CE - 110010315000202302784011SENTENCIA20231006121327

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: JAN MARCO CORTÉS GUZMÁN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – ACCIÓN

DE CUMPLIMIENTO – REQUISITOS GENERALES DE

PROCEDIBILIDAD

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 29 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Jan Marco Cortés Guzmán, en nombre propio , interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por estimar vulnerados los derechos

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Jan Marco Cortés Guzmán, en nombre propio , interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Que se de clare que el Tribunal Administrativo del Huila vulneró mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y acceso a la información pública.

2. Que en consecuencia se ordene al Tribunal Administrativo del Huila que dicte una sentencia de reemplazo en el que se atempere a lo señalado en la sentencia C -274 de 2013 y la Ley 1712 de 2014, bajo criterios de congruencia.

3. Subsidiariamente se declare que el Concejo Municipal de Timaná vulneró mi derecho al acceso a la información pública.

4. Subsidiariamente, que en consecuencia se ordene al Concejo Municipal de Timaná que publique en el portal web institucional las actas de sesiones de plenaria y comisión desde el 06 de marzo de 2015, fecha en la que entró en vigor la Ley 1712 de 2014 para las entidades territoriales.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Jan Marco Cortés Guzmán promovió acción de cumplimiento contra el Concejo Municipal de Timan á (Huila), con la finalidad de que se declarara el incumplimiento del artículo 7 de la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se creaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

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incumplimiento del artículo 7 de la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se creaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, y del artículo 26 de Ley 136 de 1994 por la cual se dictaron normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios; lo anterior al considerar que el Concejo Municipal no ha publicado la totalidad de las actas de plenaria, comisiones y reuniones oficiales en el portal web institucional. El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva , sentencia del 9 de febrero de 2023 , negó las pretensiones de la demanda y declaró probada la exc epción de inexistencia del incumplimiento alegado, al considerar que la entidad demandada ha realizado las gestiones pertinentes para acatar la referida disposición y explicó que el artículo 27 de la Ley 136 de 1994 permite la divulgación física de la información y no impone que sea exclusivamente a través del medio digital o electrónico e hizo énfasis en que el uso de éste último medio aún es precario en el país. Asimismo, señaló que la literalidad de la norma no contiene el imperativo que alega

información y no impone que sea exclusivamente a través del medio digital o electrónico e hizo énfasis en que el uso de éste último medio aún es precario en el país. Asimismo, señaló que la literalidad de la norma no contiene el imperativo que alega el actor; porque le otorga al concejo la posibilidad de llevar a cabo la publicación a través del medio que considere oportuno (siempre que se garantice la difusión a la comunidad). El actor apeló la decisión y el Tribunal Administrativo del Huila , en sentencia del 14 de marzo de 2023 , la confirmó al considerar que , de la lectura del artículo 7 de la Ley 1712 de 2014, no se podía concluir que es imperativo el mandato de que todos los actos que expide el cabildo se deban publicar en la página web, dado que la misma disposición prev é que la publicación también se puede realizar a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Además, señaló que la referida norma impone a todas las entidades públicas la obligación de publicar en la página web de forma específica la información mínima obligatoria respecto a lo señalado en los artículos subsiguientes 9, 10 y 11 esto es: i) la estructura de la entidad, ii) la publicidad en los procesos de contratación y iii) la inf ormación mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad. Frente al artículo 27 de la Ley 136 de 1994 , manifestó que esta norma también le da la potestad al Concejo de publicar sus actos a través del medio que conside re oportuno, siempre y cuando ellos garanticen la efectividad de su difusión a la comunidad.

3. Argumentos de la acción de tutela

da la potestad al Concejo de publicar sus actos a través del medio que conside re oportuno, siempre y cuando ellos garanticen la efectividad de su difusión a la comunidad.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , el tribunal demandado vulner ó los derechos fundamentales invocados, al incurrir en defecto sustan tivo y violación directa de la Constitución Política por falta de congruencia entre lo considerado y lo resuelto en la decisión acusada.

Destacó que la demanda de acción de cumplimiento no pretendía que todos los actos que expide el cabildo fueran publica dos en su página web, pues su finalidad iba dirigida en concreto a que se ordenara la publicación de las actas de las sesiones de la plenaria y de las comisiones.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador Explicó que el contenido del artículo 7 de la Ley 1712 de 2014, no se refiere solo a que la información de publicar sea la única señalada en los artículos 9, 10 y 11 de la referida norma pues lo pretendido con la acción de cumplimiento era que el juez se pronunciara frente a la publicación de las mencionadas actas.

Por lo anterior, manifestó que el tribunal limitó la efectividad del derecho

la referida norma pues lo pretendido con la acción de cumplimiento era que el juez se pronunciara frente a la publicación de las mencionadas actas.

Por lo anterior, manifestó que el tribunal limitó la efectividad del derecho fundamental al acceso a la información pública, entendiendo que aquella se restringe únicamente a lo dispuesto en los artículo 9 a 11 de la Ley 1712 de 2014, y además con esto gener ó una decisió n judicial contradictoria al estimar que no existe el deber del Concejo Municipal de Timan á de publicar las actas de las sesiones, a pesar de que estos documentos públicos inclusive encajan en el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. Asimismo, afirmó que el tribunal incurrió en desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia C -274 de 2013 en la que la Corte Constitucional precis ó el alcance del derecho fundamental de acceso a la información pública. Señaló que la limitació n en la interpretación del artículo 7 de la Ley 1712 de 2014 en los términos planteados por el Tribunal Administrativo del Huila no se ajusta al alcance constitucional que tiene el derecho al acceso a la información pública, y contrario a lo dicho por el Tribunal no solo los actos de los artículos 9, 10 y 11 deben ser publicados en el portal web, sino toda la información objeto de la ley .

4. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Huila, por intermedio del ponente de la decisión objeto de debate, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que fueron analizados todos los argumentos expuestos por el demandante en el recurso de apelación.

Además, manifestó que las normas cuyo cumplimiento se solicita fueron el soporte

fueron analizados todos los argumentos expuestos por el demandante en el recurso de apelación.

Además, manifestó que las normas cuyo cumplimiento se solicita fueron el soporte de la decisión objeto de reproche, por lo que no se configuró la vulneración alegada por el señor Cortés Guzmán.

5. Intervenciones

El Juzgado Quinto Administrativo de Neiva allegó copia del expediente objeto de estudio, sin embargo, no se pronunció respecto a lo expuesto en la solicitud de amparo.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 29 de junio de 2023, negó el amparo al considerar que el Tribunal Administrativo del Huila no incurrió́ en el defecto sustantivo ni en el desconocimiento del precedente judicial alegados; contrario a esto el tribunal concluyó que de acuerdo con la lectura del artículo 7 de la Ley 1712 de 2014 y el 27 de la Ley 136 de 1994 la publicación en la página web no es el único medio para garantizar el acceso a la información pública y menos a las actas de la sesiones celebradas por los concejos municipales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador Indicó que, en el caso objeto de estudio , lo que se evidencia es la inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural, lo cual no puede ser controvertido mediante tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada cuenta con soporte y est á debidamente justificada, razón por la que no se puede hacer uso de este mecanismo como una instancia adicional del proceso ordinario que ya concluyó.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos del escrito inicial e indicó que el juez de tutela de primera instancia no tuvo en cuenta que el derecho de acceso a la información pública, contenido en la Ley 1712 de 2014 implica la aplicación del principio de divulgación proactiva de la información tal y como lo refiere el artículo 3, el referido derecho no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones sino también al deber de generar cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos donde conste la actividad est atal.

Manifestó que no es cierto lo que afirma el juez de tutela de primera instancia , es decir, que no pretende que la divulgación de la información se realice exclusivamente por medios digitales, sino que el ejercicio efectivo de l derecho de acceso a la información solo es posible bajo escenarios de máxima divulgación tal y como lo indica el artículo 7 respecto a la disponibilidad de información, lo cual no

exclusivamente por medios digitales, sino que el ejercicio efectivo de l derecho de acceso a la información solo es posible bajo escenarios de máxima divulgación tal y como lo indica el artículo 7 respecto a la disponibilidad de información, lo cual no se logra con que los documentos reposen en físico en un despacho (distinto sería que se publicara en revistas, volantes, pancartas o demás medios de divulgación). Explicó que s i las autoridades administrativas solo tienen el deber de tener información en medios físicos (como parece entenderlo la sala), el artículo 11 de la Ley 1712 de 2011 carece por completo de utilidad, pues dicha información no sería necesaria en un portal web, ya que bastaría con tenerlo en una cartelera de las entidades.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia

irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Pese a que el a quo consideró que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, considera la Sala que, preliminarmente, debe analizarse, en particular, si se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, considera la Sala que, preliminarmente, debe analizarse, en particular, si se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

De superar ese análisis, corresponderá a la Sala establecer si al proferir la sentencia de segunda instancia del 14 de marzo de 2023 , en la acción de cumplimiento con radicado 2023-00002-01, el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en los defectos alegados por el tutelante, al confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento al considerar que no se evidencia el incumplimiento de las normas citadas como desconocidas por el Concejo Municipal.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asunt os de mera

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perj uicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material

3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para contr overtir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben veri ficarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o

elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamen tales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o m odificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea

que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(Subrayado de la Sala)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala advierte que el señor Jan Marco Cortés Guzmán pretende insistir en la misma discusión jurídica que presentó en el marco de la acción de cumplimiento que promovió contra el Concejo Municipal de Timaná con la finalidad de que se

4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

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Octavio Ramírez Ramírez. 5 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador ordenará el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 , artículo 7° y la Ley 136 de 1994, artículo 26, en relación con la publicación de las actas de sesión en la página web de la entidad.

A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del Huila no tuvo en cuenta que la obligación de publicación contenida en el artículo 7 de la Ley 1712 de 2014, no solo se refiere a la información descrita en los artículos 9, 10 y 11 ibidem. Insistió en que la decisión de negar lo pretendido en la acción de cumplimiento desconoció el alcance del derecho de acceso a la información expuesto en la sentencia C-274 de 2013.

En principio, el estudio de los cargos en que sustenta la solicitud de amparo debería estudiarse a partir de los denominados defecto sustantivo y desconocimiento del precedente de no ser, porque, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de relevancia constitucional, como se pasa a explicar.

En el escrito de tutela la parte actora propone argumentos que ya fueron expuestos

precedente de no ser, porque, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de relevancia constitucional, como se pasa a explicar.

En el escrito de tutela la parte actora propone argumentos que ya fueron expuestos ante la autoridad judicial demandada - en la demanda y en el recurso de apelación - y que fueron resueltos con suficiencia, sin embargo, manifiesta la inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de conocimiento, y, en general, la decisión contraria a sus intereses.

La parte actora reiteró lo expuesto al interior de la acción de cumplimiento en relación con la obligaci ón de publicar en el portal institucional las actas de las sesiones celebradas a partir del 6 de marzo de 2015, esto es, comisiones, plenarias y demás reuniones oficiales de la corporación.

La Sala evidencia que se señalaron como argumentos de la demanda los siguientes:

«Se aduce incumplido el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1712 de 2014 que señala:

(…) La disposición entendida bajo el hecho de que cuando el artículo 7 se refiere a “la información a la que hace referencia la presente ley” lo hace regido por el artículo 1 que señala: (…) Y para efectos de determinar el alcance del concepto de información pública se apela al artículo 6 que señala: (…) Finalmente, se aduce incumplido en concordancia el artículo 26 de la Ley 136 de 1994 que señala: (…)

La Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Ley 136 de 1994 en lo sustancial.

Inicialmente el artículo 26 de la Ley 136 de 1994 no consagraba directamente un deber de

señala: (…)

La Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Ley 136 de 1994 en lo sustancial.

Inicialmente el artículo 26 de la Ley 136 de 1994 no consagraba directamente un deber de publicación de las actas del Concejo Municipal, por lo que era necesario acudir a disposiciones genéricas de garantía en el acceso a la información pública a través de derechos de petición.

A través de la modificación efectuada por el artículo 16 de la Ley 1551 de 2012 se incorporó un parágrafo en el artículo 26 precitado que indica:

“PARÁGRAFO. Cada concejo municipal dispondrá los mecanismos necesarios para que todas las actas de sesiones estén debidamente publicadas en medios electrónicos y/o físicos, accesibles a toda la población.”Radicado: 11001-03-15-000-2023-02784-01

Demandante: Jan Marco Cortés Guzmán

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Por primera vez se consagró un deber objetivo de publicidad, permitiendo que se hiciere en medios electrónicos y/o físicos. Dada la disyuntiva, los Concejos podían optar por publicar en medio físico o electrónico, advirtiendo que publicar es disponer de un medio escrito consultable permanentemente por la población, y no genéricamente la respuesta a derechos de petición individualizados.

medio físico o electrónico, advirtiendo que publicar es disponer de un medio escrito consultable permanentemente por la población, y no genéricamente la respuesta a derechos de petición individualizados.

Posteriormente con la expedición de la Ley 1712 de 2014 o “Ley de Transparencia” se dispuso normativamente el deber de publicar la información pública en los portales institucionales de las entidades obligadas.

El Concejo Municipal es una entidad pública y se encuentra cobijada por la Ley 1712 de 2014, que consciente del impacto que ello representaría en las entidades territoriales, dispuso para su vigencia lo siguiente:

“ARTÍCULO 33. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a los seis (6) meses de la fecha de su promulgación para todos los sujetos obligados del orden nacional. Para los entes territoriales la ley entrará en vigencia un año después de su promulgación. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.” Teniendo en cuenta que la Ley fue publicada en el Diario Oficial 49.084 de marzo 6 de 2014, el plazo para cumplir con la Ley 1712 de 2014 inició para el Concejo de Timaná el 06 de marzo de 2015, siendo que a la fecha han transcurrido más de siete (7) años incumpliendo el deber de publicar todas las actas del Concejo (teniendo