CE - 110010315000202302714011SENTENCIA20230828152415

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Impugnación de sentencias de tutela/deber de cumplir con una carga argumentativa mínima

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso; ii) igualdad y iii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 29 de junio de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor , a través de apoderado , presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir los autos de 26 de septiembre de 2022 y de 15 de noviembre de 2022, en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación

proferir los autos de 26 de septiembre de 2022 y de 15 de noviembre de 2022, en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación 110010315000202204601-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de

Boyacá y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja.

4. Indicó que, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 26 de agosto de 2022, inadmitió la demanda y requirió a l apoderado del actor para que allegara el poder especial que lo facultaba para interponer dicha acción, concediéndole para tal efecto el término de tres días.

5. Sostuvo que, el apoderado envió la subsanación de la demanda , mediante correo electrónico de 1.º de septiembre de 2022, en el cual manifestó que anexaba poder especial otorgado por su poderdante, así como la trazabilidad del envío de unos correos electrónicos, que acreditaba n que el poder había sido conferido conforme con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2213 de 13 de junio de 20221, esto es, por medio de mensaje de datos.

6. Manifestó que, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

conforme con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2213 de 13 de junio de 20221, esto es, por medio de mensaje de datos.

6. Manifestó que, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2022 , resolvió rechazar la demanda, al

considerar que:

“[…] Sin embargo, el Despacho advierte que el poder no está suscrito por el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés, ni que hubiera sido otorgado conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, como afirmó el abogado Rodríguez Novoa, pues ninguno de los mensajes de datos que aluden a dicho mandato fue enviado por el señor Guarín Cortés. Por el contrario, lo que se observa es que el mencionado profesional derecho remitió el poder especial a la dirección de correo electrónico [...]@hotmail.com, con el propósito de que aquel se lo devolv iera firmado o que lo enviara con la respectiva aceptación al correo de la Secretaría General de esta Corporación, sin que hubiera podido lograr tal objetivo. De esto da cuenta la trazabilidad de los mensajes de datos aportados al expediente digital […]”.

1 “Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”.25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

disposiciones”.25

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Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

En vista de lo anterior, mediante auto de cúmplase del 7 de septiembre de 2022, el Despacho le solicitó a la Secretaría General del Consejo de Estado, que certificara si, con destino al expediente de tutela de la referencia, se había recibido algún mensaje de datos desde la dirección de correo electrónico [...]@hotmail.com.

El 16 de septiembre siguiente, el secretario general de esta Corporación certificó que «revisado el buzón secgeneral@consejodeestado.gov.co y la cuenta de uso exclusivo para el envío de notificaciones y comunicaciones cegral@notificacionesrj.gov.co, no se encontró mensaje de datos enviado desde la dirección de correo electrónico [...]@hotmail.com». Es por ello que en el expediente digital no obra ningún mensaje de datos o comunicación remitida directamente por el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés, en la que se exprese que le confiere poder al abogado Ricardo Andrés Rodríguez Novoa.

En conclusión, como no se cumplió con lo ordenado en el auto de inadmisión del 26 de agosto del 2022, da do que no se aportó un poder válidamente otorgado por el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés (ni firmado por este, ni acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022), para presentar la solicitud de amparo contra el Juzgado Noveno Administ rativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, se impone rechazar la demanda […]”.

7. Advirtió que, el 22 de octubre del 2022, allegó un memorial en el cual

el Juzgado Noveno Administ rativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, se impone rechazar la demanda […]”.

7. Advirtió que, el 22 de octubre del 2022, allegó un memorial en el cual manifestó, entre otras cosas, “[…] el suscrito accionante ha otorgado poder especial al abogado Ricardo Andrés Rodríguez Novoa ( identificado con cc […] de Tunja y con T.P […] del C.S.J), desde el día martes treinta de agosto de este año, en razón a que con el señor apoderado suscribimos un acuerdo de mandato con el objeto de tramitar la totalidad de la acción constitucional que su honorable despacho estudia […]”; memorial frente al cual, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 24 de octubre de 2022, se pronunció en el sentido de indicar que “[…] como se advirtió en las oportunidades procesales correspondientes, tal poder no fue aportado con la demanda de tutela ni en el plazo concedido para que la subsanara, razón por la cual se rechazó. De ahí que, culm inado el proceso de tutela por haberse rechazado la demanda, no es procedente reabrirlo, como pretende el memorialista cuando pide que «se descarte cualquier yerro en la concesión de las facultades previstas en el artículo 76 de la Ley 1564 de 2012 al mencionado abogado». Por la misma razón, esto es, porque el proceso ya finalizó, tampoco es posible acceder a la solicitud de tramitar la acción de tutela como si hubiera sido presentada en nombre propio […]”.

8. Adujo que, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra

tampoco es posible acceder a la solicitud de tramitar la acción de tutela como si hubiera sido presentada en nombre propio […]”.

8. Adujo que, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra las decisiones mencionadas supra, toda vez que, a su juicio, la subsanación de la demanda había sido tramitada en los términos de Ley y el poder había sido otorgado en debida forma.25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

9. Señaló que, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de auto del 15 de noviembre de 2022, resolvió “[…] Rechazar por improcedente los recursos formulados por la parte accionante […]”, por las

siguientes razones:

“[…] Más allá de las razones que expone el abogado sobre el cumplimiento del requisito sobre el poder exigido desde el 26 de agosto de 2022, el Despacho no se detendrá en dicho análisis, puesto que ese tema se encuentra suficientemente debatido y definido en las providencias anteriores, d e manera que circunscribirá su análisis a verificar la procedencia de los recursos invocados.

Bajo ese entendido, se constata que los recursos alegados son improcedentes, debido a que, la Corte Constitucional ha reiterado en varias oportunidades «que son inadmisibles los recursos no contemplados taxativamente en el Decreto 2591 de 1991 artículo 31 -impugnación-, en vista de que para el trámite de aquellos se exige cierta técnica y formalidad». De suerte que, la providencia que rechazó la tutela no es

artículo 31 -impugnación-, en vista de que para el trámite de aquellos se exige cierta técnica y formalidad». De suerte que, la providencia que rechazó la tutela no es susceptible de ningún recurso, y los fundamentos normativos que invoca la parte se refieren exclusivamente al fallo y no al rechazo de la demanda.

Por lo demás, el Despacho se remite a los argumentos contenidos en los autos del 26 de agosto de 2022, 26 de sep tiembre de 2022, y 24 de octubre de 2022, en los que se resolvió sobre la inadmisión, el rechazo y la posibilidad de tramitar la tutela ante el incumplimiento del requisito del poder [...]”.

10. Indicó que, e l 13 de diciembre de 2022 , el proceso fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión , autoridad judicial que, mediante providencia de 28 de febrero de 2023 , resolvió no seleccionar el expediente para revisión.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Se declare que la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia del señor SAULO FLAVIANO GUARÍN CORTÉS.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, y con el objeto de amparar los derechos conculcados, se deje sin efectos el auto de 26 de septiembre de 2022.25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

amparar los derechos conculcados, se deje sin efectos el auto de 26 de septiembre de 2022.25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

TERCERA: Se ordene a la autoridad accionada que, en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que se notifique la sentencia, se profiera auto admisorio de la acción de tutela presentada por el señor SAULO FLAVIANO GUARÍN CORTÉS en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja.” [...]”.

12. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto procedimental absoluto , por las siguientes

razones:

“[...] Este defecto se configura por cuanto el despacho accionado incurrió en varias irregularidades, apartándose del procedimiento ordinario de la acción de tutela, con las siguientes actuaciones:

1. Archivó el expediente apenas minutos después de que se notif icara el auto de rechazo de la tutela, sin esperar a que este quedara ejecutoriado.

1. Determinó que en contra del auto de rechazo de la acción de tutela no procedía ningún recurso (incluso rechazando los interpuestos), siendo que la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó en la sentencia C-483 de 2008, que contra el auto que rechaza la demanda de tutela procedía el recurso de impugnación.

1. Ignorar la interposición del recurso el 6/10/2023, por un error secretarial (que tomó la radicación del recurso a través de la ventanilla virtual de SAMAI como una solicitud

1. Ignorar la interposición del recurso el 6/10/2023, por un error secretarial (que tomó la radicación del recurso a través de la ventanilla virtual de SAMAI como una solicitud de acceso al expediente).

1. Determinar que el accionante no actuaba a través de apoderado y que ni siquiera podía actuar en nombre propio (antes de que quedara ejecutoriado el aut o de rechazo), sin observar que el accionante había conferido el poder especial en los términos del artículo 5.o de la Ley 2213 de 2022.

1. No haber admitido la acción de tutela, pese a que su rechazo solo procede de manera excepcional y se habían satisfecho los requisitos para que se profirirera (sic) tal auto.

Todas estas irregularidades se apartaron del procedimiento legalmente establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en la Ley 1564 de 2012 (artículo 302) y en la sentencia C-483 de 2008 […]”.

[…]

“[…] Con las decisiones del despacho, que rechazó el recurso de reposición e impugnación, se limitó el alcance dado por la Corte Constitucional al derecho a impugnar las decisiones judiciales [...]”. (Resaltado por la Sala)

Actuación

13. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado , mediante auto de 25 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

Estado, concediéndole el término de dos (2) días para que rindiera n informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

14. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negar la solicitud

de amparo, al considerar lo siguiente:

“[…] Los señalamientos del actor difícilmente pueden ser considerados como una real situación de fraude que atente contra el ideal de justicia presente en el derecho. En mi criterio, se trata de un simple desacuerdo con la decisión judicial en cuestión y el trámite que se adelantó en aquel proceso de tutela, lo cual resulta insuficiente para considerar que se configuró un fraude […]”.

[…]

“[…] el referido profesional del derecho interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 24 de octubre, los cuales fueron rechazados por improcedentes, con fundamento en la tesis de la Corte Constitucional 2 y de algunas Secciones o Subsecciones de esta Corporación 3, según la cual, dad a la naturaleza de la acción de tutela, no resultan admisibles los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que el único recurso procedente es la impugnación contra la sentencia de primera instancia (art. 31 del Decreto 2591 de 1991).

En suma, el abogado Ricardo Andrés Rodríguez Novoa presentó la acción de tutela,

ley, por lo que el único recurso procedente es la impugnación contra la sentencia de primera instancia (art. 31 del Decreto 2591 de 1991).

En suma, el abogado Ricardo Andrés Rodríguez Novoa presentó la acción de tutela, sin aportar un poder válidamente otorgado por el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés. Tampoco lo hizo durante el término que se le concedió para que corrigiera la demanda, razón por la cual se rechazó. Es más, basta revisar las providencias proferidas en el proceso en cuestión, para constatar que ese asunto fue suficientemente debatido, al punto que todas las inquietudes e inconformidades que aquel expuso quedaron resueltas […]”.

La sentencia impugnada

15. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 29 de junio de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés […]”.

2 Cita del texto original: “Auto 270 del 13 de noviembre de 2002, expediente T -576220, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Decisión reiterada en auto del 228 del 2 de diciembre de 2003, expedientes T -641309, T-650792 y T671376, M.P. Jaime Araújo Rentería”. 3 Cita del texto original: “Ver, entre otras, las siguientes providencias: (i) auto del 22 de abril de 2019, expediente

201900427-00, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, y (ii) auto del 24 de agosto de 2020, expediente 201905237-00, M.P. Nicolás Yepes Corrales.”25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

15.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Justamente, por la negativa en conceder los recursos interpuestos, es que el actor considera que se configura el defecto procedimental porque considera que dicha postura “se apartó del procedimiento legalmente establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en la Ley 1564 de 2012 (artículo 302)” y, a su vez, dejó de lado lo estipulado en la sentencia C -483 de 2008 pues con el rechazo de los recursos interpuestos, se limitó el alcance dado por la Corte Constitucional al derecho de impugnar las decisiones judiciales.

En relación a la posibilidad de impugnar o controvertir el rechazo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en Auto 001 de 1993 indicó que […] Con fundamento en lo anterior, en sentencia C-483 de 2008, la Sala Plena de la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, precisó […]”.

[…]

“[…] De esta manera, para la Sala, la posición de la Corte Constitucional se resume en: i) es procedente impugnar la decisión que rechaza la acción de tutela i i) todas las decisiones que pongan fin al proceso de tutela deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión incluso en las que la solicitud de amparo

en: i) es procedente impugnar la decisión que rechaza la acción de tutela i i) todas las decisiones que pongan fin al proceso de tutela deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión incluso en las que la solicitud de amparo haya sido rechazada, razón por la que no se debe archivar el trámite de tutela pues esto vulneraría el derecho de acceso a la administración de justicia iii) el trámite de revisión garantiza el control de legalidad de las decisiones judiciales proferidas en el trámite de tutela y, además, resguarda el principio de seguridad jurídica p orque en dicho trámite la Corte estima si fueron garantizados o no los derechos fundamentales de las partes […]”.

[…]

“[…] Conforme con lo expuesto, la Sala concluye que se cumplió el deber de enviar a la Corte Constitucional dicho asunto para su eventual revisión y, justamente, en ese trámite, la Corte decidió excluirlo de selección para revisión, decisión que, se entiende, obedeció a que no se encontraron vulnerados los derechos del actor con el rechazo de la demanda de tutela por no allegar el poder solicitado por la autoridad judicial demandada y, tampoco, por no haberle dado trámite a los recursos interpuestos, pues, de lo contrario, se habría tomado una decisión diferente.

En tal sentido, estima la Sala que no se configuró el defecto procedimental toda vez que en dicho trámite se le aseguró al actor el debido proceso toda vez que, si bien la autoridad judicial deman dada tuvo como criterio no dar trámite a los recursos interpuestos, lo cierto es que se cumplió el deber de envío a la Corte Constitucional y así, se garantizó que se diera el control de legalidad de las decisiones que se

la autoridad judicial deman dada tuvo como criterio no dar trámite a los recursos interpuestos, lo cierto es que se cumplió el deber de envío a la Corte Constitucional y así, se garantizó que se diera el control de legalidad de las decisiones que se dictaron en ese asunto por parte de esa Corporación […]”.25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

La impugnación

16. El actor, mediante escrito recibido el 12 de julio de 2023 4 en la Secretaría General de esta Corporación, impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“[…] En mi condición de apoderado del señor demandante dentro del proceso de la referencia, respetuosamente me permito interponer recurso de impugnación para que sea decidido por la sección que le corresponda. Los argumentos de esta oposición serán expuestos ante los honorables magistrados que conozcan del recurso […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el

20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

4 Cfr. Índice 19 de Samai. Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_JEIMYTATIAN(.pdf ) NroActua 19”. Archivo en medio magnético. 5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''. 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

Problemas Jurídicos

8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

Problemas Jurídicos

19. En el caso sub examine , los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar sí es procedente conocer y decidir de fondo la impugnación presentada contra la sentencia de tutela proferida 29 de junio de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado ; y de ser así, ii) establecer si, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales y especiales de procedibilidad contra providencias judiciales.

20. Para resolver est os problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) la impugnación de las sentencias de tutela; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iii) marco normativo y jurisprudencial d el derecho fundamental a la igualdad ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia ; v) análisis del caso en concreto y, finalmente vi) las conclusiones de la Sala.

La impugnación de las sentencias de tutela

21. El artículo 31 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 9 prevé lo

siguiente:

“[…] Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impu gnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión […]”.

22. De conformidad con la norma expuesta supra, dentro del marco de la acción de tutela se establece el derecho a la doble instancia en donde el actor podrá, por medio del respectivo escrito de impugnación, que su caso sea estudiado y revisado por otro juez constitucional, contando, además, con la posibilidad de que la sentencia de tutela adversa a sus pretensiones sea revisada eventualmente por la

9 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

Corte Constitucional. La Corte Constitucional, frente al alcance de la impugnación, consideró que10:

“[…] La jurisprudencia constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que la doble instancia guarda estrecha relación con el debido proceso como forma de garantizar la recta administración de justicia, y se constituye en un mecanismo para que el superi or jerárquico de la autoridad judicial que realizó el pronunciamiento, evalúe los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva, bien sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia […]”.

23. Debe señalarse, además, que el derecho a la doble instancia dentro del marco de la acción de tutela constituye uno de los principales pilares del Estado

confirmando o revocando la sentencia de primera instancia […]”.

23. Debe señalarse, además, que el derecho a la doble instancia dentro del marco de la acción de tutela constituye uno de los principales pilares del Estado Social de Derecho, toda vez que garantiza, en forma eficaz y plena, el derecho fundamental de defensa al permitir que el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda adoptar una nueva decisión judicial, estudiando y revisando las pruebas y los argumentos jurídicos planteados por el impugnante.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

24. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

25. Atendiendo a que, la Corte Constitucional11 ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud

a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud

10 Corte Constitucional, Auto 235 de 13 de julio de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. 11 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.25

Núm. único de radicación: 110010315000202302714-01

Actor: Saulo Flaviano Guarín Cortés

del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la jus ticia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

26. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán

26. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

27. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha entendido que el derecho a la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las l