CE - 110010315000202302757011SENTENCIA20230928092435

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejera Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: GERMÁN ENRIQUE SIERRA ACOSTA

Accionado: SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se revoca el fallo de primera instancia que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social y, en su lugar, se deniegan las pretensiones.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide las impugnaciones presentadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1 y por la Sección Segunda -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la sentencia de 13 de julio de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Germán Enrique Sierra Acosta, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia

1. El señor Germán Enrique Sierra Acosta, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 13 de diciembre de 2022, proferida por la Sección Segunda -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm .11001-3335-011-2020-0006600/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que la señora Gilma Paulina Acosta de Sierra, su madre, era beneficiaria de una pensión reconocida y pagada por la Caja Nacional de Previsión SocialCAJANAL.

1 En adelante UGPP.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

2.2. Indicó que su madre falleció el pasado 30 de enero de 2019, por lo que le solicitó a la UGPP la sustitución de la pensión que disfrutaba su madre.

2.3. Precisó que la UGPP negó la solicitud de sustitución pensional , mediante la Resolución núm. 035190 de 21 de noviembre de 2019 , confirmada a través de las resoluciones núms. RDP 039140 de 27 de diciembre de 2019 y RDP 002569 del 31

Resolución núm. 035190 de 21 de noviembre de 2019 , confirmada a través de las resoluciones núms. RDP 039140 de 27 de diciembre de 2019 y RDP 002569 del 31 de enero de 2020.

2.4. Manifestó que, co n base en lo anterior, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-3335-011-2020-00066-00/01 en contra de la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad d e los actos administrativos citados con antelación y, en consecuencia, se accediera a la solicitud de sustitución pensional, en su condición de hijo inv álido dependiente económicamente de su progenitora.

2.5. Indicó que, mediante sentencia de 29 de marzo de 2022, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a la UGPP pagar a favor del demandante la pensión percibida por la señora Gilma Paulina Acosta de Sierra.

2.6. Manifestó que, contra el fallo anterior, la UGPP interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Segunda -Subsección “B” - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , a través de la sentencia de 13 de diciembre de 2022, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

2.7. Adujo que el fallo dictado en segunda instancia por la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico porque desconoció que en el proceso contencioso se encontraba acreditada su invalidez y su dependencia económica hacia su madre.

2.7. Adujo que el fallo dictado en segunda instancia por la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico porque desconoció que en el proceso contencioso se encontraba acreditada su invalidez y su dependencia económica hacia su madre.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«Conforme al anterior escrito solicito se tutele el derecho fundamental al debido proceso y a la seguridad social, se declare sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal en segunda instancia ordenando que con base en estas consideraciones y valorando la totalidad de las pruebas emita nueva sentencia».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 26 de mayo de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado , admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia, vinculó como tercero s con interés3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

directo en las resultas del proceso al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá y a la UGPP.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,

se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Sección Segunda -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, puesto que la sentencia objeto de este proceso constitucional «si [sic] valoró en debida forma

5.1. La Sección Segunda -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, puesto que la sentencia objeto de este proceso constitucional «si [sic] valoró en debida forma todas las pruebas que obran en el expediente, cosa distinta es que, de esta verificación probatoria, se haya establecido que no se configuraba la dependencia del señor GERMÁN ENRIQUE SIERRA respecto de su madre fallecida, como elemento esencial para determinar la procedencia de reconocerle la sustitución pensional requerida».

5.2. La UGPP, mediante apoderado judicial, rindió informe en el que solicitó que se declara improcedente la acción de tutela de la referencia por cuanto estaba siendo utilizada como una tercera instancia . Además, señaló que la decisión emitida por autoridad judicial accionada no incurrió en una arbitrariedad.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de 13 de julio de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor Germán Enrique Sierra Acosta y, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia de 13 de diciembre de 2022, proferida por la Sección SegundaSubsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

7. Como fundamentos del fallo impugnado, el a quo que sostuvo la autoridad judicial accionada había incurrido en un defecto fáctico puesto que no valoró de manera integral y conforme a las reglas de la sana crítica «las pruebas obrantes en el proceso ordinario al momento de verificar el cumplimiento del requi sito de dependencia económica».

accionada había incurrido en un defecto fáctico puesto que no valoró de manera integral y conforme a las reglas de la sana crítica «las pruebas obrantes en el proceso ordinario al momento de verificar el cumplimiento del requi sito de dependencia económica».

8. Explicó que conforme a la jurisprudencia constitucional era compatible que una persona percibiera una pensión de invalidez y, a su vez, accediera a la sustitución pensional, en su condición de hijo inválido, por cuanto eran « prestaciones que tienen una regulación autónoma, y gozan de una fuente de financiación distinta».

9. También precisó que, conforme a la jurisprudencia emitida por la Sección Segunda de esta Corporación y por la Corte Constitucional existía dependencia económica «cuando el reclamante de la pensión en sustitución no cuente con ingresos o, a4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

pesar de tenerlos, no resulten suficientes para asegurarse un mínimo vital en condiciones dignas».

10. En consonancia con lo anterior señaló:

«Conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el criterio que prima al momento de verificar el cumplimiento del requisito de dependencia económica es el de la dignidad humana. En ese sentido, la d ependencia no obedece necesariamente a la carencia absoluta de recursos para la supervivencia. Por el contrario, basta con que el beneficiario demuestre que los ingresos con los que cuenta no son suficientes para mantener un mínimo para existir en condiciones dignas que se

carencia absoluta de recursos para la supervivencia. Por el contrario, basta con que el beneficiario demuestre que los ingresos con los que cuenta no son suficientes para mantener un mínimo para existir en condiciones dignas que se suplía con el auxilio recibido de parte del causante». [Subrayado de la Sala]

11. Con base en lo anterior, el juez de primera instancia señaló lo siguiente:

«[E]l tribunal no tuvo en cuenta que, según las pruebas del proceso, se tenía lo siguiente: 1) que el señor Germán Enrique Sierra Acosta para el año 2019 devengaba una pensión de invalidez por la suma de $882.116 de la que descuentan $458.766 y recibe en definitiva $369.000, 2) que lo recibido por concepto de pensión por el señor Sierr a Acosta es insuficiente para cubrir los gastos de subsistencia mínima porque entre administración y servicios públicos gasta aproximadamente $672.000, suma que es superior a sus ingresos.

A partir de lo anterior, la Sala mayoritaria estima que, de la simple comparación entre los ingresos y los gastos, podía advertirse que el demandante dependía de las contribuciones económicas mensuales que la señora Gilma Paulina Acosta le ofrecía para mantener una vida en condiciones dignas. En este punto, debe insistir se en que, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, lo que el juez debe verificar para efectos de reconocer o no la pensión de sobrevivientes es si el beneficiario demostró que los ingresos con los que cuenta no son suficientes para mantener un mínimo para existir en condiciones dignas, y que se suplía con el auxilio recibido de parte del causante.

Justamente por lo anterior, la Sala encuentra que el tribunal demandado no

demostró que los ingresos con los que cuenta no son suficientes para mantener un mínimo para existir en condiciones dignas, y que se suplía con el auxilio recibido de parte del causante.

Justamente por lo anterior, la Sala encuentra que el tribunal demandado no analizó el requisito de dependencia económica ni valoró las pruebas del proceso, en los términos previstos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, Sección Segunda, para la sustitución pensional de hijos inválidos». [Subrayado de la Sala]

12. Por todo lo anterior, el a quo en la parte resolutiva de la decisión impugnada amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor Germán Enrique Sierra Acosta , dejó sin efectos la providencia objeto de la presente acción de tutela y le ordenó al Tribunal accionado en el proceso contencioso emitir una decisión de reemplazo.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

13. Mediante escritos separados, radicados los días 21 y 24 de julio del presente año, la Sección Segunda -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

y la UGPP impugnaron, respectivamente, el fallo de primera instancia que accedió a la solicitud de amparo en el caso de la referencia.

A) Sobre el escrito de impugnación radicado por la UGPP

14. El apoderado judicial de la UGPP, en su escrito de impugnación, señaló que la decisión emitida por el Tribunal accionado no había incurrido en una arbitrariedad

A) Sobre el escrito de impugnación radicado por la UGPP

14. El apoderado judicial de la UGPP, en su escrito de impugnación, señaló que la decisión emitida por el Tribunal accionado no había incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que después de analizar en forma razonable las pruebas adosadas al expediente constató que el accionante «no cumplió con los requisitos de Ley para que le fuera otorgada la pensión de sobrevivientes, en calidad de hijo invalido, después de verificar todo el acervo probatorio llego a la acertada conclusión que no era beneficiario de la misma, pues se desvirtuó la dependencia económica».

15. En consonancia con lo anterior, transcribió los apartes del fallo objeto de la presente acción de tutela en los que se valoraron las pruebas obrantes en el proceso de nulidad y restablecimiento.

16. Con base en lo anterior, señaló que el juez de primera instancia avaló «la presente acción de tutela, como una tercera instancia judicial, para revisar decisiones judiciales que fueron tomadas por el juez natural de la causa, y en las que no se evidencia las razones por las cuales no hizo uso del recurso extraordinario de revisión».

17. Por último, reiteró los argumentos planteados en el escrito de tutela relacionados con que la parte accionante buscaba, a través de esta acción, «sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa por encontrarse inconforme con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca».

B) Sobre el escrito de impugnación radicado por la Sección SegundaSubsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

inconforme con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca».

B) Sobre el escrito de impugnación radicado por la Sección SegundaSubsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

18. La autoridad judicial accionada, por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de esta acción de tutela, explicó el marco jurisprudencial que regula a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, para ello citó las sentencias T – 598 de 2003, T - 781 de 2011 y SU - 399 de 2012, proferidas por

la Corte Constitucional.

19. Seguidamente, señaló que el fallo de primera instancia erró al afirmar que se habría incurrido en u defecto fáctico en el asunto de marras por las siguientes

consideraciones:

19.1. En primer lugar, indicó que en la decisión tutelada sí se valoraron, en forma razonable e integral, las pruebas allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y para tal efecto citó los distintos apartes de la providencia tutelada en los que se examinaron las pruebas allegadas al proceso.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

19.2. En segundo término, resaltó que conforme a las pruebas obrantes en el plenario se pudo «establecer de manera certera, que el señor SIERRA ACOSTA en virtud de la invalidez que lo aqueja, ya cuenta con una pensión para cubrir esta contingencia, por lo cual se considera que no resulta procedente un segundo

se pudo «establecer de manera certera, que el señor SIERRA ACOSTA en virtud de la invalidez que lo aqueja, ya cuenta con una pensión para cubrir esta contingencia, por lo cual se considera que no resulta procedente un segundo reconocimiento pensional, para cubrir la misma invalidez que asegura es la que lo hacía totalmente dependiente de su madre fallecida».

19.3. Además, destacó que conforme los elementos probatorios obrantes en el proceso «el actor cuenta con otra persona que puede brindarle su ayuda, y que se encuentra en el deber de así hacerlo, esto es su hija, quien valga recabar convive con él».

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

20. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20214.

VIII.2. Problemas jurídicos

21. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado5, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, determinar:

b) Si la Sección Segunda -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, determinar:

b) Si la Sección Segunda -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico al expedir la sentencia de 13 de diciembre de 2022, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con núm. único de radicación 11001-33-35-011-2020-00066-01.

22. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) la procedencia de la acción de tutela contra

2 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 3 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 4 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector J usticia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

providencias judiciales , requisitos generales y especiales de procedibilidad; (ii) resolver el caso concreto.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

providencias judiciales , requisitos generales y especiales de procedibilidad; (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

23. En sentencia de 31 de julio de 20126, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

24. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

25. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del pr incipio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

26. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez

no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

26. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución8.

27. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

6 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 7 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 8 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición const itucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efect o o modular la decisión […]»9 que se encaje en dichos parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este

dichos parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

30. El señor Germán Enrique Sierra Acosta, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 13 de diciembre de 2022, proferida por la Sección Segunda -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm .11001-3335-011-2020-0006600/01.

VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

31. En cuanto atañe al requisito de procedencia concerniente a la relevancia constitucional, la Sala observa que en el presente asunto se encuentra superada la carga mínima argumentativa y, además, la discusión gira en torno a la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y la pensión del accionante. Asimismo, y tal como lo precisó

carga mínima argumentativa y, además, la discusión gira en torno a la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y la pensión del accionante. Asimismo, y tal como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-199 de 2022, las controversias asociadas con el reconocimiento pensional «[…] pueden involucrar derechos constitucionales diversos […]».

32. También se advierte que el actor agotó todos los mecanismos de defensa judicial a disposición. La acción de tutela fue interpuesta en un término razonable, debido a que la sentencia objeto de esta acción constitucional fue notificada el 24 de marzo de 2023 y la presente acción de tutela fue radicada el 23 de mayo de 2023. El demandante identificó de manera razonable los hechos que generaron la

9 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02757-01

Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

vulneración de sus derechos y, por último, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela.

33. Así las cosas, la Sala encuentra acreditados todos los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judicial.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

34. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte

34. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte accionante con ocasión de la configuración de un presunto defecto fáctico.

VIII.4.2.1. Caracterización del defecto fáctico

35. De conformidad con lo previsto en la sentencia T -008 de 2019 de la Corte Constitucional, este defecto se presenta cuando el operador jurídico decide separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una prueba allegada al proceso que se encuentra viciada. Tam bién se configura cuando la autoridad judicial a pesar de que en el proceso existen elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto r esulta evidente que, de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.

VIII.4.2.2. Solución del caso concreto

36. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la parte accionante manifestó que la sentencia de 13 de diciembre de 2022, proferida por la Sección Segunda -Subsección “B” - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , habría incurrido en un defecto fáctico porque no tuvo en cuenta «la dependencia económica [fue] anterior a la declaratoria de la invalidez [y] tuvo su causa en (…) el

incurrido en un defecto fáctico porque no tuvo en cuenta «la dependencia económica [fue] anterior a la declaratoria de la invalidez [y] tuvo su causa en (…) el (…) el trastorno afectivo bipolar, el síndrome de dependencia alcohólica y el trastorno de personalidad».

37. En ese sentido, expuso que el testimonio rendido por el señor Guillermo Alfonso Lobo Guerrero fue «énfatico [sic] en afirmar que el demandante siempre dependió de su madre para poder tener una vida digna que él no podía darse con sus propios recursos para satisfacer las necesidades que la misma discapacidad le exigía».

38. Destacó que conforme a la narración hecha por el testigo , se avizoraba que él «dependía económicamente su madre, por lo que no es viable el argumento de que sean [sus] hijos los obligados al sostenimiento de su padre, más aun cuando quedó demostrado que los hijos no tienen la posibilidad económica de suministrarle a su padre la forma de vida a la que estaba acostumbrado. Por otra parte la dependencia10

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Accionante: Germán Enrique Sierra Acosta

económica a tener en cuenta es la existent e al momento del fallecimiento del causante y como ya quedó demostrado ésta se dio respecto de la madre y no de los hijos».

39. Igualmente, señaló que si bien las facturas de servicios públicos y de administración no estaban a su nombre, no se tuvo «en cuenta que la dirección del predio que se observa en las facturas corresponde a la misma casa de habitación donde la UGPP pudo verificar que era [su] residencia». Por lo cual adujo que no se

administración no estaban a su nombre, no se tuvo «en cuenta que la dirección del predio que se observa en las facturas corresponde a la misma casa de habitación donde la UGPP pudo verificar que era [su] residencia». Por lo cual adujo que no se valoró que «con esas facturas se pudo demostrar la insuficiencia de los recursos que por pensión obtenía para su subsistencia, pues la mayor parte de ellos se iban en servicios públicos y administración de la casa de habitación, de ahí que se demostró la dependencia económica».

40. Por otra parte, se observa que la sentencia de 13 de diciembre de 2022, objeto de la presente