo en cuenta la sentencia del 15 de noviembre de 2019 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” (exp. No. 11001-03-15-000-2019-00169-01) en cuanto a la valoración de la conducta pre-procesal que es competencia exclusiva del juez penal, además, desconoció que la falla del servicio es imputable a las

5 Notificada por correo electrónico el 22 de noviembre de 2022.3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

entidades demandadas, el precedente jurisprudencial y viola directamente la Constitución Política […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones6:

[…] PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la decisión proferida en segunda instancia el pasado 10 de noviembre de 2022, dentro del medio de control de reparación directa, tramitado bajo el radicado No.11001-33-36-0342018-00129-01, promovido por el señor Gabriel Bohórquez Sierra y otros.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, SE DEJE SIN EFECTO la

2018-00129-01, promovido por el señor Gabriel Bohórquez Sierra y otros.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, SE DEJE SIN EFECTO la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca dentro del medio de control de reparación directa, tramitado bajo el radicado No. 11001-33-36-034-2018-00129-01, promovido por el señor Gabriel Bohórquez Sierra y otros.

TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, PROFIERA UNA NUEVA DECISIÓN en la cual se valoren de forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, en casos similares de privación injusta de la libertad en los cuales se ha declarado la responsabilidad de las demandadas ante la falta de pruebas para imponer a medida de aseguramiento y adelantar la causa penal en contra del enjuiciado

[…].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 24 de mayo de 2023, el Despacho a cargo de la sustanciación del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”. En la misma providencia, se vinculó como terceros con interés directo en las

del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”. En la misma providencia, se vinculó como terceros con interés directo en las resultas del proceso, al Juzgado 34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Nación – Fiscalía General de la Nación (FGN), a la Nación – Rama Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, con la finalidad de que ejercieran su derecho de contradicción y de defensa.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a las demás partes vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juez Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, rindió informe detallado en el que se opuso a las pretensiones de la presente acción de amparo,

6 Folios 9 a 10 del escrito de amparo.4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

porque este mecanismo constitucional estaba siendo utilizado como una tercera instancia. Al respecto señaló:

«[…] [E]s menester manifestar que la acción de tutela no se puede convertir en una tercera instancia vulnerando la independencia del juez quien actúa dentro del principio de legalidad, pues esto provocaría inestabilidad en la seguridad jurídica. De conformidad con lo anterior, comedidamente le solicito SE DENIEGUEN las pretensiones invocadas en la presente acción de tutela […]». (negrillas de la Sala)

inestabilidad en la seguridad jurídica. De conformidad con lo anterior, comedidamente le solicito SE DENIEGUEN las pretensiones invocadas en la presente acción de tutela […]». (negrillas de la Sala)

5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”, por conducto de uno de los magistrados que integran su Sala de Decisión7, allegó contestación oportuna en la que manifestó que la presente acción de amparo resulta improcedente; como quiera que no se cumplía con el requisito general de relevancia constitucional.

5.3. En su intervención, indicó lo siguiente:

«[…] A) los tutelantes utilizan la acción constitucional para debatir un asunto de mera legalidad que ya fue resuelto por el Juez natural del asunto o, lo que es lo mismo, utilizan la acción de tutela como tercera instancia del proceso de reparación directa con Rad. No. 2018-00219; B) la acción de tutela se interpuso después de un tiempo superior a seis (6) meses; C) lo advertido es que los accionantes no comparten los argumentos expuestos por esta Corporación, sin que ello suponga la configuración de alguno de los defectos específicos de procedencia de la acción constitucional; D) no se hacen reparos constitucionales concretos frente a la valoración integral de las pruebas que sí realizó esta Corporación y, por último, E) lo cierto es que nunca se valoró la conducta pre procesal del señor Bohórquez Sierra, sino que se realizó el estudio de la antijuridicidad del daño, el cual no involucra el análisis del dolo o la culpa civil del tutelante, ni las circunstancias en las que presuntamente

conducta pre procesal del señor Bohórquez Sierra, sino que se realizó el estudio de la antijuridicidad del daño, el cual no involucra el análisis del dolo o la culpa civil del tutelante, ni las circunstancias en las que presuntamente sucedieron los hechos denunciados […]». (Subrayas por fuera de texto)

5.4. El apoderado judicial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la acción constitucional impetrada, luego de asegurar que dicha entidad no había cercenado derecho fundamental alguno.

5.5. La Nación – Fiscalía General de la Nación (FGN), por intermedio de su apoderada judicial, rindió informe en el que argumentó que la acción constitucional de la referencia resulta a todas luces improcedente, por cuanto: (i) el apoderado del accionante no da cuenta de las razones por las cuales no hizo uso de otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, «[…] como, por ejemplo, el recurso de apelación o el recurso extraordinario de revisión […]»; (ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, y (iii) pretende recuperar oportunidades procesales fenecidas.

7 Doctor José Élver Muñoz Barrera.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la presente acción

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la presente acción de tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20179 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 201810 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta Sección Primera el conocimiento de las acciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Teniendo la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y excepcionales de procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la providencia de 10 de noviembre de 202211, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”, dentro del proceso ordinario de reparación directa con radicado número 11001-33-36-034-2018-00129-0112, vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico y en un supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra fallos de tutela. Requisitos generales y excepcionale s de procedibilidad;

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra fallos de tutela. Requisitos generales y excepcionale s de procedibilidad; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. En sentencia de 31 de julio de 201213, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales, siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

8 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 9 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 10 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.” 11 Notificada por correo electrónico el 22 de noviembre de 2022. 12 Demandantes: Gabriel Bohórquez Sierra y otros. Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros.

10 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.” 11 Notificada por correo electrónico el 22 de noviembre de 2022. 12 Demandantes: Gabriel Bohórquez Sierra y otros. Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros. 13 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial14, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución15.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución15.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión16» que se encaje en dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

14 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 15 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

15 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 16 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

VI.4. El caso concreto

16. El ciudadano Gabriel Bohórquez Sierra, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural […]»17, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de segunda instancia de 10 de noviembre de 202218, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”, dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-36-034-2018-00129-0119.

VI.4.1. Del requisito general de la relevancia constitucional

17. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental20 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones21.

18. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales22, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o

requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces23.

19. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación24, lo siguiente:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

17 Demanda radicada de manera electrónica el día 23 de mayo de 2023. 18 Notificada por correo electrónico el 22 de noviembre de 2022. 19 Demandantes: Gabriel Bohórquez Sierra y otros. Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros. 20 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.

20 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 21 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 22 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 23 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 24 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]. (destaca la Sala de Decisión)

20. Recientemente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202225,

requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]. (destaca la Sala de Decisión)

20. Recientemente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202225, precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional, así:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

(…) b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…) c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.9

fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. (…)

25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02687-00

Accionante: Gabriel Bohórquez Sierra

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]. (Negrillas de la Sala)

21. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes elementos: i) que de la