CE - 110010315000202302687011SENTENCIASENTENCIA20230921171454

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante: Gabriel Bohórquez Sierra

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante GABRIEL BOHÓRQUEZ SIERRA

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción. Relevancia Constitucional. Desconocimiento del precedente judicial. Defecto fáctico. Pretensión de reparación directa por privación injusta de la libertad. Razonabilidad de la medida de aseguramiento. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del 23 de junio de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que resolvió: «PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 23 de mayo de 2023 2, el señor Gabriel Bohórquez Sierra interpuso acción de

expuestas en la parte motiva de esta providencia».1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 23 de mayo de 2023 2, el señor Gabriel Bohórquez Sierra interpuso acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como los principio s de confianza legítima, seguridad jurídica, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la decisión proferida en segunda instancia el pasado 10 de noviembre de 2022, dentro del medio de control de reparación directa, tramitado bajo el radicado No.11001 -33-360342018-00129-01, promovido por el señor Gabriel Bohórquez Sierra y otros.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca dentro del medio de control de reparación directa, tramitado bajo el radicado No. 11001 -3336-034-2018-00129-01, promovido por el señor Gabriel Bohórquez Sierra y otros.

1 Pág. 12 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado de la acción de tutela.

36-034-2018-00129-01, promovido por el señor Gabriel Bohórquez Sierra y otros.

1 Pág. 12 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado de la acción de tutela. Consultado a través del sistema de gestión de proceso del Consejo de Estado: SAMAI (índice 21) 2 Samai, índice 2Radicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante: Gabriel Bohórquez Sierra

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual se valoren de forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamen te desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, en casos similares de privación injusta de la libertad en los cuales se ha declarado la responsabilidad de las demandadas ante la falta de pruebas para imponer a me dida de aseguramiento y adelantar la causa penal en contra del enjuiciado.»3

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 30 de julio de 2014, agentes de la Policía Nacional capturaron al señor Gabriel Bohórquez Sierra en su lugar de trabajo. Al día siguiente, el Juzgado

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 30 de julio de 2014, agentes de la Policía Nacional capturaron al señor Gabriel Bohórquez Sierra en su lugar de trabajo. Al día siguiente, el Juzgado Promiscuo de Control de Garantías de San Alberto (César) surtió audiencia en la que legalizó la captura , avaló la imputación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años e impuso medida de aseguramiento en su contra consistente en privación preventiva de la libertad en centro carcelario.

La detención intramural se extendió del 30 de julio de 2014 a l 8 de marzo de 2016. El 21 de septiembre de 2016, en audiencia de lectura de fallo, el señor Gabriel Bohórquez Sierra fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro -reo, debido a que la Fiscalía General de la Nación no probó la responsabilidad del procesado al amparo del estándar exigido para imponer condena penal. Esto, porque los testimonios de la víctima directa y de su señora madre rendidos en la etapa de juicio oral, contradecían las versiones entregadas en entrevista a la Policía Judicial. Hubo retractación. Se relaciona el siguiente aparte relevante de la sentencia penal: «(…) no cabe duda en el presente caso se ha establecido a través del juicio oral los testimonios de la menor víctima y de su madre y denunciante, en los cuales contraviene las declaraciones que habían rendido en entrevista, pero que para el efecto este juzgado sólo debe tener en cuenta las que a través del principio de inmediación fueron oídas ante este juzgado, y que por otro lado tampoco fueron impugnadas dentro del juicio oral, aunado a que se estableció una razón

a través del principio de inmediación fueron oídas ante este juzgado, y que por otro lado tampoco fueron impugnadas dentro del juicio oral, aunado a que se estableció una razón justificada de la contradicción de las 2 versiones y que se debió a una percepción equivocada de lo acontecido por parte de la madre de la menor dado el estado de celo y desconfianza que tenía como modo de protecc ión para su menor hija, lo que inclusive la llevó a actuar con violencia sobre el presunto agresor, colocando a la menor en un estado de miedo ante la actitud agresiva de su madre. (…) todo lo anterior abre paso a la aplicación del principio de indubio pro reo, porque no pudo demostrarse en el juicio que los hechos denunciados sean de responsabilidad del procesado, más cuando la información incriminadora quedó reducida en últimas pruebas de referencia recogidas sin inmediación judicial, conforme a ello habiendo quedado en duda la ejecución de los ataques sexuales atribuidos al acusado, procede el juzgado a absolverlo del delito por el cual se le acusó (…)» 2.2. Debido a lo anterior, el señor Gabriel Bohórquez Sierra y otros presentaron demanda en ejercicio del me dio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial, y, como consecuencia de ello, se le condenara al

3 Págs. 9 y 10 del escrito de tutela. Expediente digitalizado de la acción de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante: Gabriel Bohórquez Sierra

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3 Págs. 9 y 10 del escrito de tutela. Expediente digitalizado de la acción de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante: Gabriel Bohórquez Sierra

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pago de los perjuicios causados, por la privación injusta de la libertad antes relatada. El proceso fue identificado con el radicado Nro. 11001-33-36-034-201800129-00/01. 2.3. Del asunto conoció en primera instancia, el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 6 de julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Como fundamento de su decisión expuso, conforme a la valoración de las pruebas del proceso, que la Fiscalía General d e la Nación y la Rama Judicial contaban con suficiente material probatorio para inferir, en esa etapa procesal, una posible responsabilidad del hoy accionante en los hechos investigados. Agregó que, el principio pro infans exige que en las decisiones judic iales prevalezcan las acciones de protección de los niños y niñas. En esa línea, el análisis conjunto de las pruebas del proceso, del mencionado principio y de la normativa aplicable llevaban a la imposición de la medida de aseguramiento en el caso particular. Finalmente, expuso que no se probó la responsabilidad del Inpec por la alegada prolongación injustificada de la privación de la libertad del demandante. 2.4. La decisión fue recurrida en apelación por la parte demandante, quien alegó

Finalmente, expuso que no se probó la responsabilidad del Inpec por la alegada prolongación injustificada de la privación de la libertad del demandante. 2.4. La decisión fue recurrida en apelación por la parte demandante, quien alegó que sí se probó la antijuridicidad del daño y la responsabilidad extracontractual de las entidades demandadas. Enfatizó en la falta de rigor de una de las pericias psicológicas que afectó el análisis del caso penal tal y como lo reconoció el Juzgado Penal con Función de Cono cimiento. En esa línea, también resaltó que las autoridades encargadas de la investigación, de la imposición de la medida y del juzgamiento debieron advertir las incongruencias en el relato de la madre y de la menor supuestamente abusada. Adicional a lo anterior, manifestó que no correspondía al juez de lo contencioso analizar los actos pre procesales debido a que ellos son exclusiva competencia del juez penal, quien, declaró la inocencia del investigado. También se pronunció frente a la responsabilidad del Inpec y reiteró su responsabilidad por la omisión para trasladarlo a las diligencias y audiencias de su juicio penal. 2.5. En sentencia del 10 de noviembre de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda. Dijo que no se acreditó que la privación de la libertad hubiera sido injusta, pues la evidencia física y elementos probatorios recolectados por la Fiscalía General de la Nación permitían imponer la medida de aseguramiento al amparo de la normativa aplicable. Relativo a la responsabilidad del Inpec, manifestó que no se probó negligencia

probatorios recolectados por la Fiscalía General de la Nación permitían imponer la medida de aseguramiento al amparo de la normativa aplicable. Relativo a la responsabilidad del Inpec, manifestó que no se probó negligencia y omisión deliberada de la entidad en el traslado del procesado a las diligencias de su proceso penal, sino que todas las a ctuaciones estuvieron debidamente justificadas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante: Gabriel Bohórquez Sierra

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La sentencia de segunda instancia se notificó a través de mensaje de datos enviado el 22 de noviembre de 2022 al buzón de notificaciones judiciales dispuesto por los sujetos procesales.

3. Fundamentos de la acción 3.1. La parte actora considera que su solicitud supera el requisito de relevancia constitucional porque la providencia judicial accionada afectó sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como los principios de confianza legítima, cosa juzgada, seguridad jurídica y al juez natural. Esto debido a que, en su consideración, en el proceso de reparación directa se demostró que la privación de la libertad que se acusa no tuvo sustento probatorio, por lo que debía declararse la responsabilidad del Estado acorde con el precedente judicial aplicable. 3.2. Relativo a las causales especiales de procedibilidad considera que la providencia judicial acusada materializa defecto fáctico por indebida valoración probatoria y defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en los argumentos que pasan a exponerse.

providencia judicial acusada materializa defecto fáctico por indebida valoración probatoria y defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en los argumentos que pasan a exponerse. 3.2.1. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria. En consideración del actor, si el Tribunal Administrativo de Cundinama rca hubiera valorado correctamente las pruebas del proceso, habría llegado a la conclusión de que el señor Bohórquez Sierra fue injustamente privado de la libertad. Esto, comoquiera que del material probatorio recolectado por el ente investigador no derivaba información que permitiera construir una inferencia razonable de su participación en el delito que se le imputó. 3.2.2. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado. El actor considera que las autoridades judiciales accionadas desconocieron las reglas jurisprudenciales creadas en la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, por la Sección Tercera del Consejo de Estado y ratificada, por la misma Sección, en sentencia ordinaria del 9 de julio de 20214. Entre ellas, aquella r elativa a que el juez de lo contencioso, al decidir la configuración del hecho de la víctima en casos de responsabilidad extracontractual del Estado por eventos de privación de la libertad, no puede considerar las circunstancias pre procesales a la investigación penal en la que se absolvió al procesado. De lo contrario, estaría el juez desconociendo la presunción de inocencia del investigado y el principio de cosa juzgada que se predica de la sentencia penal.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. El 24 de mayo de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió

presunción de inocencia del investigado y el principio de cosa juzgada que se predica de la sentencia penal.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. El 24 de mayo de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Gabriel Bohórquez Sierra contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y vinculó, en calid ad de terceros con interés, a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; y a los señores Keiner Sebastián Bohórquez Jiménez, Nelly

Sierra Carvajal, Pedro Alfonso Bohórquez Ortiz, Jorge Luis Bohórquez Sierra, Nancy Bohórquez Sierra y Timoleón Bohórquez Río. Entidades que

4 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante: Gabriel Bohórquez Sierra

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformaron el extremo pasivo de la demanda de reparación directa Nro. 11001-33-36-034-2018-00129-01 4.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto del ponente de la decisión, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no supera el requisito de relevancia constitucional. Dijo que el actor toma el mecanismo constitucional como una instancia adicional para exponer los desacuerdos con la providencia que no le fue favorable.

declare la improcedencia de la acción de tutela porque no supera el requisito de relevancia constitucional. Dijo que el actor toma el mecanismo constitucional como una instancia adicional para exponer los desacuerdos con la providencia que no le fue favorable. Agregó que no se hicieron reparos concretos frente a la valoración de las pruebas del proceso, sino que apenas se ventilaron apreciaciones subjetivas en relación con las conclusiones probatorias. Precisó que no se valoró la conducta pre procesal del señor Bohórquez Sierra, sino que se realizó el estudio de la antijuridicidad del daño, el cual no involucra juicio en torno al dolo o culpa civil. 4.3. El Juzgado 34 Administrativo del Circu ito de Bogotá , por conducto del titular del despacho, reprochó que la acción de tutela se utilice para discutir, como si se tratara de una instancia adicional, los argumentos que ya fueron estudiados y decididos por los jueces de instancia. Por lo anterior , considera que la petición de amparo carece de relevancia constitucional. 4.4. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec , por conducto de profesional especializado de la entidad, solicitó que se le desvincule de este proceso constitucional comoquiera que los hechos y pretensiones de la acción de tutela refieren a actuaciones judiciales y no involucra las competencias del Inpec. 4.5. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expus o que el asunto no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte accionante tenía a disposición otros mecanismos judiciales para la protección de sus derechos, y no indicó

de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expus o que el asunto no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte accionante tenía a disposición otros mecanismos judiciales para la protección de sus derechos, y no indicó las razones para no haberlos interpuesto, ni expuso un perjuicio irreme diable que justificara la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar su consumación. En este acápite de procedibilidad, también acusó que la tutela no cumple con el presupuesto de relevancia constitucional ya que la intención de la parte actor a es interponerla para recuperar oportunidades procesales perdidas. Finalmente, expresó que la providencia acusada está conforme al precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU 072 de 2018.

5. Providencia impugnada En sentencia de l 23 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela. Dijo que la controversia propuesta en la demanda no refiere a un escenario de vulneración de derechos fundamentales, sino a la mera inconformidad con la decisión que adoptó la accionada y que afectó su expectativa litigiosa.

Explicó que, aunque en la acción de tutela se enuncia la afectación de varios derechos fundamentales, carece de desarrollo argumentativo sobre las razones por las que estiman la afectación desproporcionada del núcleo esencial de los derechosRadicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co invocados. Ni siquiera cumplió con la carga argumentativa de señalar en cuál de las dos dimensiones del defecto fáctico se enmarca la censura probatoria que atribuye al Tribunal accionado. En relación con el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicia l, manifestó que la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no constituye precedente sino apenas un antecedente jurisprudencial que no tiene aptitud de fundamentar el mencionado cargo.

6. Impugnación La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela.

El actor hizo énfasis en el defecto fáctico y manifestó que si el Tribunal accio nado hubiera valorado de manera conjunta y minuciosa las pruebas aportadas al proceso de reparación directa habría llegado a la conclusión de que el señor Gabriel Bohórquez Sierra fue privado injustamente de su libertad. En esa línea, advirtió que del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación no era posible extraer inferencia razonable alguna que justificara la medida de aseguramiento.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 5, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6 y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci ón o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos

que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante: Gabriel Bohórquez Sierra

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterad a, la jurisprudencia constitucional 8 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido

los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso

3. Planteamiento del problema jurídico En atención a los antecedentes expuestos, corresponde a esta Sección establecer si le asistió razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de tutela por no acreditar el requisito de relevancia constitucional.

En caso de encontrar que la acción de tutela supera el anterior requisito y los restantes del análisis general de procedibilidad, pasará la Sala establecer si al proferir la sentencia del 10 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C inc urrió en defecto fáctico y en defecto por desconocimiento del precedente constitucional, dentro del proceso de reparación directa objeto de análisis. A efecto de desatar el problema jurídico propuesto, se encuentra pertinente hacer una breve referencia a los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia judicial acusada, porque de allí derivará información contextual determinante para el análisis de los cargos de la acción de tutela.

4. Fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia del 10 de noviembre de

2022 Relativo a los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, el

análisis de los cargos de la acción de tutela.

4. Fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia del 10 de noviembre de

2022 Relativo a los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró acreditado el daño, con la certificación del Inpec. Acto seguido, pasó con el análisis de la antijuridicidad del daño y del elemento de imputación a la luz de las reglas establecidas para casos de privación de la libertad, por la Corte Constitucional en sentencia SU072 de 2018. Es decir que procedió con el análisis de la medida de aseguramiento a la luz de los presupuestos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Destacó que la medida de aseguramiento fue impuesta por el juez con funciones de control de garantías considerando la siguiente evidencia física y material probatorio: (i) la denuncia presentada por la madre de la menor; (ii) el protocolo del informe pericial integral en la investigación practicado a la menor M.N.B.V.; (iii) la historia clínica de la menor; (iv) la entrevista psicológica practicada a la misma en el Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara E.S.E.; (v) la valoración psicológica particular

8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante: Gabriel Bohórquez Sierra

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11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02687-01

Demandante: Gabriel Bohórquez Sierra

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realizada a la misma y (vi) la ampliación de la entrevista realizada a la madre de la menor. El Tribunal destacó que el juez penal con función de garantías consideró que, de los medios de convicción recaudados en esa etapa preliminar del proceso, era posible establecer una inferencia razonable de participación del señor Bohórquez Sierra como autor del ilícito que se le imputó. Esto, comoquiera que eran consistentes y coherentes en relación con las circunstancias de modo y tiempo en la que ocurrieron los hechos. Así las cosas, manifestó que la medida de aseguramiento estuvo debidamente justificada en la evidencia recaudada hasta ese momento del proceso penal y en el principio de prevalencia del interés superior del menor9, comoquiera que el presunto delito se cometió contra la integridad una menor de 14 años. Destacó que si bien, hubo una retractación por parte de la menor presunta víctima y de su madre, lo cierto es que tal situación solo ocurrió en la etapa de juicio oral y en razón a ello el juez de conocimiento dio prevalencia al principio de presunción de inocencia y absolvió al procesado. Pero, aclaró que tal situación no desvirtuaba la razonabilidad de la medida privativa de la libertad en tanto estuvo debidamente motivada y justificada en la información que hasta el momento se había obtenido y

inocencia y absolvió al procesado. Pero, aclaró que tal situación no desvirtuaba la razonabilidad de la medida privativa de la libertad en tanto estuvo debidamente motivada y justificada en la información que hasta el momento se había obtenido y respecto de la cual no era posible prever la retractación. Así las cosas, concluyó: « (…) teniendo en cuenta que i) se probó que la Fiscalía sí adelantó una labor de investigación donde practicó entrevistas, informes periciales y demás pruebas para solicitar la expedición de la medida de aseguramiento, ii) que la medida fue soportada legalmente por parte de la Fiscalía en los medios probatorios existentes y recaudados legalmente, así como en la norma aplicable al caso (Ley 906 de 2004) y iii) que el Juez de Control de Garantías contaba con suficientes pruebas de las cuales se podía inferir razonablemente, y al momento de la imposición de la misma (31 de julio de 2016), que el señor Gabriel Bohórquez Sierra podía ser el autor del delito de actos sexuales abusivos en menor de 14 años, concluye la Sala que el demandante se encontraba en la obligación de soportar el daño ocasionado. En este orden de ideas, resulta claro que la medida de aseguramiento proferida en contra del demandante por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14