CE - 110010315000202302732001SENTENCIA20230630141550

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02732-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: RAÚL GIOVANNY VÉLEZ MARTÍNEZ

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL DEFECTO POR

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL INVOCADO, NO TIENE

VOCACIÓN DE PROSPERIDAD, EN LA MEDIDA EN QUE LA AUTORIDAD

JUDICIAL ACCIONADA FUNDAMENTÓ SU DECISIÓN PRECISAMENTE EN LA

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL

ASUNTO. EL ACTOR NO ARGUMENTÓ CON DETALLE CUÁLES ERAN LAS

RAZONES POR LA CUALES LA PARTE DEMANDADA INCURRIÓ EN UNA

VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN Y EN UN DEFECTO

PROCEDIMENTAL ABSOLUTO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA

IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL

TRABAJO, A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E” - DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E” - DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02732-00

Actor: RAÚL GIOVANNY VÉLEZ MARTÍNEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor RAÚL GIOVANNY VÉLEZ MARTÍNEZ , actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la dignidad humana y a la seguridad social los cuales, a su juicio, le s fueron vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la sentencia de segunda instancia de 25 de noviembre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-42-049-2018-00313-01.

I.2.- Hechos

Señaló que el 1o. de septiembre de 2003 2 ingresó a la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA3, luego de aprobar todos los exámenes psicofísicos requeridos para su vinculación.

2 De conformidad con el Extracto de Hoja de Vida del Grupo de Reubicación Laboral Retiros Rditah,

NACIONAL DE COLOMBIA3, luego de aprobar todos los exámenes psicofísicos requeridos para su vinculación.

2 De conformidad con el Extracto de Hoja de Vida del Grupo de Reubicación Laboral Retiros Rditah, visible en los antecedentes administrativos del proceso ordinario identificado con el número único de radicación 11001-33-42-049-2018-00313-01, en el índice núm. 11 del expediente. 3 En adelante la POLICÍA.3

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Indicó que el 4 de mayo de 2006, teniendo el grado de Patrullero y desarrollando actividades de seguridad como miembro de la base de patrulla del Escuadrón Móvil de Carabineros -EMCARnúm. 21 del Departamento de Policía de Nariño, fue sujeto de un ataque subversivo por parte de integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, en el cual se le ocasionó varias lesiones en su cráneo y politraumatismos en su cuerpo como consecuencia de varias esquirlas de granada que lo impactaron , lo anterior debidamente docum entado en e l Informe Administrativo núm. 013 de 17 de mayo de 2006 y la Calificación del Informe Administrativo núm. 084 de 4 de diciembre de 2015, expedidos por el Comandante del Departamento de Policía de Nariño.

núm. 013 de 17 de mayo de 2006 y la Calificación del Informe Administrativo núm. 084 de 4 de diciembre de 2015, expedidos por el Comandante del Departamento de Policía de Nariño.

Adujo que como consecuencia de sus lesiones el 21 de enero de 2014 solicitó la Convocatoria de una Junta Médico Laboral Militar o de Policía ante el Jefe de Sanidad de la POLICÍA, razón por la cual el 15 de febrero de 2017 fue llevada a cabo la misma e identificada con el núm. 1162 que le determinó una pérdida de capacidad laboral del 36.12% como causa de las lesiones “[…] 1. HERIDA CRÁNEO,

POLITRAUMATISMO BLANDOS SIN SECUELAS VALORABLES. 2.

DISECTOMIA LUMBAR L5-S1 MID LIF L5-S1. 3. RADICULOPATIA L5S1 DERECHA 4. NEUROSIS DEPRESIVA, TRASTORNO DE4

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PERSONALIDAD […]” y, asimismo, estableció que no era apto para la actividad policial, por lo que no recomendó su reubicación laboral.

Sostuvo que in conforme con los anteriores resultados , solicitó su revisión al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y Policía por lo

actividad policial, por lo que no recomendó su reubicación laboral.

Sostuvo que in conforme con los anteriores resultados , solicitó su revisión al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y Policía por lo que a través del Acta núm. 62305 de 6 de diciembre de 2017, modificó la referida Junta Médico Laboral Militar o de Policía en el sentido de tener como enfermedad común la afección “neurosis depresiva y trastorno de la personalidad ” y no como accidente de trabajo.

Arguyo que mediante Oficio de 29 de marzo 2018 la POLICÍA le solicitó que se presentara ante la Jefatura de Talento Humano de la Policía Metropolitana de Bogotá con el fin de notificarle la Resolución núm. 01171 de 9 de marzo de 2018, “ Por la cual se retira del servicio activo por Dis minución de la Capacidad Sicofísica a un Patrullero de la Policía Nacional ”, por lo que siguiendo esas instrucciones el 4 de abril de 2018 se dirigió a esas instalaciones para ser notificado.

Puso de presente que la anterior notificación se surtió con posterioridad a la del Acta núm. 62305 de 2017, esto es, el 12 de5

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diciembre de 2017, razón por la cual, a su juicio, se vulneró el artículo

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diciembre de 2017, razón por la cual, a su juicio, se vulneró el artículo 7 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000 4, comoquiera que debía ser retirado del s ervicio dentro de los tres meses de vigencia de dicho concepto psicofísico.

Resaltó que la citada Resolución no le reconoció el derecho pensional por invalidez ni la prestación de servicios médicos especializados para el tratamiento de sus patologías, como tampoco accedió a su reubicación laboral sin explicar las razones para ello. Asimismo, indicó que tiene la carga económica de su familia la cual está compuesta por su compañera permanente y su hijo menor de edad, por lo que se ve afectado su mínimo vital.

Advirtió que debido a lo anterior, el 15 de agosto de 2018 promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, con el fin de que se declarara la nulidad de Resolución núm. 01171 de 9 de marzo de 2018, “Por la cual se retira del servicio activo por Disminución

4 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa

administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y perso nal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.6

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de la Capacidad Sicofísica a un Patrullero de la Policía Nacional”.

Manifestó que a la demanda le fue asignado el número único de radicado 11001-33-42-049-2018-00313-01 y le correspondió por reparto al JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 5 que, en sentencia de 21 de agosto de 2020, denegó las pretensiones de la demanda.

Puso de presente que contra la anterior decisión inter puso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 25 de noviembre de 2022, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la providencia emitida por el TRIBUNAL incurrió en un desconocimiento del precedente, en la violación directa a la Constitución y en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

5 En adelante el JUZGADO.7

desconocimiento del precedente, en la violación directa a la Constitución y en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

5 En adelante el JUZGADO.7

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Indicó respecto de l desconocimiento del precedente que la autoridad judicial accionada desconoció las sentencias T-382 de 2 de noviembre de 20226, SU-053 de 12 de febrero de 20157, SU-354 de 25 de mayo de 20178, SU-035 de 3 de mayo de 20189, SU-380 de 3 de noviembre de 202110, SU-087 de 9 de marzo de 202211, T-153 de 15 de abril de 201512 y T-146 de 13 de marzo de 201413 proferidas por la Corte Constitucional , las cuales reconocieron la estabilidad laboral reforzada para miembros de las instituciones castrenses que fueron retirados con ocasión a una disminución de su capacidad laboral menor al 50%.

Trajo a colación, asimismo, las sentencias C-531 de 10 de mayo de 200014, T-286 de 25 de junio de 201915, T-597 de 26 de septiembre de 201716, T-440 de 13 de julio de 201717 y T-382 de 13 de junio de 201418 proferidas por la Corte Constitucional, que protegen el

de 201716, T-440 de 13 de julio de 201717 y T-382 de 13 de junio de 201418 proferidas por la Corte Constitucional, que protegen el derecho a la estabilidad laboral reforzada de miembros de la fuerzas

6 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 7 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 8 M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. 9 M.P, José Fernando Reyes Cuartas. 10 M.P. Diana Fajardo Rivera. 11 M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 12 M.P. Mauricio González Cuervo. 13 M.P. Mauricio González Cuervo. 14 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 15 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 16 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 17 M.P. Diana Fajardo Rivera. 18 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.8

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militares que fueron retirados del ser vicio activo luego de ser calificados como no aptos y en especial la T-328 de 19 de septiembre de 202219 que establece que bajo esa garantía se debe priorizar la reubicación de la persona y no su desvinculación.

Adujo en cuanto a la violación directa a la Constitución que el TRIBUNAL desconoció los artículos 1 °, 2°, 4°, 5°, 6°, 14, 16, 25,

Adujo en cuanto a la violación directa a la Constitución que el TRIBUNAL desconoció los artículos 1 °, 2°, 4°, 5°, 6°, 14, 16, 25, 47, 53, 54, 86, 83 , 95, 217 y 334 de la Carta Política, al igual que los tratados y convenios que hacen parte del bloque de constitucionalidad, esto es, la C arta de las Naciones Unidas, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unid as, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), los c onvenios núms. 111 sobre la discriminación (e mpleo y ocupación ) 1958 y 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, los cuales, a su juicio, se deben de tener en cuenta para la protección de sus d erechos fundamentales al ser una persona herida en combate.

19 M.P. Natalia Ángel Cabo.9

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Manifestó de manera general frente al defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto que se incurre cuando existe un excesivo apego a las previsiones legales que terminan obstaculizando la materialización de derechos sustanciales el cual puede ser corregido por el Juez Constitucional siempre y cuando se

absoluto por exceso ritual manifiesto que se incurre cuando existe un excesivo apego a las previsiones legales que terminan obstaculizando la materialización de derechos sustanciales el cual puede ser corregido por el Juez Constitucional siempre y cuando se evidencia la vulneración de derechos fundamentales.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…]

4PRETENSIONES

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO

PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA SEGURIDAD SOCIAL EN

CONEXIDAD CON LA DIGNIDAD HUMANA, A LA VIDA DIGNA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA , vulnerados al accionante, lo cual afecta directamente su derecho fundamental al TRABAJO.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la providencia del H.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E” el cual profirió sentencia de segunda instancia el día 25 de noviembre de 2022, notificada vía correo electrónico el dia 01 de diciembre de 2022, dentro del EXP: 110013342049-2018-00-313-01, mediante la cual resolvió entre otros, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la misma, Impetrada por el accionante.10

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Actor: RAÚL GIOVANNY VÉLEZ MARTÍNEZ

el accionante.10

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TERCERO: ORDENAR al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E, dentro del EXP: 110013342049-2018-00-313-01, qué profiera una nueva sentencia, en la cual se haga una valoración adecuada del precedente judicial, y pruebas existentes en el expediente.

[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia , toda vez que no cumple con los requisitos generales de procedibilidad, esto es, que tenga relevancia constitucional y que se hayan agotados todos los medios de defensa judicial por parte del actor.

Señaló que lo que pretende el actor es utilizar la presente solicitud de amparo como una tercera instancia para revivir un debate jurídico que ya fue superado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 -33-42-049-2018-00313-01, pues en este se analizó ampliamente la situación fáctica del actor y se resolvió el problema jurídico tanto en primera como en segunda instancia, razón por la cual, a su juicio, el asunto carece de relevancia constitucional.11

analizó ampliamente la situación fáctica del actor y se resolvió el problema jurídico tanto en primera como en segunda instancia, razón por la cual, a su juicio, el asunto carece de relevancia constitucional.11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02732-00

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Indicó que el actor tenía a su alcance el recurso extraordinario de revisión que procede contra la sentencia ejecutoriada de segunda instancia; sin embargo, no lo interpuso.

Adujo que confirmó la decisión de primera instancia mediante la cual el JUZGADO denegó las pretensiones de la demanda y aclaró que el hecho de que la Resolución núm. 01171 de 2018, se expidió con posterioridad a la notificación del Acta núm. 62305 de 2017 del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y Policía, no implicaba su nulidad. Asimismo, manifestó que no era posible la reubicación laboral del actor conforme al estudio realizado por las autoridades médico laborales que concluyeron que no conta ba con aptitudes, destrezas en áreas administrativas, de docencia o de instrucción que le permitieran seguir vinculado a la POLICÍA.

Advirtió que la POLICÍA, parte demandada en el medio de control que dio origen a la acción de tutela de la referencia, cumplió con todos los preceptos legales que hacen efectiva la garantía de la estabilidad laboral reforzada, conforme a la historia laboral del actor

Advirtió que la POLICÍA, parte demandada en el medio de control que dio origen a la acción de tutela de la referencia, cumplió con todos los preceptos legales que hacen efectiva la garantía de la estabilidad laboral reforzada, conforme a la historia laboral del actor y además se evidenció que no era posible su reubicación laboral, por lo que, a su juicio, se acreditaron las reglas de la sentencia C-381 de12

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12 de abril de 200520 proferida por la Corte Constitucional , para el retiro de la Fuerza Pública.

Sostuvo que la estabilidad laboral reforzada no es absoluta y no implica que no pueda ser retirado o sea inamovible, como lo señala la sentencia T-373 de 12 de septiembre de 201821 traída a colación en el recurso de apelación del proceso ordinario que indica que para ser retirado del servicio como consecuencia de una disminución de la capacidad sicofísica se debe realizar una valoración de las condiciones de salud, habilidades, destrezas y capacidades del afectado para establecer si existen actividades que podría cumplir en la Institución Castrense que sea posible su r eubicación, lo que en efecto sucedió en el caso concreto.

Concluyó que en vista de lo anterior no desconoció el precedente en la sentencia censurada sino , por el contrario , estudió las normas

efecto sucedió en el caso concreto.

Concluyó que en vista de lo anterior no desconoció el precedente en la sentencia censurada sino , por el contrario , estudió las normas constitucionales y legales así como los pronunciamientos jurisprudenciales aplicables a los hechos que fundamentaron las pretensiones de la demanda, razón por la cual consideró que la POLICÍA cumplió con la protección de la estabilidad laboral

20 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 21 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.13

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reforzada del actor, máxime si de su historia laboral se evidenció que estuvo incapacitado por más de cinco años consecutivos, tiempo que no prestó sus servicios a la Fuerza Pública, no obstante, le brindaron todas las garantías para la atención de sus enfermedades y los tratamientos médicos pertinentes.

Finalmente, puso de presente que la sentencia censurada no le vulneró ningún derecho fundamental al actor, pues se profirió conforme a la normativa aplicable pa ra la prestación reclamada y analizando todas las pruebas aportadas y legalmente incorporadas al plenario, al igual que la J urisprudencia proferida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés

plenario, al igual que la J urisprudencia proferida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que lo que pretende el actor es utilizar la presente soli citud de amparo como una tercera instancia para revivir un debate jurídico que ya fue superado al interior del proceso ordinario identificado con el número único de radicación 11001-33-42-049-2018-00313-01.

Indicó que no le vulneró ningún derecho fundamental al actor, habida cuenta que las decisiones proferidas en el curso del proceso ordinario14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02732-00

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estuvieron acorde a la normativa aplicable al caso y del análisis de las pruebas allegadas al proceso.

I.5.3.- La POLICÍA, vinculada en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, sostuvo que la sentencia de 25 de noviembre de 2022 proferida por el TRIBUNAL no le vulneró derecho fundamental alguno al actor, comoquiera que dicha decisión tuvo en cuenta la legislación aplicable al régimen especial de la Fuerza Pública, esto es, el Decreto 1796 de 2000 y el materia probatorio allegado al proceso.

Manifestó que de igual forma la autoridad judicial accionada revisó

tuvo en cuenta la legislación aplicable al régimen especial de la Fuerza Pública, esto es, el Decreto 1796 de 2000 y el materia probatorio allegado al proceso.

Manifestó que de igual forma la autoridad judicial accionada revisó estrictamente el procedimiento de retiro que le realizó al actor, teniendo en cuenta las actas núms. 1162 de 15 de f ebrero y 62305 de 6 de diciembre de 2017, expedidas por la Junta Médico Laboral Militar o de Policía y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y Policía, respectivamente, que lo declararon no apto para el servicio institucional y no recomendaron su reubicación laboral.

Resaltó que respecto de la reubicación laboral el actor no acreditó estudios o certificaciones como prueba para que fuera posible su reubicación laboral y además que la disminución de su capacidad15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02732-00

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sicofísica que padece el accionante afecta directamente a las actividades que debe realizar como miembro de la POLICÍA.

Adujo que pese a que el actor alegó que su situación económica se ha visto afectada, lo cierto es que luego de surtirse el retiro de la relación lab oral el mismo individuo debe realizar las actividades pertinentes para su sostenimiento, toda vez que su retiro se dio en debida forma de conformidad con el Decreto 1796 de 2000.

relación lab oral el mismo individuo debe realizar las actividades pertinentes para su sostenimiento, toda vez que su retiro se dio en debida forma de conformidad con el Decreto 1796 de 2000.

Indicó que el TRIBUNAL tuvo en cuenta las sentencia T-382 de 2022, T-373 de 2018, T-597 de 2017 y T-499 de 2 de diciembre de 202022, proferidas por la Corte Constitucional y que además no le eran aplicables las providencias alegadas como desconocidas por el actor, pues no fue parte dentro de esos asuntos y los efectos de las mismas son inter partes.

Señaló que el actor y su núcleo familiar no se encuentran desprotegidos frente a la prestación del servicio de salud, pues si no se cuentan con los recursos económicos que le permitan sufragar sus gastos médicos estos los cobija el Sistema General de Salud del

22 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.16

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Estado Colombiano en el régimen subsidiado y de igual forma se logró evidenciar, luego de la consultar la base de datos del referidos sistema, que el actor se encuentra afiliado activo de la Caja de Compensación Familiar “COMPENSAR” en el régimen contributivo en condición de beneficiario.

Por último, advirtió que no se evidencia la inminencia, urgencia o gravedad de un perjuicio irremediable para que proceda la acción de

Compensación Familiar “COMPENSAR” en el régimen contributivo en condición de beneficiario.

Por último, advirtió que no se evidencia la inminencia, urgencia o gravedad de un perjuicio irremediable para que proceda la acción de tutela de la referencia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Secc ión el conocimiento de las acciones de tutela.17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02732-00

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02732-00

Actor: RAÚL GIOVANNY VÉLEZ MARTÍNEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los med ios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales19

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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamental