CE - 110010315000202302798001SENTENCIA20230629092217

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. CARECE DEL

REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR NO

ARGUMENTÓ CON PRECISIÓN EN QUÉ CONSISTIÓ LA ERRADA VALORACIÓN

PROBATORIA QUE SUSTENTA EL DEFECTO FÁCTICO ALEGADO. ADEMÁS, LO

PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO

ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN

“D”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.

1 En adelante el JUZGADO. 2 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

2 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR , actuando por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la seguridad social, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 14 de junio y 24 de noviembre de 2022 , respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00078-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que mediante Resolución 001 del 22 de febrero de 1996, se vinculó a la POLICÍA NACIONAL y a través de la Resolución 000103 de 17 de enero de 1997, se incorporó al “nivel ejecutivo en el grado como patrullero”.

Señaló que aún en servicio activo, el 11 de noviembre de 2010 , el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

Garantías de Montería, decretó en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia por el delito de homicidio.

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

Garantías de Montería, decretó en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia por el delito de homicidio.

Sostuvo que con ocasión a la medida de aseguramiento decretada en su contra la POLICÍA NACIONAL , mediante la Resolución Núm. 03969 de 29 de noviembre de 2010, lo suspendió en el ejercicio de sus funciones y atribuciones a partir del 11 de noviembre de 2010, decisión que le fue notificada el 6 de diciembre de esa anualidad.

Manifestó que permaneció laborando adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol , en situaciones administrativas , desde el día en el que se celebró la audiencia preliminar, esto es , desde el 11 de noviembre de 2010 hasta el 6 de diciembre de ese mismo año, fecha en que se le notificó la decisión de suspensión de su cargo.

Indicó que una vez la POLICÍA NACIONAL lo retiró del servicio, en su hoja de servicio núm. 74359393, le contabilizó 14 años, 11 meses y 11 días laborados en la institución , sin tener en cuenta los días trascurridos entre el 11 de noviembre y 6 de diciembre de 2010, los cuales sí trabajó.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

Adujo que mediante un derecho de petición le solicitó a la POLICÍA NACIONAL el reconocimiento de los días laborados desde el 11 de

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

Adujo que mediante un derecho de petición le solicitó a la POLICÍA NACIONAL el reconocimiento de los días laborados desde el 11 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2010 y que los mismos le fueran ingresados en su hoja de servicio , petición que fue resuelta desfavorablemente mediante comunicado S2018 -045102/SEGENASPEN-1.5 de 8 de agosto de 2018.

Mencionó que debido a lo anterior promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA (CASUR) , la cual fue identificada con el núm ero único de radicación 11001-33-35-0292019-00078-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de 14 de junio de 2022 , denegó las súplicas de la demanda, bajo el argumento de que la suspensión de sus labores empezó a regir a partir de l día en que el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Montería, en audiencia preliminar, decretó medida de aseguramiento privativa de la libertad, esto es, desde el 11 de noviembre de 2010.5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

Precisó que dicho fallo fue objeto del recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 24 de

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

Precisó que dicho fallo fue objeto del recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2022, confirmó lo decidido por el a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en una interpretación probatoria errónea que conllevó una “ vía de hecho” por defecto fáctico.

Adujo que los argumentos expuestos en las sentencias controvertidas su fundaron en un análisis erróneo que realizaron las autoridades judiciales sobre la prueba documental, particularmente, el “Acta de Audiencia de Formulación de Imputación” y la “Audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento de fecha 11 de noviembre de noviembre de 2010 ”, los cuales hacen parte del proceso tramitado en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Montería con Funciones de Garantía.

Sostuvo que la interpretación que las autoridades judiciales hicieron de los documentos referidos desconoció la literalidad de lo ordenado por el juez de control de garantías, pues asumieron como cierto que6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

el cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva era inmediato , esto es, desde el mismo día en que se impartió, lo cual no se podía deducir de dichas pruebas.

Señaló que del material probatorio allegado al pr oceso se podía

preventiva era inmediato , esto es, desde el mismo día en que se impartió, lo cual no se podía deducir de dichas pruebas.

Señaló que del material probatorio allegado al pr oceso se podía concluir con claridad que durante el lapso entre el 11 de noviembre y el 6 de diciembre de 2010, había laborado con normalidad y no tenía ningún impedimento para el ejercicio de sus funciones, pues el juez penal había optado por permitir le atender su situación institucional y que una vez quedara efectivamente suspendido, es decir, al momento de ser notificado del acto administrativo, empezaba a regirle la medida restrictiva de la libertad.

Afirmó que el TRIBUNAL no consideró los argumentos que expuso en el recurso de apelación sobre el procedimiento que se realiza para la imposición, ejecución y cumplimiento de medidas privativas de la libertad, en las cuales se debe proceder a hacer entrega de la custodia del procesado a la institución encargada, esto es, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, para que éste realice el traslado al lugar donde se debe cumplir la medida, evento en el cual se podría hablar de ejecución inmediata, pero ello no aconteció en su caso.7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

Afirmó que se le debían reconocer sus derechos laborales en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas y que los errores en la valoración del material probatorio dentro del proceso contencioso le impidieron acceder a una asignación de retiro por cumplimiento del tiempo de servicio.

aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas y que los errores en la valoración del material probatorio dentro del proceso contencioso le impidieron acceder a una asignación de retiro por cumplimiento del tiempo de servicio.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia, pide que se dejen sin efecto las providencias de 14 de junio y 24 de noviembre de 2022 , proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERA PETICIÓN: Tutelar su derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la seguridad social, en consecuencia, dejar sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D” confirmó la sentencia de emitida por la primera instancia mediante providencia de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2022, mediante el cual se confirmó el fallo de primera instancia proferido el 14 de julio de 2022, por el Juzgado Veintinueve (29) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C dentro del expediente radicado 110013335029201900078-01, que negaron las pretensiones de ordenar a la Policía Nacional reconocer e incorporar en la hoja de servicios del señor EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR los días laborados entre el once (11) de noviembre y seis (06) de diciembre de 2010.8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

diciembre de 2010.8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

SEGUNDA PETICIÓN: Ordenar al Tribunal A dministrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D” para que profiera un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones de la providencia que emita su digno despacho en torno a la vía de hecho –Defecto Fácticodeprecada […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES advirtió que su función es reconocer y pagar la asignación de retiro a los oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada Nacional, aclarando que no le corresponde reconocer dicha asignación a los miembros de la POLICÍA NACIONAL, razón por la cual solicita que se le desvincule del presente trámite constitucional, dado que no está legitimada en la causa por pasiva para actuar en el mismo.

I.4.2.- La POLICÍA NACIONAL solicitó denegar las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional de la referencia, toda vez que no se vislumbraba la vulneración de derecho fundamental alguno.

Afirmó que no se advierte que el análisis desarrollado por el TRIBUNAL constituye una trasgresión de los derechos fundamentales alegados por el actor , ya que se valoró cualitativamente el contenido del comunicado oficial núm. S-2018-9

TRIBUNAL constituye una trasgresión de los derechos fundamentales alegados por el actor , ya que se valoró cualitativamente el contenido del comunicado oficial núm. S-2018-9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

045102 /SEGEN-ASPEN-1.5 de 8 de agosto del 2018 suscrito por la POLICÍA NACIONAL, mediante el cual se le denegó al accionante reconocer e incorporar en su hoja de servicios como días laborados los transcurridos entre el 11 de noviembre al 6 de diciembre de 2010.

Señaló que la acción de tutela incoada es improcedente, pues no se está an te un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada a los derechos fundamentales del actor, máxime cuando el debate planteado ya se surtió en otros escenarios de protección jurisdiccional.

I.4.3.- La CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR advirtió que la naturaleza de la acción de tutela es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que solo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable , de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 constitucional y el Decreto 2591 de 1991.

Sostuvo que comparte el criterio del TRIBUNAL, por encontrarse ajustado a derecho y aclaró que solo reconoce las asignaciones de

en el artículo 86 constitucional y el Decreto 2591 de 1991.

Sostuvo que comparte el criterio del TRIBUNAL, por encontrarse ajustado a derecho y aclaró que solo reconoce las asignaciones de retiro después de que la POLICÍA NACIONAL expide la hoja de10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

servicio, para lo cual computa el tiempo de servicio del uniformado y verifica que cumpla con todos los requisitos normativos exigidos para tal fin.

Solicitó que se declare improcedente el amparo invocado y que se le desvincule del presente trámite constitucional, dado que no está legitimada en la causa por pasiva para actuar en el mismo , pues no profirió las sentencias controvertidas.

I.4.4.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el núm. único de radicación 11001-33-35-029-201900078-00 objeto de tutela, sin realizar pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.

I.4.5.- El TRIBUNAL pese a ser debidamente notificado del presente trámite constitucional en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

Competencia11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES y la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, media nte sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y suma rio, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la ac ción de tutela se promueve contra

sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la ac ción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES fue vinculada en calidad de tercera y que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR fue parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-35-029-2019-00078-00, objeto de cuestionamiento, les asiste interés directo en las resultas del

parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-35-029-2019-00078-00, objeto de cuestionamiento, les asiste interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad pr ocesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad pr ocesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímen es de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generar on la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectaci ón de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas

de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providenci a impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue

decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fáct icos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto las providencias de 14 de junio y 24 de noviembre de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00078-01.

noviembre de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00078-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la seguridad social, habida cuenta que, a juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en una interpretación probatoria errónea que conllevó una “ vía de hecho ” por defecto fáctico, pues debieron reconocerle e incorporar en su hoja de servicios los días laborados entre el 11 de noviembre y 6 de diciembre de 2010.18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02798-00

ACTOR: EDWIN ALFONSO DÍAZ CORREDOR

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos, tanto la providencia de 14 de junio de 2022, proferida por el JUZGADO, como la d ictada por el TRIBUNAL el 24 de noviembre de 2022, la Sala realizará únicamente el análisis de este último fallo, toda vez que fue el que puso fin al debate procesal.

De acuerdo con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías19

Número ún