CE - 110010315000202302814001SENTENCIADECLARA20230629151156

Demandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación No: 11001-03-15-000-2023-02814-00 Demandante: SANDRA MILENA LÓPEZ SOTO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la señora Sandra Milena López Soto, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. I. ANTECEDENTES 1. La petición de amparo Mediante escrito radicado el 26 de mayo de 2023 en la ventanilla virtual del Consejo de Estado, la señora Sandra Milena López Soto, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y “a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión del fallo del 5 de mayo de 2023, que confirmó la sentencia del 10 de

en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión del fallo del 5 de mayo de 2023, que confirmó la sentencia del 10 de agosto de 2022, a través de la cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-001-2022-00013-02, promovido por la accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y el municipio de Armenia.Demandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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En concreto, solicitó a esta Corporación: 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 05 de mayo de 2023, en el expediente rad. No. 63001-3333-001-2022-00013-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada. 2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…).1 2. Hechos La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…).1 2. Hechos La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto: Refirió que labora al servicio del municipio de Armenia como docente desde el 1° de marzo de 2005, por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado con pago de interés cada año. Mencionó que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas sus cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fomag, por el período correspondiente al año 2020. Indicó que el 13 de junio de 2021, luego de transcurrido un término superior al previsto legalmente para que se efectuara la consignación, solicitó el pago de las cesantías, así como el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Resaltó que la entidad, en vez de proferir una respuesta de fondo o proceder al pago, remitió la petición a la Fiduprevisora S.A. en su condición de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag. 1 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.Demandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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Señaló que nunca se obtuvo una respuesta por parte de dicho fondo, por lo que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto o presunto que negó su solicitud. Adujo que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, mediante sentencia del 10 de agosto de 2022, negó las pretensiones del medio de control al establecer que los docentes afiliados al Fomag poseen un régimen especial de cesantías establecido en la Ley 91 de 1989, en el que no está previsto el reconocimiento y pago de dicha sanción. Sostuvo que presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, alegando que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha determinado que la Ley 50 de 1990 sí resulta aplicable a los docentes oficiales en igualdad de condiciones que al resto de empleados públicos del país. Recalcó que el Tribunal Administrativo del Quindío, a través del fallo del 5 de mayo de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia con base en los mismos argumentos. 3. Sustento de la vulneración Según la parte actora, el Tribunal Administrativo del Quindío desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y “a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Al respecto, luego de hacer un recuento de las normas que han regulado a través de los años el pago de las cesantías de los docentes, alegó que se desconocieron los

pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en los que se ha definido que la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales. Para el efecto, invocó como desconocidas las siguientes providencias que, en su criterio, establecieron la posibilidad de reconocer dicha sanción a los docentes oficiales en igualdad de condiciones a los demás empleados públicos: CORTE CONSTITUCIONAL No. Radicado Exp. Fecha Decisión Magistrado Ponente Providencia

1. Exp. T-6.736.200 17/10/2018 Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado SU-098/18Demandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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2. Exp. T-5904426 y otros 25/07/2019 Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado SU-332/19

3. Exp. T-7.182.312 y otros 06/02/2020 Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez SU-041/20

CONSEJO DE ESTADO No. Radicado Exp. Fecha Decisión Magistrado Ponente 1. 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16) 06/08/2020 Dra. Sandra Lisset Ibarra 2. 76001-23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014) 24/01/2019 Dra. Sandra Lisset Ibarra 3. 11001-03-15-000-2018-03499-01 29/07/2019 Dr. Nicolás Yepes Corrales 4. 08001-23-33-000-2014-00173-01 7(1688-16) 02/12/2019 Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas 5. 08001-23-33-000-2014-00208-01 10/06/2020 Dra. Sandra Lisset Ibarra 6. 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017) 22/10/2020 Dr. William Hernández Gómez 7. 08001-23-33-000-2014-00132-01 12/11/2020 Dr. William Hernández Gómez

7. 08001-23-33-000-2014-00132-01 12/11/2020 Dr. William Hernández Gómez 8. 08001-23-31-000-2014-00815-01 (4979-2017) 17/06/2021 Dr. Gabriel Valbuena Hernández 9. 08001-23-33-000-2015-00331-01 17/06/2021 Dr. César Palomino Cortés 10. 19001-23-33-000-2015-00445-02 (0483-20) 04/11/2021 Dr. William Hernández Gómez 11. 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021) 25/11/2021 Dra. Sandra Lisset Ibarra 12. 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020) 25/11/2021 Dr. William Hernández Gómez 13. 08001-23-40-000-2015-90008-01 (2387-2020) 11/11/2021 Dr. William Hernández Gómez 14. 08001-23-40-000-2014-90022-01 (5154-2016) 11/11/2021 Dr. Gabriel Valbuena HernándezDemandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 15. 08001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021) 20/01/2022 Dr. Gabriel Valbuena Hernández

5 15. 08001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021) 20/01/2022 Dr. Gabriel Valbuena Hernández 16. 08001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020) 03/03/2022 Dr. William Hernández Gómez 17. 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020) 28/04/2022 Dr. Carmelo Perdomo Cuéter 18. 08001-23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020) 09/05/2022 Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas 19. 47001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021) 19/05/2022 Dra. Sandra Lisset Ibarra 20. 47001-23-33-000-2019-00376-01 (4462-2021) 01/07/2022 Dra. Sandra Lisset Ibarra 21. 08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020 22/08/2022 Dr. César Palomino Cortés

22. 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020) 22/09/2022 Dr. César Palomino Cortés JUZGADOS ADMINISTRATIVOS No. Radicado Exp. Fecha Decisión Juzgado 1. 66001-33-33-001-2022-00020-00 23/06/2022 Juzgado 1 Administrativo del Circuito Judicial de Pereira 2. 05001-33-33-019-2022-00097-00 29/07/2022 Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín 3. 70001-33-33-002-2022-00072-00 09/09/2022 Juzgado 2 Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo 4. 27001-33-33-002-2022-00147-00 22/09/2022 Juzgado 2 Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó 5. 76001-33-33-002-2022-00066-00 27/07/2022 Juzgado 2 Administrativo del Circuito Judicial de Buga 6. 76111-33-33-003-2022-00066-00 28/09/2022 Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Buga 7. 68001-33-33-002-2022-00065-00 28/09/2022 Juzgado 2 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga 8. 68001-33-33-009-2022-000109-00 30/09/2022 Juzgado 9 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga 9. 27001-33-33-005-2022-00122-00 25/10/2022 Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó 10. 11001-33-42-05119/01/2023 Juzgado 51 Administrativo delDemandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal

25/10/2022 Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó 10. 11001-33-42-05119/01/2023 Juzgado 51 Administrativo delDemandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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2022-00098-00 Circuito Judicial de Bogotá 4. Trámite de la acción de tutela A través de auto del 1º de junio de 2023 se admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío. Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso al juez primero administrativo del Circuito Judicial de Armenia, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al municipio de Armenia. 5. Argumentos de defensa Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones: 5.1. Fiduprevisora S.A. Por conducto de apoderada, la fiduciaria vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag solicitó declarar la improcedencia de la acción. Explicó que las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 pueden manejar este tipo de recursos en cuentas individuales, distinto a la modalidad de unidad de caja que rige al Fomag, que se creó con la Ley 91 de 1989. Agregó que la totalidad de recursos del fondo se administra a través del esquema fiduciario previsto en dicha ley, junto con las indicaciones del contrato de fiducia y las determinaciones que apruebe el consejo directivo del Fomag. Destacó que eso implica que no haya cuentas individuales para los docentes y que los valores correspondientes a las cesantías no se consignen, sino que están presupuestados y trasladados al fondo desde el primer mes de cada vigencia. Refirió que, en tal sentido, no puede configurarse la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, ya que el castigo dispuesto en la ley es la “consignación” inoportuna de las cesantías y las de los docentes del Fomag no están sujetas a consignación. Adujo que no se desconoció derecho alguno de la

sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, ya que el castigo dispuesto en la ley es la “consignación” inoportuna de las cesantías y las de los docentes del Fomag no están sujetas a consignación. Adujo que no se desconoció derecho alguno de la accionante, ya que la actuación judicial se adelantó en debida forma y con respeto de los procedimientos legales. Por otra parte, pidió ser desvinculada del presente trámite constitucional al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.Demandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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5.2. Ministerio de Educación Nacional El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad sostuvo que la presente acción de tutela es improcedente porque no se avizora la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, quien debía demostrar la existencia de una transgresión que afectara la legalidad de la decisión judicial cuestionada. Aseguró que la parte actora no logró edificar una fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de la intervención del juez constitucional para hacer cesar la presunta violación de sus garantías. Recalcó que el presente asunto es de naturaleza estrictamente económica, por lo que excede el objeto de la acción de tutela. 5.3. Tribunal Administrativo del Quindío El magistrado ponente de la decisión censurada se pronunció en los siguientes términos: Afirmó que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional por tratarse de una controversia meramente legal con connotación patrimonial, ya que el debate gira en torno a la aplicación de una norma prevista para servidores públicos generales y trabajadores privados a docentes con un régimen especial. Manifestó que la intención de la accionante es reabrir la controversia que ya fue definida por el juez natural de la causa. Advirtió que, en todo caso, la sentencia de segunda instancia no incurrió en irregularidad alguna puesto que su decisión tuvo sustento en el material probatorio, las normas aplicables al caso concreto y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que resultaban vinculantes para resolver la discusión. Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto, denegar el amparo. 5.4. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia La autoridad judicial de primera instancia se limitó a enviar copia digital del expediente del proceso objeto de controversia. 5.5. Municipio de Armenia No contestó la acción de

en su defecto, denegar el amparo. 5.4. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia La autoridad judicial de primera instancia se limitó a enviar copia digital del expediente del proceso objeto de controversia. 5.5. Municipio de Armenia No contestó la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio le fue notificado en debida forma mediante oficio 52487 del 2 de junio de 2023.Demandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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II. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2. Cuestión previa La apoderada de la Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, se advierte que su vinculación al proceso fue en calidad de tercera interesada por cuanto puede verse afectada con la decisión que se adopte en el presente asunto, razón por la cual no hay lugar a acceder a su solicitud. 3. Problema jurídico Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, el Tribunal Administrativo del Quindío desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y “a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Lo anterior, con ocasión del fallo del 5 de mayo de 2023, que confirmó la sentencia del 10 de agosto de 2022, a través de la cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-33-33-001-2022-00013-02, promovido por la accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag y el municipio de Armenia. Para el efecto, habrá de estudiarse si

63001-33-33-001-2022-00013-02, promovido por la accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag y el municipio de Armenia. Para el efecto, habrá de estudiarse si la autoridad judicial desconoció el precedente invocado al determinar que no había lugar a otorgar la sanción moratoria y la indemnización por pago tardío de las cesantías para los docentes que, como ella, se encontraban afiliados al Fomag. En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.Demandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 20122, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3, conforme al cual: De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.4. La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación. Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la

se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características. La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantivay cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-. 2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Idem. 5 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. 5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia Constitucional Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que el caso objeto de estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional, por cuanto al revisar el

escrito que dio origen a la acción de tutela se puede colegir que la parte actora solo planteó una inconformidad netamente económica, sin que sea posible establecer una verdadera vulneración de garantías del orden superior como lo son los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y “a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto. En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizóDemandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…». El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son las siguientes: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal6 (Énfasis de la Sala). Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, en estos eventos: i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental, ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal, iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y, iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados. En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia

1. Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados. En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal y las relativas a un derecho de índole económico7 deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite8, comoquiera que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter 6 Sentencia SU 573 de 2019. 7 “No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.” 8 “Sentencia T-606 de 2000.”Demandante: Sandra Milena López Soto Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Rad: 11001-03-15-000-2023-02814-00

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netamente legal o reglamentario”9, so pena de involucrarse en cuestiones que le correspo