CE - 110010315000202302781001SENTENCIA20230626142329

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02781-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, a través de apo derado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar , porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 24 de noviembre de 2022, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200013333004201400152-04, vulneró su derecho fundamental invocado supra.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02781-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Presupuestos fácticos

supra.2

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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó demanda en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de solicitar “[…] el reajuste de su asignación de retiro con incremento del IPC para los años 1993 a 2004[...]”.

4. Indicó que, mediante sentencia de 16 de marzo de 2017 , el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar, profirió sentencia en su favor, en la cual, ordenó “[…] le fuera reconocida y cancelada la diferencia del reajuste anual de sus asignaciones de retiro a partir del 21 de junio de 2008 […]”.

5. Señaló que, el Tribunal Administrativo del Cesar, en senten cia de 22 de febrero de 2018, resolvió “[…] declarar de oficio la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 21 de junio de 2008 […]” y, condenó “[…] a la entidad demandada a reconocer y a pagar al actor la diferencia del reajuste anual de su asignación de retiro a partir del 21 de junio de 2008 […]”.

6. Expresó que, presentó demanda ejecutiva contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR con el fin de que se librara mandamiento de pago por

de su asignación de retiro a partir del 21 de junio de 2008 […]”.

6. Expresó que, presentó demanda ejecutiva contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR con el fin de que se librara mandamiento de pago por la suma de “[…] QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($528.352.0000.00), por el valor del capital obtenido de la sentencia debidamente ejecutoriada [...]”.

7. Señaló que, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar , mediante auto de 3 de mayo de 2019, resolvió librar mandamiento de pago […] en contra de CASUR, y a favor de la parte ejecutante […]”.

8. Indicó que, la parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas precisando que, “[…] a través de la Resolución No. 5351 de 12 de diciembre de 2018, se dio cabal cumplimiento a la providencia judicial proferida por3

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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

VALLEDUPAR […]”.

9. Adujo que, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante sentencia de 13 de diciembre de 2020, “[…] desestimó las excepciones propuestas por la entidad ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito […]”.

10. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 24 de noviembre de

sentencia de 13 de diciembre de 2020, “[…] desestimó las excepciones propuestas por la entidad ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito […]”.

10. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2022, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:

“[...] PRIMERO: REVÓQUESE la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, de fecha 13 de diciembre de 2020, y en su lugar se declara probada la excepción denominada “i) pago total de la obligación, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión, y en consecuencia, dar por terminado el proceso ejecutiva de la referencia[...]”.

11. Al respecto consideró lo siguiente:

“[…] De este modo, resulta necesario reiterar que en la providencia que sirve como título ejecutivo, se condenó a CASUR, a reconocer y pagar al actor la diferencia en el reajuste anual de su asignación de retiro a partir del 21 de junio de 2008, teniendo en cuenta lo establecido artículo 14 de la Ley 100 de 1993, debidamente ajusta do su valor, en la medida que dicho incremento resulta más favorable para el demandante, que el decretado para las asignaciones en actividad […]”. […]

“[…] cabe destacar que, en la aludida decisión, se indicó textualmente que se debía incrementar la asignación de retiro del actor, siempre y cuando esto resultara más favorable para éste.

De conformidad con lo anterior, se advierte que en ningún aparte d e la providencia que sirve como título ejecutivo se ordenó el reajuste del salario que devengaba el

incrementar la asignación de retiro del actor, siempre y cuando esto resultara más favorable para éste.

De conformidad con lo anterior, se advierte que en ningún aparte d e la providencia que sirve como título ejecutivo se ordenó el reajuste del salario que devengaba el señor LUIS ALBERTO VILORA GUZMÁN mientras se encontraba en servicio activo, ya que la providencia en cuestión, ordenó expresamente el reajuste de su asignación de retiro, siempre y cuando se constatara que no se había incrementado esta prestación social en el porcentaje adecuado.

En caso tal que el demandante considerara que la decisión en mención no se ajustaba a lo que pretendía, debió agotar los mecanismo s contemplados legalmente para obtener una corrección de la misma, o cuestionaría en sede de tutela, por tratarse de una providencia de segunda instancia.

De este modo, al revisar los informes presentados por el Contador Liquidador adscrito a este Tribunal, se encuentra que la asignación de retiro del ejecutante se incrementó correctamente a partir del año 2004; es decir, que para el año 2008, a partir de cuando se debía aplicar el aludido aumento, la mesada que recibía el hoy demandante se encontraba debidamente liquidada.4

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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

En síntesis, la posición adoptada por CASUR se encontraba ajustada a derecho, ya que no resulta procedente reconocer el pago de suma de dinero alguna a favor del ejecutante.

Así las cosas, y ya que las pruebas recopiladas en esta instancia permiten corroborar

que no resulta procedente reconocer el pago de suma de dinero alguna a favor del ejecutante.

Así las cosas, y ya que las pruebas recopiladas en esta instancia permiten corroborar que CASUR cumplió a cabalidad con la obligación impuesta a favor del señor LUIS ALBERTO VILORA GUZMÁN; por lo que, resulta procedente concluir que la decisión recurrida, en la que se negaron las excepciones propuestas por la entidad ejecutada, debe ser revocada y, en consecuencia, la decisión de seguir adelante con la ejecución correrá la misma suerte […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

12. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Solicito se amparen los derechos fundamentales del señor LUIS ALBERTO VILORIA GUZMÁN, al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se deje sin efectos la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, que revocó la decisión del 13 de diciembre de 2020, expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, y en su lugar se dicte una decisión de reemplazo, d onde se garanticen mis derechos fundamentales, confirmando la sentencia de primera instancia, reconociendo que la accionada CASUR no ha pagado la obligación contenida en el titulo base de la ejecución […]”.

Actuación

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de mayo de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo

Actuación

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de mayo de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar y iii) vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y a la Caja de Sueldos de Re tiro de la Policía Nacional - Casur, en calidad de tercero s con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

14. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó negar la acción constitucional, en la medida que, “[…] por cuanto la providencia proferida por esta Corporación no es constitutiva de vía de hecho judicial, al haberse proferido amparado en las normas5

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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

jurídicas que lo contemplan, en ejercicio de la autonomía del juez competente para ello […]”.

15. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental al accionante […]” y su desvinculación de la solicitud de tutela, en la medida que, “[…] es una tutela que cursa contra del Tribunal

Administrativo Del Cesar […]”.

16. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar manifestó lo

siguiente:

“[…] El proceso fue recibido en este Despacho procedente del Tribunal Administrativo

Administrativo Del Cesar […]”.

16. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar manifestó lo

siguiente:

“[…] El proceso fue recibido en este Despacho procedente del Tribunal Administrativo del Cesar el día 28 de noviembre de 2022. El día 2 de diciembre de 2022 este Despacho dictó el auto dando obedecimiento y cumplimiento a lo decidido por el mentado Tribunal.

En la actualidad el proceso ejecutivo adelantado por el señor LUÍS ALBERTO VILORIA GUZMÁN, contra de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL se encuentra terminado en virtud de la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, la cual se encuentra ejecutoriada […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades6

18. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02781-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión Previa

19. La Sala advierte que previo al plan teamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se

pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sen tencia T-1001 de 30 de noviembre de 20061, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en

los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facu ltad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

1 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y

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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan . Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[2]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

22. La Sala advierte que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur

responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

22. La Sala advierte que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

23. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad es parte demandada en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200013333004201400152-04.

24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur, le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Nacional – Casur.

2 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02781-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

27. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguient es temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

28. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena3, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el moment o jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

29. Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia

determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

29. Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20055, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 5 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02781-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos

la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos parámetros.

32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una maner a de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sa la Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147.

6 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.

Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147.

6 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02781-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

35. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20148, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la rele vancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa d la actora para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

8 Ut supra página 6. [9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

8 Ut supra página 6. [9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02781-00

Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es men os cierto que la actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión d la actora, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado

o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los r ecursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerg e de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de

simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 15]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibici ón de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1