CE - 110010315000202302744001SENTENCIA20230810010206

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA

HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL A LAS PRUEBAS QUE FUERON

ALLEGADAS AL PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL, CON LA FINALIDAD DE

QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la parte actora

contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

1 En adelante la Sección Quinta2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00

Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por la SECCIÓN QUINTA al haber proferido las providencias de 18 y 25 de mayo de 2023, dentro de los medios de control de nulidad electoral identificados con los números únicos de radicación 2022-00285-00 y 2022-00302-00, respectivamente.

I.2.- Hechos

Pese a la falta de claridad de la situación fáctica narrada en el escrito introductorio, la Sala tiene como hechos relevantes para resolver los siguientes:

El actor a firmó que promovió la demanda de nulidad electoral identificada con el número único de radicación 11001-03-28-000-3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00

Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

2022-00285-00 contra el acto de elección de los señores JUAN CARLOS WILLS OSPINA , HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ y AMPARO YANETH CALDERÓN PERDOMO como presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, contenido en el Acta núm. 01 de 2 de agosto de 2022 de la sesión plenaria de dicha Corporación.

Señaló que en el término para pronunciarse sobre las excepciones

de la Cámara de Representantes, contenido en el Acta núm. 01 de 2 de agosto de 2022 de la sesión plenaria de dicha Corporación.

Señaló que en el término para pronunciarse sobre las excepciones manifestó que, de conformidad con las pruebas, se demostraba que el orden del día previsto para la sesión inaugural del 20 de julio de 2022 no se agotó en esa fecha y se contrarió lo establecido en el artículo 80 de la Ley 5 de 17 de junio de 19922. Además, que la intervención de la oposición se llevó a cabo el 20 de julio de 2022, con desconocimiento de lo previsto en los artículos 14 de la Ley 1909 de 9 de julio de 20183 y 13 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral, en la medida en que se efectuó luego de haber sido nombrado el segundo vicepresidente del Senado de la República mas no, una vez finalizó la intervención del Presidente de la República.

2 Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes" 3 “Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes”.4

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

Refirió que, en el término de traslado de las pruebas, se pronunció identificando las horas y minutos de los videos de las sesiones de 20 y 21 de julio y 2 de agosto de 2022 en los que se incurrió en varias

Refirió que, en el término de traslado de las pruebas, se pronunció identificando las horas y minutos de los videos de las sesiones de 20 y 21 de julio y 2 de agosto de 2022 en los que se incurrió en varias irregularidades y, además , porque en las órdenes del día de las reuniones de 21 de julio y 2 de agosto de 2022, se incurrió en yerros que desconocieron lo dispuesto en el Reglamento del Congreso.

Indicó que mediante sentencia de única instancia de 18 de mayo de 2023 proferida por la SECCIÓN QUINTA se declaró la cosa juzgada en relación con la elección de la señora AMPARO YANETH CALDERÓN PERDOMO como secretaria de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y se denegó las pretensiones relacionadas con la nulidad del acto de elección de los señores JUAN CARLOS WILLS OSPINA y HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ , como presidente y vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, respectivamente.

Adicionalmente, puso de relieve que también promovió la demanda de nulidad electoral identificada con el número único de radicación 11001-03-28-000-2022-00302-00 contra el acto de elección de los

señores ÓSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO y JOHN JAIRO5

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

GONZÁLEZ AGUDELO, como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias

Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

GONZÁLEZ AGUDELO, como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes, contenido en el Acta 01 de 9 de agosto de 2022 de la sesión ordinaria de ese órgano.

Sostuvo que e n el término de t raslado de las pruebas en dicho proceso, también se pronunció identificando las horas y minutos de los videos de las sesiones de 20 y 21 de julio y 2 de agosto de 2022 en los que se incurrió en varias irregularidades . Igualmente, hizo referencia a las órdenes del día de las reuniones de 21 de julio y 2 de agosto de 2022 en los que presuntamente se incurrió en yerros que desconocieron lo dispuesto en el Reglamento del Congreso y, además, aseguró que con la elección cuestionada se transgredieron los artículos 6 de la Ley 3 de 24 de marzo de 19924, 2 y 129 de la Ley 5 de 17 de junio de 19925.

Manifestó que mediante sentencia de única instancia proferida el 25 de mayo de 2023, la SECCIÓN QUINTA denegó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.

4 “Por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones”. 5 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”6

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

I.3. Fundamentos de derecho

El actor sostuvo que en el traslado de las pruebas, presentó escrito en el que señalaba las razones por las que consideraba que las elecciones carecían de validez; sin embargo, la autoridad judicial accionada dictó sentencia desconociendo sus argumentos, pues “[…] reconoce expresamente haber emitido una decisión con partes, cargos y presupuestos fácticos y jurídicos idénticos sin siquiera ruborizarse que por percibir ello y coacción de la sustanciadora el accionante dice en sus alegatos de conclusión se mantiene incólume en su pretensión de nulidad aun cuando está segura de que la Sala va negársela […]”.

Adujo que, las providencias cuestionadas “carecen de imparcialidad objetiva”, toda vez que en algunos pronunciamientos convencionales6 y nacionales7, se ha indicado que una decisión es parcial, si la autoridad judicial que la profiere tiene un criterio definido previamente respecto de la controversia que debe resolver , por lo

6 Refirió las sentencias Petro Urrego Vs. Colombia, Tribunal Constitucional Vs. Perú, López Mendoza Vs. Venezuela 7 Refirió el Auto 475 de 2019 y la Sentencia T-266 de 19997

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

cual, quienes la suscribieron “reconocen haber tomado una decisión

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

cual, quienes la suscribieron “reconocen haber tomado una decisión con partes, cargos y presupuestos fácticos y jurídicos idénticos teniendo así una posición predefinida sobre la situación fáctica y la litis objeto de la misma”.

Señaló que “[…] lo dispuesto en el literal d) del numeral 4 del artículo 246, el artículo 130 y el numeral 6 del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso impide dicha garantía convencional ” y, que el artículo 295 de dicho código le permitiría al accionado imponer multas de cinco a diez salarios mínimos de llegar a encontrarla impertinente o improcedente y a ello ya ha sido so penado el accionante en otros procesos a cargo de quien ponencia la sente ncia sub judice además de tener vigentes multas impuestas tras la presentación de solicitudes de recusaciones intencionalmente encaminadas a garantizar esa imparcialidad […]”.

Manifestó que “[…] los motivos de la acción interpuesta son básicamente que el accionando ya había desestimado las irregularidades increpadas en los 11001032800020220028500 y 11001032800020220030200 en otros procesos no habiendo así imparcialidad objetiva a la hora de profer ir las sentencias de los mismos sin posibilidad de argüir ello mediante recusación o nulidad8

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

mismos sin posibilidad de argüir ello mediante recusación o nulidad8

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

y, a su vez, ello propició no haber sido realmente oído el accionante en las etapas procesales de oposición de las excepciones de mérito, previas y/o mixtas y de t raslado probatorio y de alegatos de conclusión […]”.

Aseguró que la presente solicitud de amparo cumpl e con todos los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales.

I.3.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental invocado como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] dejar sin efectos las sentencias proferidas en los procesos con radicado 11001032800020220028500 y 11001032800020220030200 y con ello tales procesos pasen a manos de quienes con decisiones anteriores a las tomadas en dichas sentencias no hayan desestimado o asentido ya la ocurrencia de las irregularidades allí increpadas […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- La SECCIÓN QUINTA sostuvo que la acción de tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de la relevancia9

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

constitucional, bajo el entendido de que lo pretendido por el actor es reabrir el debate del proceso ordinario sin presentar auténticas

Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

constitucional, bajo el entendido de que lo pretendido por el actor es reabrir el debate del proceso ordinario sin presentar auténticas razones sobre la vulneración de garantías de orden constitucional.

Manifestó que lo pretendido por el actor es utilizar la acción de tutela como una tercera instancia, para que se realice un nuevo estudio sobre aspectos de orden legal que fueron debatidos al momento de adoptarse la decisión que se cuestiona.

Precisó que debía tenerse en cuenta que la revisión de providencias judiciales en sede de tutela implica un juicio de validez, mas no de corrección y, en ese sentido, para que haya lugar a la revisión de una decisión por parte del juez constitucional debe demostrarse que es incompatible con el ordenamiento superior.

Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que si bien es cierto que la s providencias cuestionadas son coincidentes con lo decidido en la sentencia dictada dentro del proceso 2022 -00282-00, no es menos cierto que ello obedeció al hecho de que existía identidad fáctica y jurídica en las demandas y, por ende, era procedente que la Sección efectuara la misma interpretación de las normas aplicables, dado que “en virtud del derecho fundamental de igualdad no se podía variar el10

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criterio de definición del problema jurídico, máxime que los argumentos del actor eran similares”.

Sostuvo que el hecho de que se acudiera a los razonamientos y consideraciones de una decisión precedente por no existir elementos

criterio de definición del problema jurídico, máxime que los argumentos del actor eran similares”.

Sostuvo que el hecho de que se acudiera a los razonamientos y consideraciones de una decisión precedente por no existir elementos diferenciadores que dieran lugar a un cambio de postura, no implica la vulneración del derecho al debido proceso del tutelante por falta de imparcialidad.

Concluyó que la decisión cuestionada se basó en la postura acogida previamente por la Sección Quinta de la Corporación, con fundamento en los problemas jurídicos establecidos en el proceso y con base en las pruebas debidamente aportadas al expediente.

I.5.- Intervinientes

I.5.1.- El CONGRESO DE LA REPÚBLICA solicitó denegar las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional de la referencia, toda vez que no se vislumbra la vulneración de derecho fundamental alguno.11

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Afirmó que no se está en presencia de la vulneración de un derecho fundamental, sino de una simple discrepancia de criterio jurídico frente a lo que el actor considera que es el deber ser y las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales legítimamente constituidas.

Sostuvo que el actor realizó interpretaciones subjetivas y propias de las normas que no se acompasan de ningún método de interpretación válido, ni tiene en cuenta las previsiones constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la forma en que la Cámara de Re presentes debe proveer tales dignidades.

las normas que no se acompasan de ningún método de interpretación válido, ni tiene en cuenta las previsiones constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la forma en que la Cámara de Re presentes debe proveer tales dignidades.

Adujo que el actor no logró probar, si quiera sumariamente, que el acto de elección demandado incurriera en ilegalidad o en una violación directa de la Carta Política, más aún, si no hay relación entre las pretensiones y el sustento de estas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de12

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abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia13

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia consti tucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el j uez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades14

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judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuest o en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la in cidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, s in que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.15

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se

necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).16

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En el presente asunto, la Sala advierte que el actor solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, e l cual estima vulnerado por la SECCIÓN QUINTA al haber proferido las providencias de 18 y 25 de mayo de 2023, dentro de los medios de control de nulidad electoral identificados con los números únicos de radicación 2022-00285-00 y 2022-00302-00, respectivamente.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos que denominó “ausencia de imparcialidad objetiva de quienes la profirieron” y “deficiencia en la motivación de la sentencia sub judice que torna ilusorio el actuar procesal” , al resolver desfavorablemente las súplicas de las demandas de nulidad electoral, que promovió contra los actos electorales de (i) la Mesa Directiva y la secretaría de la

ilusorio el actuar procesal” , al resolver desfavorablemente las súplicas de las demandas de nulidad electoral, que promovió contra los actos electorales de (i) la Mesa Directiva y la secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y (ii) la Mesa Directiva de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes.

En efecto, sostuvo que en algunos pronunciamientos convencionales y nacionales se ha indicado que una decisión es parcial, si la autoridad judicial que la profiere tiene un criterio definido17

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previamente respecto de la controversia que debe resolver, tal y como ocurría en las providencias cuestionadas, pues habían resuelto otro proceso con identidad fáctica y jurídica, por lo que tenían una “posición predefinida sobre la situación fáctica y la litis objeto de la misma”.

Asimismo, s eñaló que los artículos 130, 131 y 246 del CPACA impedían “dicha garantía convencional” y que el artículo 295 de ese mismo estatuto, le permitiría a esta Corporación imponer multas al accionante de encontrar “impertinente o improcedente” las peticiones de nulidad o recusación que presente.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción18

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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de e ste derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

8 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 9 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.19

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte

que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración d